Es la primera parte de los bienes que podrían ser extinguidos a quien fuera secretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y que ahora es colaborador eficaz en varios casos penales.

Uno de los inmuebles, aunque está valorado en US$33 mil,  se refiere a  una casa de 12 ambientes y 450 metros de construcción, ubicada en residenciales Vistas del Ángel, lotificación San Carlos, Santa Catarina Pinula.

La propiedad, que también cuenta con seis parqueos, está registrada a nombre de Tecnoserobra Consulting, S. A.,  la cual se encuentra bajo la tutela de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) desde el 3 de febrero del año en curso.

El 14 de febrero pasado, la Fiscalía también entregó a la Senabed una oficina y tres parqueos relacionados con  Monzón, ubicados en la zona 10.

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La oficina está localizada en el edificio Sixtino II, número 806, piso 8. Se informó que tiene un valor registral de Q577 mil 275.36, y cada parqueo tiene un costo aproximado de Q150 mil.

Consta de un área  de recepción con sanitario. También tiene cuatro ambientes con divisiones y área principal con otros servicios.

Aún sin uso

Otra casa que fue propiedad del ex secretario privado de  Baldetti, y entregada en diciembre del 2016 con medida cautelar, se ubica en Residenciales Colinas de San Cristóbal, Mixco, y ya fue entregada a la Procuraduría General de la Nación.

 El propósito de las autoridades  es instalar allí una casa de abrigo para niños deportados.

El hogar social aún no funciona porque no hay disponibilidad financiera y se necesitan algunos arreglos, que ya comenzaron el año pasado, indicó la vocera de la institución, Lisbeth Vásquez.

“En las próximas semanas se adquirirá el mobiliario para las habitaciones que albergarán en total 12 niños y las oficinas”, manifestó.

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Un equipo multidisciplinario de psicólogas, trabajadores sociales y abogados prestarán allí sus servicios.

Carros en resguardo

En agosto del 2016, la Fiscalía embargó un picop  Chrysler, valuado en US$54 mil, además de una motocicleta  Ducati  que cuesta unos US$36 mil. Lo mismo ocurrió con otra de marca F7 August, valorada en US$24 mil y con una BMW, cuyo precio se calculó en US$20 mil.

Otras ocho motocicletas embargadas eran utilizadas para competencias. Estos automotores aún permanecen en una bodega, afirmaron fuentes de la  Senabed.

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero explicó que los vehículos aún se encuentran en esa condición porque tienen medida cautelar —resolución judicial que se utiliza para evitar que el bien sea arrendado, donado, cedido o vendido—.

El ex secretario privado es colaborador eficaz en los casos conocidos como La Línea y  Cooptación del Estado, por los cuales están en prisión, entre otros, Baldetti y el expresidente Otto Pérez Molina.

Como resultado de la pesquisa, la Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público presentó el viernes último una acción de extinción sobre 15 bienes relacionados con Lima Oliva y su círculo familiar, informó la Fiscalía contra el Lavado de Dinero. El recluso murió baleado el 18 de julio del 2016 en la Granja de Rehabilitación Penal Pavón.

Esta es solo una parte del patrimonio de quien fue llamado por el diario New York Times como el Rey de las cárceles.

Lima Oliva fue condenado el 8 de junio del 2001 a 30 años de prisión como uno de los responsables de la muerte de monseñor Juan José Gerardi, ocurrida el 26 de abril de 1998.

A mediados del 2008 “empezó a enriquecerse de forma extraña”, confiaron fuentes de la Fiscalía. Fue la época que coincidió con la detención de ciertos narcotraficantes y lavadores de dinero “que no sonaron mucho pero que manejaban fuertes sumas de dinero”, indicaron.

Los análisis de los informes financieros presentados por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero revelaron que entre febrero y octubre del 2009 el capital de Lima Oliva aumentó de manera considerable.

La Fiscalía estima que Lima Oliva obtuvo ingresos no justificados en los cuatro años anteriores al pago de su jubilación, para comprar propiedades por US$10 millones por medio de testaferros, trabajadores y familiares.

Al menos dos inmuebles fueron cancelados con ayuda de su esposa, Alejandra Saraí Reyes Ochoa, indicaron.

Uno de los trabajadores del militar que devengaba Q1 mil 500 resultó ser el comprador de un chalé valorado en Q3 millones, con piscina y jacuzzi. Entre sus bienes figuran, además, dos casas en la zona 17, valuadas en US$1 millón cada una, según las pesquisas.

A partir de estos análisis y un extenso cruce de información que abarca una decena de cuentas bancarias, incluidas las de algunos políticos, Lima Oliva empezó a ser investigado dentro de una causal que se llama mezcla de bienes —relación de capital lícito con ilícito—, refieren las fuentes.

Los tres comercios con los que se le vincula tampoco justificaban esas rentas y los investigadores consideran que la cooperativa en la cárcel, de la que era representante legal, nunca generó ingresos millonarios.

A la orilla del mar

La ruta del dinero con que se compró el inmueble les indicó a los fiscales que fue depositado en cuentas bancarias y con posterioridad se compraron cheques de caja, durante tres días, en mayo del 2009.

“El propietario nunca supo quién se lo compraba, pues el negocio se hizo por medio de una promotora de bienes muy reconocida”, detalló una fuente. En ese entonces las empresas de bienes raíces no eran “personas obligadas” ante la Intendencia de Verificación Especial.

¿De dónde provenían entonces los ingresos? Durante los dos allanamientos efectuados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, en la bartolina de Lima Oliva, uno antes y otro después de su muerte, se encontraron leitz ordenados con calificaciones de sus alumnos de los cursos de portugués que impartía en la prisión; perfiles de otros reclusos, escolaridad, familia, cobros por servicios dentro del penal e incluso una planilla de 20 trabajadores que incluía pilotos y abogados.

El hallazgo y testimonios de reos permitieron descubrir cobros como Q500 por ingresar una botella de Whisky o US$12 mil por traslado de reos.

Según la Fiscalía, también se sumaba lo obtenido de pequeños buses, camiones y mototaxis, incluso fletes, a la puerta del penal, dinero que fue colocado en cuentas personales o de testaferros.

Industria de belleza

Las escuchas telefónicas y seguimientos también fueron claves para determinar la existencia y funcionamiento de un salón de belleza y una agencia de modelaje en la zona 10, a cargo de la esposa del reo.

Allí se encontró una camioneta a nombre de Danton, S.A., vinculada con el supuesto narcotraficante Antonio Yáñez Ochoa, alias el Mexicano.

Las empleadas de la agencia de modelaje, algunas de ellas extranjeras, ofrecían sus servicios como edecanes a compañías de bebidas, bancos, partidos políticos y a la vuelta ciclística. También concurrían a fiestas de ministros y políticos, según fiscales.

Gusto por equinos

En mayo del 2012 se hicieron dos subastas públicas, relataron los fiscales, a las que se presentó Cristian René Picón, excompañero de promoción de Lima Oliva, a quien utilizó como testaferro para recuperarlos. También acudieron familiares de empleados de confianza.

Después de la subasta, para acreditar los caballos era requisito presentar una solvencia económica o ser el titular de los bienes, para evitar investigaciones. Por medio de contratos, los animales le fueron donados a Picón.

Los nuevos “dueños” entregaron un mandato en el que indicaban que Picón sería el responsable del cuidado, pagos y manutención, se indicó. Pero la fiscalía detectó que la esposa de Lima Oliva y su padre eran quienes, con cheques personales, pagaban la estadía de los caballos en la escuela de equitación, cada mes. Cuatro meses después de la subasta pasaron a titularidad de hijas y personas de confianza del reo.

Los caballos fueron recuperados por la Unidad de Extinción de Dominio, en febrero del 2016, y finalmente la Secretaría Nacional para la Administración de Bienes en Extinción de Dominio obtuvo Q50 mil por unos escuálidos equinos hacia los cuales los dueños originales perdieron interés.

Prensa Libre llamó varias veces a Luis Lima Oliva, hermano de Byron, para obtener su versión, pero su celular estaba apagado.

El principio del fin

El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez Gómez, informó en conferencia de prensa que la investigación tuvo como eje central “el descubrimiento de esos poderes paralelos y sus relaciones con particulares, entre los cuales se mencionan intermediarios o gestores de las propias autoridades del Sistema Penitenciario”.

Entre los detenidos había funcionarios de Presidios, exconvictos y particulares.

En esa conferencia de prensa estuvo presente el entonces ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien aseguró: “Hay una firme convicción de que es un tema de justicia y lucha contra la impunidad, en el cual se realizó una investigación”.

Al mismo tiempo prometió seguir con el proceso en contra de los sindicados.

El viernes último se oficializó que López Bonilla es requerido por narcotráfico en la Corte Distrital de Columbia, EE. UU.

Fiscales cercanos a las pesquisas también revelaron una hipótesis: el sentimiento de traición que experimentaron algunos acusados de narcotráfico pudo haberlos convertido en informantes.

El acercamiento con exasesores del Ministerio de Gobernación  que colaboraron con la Unidad Especializada en contra de Organizaciones Criminales de Narcotráfico y Lavado de Dinero (Unilat) —un equipo especializado formado con colaboración de Estados Unidos— permitió a la Fiscalía contra el Narcotráfico materializar en el 2013 los indicios con los que ya contaba.

Estos exasesores revelaron “vínculos” de políticos del PP que sirvieron como “intermediarios” con acusados  de narcotráfico.

Dentro de las pesquisas hay tres narcotraficantes que pudieron haber sido clave para aportar datos a la investigación que originó la acusación presentada en la corte del Distrito de Columbia, Washington, formulada en contra de Baldetti y
López, de acuerdo con fiscales contra el Lavado de Dinero.

Jairo Orellana fue extraditado el 24 de julio del 2015. Curiosamente fue requerido por la misma Corte del Distrito de Columbia.

En Miami

Cuatro meses después, el 27 de noviembre, fue capturado Raúl Arturo Contreras Chávez, alias Calaca, y cuatro días después, en el Tribunal Tercero, aceptó que lo extraditaran  a tierras estadounidenses.

La Corte Distrital de los Estados Unidos, del Distrito Sur de  Florida, había solicitado el arresto provisional de Contreras Chávez desde el 14 de octubre del 2008, según la apelación de sentencia de amparo 1085-2009 de la Corte de Constitucionalidad.

Casi un año después, el 2 de noviembre del 2016, Marlon Monroy, alias el Fantasma, un antiguo oficial del Ejército,  fue también entregado a petición de la Fiscalía del Distrito Sur de Miami, Florida.

 De acuerdo con los fiscales, tanto Orellana como Contreras Chávez y Monroy se sintieron “traicionados” por el exministro López Bonilla.

En mayo del 2015, Marllory Chacón Rossell —señalada de dirigir una organización de narcotráfico y lavado— fue sentenciada por una corte de Miami. Ella había sellado, en diciembre del 2014, un acuerdo con la fiscalía por el que se declaró culpable y se comprometió a ofrecer información.  

Chacón Rossell y Orellana figuraron como financistas ocultos del PP, según  fiscales. A ella se le ha vinculado también con Baldetti. Fiscales consultados ayer y un informe de la revista digital especializada Insight Crime coinciden en relacionarla con la estructura llamada Los Huistas.

El capitán  y López Bonilla

El Estado mafioso de Guatemala y el caso de López Bonilla, una investigación de Insight Crime,  hace referencia a la relación entre Byron Lima, ya fallecido, y el exministro de Gobernación.

Lima  dijo al periodista Steven Dudley que “López Bonilla era quien extorsionaba a los traficantes y aseguró que su negativa a participar en el esquema de extorsiones lo llevó a la ruptura entre los dos”.

Fiscales cercanos a la investigación contaron a Prensa Libre que, en efecto, la relación de Lima y López Bonilla era tan cercana que las esposas de ambos  iban de compras a Panamá.

 La pareja del exministro  “era una cliente frecuente del salón de belleza de la esposa de Lima,  y tenía abierta una línea de crédito en la boutique”, aseguró uno de los investigadores.

Las posibilidades de adquirir un terreno se minimizan para los pobladores desalojados de asentamientos, pues el Gobierno carece de planes específicos para ellos.

Según el director de la Unidad de Vivienda Popular (Udevipo), Édgar Javier, casos de desalojo como el de las 80 familias que no estaban en terrenos gubernamentales en el asentamiento El Mirador Bárcenas, Villa Nueva, tienen aún menos esperanzas.

Aunque fueran terrenos públicos, añade, según la ley, “no se pueden regularizar asentamientos que hayan sido invadidos después del 31 de diciembre del 2007”.

Hay una iniciativa que pretende  volver a facultar a Udevipo para legalizar asentamientos, y esa es la única opción, dice Javier, aunque añade que otro mecanismo es por decreto, que puede ser refrendado, por ejemplo, por un Estado de Calamidad.

Tampoco hay soluciones inmediatas temporales. “El uso de albergues es en casos excepcionales”, comentó César Díaz, de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, quien ayer acompañó el desalojo ocurrido en Villa Nueva.

Caso dramático

El lote 65 era la dirección de la  “casa” de Josefina Lorenzo: cuatro láminas enmohecidas, una cama imperial con un colchón dañado que comparten ella y sus hijos Zuarly, de 7 años, y Karen,  11, quien no puede hablar, usa pañales y sufre convulsiones que aumentaron  la última semana por falta de medicamentos.   

Los Q50 diarios que su esposo gana como guardia no pagan un alquiler, dice Lorenzo,  mientras aguarda el momento de su expulsión.

La Fiscalía tendrá un plazo de tres días para presentar el acto conclusivo contra Ascencio Mejicanos. La Fiscalía de Delitos contra la Vida pidió inicialmente un procedimiento abreviado en su caso —juicio corto después que el sindicado ha admitido su culpa—, pero el juez no lo aceptó.

En el caso del segundo sindicado, el exdirector Claudio Vinicio Solís Cortez, el juzgador decidió otorgarle un criterio de oportunidad.

El criterio de oportunidad está contemplado en el Código Procesal Penal. Con el  previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, el Ministerio Público podrá abstenerse de perseguir penalmente cuando la responsabilidad o la participación  en el delito haya sido mínima.

Solís deberá recibir un curso durante seis meses relacionado con temas de seguridad industrial o similar.
Está obligado, además, a impartir dos talleres al mes de dos horas cada uno, por un semestre,  a colegios que tengan piscinas, informaron fuentes allegadas al proceso.

Al término de la audiencia, Solís se limitó a responder que la reserva del caso le impide dar declaraciones.
Los padres del estudiante tampoco se pronunciaron y  Luis Lam, abogado que los representa, esgrimió la misma razón que Solís para no revelar detalles del fallo.

 Caso continuará

Durante las audiencias las partes observaron el video en el que Aldana Fuentes entró en la piscina a las 17.20 horas del 29 de marzo del 2016. Su imagen es visible hasta las 17.30 y se le ubicó en la parte media.La audiencia intermedia se hará el 13 de marzo en el mismo juzgado.

Esta etapa se desarrolla después de agotada la etapa de investigación y en esta  se determina si se debe someter al procesado a  acusación formal.

Herrera resolvió, además, apartar a la Asociación Javeriana como tercero civilmente demandado en el proceso.
Aunque fuentes consultadas afirmaron que los padres  llegaron a un acuerdo económico, no se hizo oficial ni trascendió el posible monto.

El caso seguirá en reserva durante 10 días más, afirmó el vocero del Organismo Judicial, Ángel Pineda.

“Con una campaña basada en el temor se está distrayendo de otros artículos que merecen ser reformados. Los poderes tradicionales logran que el sistema de justicia siga operando como a la fecha, con clientelismo, con cortes sujetas a manipulaciones”, afirmó Jordán Rodas, vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios (Cang), al referirse a la publicidad difundida por el sector privado contra la reforma..

Aunque no están del todo satisfechos, los empresarios consideran que podría avanzarse en temas como el Consejo Nacional de Justicia y lo referente a las postuladoras si se deja de lado el derecho indígena.

La discusión se aleja del punto medular de la reforma, que es la elección de jueces y magistrados y la administración del sistema de justicia, expuso Mario Taracena Coyado, expresidente de la Asociación de Jueces y Magistrados.

“El tema de la jurisdicción indígena ya iba incluido en la iniciativa. Entonces los diputados tenían que discutirlo, y allí se estancó”, agregó.

Javier Monterroso, asesor del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y exasesor del Ministerio Público, calificó como un “error estratégico” de los impulsores de las reformas incluir el artículo 203. “Ya hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema —de Justicia— que reconocen a las autoridades ancestrales”, afirmó.

Apoyan reforma

El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), José González Campo, calificó de “conjeturas” las opiniones de quienes ven al sector privado como autor de una campaña que podría frenar no solo el artículo 203, sino otros cambios propuestos. “Tenemos clarísimo que es necesaria una reforma”, aseguró.

“Hemos manifestado nuestra preocupación además en otros temas… Principios generales de justicia, funcionamiento del Consejo Nacional de Justicia y la elección de fiscal general. Creemos que son cosas que se pueden mejorar. Allí podemos tener más consensos”, señaló.

El problema radica en que “nadie tiene claras las enmiendas”, agregó.

El director ejecutivo de la Cámara de Industria, Javier Zepeda, explicó: “Lo único que hicimos es poner de manifiesto que el 203 debía ser estudiado con mayor detenimiento. A ese artículo particularmente hay que darle una vuelta más”.

Zepeda está en desacuerdo con detener la discusión, pero coincidió con Campo en que lo referente al Consejo Nacional de Justicia “debe verse un poco más despacio”, para evitar un “supra poder”.

Monterroso recordó que algunas cámaras plantearon que las reformas podían ser por la vía ordinaria y no constitucional.

“Migajas legalistas”

El Consejo de Pueblos Mayas, en un comunicado, manifestó: “No queremos parches constitucionales. La actual discusión sobre reformas constitucionales es una gran farsa y una gran trampa. No es cierto que la justicia radique en las autoridades… radica en la relación entre las personas y consiste en buscar un equilibrio entre todos y y en la cabeza de la autoridad. Para mejorar la justicia hay que mejorar la vida.”, se lee.

Para hoy se esperan siete bloqueos en rutas del occidente y la llegada a la capital de miembros de los 48 cantones de Totonicapán para exigir el reconocimiento de las autoridades ancestrales.

Ana Sofía Castañeda Deras  la Sirenita, enfrenta juicio desde este lunes ante el Tribunal de Mayor Riesgo A,  por asociación ilícita. En la misma causa serán juzgados  Luis Arturo Méndez Martínez, Julio César López Herrera y Adalberto Carías y Carías.

Hasta ahora el Juzgado de Extinción de Dominio extinguió 15 de sus propiedades valuadas en $US3.1 millones. La historia acerca de cómo fueron adquiridos esos inmuebles estaba contenida en una pequeña maleta de viaje.

La mañana del 27 de septiembre del 2011 Castañeda Derás llegó al salón de belleza Divas Spa, en la zona 13. Acababan de comenzar a aplicarle una mascarilla facial cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el local. Abrigada por una bata logró guarecerse entre dos archivos, dos personas murieron durante el ataque.

Las escuchas telefónicas en poder de los fiscales determinaron que días después del incidente la sirenita trató con urgencia de recuperar una pequeña maleta con franjas amarilla con negro.

Se reproduce audio de escucha teléfonica. @prensa_libre https://t.co/PjjyRj28QG

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) February 20, 2017

En una de las comunicaciones le aseguran  a Castañeda Derás que hay un empleado del Ministerio Público (MP) que puede ayudarla a recobrar el equipaje.

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Una interceptacio?n de otras llamadas alerto? a los investigadores sobre un plan para asesinar a Roberto Nicola?s Siekavizza A?lvarez, otro presunto miembro de la estructura. Este hecho ,y, los intentos por recuperar la maleta, son las razones por las que los cuatro enfrentarán cargos por asociación ilícita, y, López Herrera y Carías y Carías conspiración para el asesinato.

Siete meses antes del tiroteo en Divas, el 11 de febrero de 2011, había sido asesinado Oscar Ricardo Guzmán Berreondo, -pareja de Castañeda Derás- y Capitán de Fragata, quien era el Jefe de Personal del Comando Sur de la Base Naval del Pacífico. Según la Comisión Internacional contra la Impundiad en Guatemala (Cicig) lideraba una organización dedicada al narcotráfico y al lavado.

MP presenta maleta que Castañeda quería recuperar del almacén del MP, que contenía documentos de propiedades. @prensa_libre pic.twitter.com/h55t3pkJFF

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) February 20, 2017

De compras

“Su vida estaba en esa maleta”, resume una de las fiscales allegadas a la investigación. El pequeño equipaje de viaje que estaba en una de las camionetas, que el MP se llevó consigo ese día, contenía los documentos de sociedades de cartón y los nombres de testaferros que las representaban por medio de las que la Sirenita adquirió departamentos y casas en exclusivos condominios y edificios.

Entre las 15 propiedades que contabiliza la Fiscalía contra el Lavado están dos apartamentos con sus respectivos parqueos en Torre del Valle zona 10, un apartamento y dos estacionamientos en Vivenza en la misma zona, dos fincas en Masagua, dos lotes en Santa Catarina Pinula, una  residencia en Santiago Sacatepéquez , oficinas en el edificio Sixtino y una mansión en Bosques de las Luces, carretera a El Salvador, figuran en el listado.  

El 9 de febrero Castañeda Derás y Méndez Martínez fueron ligados a proceso por lavado de dinero a petición de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero.

La papelería de J.S. Mar Inc., Tofer S.A. ,Distribuidora Buenaventura S.A., Cellplus S.A. Corporación Veleros S.A.  y los nombres de los testaferros que sirvieron como representantes legales, entre ellos una nonagenaria y el piloto de Castañeda Derás, figuraban entre los documentos.

“De no haber sido por esa maleta difícilmente la fiscalía podría haber probado cómo se compraron los inmuebles y quienes fueron los intermediarios”, confía otra de las entrevistadas.

Las pesquisas determinaron que Méndez Martínez hizo compras por US$ 1 millón 500 mil.   Solamente de septiembre del 2010 a abril del 2011, ocho inmuebles por $US 2 millones 250 mil fueron adquiridos por medio de estas sociedades según la información de la Superintendencia de Adminsitración Tributaria, en poder de la fiscalía.

Los documentos con las firmas de funcionarios y exfuncionarios que avalaron a la constructora brasileña Odebrecht en Guatemala podrían servir para imputarles cargos por cohecho pasivo, fraude, abuso de autoridad, peculado y tráfico de influencias, entre otros delitos, de acuerdo con fuentes cercanas a la pesquisa.

La adjudicación a la empresa brasileña fue una operación “de gran magnitud”  que la administración del expresidente Álvaro Colom trasladó al Partido Patriota  y se consolidó justo cuando fue aprobada la Ley contra la Corrupción.

La participación de algunos funcionarios ocurrió antes de que  la Ley contra la Corrupción surgiera a la vida jurídica —octubre del 2012—. El Código Penal castiga con seis años de prisión el  abuso de autoridad.  La pena por peculado es de  10 años y  la mínima es de cinco, explica un fiscal a cargo del caso.

Seis momentos claves

Prensa Libre tuvo acceso al expediente y  detalla   seis  momentos claves  de  la negociación que podrían haber facilitado algunos funcionarios, enterados o no del beneficio de Odebrecht. Estos son el memorando de entendimiento entre el Ministerio de Comunicaciones y Odebrecht, dictamen favorable de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán),  resolución de la Junta Monetaria, aval de la Procuraduría General de la Nación, la carta con la iniciativa de ley para aprobar las negociaciones enviada por el  Ejecutivo al Congreso y el impulso de la moción privilegiada.

El 19 de septiembre del 2011, Florentino Fernández Venegas,  gerente de país del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) envió al ministro de Finanzas Públicas, Alfredo del Cid Pinillos, la resolución de aprobación del préstamo por unos US$119 millones 400 mil  destinados a complementar el financiamiento de la  “Rehabilitación de la ruta existente y ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-2 Occidente”.

Fernández Venegas le explica a Del Cid Pinillos que está pendiente la aprobación del financiamiento del Banco de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil.

Los acuerdos   comenzaron  el 17 de enero del 2011 con la firma de un memorando de entendimiento  entre el entonces ministro de Comunicaciones, Jesús Insúa, y  Odebrecht. 

El 14 de octubre del 2011, Segeplán solicitó al Ministerio de Comunicaciones efectuar  una licitación internacional, “para evitar una contratación directa de una empresa constructora brasileña”.

El 23 de julio del 2012,  Fernando Carrera Castro, entonces jefe de Segeplán, dio su visto bueno. 

Carrera explica que  Segeplán evaluó, durante cuatro meses, la viabilidad técnica, que es  parte de un requisito de ley. “No evaluamos la calidad jurídica ni la parte del financiamiento”, comentó. “El punto era que se iba a emitir una ley específica”, aclaró.

El 21 de agosto del 2012, la Procuraduría General de la Nación, a cargo de Larry Robles, dio su apoyo a la solicitud del exviceministro de Comunicaciones Rubén Mejía. 
El 3 de octubre del 2012, la Junta Monetaria dio su aval. El vocero del Banco de Guatemala, Ivar Romero, explicó:  “El artículo 57 de nuestra Ley Orgánica del Banco de Guatemala señala que siempre que el Organismo Ejecutivo tenga el propósito de hacer operaciones crediticias o se contraten préstamos, deberán pedir opinión a la JM”.

El 8 de octubre del mismo año, el expresidente Otto Pérez, su secretario  general Gustavo Martínez y el entonces ministro de Finanzas Pavel Centeno enviaron una carta con la iniciativa de ley para la aprobación en el Congreso al presidente de ese organismo,  Gudy Rivera. El borrador del decreto  fue redactado por  Rivera y los legisladores, Estuardo Galdámez Juárez y Manuel Barquín Durán.

“Éramos miembros de la Junta Directiva. Como secretario de la directiva es obligación certificar la firma del presidente, no el contenido del documento; por eso  mi nombre aparece en la certificación del decreto”, comentó Barquín. 

La moción privilegiada que dio pie a la aprobación fue presentada por los diputados Rivera y Christian Boussinot.
Prensa Libre intentó comunicarse con Mejía, Robles y Galdámez, pero no respondieron las llamadas a sus teléfonos, algunos  sonaron como  fuera de servicio.

Con la visita de decenas de niños, quienes le cantaron y le aplaudieron por su cumpleaños, Trompita comió su pastel de elote, zanahoria, sandía, papaya,  melón y banano, además de abundante maní que es la golosina preferida de la elefanta.

Su pastel fue decorado con diferentes colores y las velas se elaboran con elote y zanahoria.

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Además tenían gorritos de cumpleaños, mientras que a los niños una pastelería que patrocinó el evento, les brindó una porción de pastel.

Trompita fue rescatada en el 2008 de un circo italiano y fue traído a Guatemala y estuvo por un tiempo en un centro turístico en la Costa Sur. También se le llama Bombi y se trata de un elefante asiático “elephas maximus”.

Romeo, quien tiene 40 años de cuidarla, fue contratado, y desde ese período se encuentra en el país.

Con cuidados humanos esa especie puede vivir unos 70 años,  mientras que en el ambiente natural, 60, dijeron sus cuidadores.

Luego de la celebración Trompita se dio un baño de arena que arrancó aplausos de los niños.

De forma preliminar se informó que el ataque fue con una granada según los socorristas y testigos aseguraron se trataba de ese tipo de explosivo. Sin embargo posteriormente los cuerpos de socorro indicaron que se sí trató de un artefacto explosivo pero se analiza de qué tipo fue.

Otras autoridades refirieron que el ataque fue contra una carnicería ubicada en ese mercado y que resultaron heridos dos comerciantes y dos compradores.

Entre los heridos hay tres mujeres y un niño y los bomberos los trasladaron a los heridos al Hospital Rosevelt, se agregó.

Se cree que el ataque se debe a posibles extorsiones.

Señalamientos

El alcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, en redes sociales señaló que los comerciantes del mercado antiguo en el centro de ese municipio son vulnerables a extorsiones y ataques porque se han reusado a la construcción de una nueva plaza de comercio.

“Nos urge un Mercado Nuevo; uno donde se dignifique el vecino y el vendedor con seguridad y acabe con extorsiones e impunidad”, señaló Escobar.

En otra publicación el jefe edil criticó: “Mientras asociación de vendedores continúe usurpando mercado y no se construya nuevo el desorden favorece a maras. Una asociación se opone por no dejar de cobrar extra por espacios. La @MuniVillaNueva cobra Q60/mes ellos Q900/mes”.

Escobar urge la edificación de un nuevo mercado: “Simplemente un mercado desordenado favorece solo a los vendedores que usurpan espacio público y mareos para extorsión”.

Las reformas constitucionales difícilmente encontrarán una salida para su aprobación si la bancada oficialista  Frente de Convergencia Nacional (FCN) o la del Movimiento Reformador (MR) no se suman, opinó Mario Taracena, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Las bancadas FCN y MR son para Taracena “el fiel de la balanza” que podrían equiparar la votación favorablemente a las reformas.

Temas como la jurisdicción indígena, un nuevo modelo de integración de la Corte de Constitucionalidad y la elección de Fiscal General son solo algunos de los incluidos en la propuesta original, que en el Congreso han sido foco de la discusión de 60 enmiendas.

“Insisto en que la clave son FCN y MR. El artículo 203 es el condicionante. En caso de que este no se apruebe, si es que la alianza perversa está en contra solamente de este artículo o de toda la reforma, la incógnita se despejará el próximo miércoles”, afirmó.

 “El presidente dice que está a favor, pero su bancada hace lo contrario, entonces es un doble discurso”, afirmó Taracena.

Hay  votos en contra de la Unión del Cambio Nacional y Alianza Ciudadana, y bancadas como el Partido de Avanzada Nacional (PAN), por ejemplo, que tiene tres posiciones distintas.

Contra CICIG y MP

El expresidente del Congreso sostuvo: “Ya no es solo el tema de las reformas, es una lucha contra la Cicig y el MP. Así se siente”.

“Es complicado cuando uno ve que un diputado como Francisco Tambriz y Tambriz, que es indígena, está en contra”, comentó el congresista de la UNE.

“También están las  posiciones recalcitrantes de Cacif que, por medio de una campaña, tergiversa la verdad de forma malintencionada. Me da mucha pena ver que seguimos como hace más de 200 años. Tarde o temprano se tendrá que dar el reconocimiento de la justicia indígena”, agregó.

Según Taracena, de “los 4 millones de indígenas”, 3.5 millones “nunca han leído la Constitución”, pero sí reconocen a sus autoridades ancestrales. “Ellos lo seguirán haciendo con o sin reformas”, dijo.

Al consultarle las razones por las que los diputados se quejaron durante la sesión del miércoles pasado de que no tenían todas las enmiendas, Taracena lo resumió como un bloqueo a la votación.

En noviembre pasado los cambios a la iniciativa de reformas sumaban solo 16.

Para retomar el tema del derecho indígena se presentó el miércoles anterior una moción privilegiada que buscaba presentar  la enmienda a este artículo, que supuestamente había sido ya consensuada.

“Hubo varias reuniones en las que el presidente del Congreso nos invitó a hablar sobre las enmiendas. Incluso se discutieron en la sede de Cicig. Allí estaba Iván Velásquez, Thelma Aldana y el Procurador de Derechos Humanos. Ese fue el lugar al que la mesa técnica nos invitó. Fuimos varias bancadas, hace casi un mes”, aseveró Eduardo Zachrisson, jefe de bancada del Partido de Avanzada Nacional (PAN).

“Nos invitaron a un grupo de jefes de bancada para ver si estábamos en contra o a favor. Se tomaron nota de las opiniones y se hicieron las modificaciones, siempre y cuando estas convenían a la mesa. Al día siguiente invitaron a otros jefes de bloques y se hicieron otras. El tercer día se hicieron más”, añadió.

El viernes 10 de febrero, antes de retomar las discusiones, los jefes de bloques fueron convocados a un nuevo encuentro en el que les “proyectaron en una pantalla” los cambios acordados.

“El miércoles 15 se hizo un almuerzo en el salón de la Junta Directiva. Allí nos proyectaron enmiendas en una pantalla, no por escrito”, sostuvo.

“Recibí una copia de esas enmiendas el miércoles, poco antes de la discusión. Ellos pretendían que esas fueran aprobadas. Les dije que era una locura”, refirió Zachrisson.

Lo votado

Las modificaciones al artículo 203 constitucional contenidas en el artículo 3 de la iniciativa de reformas comenzaron a ser discutidas y votadas el 28 de noviembre. El procedimiento por el que ahora quiere aprobarse, sin embargo, no es legal, añadió Zachrisson. “En esa ocasión se leyó el artículo 3 y se puso a discusión. Entonces aparecieron varias enmiendas. Estas también se leyeron y la votación se perdió por 103 votos. Recuerdo que —Mario— Taracena, quien era el presidente, dijo: Para que no se pierda el artículo, romperé quórum. Y le pidió a la Directiva que se retirara”, recordó.

El miércoles de esta semana, cuando fue retomada la discusión de las reformas, se presentó una moción privilegiada para conocer las nuevas enmiendas. Este, no obstante, no era el procedimiento correcto, pues la votación debió versar sobre el texto original del artículo 3, indicó el legislador.

Zachrisson reconoció no haber “analizado a fondo” toda la reforma, pero sostuvo que el procedimiento con el que pretende aprobarse viola la Ley.

“Esta vez, si al votar la moción privilegiada 60 diputados lo hicieron en contra, quiere decir que hay más legisladores en desacuerdo con las reformas que los que había en noviembre”, afirmó.

De acuerdo con él, no hay enmiendas consensuadas y las votaciones son prueba de ello.

El experto estadounidense en liderazgo John C. Maxwell,    participó ayer en la primera de  tres jornadas de motivación en valores que son el seguimiento al proyecto de transformación emprendido en 2013.

La fundación Guatemala Próspera y   el equipo de Maxwell han efectuado talleres de capacitación intensiva de liderazgo, innovación y valores para instituciónes públicas y privadas, así como para ciudadanos. 

Cuatro años después del arranque de esta iniciativa,   Maxwell habla de  su percepción sobre el proceso de cambio que experimenta Guatemala.

También menciona cinco cualidades que, según su percepción, no deben faltarle al presidente  Jimmy Morales.

Visita el país desde hace varios años. ¿Qué diferencia encuentra entre la primera vez que vino, hace cuatro años?

Esta mañana —ayer—  el Domo estaba lleno de maestros y educadores. Esta tarde  está colmado de gente de negocios y gente de gobierno. Hace tres años y medio estaba en este domo con 130 de mis coach y estábamos lanzando programas de transformación. Había un par de cientos de personas aquí; no había mesas redondas. Ahora esta arena es una escuela. La gente se convirtió en facilitadora y entrenadora. En la primera sesión de hoy, los educadores representaron a un millón de personas. Ese es el tipo de transformación que estamos viendo aquí.

Hay una frase suya: “Los buenos líderes deben comunicar la visión claramente, creativamente y continuamente”. Usted ha seguido de cerca la transformación  del país,  ¿qué pasó con nuestros líderes?

Preferiría decir: bueno, estoy pensando en los líderes  de los anteriores gobiernos…

¿Cuál es su lectura?

Ellos ya se habían desviado antes. Pero cuando empezamos a enseñar valores, de repente toda la gente del país reconoció  que los estaban transgrediendo. Aún más importante es que la gente tuvo el coraje de hacer algo al respecto. Queremos un gobierno que haga las cosas bien. 

En sus charlas usted hace alusión a 21 cualidades en un líder. ¿Puede mencionarme cinco que le recomendaría al presidente Jimmy Morales?

La primera es el espíritu de servicio. Estás en esa oficina para servir a la gente y no ser servido por la gente.

La integridad, pues estás para hacer lo correcto por la gente. Otra vez, no pensando en tu propio beneficio.

También son importantes la constancia y voluntad para continuar por el camino correcto. Creo que  un reto es precisamente ese:  permanecer consistente.

La siguiente que puedo mencionar es el espíritu de enseñanza propia. Cultivar la habilidad de enseñar y también de aprender. Un buen maestro siempre tiene un deseo de aprender.

Y otra es la humildad,  que consiste en comprender que eres mayordomo de los dones que has recibido.

Líder, en el domo

Durante su primera jornada de trabajo en Guatemala, John C. Maxwell se entrevistó con el presidente Jimmy Morales. En el Domo de la zona 13 se presentó ante maestros, integrantes de las fuerzas armadas, Policía Nacional Civil y  empresarios. Se espera que 21 mil personas asistan a sus talleres durante los tres días que permanecerá en el país, aunque en la primera jornada el tráfico se tornó caótico.

• “Las personas exitosas tienen una pasión, y esa pasión les da energía para cumplir sus propósitos. ¡Los hace incansables!”.
• “Hay dos días importantes en la vida de una persona:   el día que nace y en  el que descubre su propósito en la vida”.

Un total de ocho pandilleros del “Barrio 18” capturados y un menor de 14 años remitido a un juzgado fue el resultado de allanamientos de octubre del 2016.

Son parte de una estructura de más de 30 a quienes la PNC identifica como “corner gánster” sindicados de ataques y de cobrar extorsiones a empresas del transporte extraurbano.

Las investigaciones posteriores de ese caso permitieron a la Fiscalía de Delitos contra la Vida establecer una nueva modalidad del cobro de la extorsión.

La pesquisa comenzó después de las denuncias presentadas por  transportes Guadalupe y Orellana, que cubren las rutas hacia Antigua Guatemala. El cobro de las extorsiones dejó tres lesionados, tres fallecidos y el hallazgo de 10 cuentas bancarias utilizadas de febrero a octubre del 2016, refiere una fuente de la fiscalía.

Las escuchas telefónicas determinaron que los extorsionadores, entre ellos seis adolescentes, exigían a los pilotos comprar un teléfono a su nombre. “Comprá un teléfono de Q200, de lo que nos debés, nos llamás a este celular y nos das el número”, fue una de las exigencias.

Las demandas aumentaron después del anuncio ,en julio del 2016, de que los teléfonos celulares prepago o tarjeteros que no fueran registrados por sus propietarios ante las compañías operadoras corrían el riesgo, en octubre de ese año, de ser desactivados del sistema por considerarse anónimos.

La treta usada por los pandilleros garantizó ,durante algún tiempo, el cobro de la extorsión por medio de teléfonos registrados.

En otras ocasiones las víctimas recibieron comunicaciones con el siguiente mensaje: “Usted está recibiendo una llamada del Centro Preventivo de Máxima Seguridad Fraijanes 1”, detalla la fuente.

Los reos pueden comunicarse de teléfonos autorizados por el Sistema Penitenciario y el número de llamadas no está regulado, afirman los fiscales entrevistados.

Distribuidores propios

En la medida en la que el proceso de actualización de los teléfonos avanzó, los extorsionadores también idearon nuevas formas para agenciarse de aparatos propios.

Los medios de investigación con que cuenta la Fiscalía establecieron que con fotocopias de DPI falsos,

Vendedores ambulantes de celulares pudieron haber comprado teléfonos con fotocopias de DPI falsos para darlos a la estructura. 

La audiencia en la que el juez decidirá si enfrentan juicio será el próximo lunes y los acusados podrían enfrentar cargos por asesinato, asociación ilícita, conspiración para el asesinato, conspiración de obstrucción extorsiva de tránsito, traslado ilegal de armas de fuego, traslado ilegal de municiones y portación ilegal de armas de fuego.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) denunció la defraudación por la que Deorsa y Deocsa han pagado Q323.4 millones —Q130 millones en impuestos y Q193.4 millones en multas e intereses—.

“La operación les permitió absorber el crédito mercantil y favorecerlos con amortizaciones para no pagar impuestos”, indicó Adrián Zapata, el intendente jurídico de la SAT.

La defraudación

Ascoed, S.A., y Asroed, S.A., son “sociedades de cartón”, según el Ministerio Público (MP), fundadas con un capital de Q5 mil, que habrían  servido para operaciones de más de Q1 mil millones y fueron constituidas por los abogados Álvaro Castellanos Howell y Lourdes Eugenia Leal Orellana.

Según el expediente, el 19 de mayo del 2011, Unión Fenosa, con sede en España y dueña de las acciones de Deocsa y Deorsa, endosó sus títulos a Deocsa BV, con asiento en Holanda, y esta los vendió a Ascoed, S.A., por Q1 mil 549 millones 172 mil 82.17. El valor nominal de las acciones era de Q56 millones siete mil 282.68, por lo que se considera que hubo un exceso de pago de Q1 mil 493 millones 164 mil 699.49, denominado crédito mercantil —valor adicional al consignado en libros—.

Ese mismo día, Unión Fenosa hizo una operación similar para endosar a Deorsa BV acciones por Q953 mil 926 millones 808.51. El valor nominal de esas acciones era de Q101 mil 332 millones 596.50, por lo que el exceso de pago fue de Q852 mil 594 millones 12 mil con un centavo, según las pesquisas.

Para financiar la compra de acciones, Unión Fenosa, Deocsa BV y Deorsa BV aportaron capital a Ascoed, S.A., y a Asroed, S.A., que se sumó a un préstamo bancario. Los fondos fueron retirados el mismo día de las cuentas de las empresas recién creadas, según la fiscal Azucena Solares.

Cinco meses después, Ascoed, S.A., formalizó su fusión con Deocsa, y Asroed, S.A., con Deorsa. El 3 de noviembre del 2011 las fusiones se inscribieron en el Registro Mercantil y se disolvieron  Ascoed, S.A., y Asroed, S.A.

Figura polémica

A pesar de las sospechas de la SAT, Castellanos Howell sostiene que la figura  de Leveraged Buy Out (LBO, en inglés) es común en operaciones mercantiles y se trata de una compra de apalancamiento de activos, método para adquirir una empresa en la que se usa como financiamiento el valor de los activos de la misma compañía. Explicó que los ejecutivos o directivos de la firma se hacen cargo de la compra de las participaciones.

“Fueron sociedades que se constituyeron temporalmente para hacer este LBO. Nunca me hubiera prestado a algo así para defraudar”, afirmó.

Mynor Amézquita, vocero de Energuate, propietaria actual de Deorsa y Deocsa, señaló: “Son montos —adeudos— que nos han requerido y hemos pagado bajo protesto. Es un proceso todavía en discusión”.

 Reforma legal

Hacer uso de una figura que en otros países es legal, pero que en Guatemala es poco conocida, puede exponer al abogado a ser objeto de denuncias, según el presidente del Colegio de Abogados y Notarios, Marco Sagastume.

“El abogado está sometido al Código de Ética Profesional, que determina que no puede participar en actos ilícitos. Sin embargo, este código tiene vacíos legales que requieren cambiarlo para incorporar el tema de la corrupción o evitar ser perseguido por el ejercicio de la profesión”, refirió.

Según Hugo López, ministro de Educación, ya se instruyó a los directores departamentales y los controles “quedan a criterio de cada establecimiento”.

El Instituto de Educación Básica Simón Bolívar, en la colonia Primero de Julio, en Mixco, está situado en un área de narcomenudeo. Las requisas ya se hacían allí, precisamente para evitar el ingreso de enervantes.

Los registros se hacen por grados, uno a la vez. Los estudiantes colocan a la vista de los maestros el contenido de los bolsones, explica el director Juan José Pérez.

En la misma colonia, a escasos kilómetros, Lisette Hernández dirige la escuela primaria Darío González, pero se encuentra en un dilema. Está consciente de los peligros, aunque considera que inspeccionar las mochilas corresponde a la Policía.

Localizan munición

Una de las docentes entrevistadas durante el recorrido efectuado por Prensa Libre contó que hace pocas semanas encontraron una munición útil  en una mochila. El menor respondió que la halló tirada. Llamaron a la Procuraduría General de la Nación y ante la negativa de actuar de la institución acudieron a la Policía. Los agentes les dijeron que  no podían hacer ningún procedimiento a menos que el menor tuviera 50 cartuchos en su haber.

Cerca del Instituto Miguel García Granados, colonia Bethania, zona 7, hay tres puntos de narcomenudeo, uno en el campo situado al lado del plantel educativo.

Frente al establecimiento de 630 estudiantes hay una patrulla del programa Escuelas Seguras que también vigila otras seis escuelas. Allí no se practican las revisiones porque no hay un protocolo, afirma el director Nery Maldonado. El docente cuestiona si la disposición violentará la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.En el instituto faltan 12 maestros desde hace dos años.

Los agentes Isabel Ramírez y José Chalí pertenecen al programa de Escuelas Seguras y aseveran que la peligrosidad aumenta en El Búcaro, Villa Nueva y la zona 6, donde los maestros son amenazados.

Leonel Dubón, del Refugio de la Niñez, coincide en que el ministerio de Educación (Mineduc) debe elaborar un protocolo.

“¿Sabes que llevan tus hijos a la escuela?”, es la pregunta del video promocional del Mineduc dos días después de que apareciera  en Facebook una foto del bolsón de una estudiante que contenía un arma, una caja de balas Remington y la anotación “Todo listo”.

Édgar Pacay Yalibat, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y experto en Derecho Indígena, explica por qué las enmiendas no favorecen la jurisdicción indígena y que la misma no debe generar temor.

• “Es un dulce que nos dan y nos quitan”

¿Cuál es el ámbito de aplicación de la justicia indígena?

 Los jueces de la justicia estatal tienen jurisdicción. Esto significa que pueden juzgar y ejecutar en nombre del Estado. La justicia indígena no debe apoyarse en la división político co-administrativa del Estado, sino desde la división, que es la aldea. El derecho indígena tiene la característica de que es oral porque eso le permite actualizarse constantemente, según el caso concreto.

¿Qué delitos le competen?

El punto central de la discusión de la jurisdicción indígena está en el artículo 66  de la Constitución —Protección a grupos étnicos—, que otorga un reconocimiento pleno constitucional  de la cultura indígena, sus costumbres y organización social. ¿Por qué se preguntan qué hará cuando se trate de un delito grave como un asesinato? Si queremos aplicarle la justicia estatal a un poblador de la aldea por un crimen que cometió, le estamos aplicando leyes que para el pueblo urbano son justas, pero para el indígena, no.

¿Cómo aplicar la pena?

 La justicia estatal está estructurada de acuerdo con un bien jurídico, que es el individuo. La jurisdicción indígena, no. En la aldea el bien es la colectividad. Prima  la comunidad,  el principio  del bien común. El linchamiento es un delito y no es justicia indígena, que no es sancionadora y aún menos físicamente.

¿Qué opina de las enmiendas que se discuten?

Debe delimitarse el respeto a la competencia que será determinada en la Ley del Organismo Judicial.

¿Hay que reformar la Constitución?

No es necesaria la reforma constitucional. Se puede desarrollar al reformar el artículo 58 de  la Ley del Organismo Judicial  para que se incluya a la autoridad indígena dentro del grupo que imparte justicia.

¿Se habla de coordinación entre autoridades ancestrales y sistema de justicia?

Eso implica que habrá un coordinador y un coordinado, y como siempre quieren que los indígenas estén sujetos a la autoridad de la ciudad.

¿Cómo funcionarían los tribunales indígenas?

Conforme las normas y procedimientos en la aldea. Lo que no aceptan es que haya un ordenamiento jurídico en las comunidades indígenas, que exista una autoridad que pueda aplicarlo, y esta es legítimamente constituida.

¿La enmienda  sujeta la autoridad indígena a la oficial?

 Es un dulce que nos dan y nos quitan, una farsa, porque la justicia  seguirá sujeta a las autoridades  en el sistema oficial. La Cicig y el MP plantean cosas fuera de la realidad.

• “Es un fuero especial… es exclusiva”

José Toledo, abogado penalista y catedrático de Derecho Penal, explica   los riesgos relacionados con  aplicar “leyes extraterritorialmente” al avalar la justicia indígena.  La ley no debe ser “casuística” y tiene un carácter general para todos, defiende Toledo.

¿Cuál es el ámbito de aplicación de la justicia indígena?

Después de la Conquista, los españoles y descendientes dividieron el territorio en rancherías y así nacieron las autoridades indígenas comunales.  Ellos ejercieron esa función durante la Colonia y aún después de la Independencia. Guatemala es una nación que tiene una Constitución, un pueblo.

¿Qué delitos le compete juzgar?

Se puede caer en el riesgo de darle a las jurisdicciones indígenas un carácter de fuero especial al derecho indígena.

La justicia indígena es un fuero especial en el que se aplicarán leyes extraterritorialmente, lo que significa que únicamente en determinadas áreas en donde las comunidades indígenas ejercen su jurisdicción se aplicará. Esto quiere decir que es exclusiva.

¿Cómo aplicar la pena?

La ley no es casuística, tiene carácter general para ladinos, indígenas, no importa su edad, ideología o género.
En cambio, con la justicia indígena se aplica en los casos que las comunidades indígenas elijan y a quienes ellos decidan. Esto implica un retroceso histórico al sistema inquisitivo, que es el que regía antes de 1992, en el cual los jueces eran juez y parte, pues eran los encargados de la investigación, persecución penal y juzgamiento. Actualmente tenemos el sistema acusatorio.

¿Qué opina de las enmiendas propuestas?

Las enmiendas todavía no son lo suficientemente claras. Hay que reglamentar  que no puede aplicársele a cualquier persona y no debe estar incluido el Derecho Penal.

¿Por qué no debe incluirse el Derecho Penal?

Porque goza de principios que no se pueden quebrantar, como el del debido proceso o bien el derecho de defensa, el cual reza que nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en proceso penal, ante un juez competente.

En ninguna parte de la ley dice que deba ser ante una autoridad indígena.

¿Son contradictorias entonces las reformas?

Sí, porque están aceptando que alguien imparta justicia sin ser abogado, sin tener una carrera judicial, que es lo que las mismas reformas constitucionales impulsan. ¿Acaso eso no es algo incoherente?

¿Las enmiendas hablan de una coordinación entre autoridades ancestrales y el sistema de justicia?

Contestaré con otra pregunta: ¿Qué competencia o qué legitimación tienen las comunidades indígenas que no tengan entes con mayor legitimación legal?

La magistrada ha negado el uso de un peluquín. “Probablemente sea un montaje, usted sabe son muy fáciles de hacer”, dijo Stalling este jueves a periodistas, antes de comparecer ante el Juzgado Séptimo, que la ligó a proceso por tráfico de influencias y la envió a prisión.
 
“El parte policial no es prueba, esa peluca no existe”, esgrimió la noche del miércoles Marco Antonio Rossell, abogado de Stalling.
 
Medios de comunicación publicaron fotos y video donde se ve a Stalling con un peluquín al momento de ser arrestada en la zona 9, en cumplimiento de la orden judicial.

Consultada la fiscal General, Thelma Aldana, manifestó desconocer el paradero de la peluca y el teléfono celular de la magistrada Stalling.

La cadena de custodia

El hecho que la peluca no aparezca, dicen abogados consultados por Prensa Libre, es una falla en el resguardo de la evidencia.

El problema de fondo es que no hay un protocolo definido en la antesala del procedimiento de ejecutar una orden de captura. “La pérdida de la peluca pone de manifiesto la improvisación”, señala Oliva.

“Si el Ministerio Público o la PNC dice que la detenida tenía peluca, debe presentarla. Si no aparece, no existe en el universo jurídico, por lo tanto, no puede alegarse ni presumirse, ni siquiera mencionarse”, resume el abogado César Calderón.

La peluca no es determinante, puede utilizarla cualquier persona. Si estaba en la calle, entonces la sindicada no se escondía, estaba en una tienda y esto puede favorecerla, en lugar de perjudicarla, analiza el defensor.

“Si esa peluca apareciera con posterioridad tampoco tendría valor porque no existió en la cadena de custodia. Debieron haberla embalado”, expone Calderón, quien coincide con Oliva en que tanto la Policía como el MP tienen el adiestramiento necesario para fortalecer la cadena de custodia.

“Es lamentable que no podamos ver una vez más la peluca”, bromea el penalista David Pineda, que luego añade: “Es relevante –la peluca- si la fiscalía asegura en el juzgado que Stalling fue capturada con una peluca porque entonces tienen que probarlo, especialmente si intentan sustentar que ella obstruía su captura al usarla”, agrega.

El abogado Wilve Salazar difiere si era necesaria  una cadena de custodia para la peluca, si es que esta no es parte de los indicios por los que Stalling fue capturada.
 
“Para acreditar el peligro de fuga, si llevaba o no peluca, creo que no es un elemento fundamental. Lo relevante es si se encontraba o no en su casa o en los hospitales en donde aseguró que se hallaba. Una peluca no prueba la intención de fugarse”, opina.

Los fiscales investigan, al menos, a 15 estructuras relacionadas con el despojo de inmuebles. Solo del caso Los Topacio —banda integrada por 32 personas que ya fueron condenadas por haberse apoderado de 50 inmuebles— se derivó otra pesquisa que podría dar origen a 300 casos más, explicó la fiscal a cargo, Johana Pinto.

La forma más nueva de robar propiedades es por el uso de documentos falsos en la renta de bienes inmuebles.

Los estafadores buscan propiedades para alquilar y luego los dueños son despojados de estos por medio de la falsificación de firmas. Los delincuentes utilizan, además, identificaciones robadas y falsifican firmas en las escrituras de compraventa.

La falsa vuida

Las historias son muchas y las modalidades documentadas por las autoridades varían.

En un caso, por ejemplo, los socorristas encontraron el cuerpo de José Luis Andrino Palencia, el 18 de septiembre del 2009. Había sido estrangulado días atrás. Lo enterraron como XX hasta que un familiar que buscaba sus restos en el Cementerio General se presentó a la fiscalía.

Meses después, durante el proceso de investigación, una mañana apareció en la Fiscalía Adela Juárez, quien aseguró ser la viuda de Andrino Palencia.

Hasta ese momento los fiscales ignoraban que alguna vez la víctima haya estado casado con alguien, pues la cédula de vecindad encontrada al cadáver nunca fue razonada.

Vecinos aseguraron que aquel octogenario educado que vivía cerca de la iglesia de La Merced, zona 1, nunca vivió acompañado. Añadieron que la mujer que se hacía pasar por su viuda vivía a escasas seis cuadras.

Cuando verificaron la inscripción de matrimonio se percataron de que había sido asentada dos años después de que el anciano murió.

Estos peritajes formaron parte del expediente de la compraventa fraudulenta de dos propiedades que estaban a nombre de otras personas y que solamente fueron descubiertas cuando su legítimo familiar comenzó el proceso de intestado, explicó la fiscal Pinto.

Juárez enfrentó juicio por falsedad ideológica, uso de documentos falsificados y supresión y alteración del estado civil.

El notario Mario René Sazo Soto, quien fue detenido por el caso Los Topacio, figuró también en las pesquisas de este nuevo caso.

En el marco del proceso contra la estructura Los Topacio, 13 notarios fueron arrestados.

La banda obligaba a las víctimas a firmar escrituras falsas, bajo amenazas de muerte, y algunas de ellas, las que sobrevivieron, tardaron casi siete años en recuperar sus inmuebles.

Inmovilizarla propiedad en 10 pasos 

Aquí algunas de las recomendaciones de la Dirección de Seguridad Registral para evitar el robo de inmuebles.

1. Utilizar el servicio de inmovilización biométrica.
2. Para hacer uso de este sistema se debe presentar una solicitud al Registro de la Propiedad.
3. Esta solicitud  debe llevar firma legalizada por un notario.
4. El notario,  por medio de este documento, da fe de que la huella y la firma son las del solicitante.
5. El interesado debe acudir directamente al Registro de la Propiedad.
6. En el Departamento de Seguridad Registral se hace una captación biométrica de los datos.
7. El personal, con una computadora, registrará las huellas del propietario que se asociarán con el inmueble.
8. El costo de la inmovilización es de Q160.
9. El Registro de la Propiedad  inmoviliza el bien por un plazo máximo de tres años.
10. El trámite puede solicitarse de nuevo al vencer el plazo.  Si se siguen estos pasos, la única forma de cancelar la inmovilización es que el propietario llegue y con sus huellas  efectúe todo el trámite.

Debilidades en la ley

La ley no obliga al Registro de la Propiedad Inmueble a verificar todos los documentos, explica el director de Seguridad Registral, Alexánder Villeda.

El Registro de la Propiedad solamente está obligado a verificar el pago del impuesto, la fecha en la que comparecieron ante el notario quienes harán la transacción, los datos personales, la voluntad para celebrar el contrato, corroborar los datos de la finca y el monto de la negociación, antes de inscribir el inmueble.

El Registro recibe cada semana unos mil 300 documentos y su función es inscribir los derechos de los propietarios y los documentos, que desde el momento en que ingresan son recibidos con una presunción de legalidad, afirma Villeda.

“No tenemos el derecho de dudar de lo que está plasmado en el documento, a diferencia del MP, cuando recibe una denuncia. El Registro de la Propiedad no tiene una función de investigar”, recalca Villeda.

La falsificación de escrituras no es algo nuevo para los fiscales que investigan estos casos, pero los estafadores buscan formas cada vez más refinadas para despojar a los legítimos dueños.

Entre esas modalidades está la utilización de protocolos de otros notarios y emplear hojas de protocolo que nunca fueron elaboradas por el Taller de Grabados en Aceros y que vende a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Muchas de estas hojas han sido usadas por notarios de esas estructuras criminales.

Los documentos son redactados con fechas atrasadas, en hojas sobrantes de los protocolos de los notarios.

Incluso, en algunos casos, las hojas son sustraídas del Archivo General de Protocolos y que pertenecieron a abogados ya fallecidos, como hacían Los Topacio, refirió Pinto.

Estas debilidades podrían corregirse con reformas al Código de Notariado.

El Registro de la Propiedad ha establecido muchas más restricciones, que no se limitan a aspectos de forma, de acuerdo con el abogado civilista Rodrigo de la Peña.

Los nombres de propietarios son confrontados con el historial, hay una delegación de la SAT en el Registro de la Propiedad que revisa el pago de impuestos al que está sujeta cada operación y se pide la solvencia del impuesto de inmuebles, como medidas que han reforzado la seguridad, ejemplificó.

“El problema está en las falsificaciones de los protocolos, de firmas, de documentos”, coincidió De la Peña.

La SAT trabaja en un nuevo sistema de papel protocolo, con códigos de verificación, que permitirá establecer que se trata del notario que autorizó el documento, detalló el abogado.

Esquizofrénica

Los estafadores de propiedades usurpan identidades de compradores con identificaciones robadas para comparecer en procesos de compraventa.

Han ido más allá, según las pesquisas, hacen presentarse a menores de edad como adultos; han seleccionado víctimas que se parecen a los propietarios de los inmuebles y, en algunos casos, no importa si el estado mental de las personas está bien o no.

Esto ocurre con frecuencia cuando se simulan donaciones.

En un caso, una nieta había vivido durante años con su abuela, quien había sido diagnosticada con cierto grado de esquizofrenia. Cuando debieron hacer un trámite en el Registro de la Propiedad se dieron cuenta de que la casa, situada en la zona 5, había sido trasladada a nombre de otra persona. Lograr la cancelación de la inscripción falsa tomó dos años.

En los documentos que se encuentran en el expediente de la fiscalía a cargo del caso figura la notaria Olga Alicia Valenzuela, quien fue condenada en el caso Los Topacio a 63 años de cárcel.

Agonizante

La supuesta donación de las propiedades de aquella anciana agonizante podría haberse concretado sin problemas, de no haber sido porque el director de Seguridad Registral se percató de que la nonagenaria había firmado el documento el mismo día que murió.

Cuando el expediente llegó a las manos de Villeda, indagó si la supuesta donante había recibido alguna visita de un notario en su lecho de muerte.

El exfiscal averiguó que la anciana falleció en el intensivo de un hospital privado y que las visitas estaban restringidas, por lo que nunca firmó.

Los hermanos Ánderson y Ánthony Morales Larios, estudiantes de segundo grado y párvulos, repectivamente, asisten a la escuela Luz Valle, zona 7, mientras que Léster, el tercer hermano, quien cursa cuarto grado, no va a clases porque su maestro renunció hace pocos días.

“Mi hermano se va ahora con mi papá. Lo acompaña a vender playeras”, cuenta Ánderson mientras rellena con papel de China figuras geométricas.

La falta de planificación y la carencia de recursos golpean la efectividad educativa en diversas formas: directores que ejercen funciones administrativas y docentes, aulas que están por rebasar el medio centenar de estudiantes y padres que se atrincheran frente a escuelas para exigir la contratación de maestros han sido las constantes en las tres primeras semanas del ciclo lectivo.

• Estudiantes mejoran en lectura y matemática

En la escuela Luz Valle que atiende a 460 niños, renunciaron este año tres maestros, y solo  ha sido nombrada una sustituta. Los padres de familia se atrincheraron en la puerta del establecimiento, el jueves  pasado.

Aulas saturadas

Según el encargado del área de Educación del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Mario Rodríguez, existe mala planificación de las autoridades educativas, ya que la situación se repite cada año y, aunque se tenga conocimiento del problema, que radica en la mala distribución de docentes, “no se hace nada”.

La maestra Leslie García Chávez se hizo cargo de una de las dos secciones de segundo grado en la Escuela Número 435 de la Colonia El Amparo, zona 7. Debió posponer sus planes de jubilarse, después de 24 años de trabajo, pues su compañera no puede hacerse cargo de 83 niños.

“El mismo Ministerio de Educación se contradice, pues ellos han dicho que el número de niños en cada aula debe ser de 25, para dedicarles la atención debida”, comentó.

En las mismas instalaciones, por la tarde, funciona la Escuela Rafael Mauricio, con 280 estudiantes. Desde el 2015 hacen falta  cuatro docentes.

Armando Juárez, director, está a cargo también de uno de los grados y las maestras se turnan para atender a los estudiantes.

Compromete calidad

El presidente de Empresarios por la Educación, Gabriel Biguria, destaca que la situación repercute en la meta de 180 días de clases y reitera que el problema se debe a la mala distribución de docentes.

La calidad de la educación, dice, implica contar con docentes preparados y comprometidos con sus alumnos, y bajo ese criterio se deben asignar los maestros requeridos.

• Cobertura y calidad son los retos de Educación en 2017

Pese a ello, el ministro López, si bien reconoce la mala distribución, explica que esta viene de mucho tiempo y se debe a razones de comodidad de los maestros. También dijo que hasta 2 mil 500 maestros se jubilan al año, pero lo hacen a mediados de enero, lo cual complica la distribución.

En la Escuela Germán Alcántara, colonia Santa Marta,  zona 5 de Mixco, el problema se resolvió con la contratación de dos maestras de parte de la comuna y una  nombrada por el Ministerio. Los padres de familia han obstruido el tránsito en la calzada San Juan, en demanda de docentes.

Los maestros de  establecimientos visitados  coinciden en que el Mineduc exige atender un número cada vez mayor de estudiantes por aula, pero   no reciben aporte para refacción, útiles, libros ni valijas didácticas a tiempo.

Según el líder sindical, Joviel Acevedo, hay  dos millones de niños que necesitan ingresar en el sistema educativo nacional,  y  señala que la distribución de docentes no es la adecuada.

Se trata de sucesos violentos que ocurren especialmente en áreas fronterizas vigiladas por el narcotráfico y el crimen organizado.

En lo que va de este año se registraron cinco atentados en contra de alcaldes, con saldo de dos jefes ediles y un concejal muertos.

Las últimas víctimas mortales son el alcalde de Rabinal, Baja Verapaz, Ángel Amado Pérez, y su concejal tercero, Eldin Gómez, quienes fueron ultimados este miércoles en ese municipio.

Durante el último año se reportaron 12 atentados en contra de alcaldes, mientras el Ministerio de Gobernación brinda seguridad a 17, afirmó Edwin Escobar, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).

Presión de narcos

A Escobar no le cabe duda de que los ataques en contra de los alcaldes están relacionados con presiones provenientes del narcotráfico.

“Está debilitado el Organismo Judicial, es notorio; está debilitado el Ejecutivo, está debilitado y fraccionado el Legislativo. Ahora vemos que están matando a alcaldes del interior, en municipios que son rutas de trasiego. El narcotráfico siempre ha querido operar en lugares en donde tenga libertad”, comentó.

“El primer contacto con la autoridad del estado local es el alcalde, y que estén dos años antes, que no es año electoral, eliminando candidatos, desde mi punto de vista no descartaría que es un reacomodo de poderes oscuros como el narcotráfico, para establecer un narcoestado en áreas debilitadas”, dijo Escobar.

Consultado sobre la relación del narcotráfico con los crímenes, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, admitió que algunos, “no todos”, sí pueden estarlo.

La muerte de ediles podría estar ligada a incumplimiento de compromisos contraídos durante la campaña electoral, opina el analista Édgar Pereira, del Instituto Centroamericano de Estudios para la democracia Social (Demos).

“Yo le di plata a usted como candidato, pero me tiene que cumplir con darme esto, o cualquier otra cosa, y luego ya no lo pueden hacer porque hay sobre las alcaldías un ejercicio que quiere transparentar procesos, y organizaciones que buscan esa transparencia y fiscalizar la función pública”, expuso Pereira.

Pesquisas confirman

Algunas de las investigaciones emprendidas por el Ministerio Público (MP) sustentan la hipótesis.

Pedro Horacio Quiñónez, candidato a alcalde de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, fue asesinado el 22 de julio del 2015. Según las pesquisas de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, su muerte está vinculada con integrantes de la banda Los Tumbadores, responsable de varios asesinatos y en la que participaban al menos 13 agentes de la Policía.

Carlos Daniel Aguirre, alcalde de La Libertad, Huehuetenango, fue acribillado junto a su hija, el 25 de octubre del 2016.

Fuentes de la Fiscalía contra la Narcoactividad señalaron que Aguirre fue investigado hasta que la inmunidad de la cual gozó como candidato por Libertad Democrática Renovada se los impidió.

Este hecho, en el que fueron detenidos dos hombres originarios de La Libertad, con posibles nexos con la Alcaldía, confió uno de los fiscales, les dio la pauta de que la línea de investigación inicial desarrollada en torno al entonces candidato era correcta.

La mañana en que fue asesinado, Aguirre recogió a su hija de 12 años en el colegio, para luego comprarle un anillo de graduación como regalo, por haber culminado la primaria. En el lugar del ataque fueron recogidos más de 100 casquillos, dijo uno de los fiscales que procesó la escena del crimen.

Ervin Orlando Sánchez Andrade, concejal de Las Cruces, Petén, fue asesinado el 29 de diciembre pasado, pocas horas después de que el MP solicitó el antejuicio contra el alcalde René Alberto Reynosa Alegría.

El secretario municipal Byron Sarceño Castillo y el jefe edil presentaron una propuesta para elaborar tres proyectos que ya se habían ejecutado, según la Fiscalía contra la Corrupción.

La investigación por la muerte de Sánchez Andrada se encuentra en reserva en la Fiscalía de Delitos contra la Vida; sin embargo, una fuente consultada no descartó que existan vínculos con narcotráfico.

“En el caso de Las Cruces, Petén, se acusaba al alcalde, pero resulta que ahora los concejales estaban de la mano con el narcotráfico y terminan matando al concejal primero, por no haber cumplido la promesa de haber sacado al alcalde por la vía judicial. Allí hay otra versión”, afirmó Escobar.

“Esa versión la dio el alcalde. Entiendo que él se apersonó —al MP—”, agregó.

Campañas y alcaldes

Las redes político-económicas ilícitas son lideradas por el poder regional y local, y se construyen en torno a algunos alcaldes y diputados distritales y articulan la política local con la nacional, según el informe El financiamiento de la Política en Guatemala, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Estas redes “son la pieza central para el financiamiento ilícito de la política y, a la larga, han posibilitado la continuidad del sistema. La vinculación a estas redes permite a los alcaldes tener acceso a recursos públicos adicionales a los establecidos constitucionalmente”, según el documento.

El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, aseguró que esto se debe a la impunidad en el país y a la falta de presencia del Estado.

Un fotograma, dos testigos presenciales y un sobreviviente del ataque en el que pereció Luis Contreras, hijo del diputado Luis Contreras Colindres, son los principales medios de prueba incluidos en la acusación presentada por la Fiscalía de Delitos contra la Vida ante el Juzgado de Mayor Riesgo C.

El 12 de febrero será la audiencia de apertura a juicio en la que el juez del caso Víctor Herrera Ríos decidirá si los sindicados deberán enfrentar debate por el asesinato ocurrido el 28 de noviembre del 2015 en Malacatán, San Marcos.

La defensa de Edgar Armando Vargas Barrios, sindicado de haber disparado a Contreras, objetó que él se encontraba recuperándose por problemas de salud después de una enfermedad y no pudo haber participado en el asesinato.

Convaleciente

Según información de la fiscalía, en efecto, Vargas Barrios, fue dado de alta un mes y 10 días antes del hecho, pero los testigos y el fotograma permitieron identificarlo, dijeron fuentes cercanas a la investigación.

Por el crimen también está acusado Manrique Maldonado Pérez, quien presuntamente conducía la moto.

La fiscalía cuenta con 60 medios de prueba.

En Malacatán existieron conflictos desde la primera vuelta cuando se quemaron las urnas y fue necesario repetir las elecciones.

Contreras había recibido amenazas de muerte. En ambos comicios el Partido Patriota ganó.  Murió dos semanas después de ser electo como concejal Primero de la planilla del alcalde Hipólito Hernández para el periodo 2016-2020.

El subcontralor de Probidad, Fernando Fernández, explicó que con el convenio, ambas compañías quedaron autorizadas para recaudar el pago, que es una tasa municipal.

“Lo recaudado por tasa de alumbrado ingresó al arca de las empresas. De esa forma las municipalidades carecen del control de sus ingresos propios, ya que todo esto va incluido en la facturación de los clientes de Deorsa y Deocsa”, agregó.

El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, Edwin Escobar, señaló que no hay ilegalidad si se toma en cuenta el artículo 96 de la Ley General de Electricidad, que autoriza ese tipo de convenios.

Mynor Amézquita, vocero de Energuate, manifestó: “Es un tema que ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Público, por supuestos hechos. Nosotros somos respetuosos de la ley”.

Chimaltenango

1. Chimaltenango
2. Parramos
3. Patzicía
4. San Andrés Itzapa
5. San Martín Jilotepeque
6. San Miguel Pochuta
7. San Pedro Yepocapa
8. Zaragoza

Chiquimula

1. Chiquimula
2. Camotán
3. Concepción las Minas
4. Ipala
5. Jocotán
6. Olopa
7. San Jacinto
8. San José la Arada
9. San Juan Ermita

El Progreso

1. El Jícaro
2. San Agustín  Acasaguastlán
3. San Cristóbal Acasaguastlán
4. Sanarate

Escuintla

1. Nueva Concepción

Huehuetenango

1. Aguacatán
2. Colotenango
3. Concepción Huista
4. Cuilco
5. La Democracia
6. Malacatancito
7. San Gaspar Ixil
8. San Miguel Acatán
9. San Rafael Independencia
10. San Rafael Petzal
11. San Sebastián Coatán
12. San Sebastián
13. Santa Ana Huista
14. Santa Bárbara
15. Santiago Chimaltenango
16. Todos Santos Cuchumatanes

Izabal

1. El Estor
2. Livingston
3. Los Amates
4. Morales
5. Puerto Barrios

Jalapa

1. Jalapa
2. Monjas
3. San Carlos Alzatate
4. San Luis Jilotepeque
5. San Manuel Chaparrón
6. San Pedro Pinula
7. Mataquescuintla

Jutiapa

1. Jutiapa
2. Agua Blanca
3. Asunción Mita
4. Atescatempa
5. Comapa
6. El Adelanto
7. El Progreso
8. Jerez
9. Quesada
10. Santa Catarina Mita
11. Yupiltepeque
12. Zapotitlán
13. Conguaco
14. Jalpatagua
15. Pasaco

Petén

1. Dolores
2. Flores
3. Melchor de Mencos
4. Poptún
5. San Andrés
6. San Francisco
7. Sayaxché

Quetzaltenango

1. Palestina de los Altos
2. El Palmar
3. Coatepeque
4. Colomba
5. Génova

 Quiché

1. Canillá
2. Chiché
3. Joyabaj
4. Patzité
5. San Bartolomé Jocotenango
6. San Pedro Jocopilas
7. Santa Cruz del Quiché
8. Cunén
9. Sacapulas

Retalhuleu

1. Champerico
2. El Asintal
3. Nuevo San Carlos
4. San Andrés Villa Seca
5. San Felipe
6. San Martín Zapotitlán
7. Santa Cruz Muluá

San Marcos

1. Catarina
2. El Quetzal
3. El Tumbador
4. La Reforma
5. Ocós

Santa Rosa

1. Barberena
2. Chiquimulilla
3. Cuilapa
4. Guazacapán
5. Nueva Santa Rosa
6. Pueblo Nuevo Viñas
7. San Juan Tecuaco
8. Santa Cruz Naranjo
9. Santa Rosa de Lima

Sololá

1. Nahualá
2. Panajachel
3. San Juan la Laguna
4. San Pedro la Laguna
5. Santa Catarina Palopó
6. Santa Lucía Utatlán
7. Santa Maria Visitación
8. Santiago Atitlán

Suchitepéquez

1. Chicacao
2. Patulul
3. Pueblo Nuevo
4. San Francisco Zapotitlán
5. San José el Ídolo
6. San José la Máquina
7. Santo Tomás  la Unión
8. Zunilito

Totonicapán

1. Santa Lucía la Reforma

Zacapa

1. Estanzuela
2. La Unión
3. Río Hondo
4. San Diego
5. Teculután
6. Usumatlán

Los fiscales presentaron su renuncia a petición de Véliz, quien aseguró que ellos actuaron sin consultar y que la línea de productividad de De León “iba a la baja”.

De León señaló que la fiscalía pidió la clausura del proceso el 5 de diciembre último porque hacían falta más de 40 diligencias, que carecieron del apoyo del MP. Una era contratar un topógrafo para dilucidar las contradicciones entre la comuna de Santa Catarina Pinula y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) sobre el lugar exacto donde se advirtió el derrumbe.

¿Solicitud desoída?

El 24 de octubre del 2016 se hizo la primera petición de apoyo a Véliz para la ejecución de las diligencias pendientes. De León, el 22 de noviembre, envió un sobre cerrado a la Fiscal General para informarle la falta de apoyo y la intención de pedir la clausura del caso, según dice en su carta de dimisión.

El 29 de noviembre, De León copió el informe escaneado al correo electrónico de Véliz, sin obtener respuesta.

El juzgado Décimo Penal ayer reprogramó, para el 30 de marzo próximo, la audiencia de apertura a juicio a la que acudieron Antonio Coro y Víctor Alvarizez, exalcaldes de Santa Catarina Pinula, sindicados en el caso. “Hay suficiente prueba”, afirmó Véliz.

En la conferencia ofrecida en el MP, por la muerte de periodistas, la fiscal general, Thelma Aldana, afirmó que la clausura provisional se solicitó porque se requiere más investigación.

 Prensa Libre conversó con migrantes guatemaltecos residentes en EE. UU., y percibió las dudas que surgen.

“Usó —Trump— las armas del inmigrante, la del muro durante su campaña, pero no se le hará fácil firmar decretos y decretos. Estas medidas todavía las tiene que aprobar el Congreso. Obama firmó un decreto que iba a cerrar Guantánamo, y ya salió, y Guantánamo se quedó abierto”, recordó Luis Mejía, residente en Nueva York.

Elmer Sandoval, quien vive en Nueva Jersey, dijo que, por tratarse de una ley ejecutiva, es posible que no necesite ser aprobada por el Congreso.

“Las nuevas órdenes afectarían a las familias que ahora se ven una vez a la semana. Todo esto nos causa preocupación. No hay claridad de dónde saldrán los fondos para la construcción del muro”, agregó.

Ciudad santuario

El alcalde Jorge Elorza considera a la ciudad que dirige, Providence, Rhode Island, como santuario.

No es que exista una definición adoptada por el gobierno federal. Lo que sucede es que organizaciones sociales son las que la han catalogado así, por sus “leyes amigables” con los inmigrantes, refirió Víctor Morente, asistente del alcalde.

En ese lugar residen 178 mil personas y tiene  una población migrante de 51 mil, incluyendo refugiados.

“Tenemos organizaciones comunitarias que dependen de fondos federales, ayudan con educación, vivienda, recurso para encontrar trabajos, y podrían verse afectadas”, explicó.

“La ciudad seguirá siendo amigable con los inmigrantes, especialmente con quienes no tienen récord criminal”, comentó.

Los fondos

En los primeros días, el nuevo presidente tomó acciones directas, afirmó el  abogado especialista en temas migratorios Pedro Pablo Solares.

Recordó que las  promesas que Trump lanzó durante su candidatura fueron desestimadas por la oposición en Estados Unidos, incluso por el gobierno guatemalteco.

“Cualquier acción que necesite modificación presupuestaria debe pasar por el Congreso de Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Interna, a cargo de estas acciones, depende del Ejecutivo”, agregó.

“Si el Departamento de Seguridad Interna tiene el presupuesto suficiente para ejecutar, el presidente tendría una limitación menos que superar, al no tener que solicitar la modificación presupuestaria al Legislativo”, explicó Solares.

Fin a política

El anuncio del fin de la política de Catch and release afectará a Guatemala.

Se trata de una legislación por medio de la cual los menores de edad que son detenidos en la frontera y que provienen de  países que no sean México o Canadá son acogidos y se les da el derecho de presentarse a una audiencia judicial; mientras tanto pueden vivir con un familiar o tutor.

“Esto puede ser un cambio dramático, porque hoy los menores guatemaltecos  viajan porque saben que serán reubicados con sus familias”, advirtió Solares.

Existen acuerdos internacionales que protegen a los menores que viajan solos. “No es tan fácil que EE. UU. pueda cancelar esos beneficios; tiene que haber un proceso previo”, opina  Evelyn Leiva, abogada especialista en migrantes que residen en ese país.

“La decisión de construir el muro generó muchas críticas, pero la   migración no se detendrá con un muro; parará cuando Guatemala ofrezca condiciones dignas a sus habitantes”, dijo.

 La política de deportar a los criminales está establecida y Obama la ejecutó de manera muy fuerte, recordó Leiva.
“Trump —elegido para cuatro años— tendría que deportar cerca de siete mil personas a diario para igualar las cifras de Barack Obama durante sus ochos años de gestión”, agregó.

Entre los centroamericanos, los guatemaltecos encabezaron el incremento de migrantes, con el 389 por ciento del 2000 al 2013, según un reporte del Instituto de Políticas de Migración (MPI, en inglés).

José Martín Rivas Estrada, director general del Registro de Precalificadora de Obras de la Dirección de Caminos, del Ministerio de Comunicaciones (CIV), fue quien interpuso la denuncia.

Al consultarle al ministro de Comunicaciones, Aldo García, sobre la pérdida de documentos, aseguró que no estaba enterado de ello.

El martes por la tarde, García presentó en la Fiscalía la denuncia del caso Odebrecht, basada en la modificación del contrato entre el CIV y la empresa brasileña.

La denuncia de García será investigada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la de la desaparición de los folios estará a cargo de la Fiscalía de Delitos Administrativos.

Arriban al país

Fuentes allegadas a la investigación informaron que uno de los personeros de Odebrecht viajó desde Brasil para entrevistarse con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Feci.

Las reuniones tuvieron carácter confidencial, pero la firma estaría dispuesta a brindar información, sostuvieron las fuentes.

El artículo 2 de la ley reza: “La autorización a que se refiere este artículo es extensiva para suscribir los contratos modificatorios que correspondan”.

“Al efectuar las modificaciones se incrementaron los costos y la obra, por ende, quedó inconclusa. Al emitir el decreto, prácticamente los responsables del negocio quedaron amparados”, comentó el jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo, fiscalía encargada del caso.

La Fiscalía no descarta fraude, retorno de dinero hacia funcionarios públicos o enriquecimiento ilícito. Por eso considera necesario investigar los movimientos financieros de diputados, ministros y familiares en la época de aprobación, afirmó.

Durante la autorización del decreto, en el Legislativo se denunció que cada parlamentario que votara a favor recibiría Q250 mil. Solo se opusieron Encuentro por Guatemala (EG) y Libertad Democrática Renovada. La Fiscalía busca reunirse con la diputada Nineth Montenegro, de EG.

Pondrá denuncia

Odebrecht construyó 49 de los 140 kilómetros contratados para ampliar la ruta CA-2 Occidente por las modificaciones al contrato, según el ministro de Comunicaciones, Aldo García, quien se espera que presente hoy una denuncia en el Ministerio Público.

La denuncia busca que se investigue la cadena de funcionarios y exfuncionarios que permitieron las modificaciones al contrato, el 22 de noviembre del 2013, 13 meses después de que el Congreso aprobó el proyecto y su financiamiento.

Según García, cuando suspendió el contrato, incluidos los compromisos de pago, el avance financiero era de 70% mientras que el físico de 35%.

Aparte, ingenieros de la Contraloría  General de Cuentas verifican esta semana la obra física, para actualizar datos.

Estas personas eran funcionarios durante la aprobación de la obra.

• Alejandro Sinibaldi y Jesús Insúa, ministros de Comunicaciones.
• Rubén Mejía y Miguel Cabrera, viceministros de Comunicaciones.
• Pavel Centeno, ministro de Finanzas, ya fallecido,  renunció un mes antes de las modificaciones.
• María Castro  sustituyó a Pavel Centeno.

Las pistas de cómo se tejieron las relaciones entre Vivian Soraya Urízar Estrada, Juan Carlos Monzón, la exvicepresidenta Roxana Baldetti y el senador dominicano Félix Bautista, quien fue investigado por lavado de activos en su país, podrían ser la clave para que el Ministerio Público descubra los   vínculos iniciales que el gobierno del Partido Patriota (PP) estableció con la firma brasileña Odebrecht, según fuentes allegadas a la pesquisa.

Las declaraciones de varios testigos están en poder de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) desde septiembre del 2015.

Urízar Estrada narró a los fiscales la relación que tuvo, 18 años atrás, con su amiga de colegio Roxana Baldetti. Contó que trabajaron en el salón de belleza Sistema Tres y en una distribuidora de productos cosméticos. Lo más revelador fue el viaje que hicieron juntas a República Dominicana, cuando Baldetti recién había sido electa vicepresidenta por el PP.

“Previo a tomar posesión, me invitó a un viaje de paseo a República Dominicana. Se realizó en un jet privado. Viajó una de mis hijas, el hijo pequeño de Roxana, Daniela Beltranena y una amiga de Daniela, de nombre María José Recinos…

Nos estaban esperando y nos brindaron seguridad en el trayecto y nos hospedaron en la casa de un senador”, relató.

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Luego contó cómo se constituyó Proinver, la forma como conoció al banquero Julio Aldana —procesado por el caso Cooptación del Estado— y su participación en Inversiones Galu, sociedades relacionadas con Baldetti dedicadas a la construcción, remodelación y compra de inmuebles.

Viejos amigos

En julio del 2016, en la jornada 24 de Cooptación del Estado, el juez Miguel Ángel Gálvez hizo referencia a la declaración de la abogada Karen Fabiola Umaña García, que da pistas sobre la relación entre Monzón, Baldetti, Bautista y el Ministerio de Comunicaciones.

“Conocí a Juan Carlos Monzón desde el 2010, en un mitin del Partido Patriota. A mí me había invitado una amiga. Nos hicimos cercanos. Yo trabajaba en el Fondo de Tierras, donde era asesora jurídica en la Dirección de Regularización de Tierras y luego fui notaria de esa institución”, afirmó. Especificó que en febrero del 2012 empezó a trabajar en el Fondo Nacional de Desarrollo,  cuyo comité técnico  integraba Monzón y de donde fue asesora jurídica hasta mayo del 2015.

“Juan Carlos me pidió que ayudara a un contacto suyo, un senador dominicano, Félix Bautista, quien estaba interesado en abrir una empresa en Guatemala, dedicada a la construcción especialmente de carreteras. Para ello, además del senador Bautista, me contacté con Aracely Soler, una dominicana que era asistente del senador, con quien me reuní algunas veces”, prosiguió Umaña García.

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Según las pesquisas de la Fiscalía de República Dominicana, Gricel Araceli Soler Pimentel figura como socia de varias de las 46 empresas que supuestamente el grupo constituyó para sustraer dinero del Estado.

Los dominicanos, aseveró Umaña García, le otorgaron un mandato especial con representación de 10 entidades dominicanas, “para que, a mi requerimiento, el notario Mynor Rodolfo López Guevara, mi compañero en el Fondo de Tierras, constituyera la sociedad anónima Consorcio Dom Sociedad Anónima, dedicada a  la construcción”.

Entre las entidades se cuentan Constructora Mar, S.A.; Construcciones y Diseños R.M.N. S.R.L.; Bonao Industrial, S.A.; Hormigones del Caribe S.R.L.; Ingenieros Civiles y Asociados; C. por A.; Diseños Presupuestos de Edificaciones y Carreteras con Alta Tecnología, S.R.L. Las entidades fundadoras tenían un capital pagado inicial de US$130 mil, que depositaron en un banco guatemalteco, describió.

“Entiendo que la intención de Félix Bautista era precalificar para los contratos que licitaba el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, pero no sé si lo hicieron”, afirmó.

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“También recuerdo reunirme con el antiguo embajador de la República Dominicana, René; no recuerdo el apellido. Creo que era amigo de Félix”, refirió a los fiscales.

Las pesquisas apuntan a que una de las intenciones era obtener los contratos con Odebrecht.

“Será difícil”

El contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, comentó que “será difícil” investigar los casos de soborno de Odebrecht  pues se carece  de documentos.

El jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, indicó que “el caso está bajo reserva”.

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Casos cerrados en su país

El Ministerio Público en República Dominicana investigó al senador Félix Bautista por lavado de activos.
Su nombre trascendió aún más, de acuerdo con medios de comunicación dominicanos, cuando se hizo pública la entrega de dinero al presidente de Haití, Michell Martelly, y que ese senador sería al mismo tiempo un contratista favorecido por el gobierno de se país con obras por cientos de millones de dólares.

En abril del 2012, la  periodista Nuria Piera documentó que la Constructora Rofi pagó dietas y viajes a Panamá, Haití y Guatemala con su cuenta de Unibank, “como parte de un equipo de trabajo de las construcciones que está llevando a cabo Bautista en el extranjero”.

Cosa juzgada

Prensa Libre se comunicó a las oficinas del senado en República Dominicana. La asistente de Bautista, Karina Díaz, indicó que el senador se encontraba de viaje en Europa.

Al consultarle sobre las acusaciones vertidas sobre el político, respondió: “La Suprema Corte de Justicia cerró todos los casos y no hay ninguno pendiente”.

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Denuncia por caso Odebrecht

Aldo García Morales, ministro de Comunicaciones, indicó que mañana presentarán una denuncia por el caso Odebrecht.
El funcionario explicó que el 16 de agosto del año pasado recibieron el expediente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad MP001-2015 64326, el cual enviaron de vuelta con toda la información requerida. Luego recibieron otra solicitud de información de la Fiscalía contra el Lavado de Activos, M282016, del 5 de enero de este año.

“La denuncia de parte nuestra está preparada y se hará el miércoles —mañana—. Ahí tendríamos el ámbito legal, y en el ámbito económico, el viernes (último) se visitó al contralor y quedamos de crear una comisión que supervisará y nos dará acompañamiento para la liquidación de este contrato, que es lo que instruye la Ley de Presupuesto”, dijo.

La información fue revelada ayer, luego de la reunión de Gabinete de Gobierno, sin especificar. En un principio, el funcionario no dio detalles, pero ante la insistencia de periodistas para saber en contra de quiénes serían los señalamientos,  indicó que será en contra de exfuncionarios. Pero “no puedo precisar cantidad”, afirmó.

Estos artículos fueron adquiridos por la entidad para sus trabajadores, compra por la que José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, respectivamente, guardan prisión.

Según la Fiscalía y la Cicig, el Registro, en la gestión de Anabella de León, también detenida por el fraude, pagó Q269 mil 933 por tres facturas relacionadas con la compra.

La “canasta navideña petite” constaba de 11 productos y fue cotizada en Q159.50 y no se especifica, a excepción de un jugo y una bolsa de marshmallows, peso o tamaño de los artículos. Prensa Libre estimó que el valor en el mercado de los productos oscila entre los Q136.98. Si el Registro pagó Q269 mil 933, significa que cada canasta le costó Q478.60, lo que supera más de tres veces el precio comercial.

Al menos cuatro de los productos son de Distribuidora Colombina. Al consultar los precios en las oficinas centrales de la empresa, en Condado  Naranjo, a escasos kilómetros de la vivienda de la familia Orellana Estrada, indicaron que ofrecen precios especiales para mayoristas.

Se intentó obtener la postura de Juan Francisco Sandoval, jefe de la fiscalía especial contra la Impunidad, pero no respondió su celular.

La declaración clave

Mario Estuardo Orellana López, padre de Abdy Orellana Estrada, exnovia de Morales Marroquín, declaró el año pasado en el MP que las facturas entregadas sirvieron para cobrar las canastas, aunque la noche del miércoles último se abstuvo de hablar durante la audiencia de primera declaración en el Juzgado Sexto Penal.

El año pasado, Samuel Morales informó a la Fiscalía de la existencia de la factura de Plus Espectáculos y Promociones, S.A., por Q89 mil 975, pagados por el Registro a  Orellana López. Para ello se simuló un evento de alimentos para 40 personas, de tres tiempos de comida, por tres días, que habrían sido servidos durante la elaboración de un “proyecto de plan operativo anual”, pero en realidad cubría el costo de las canastas, según el expediente.

La investigación determinó que el Registro también pagó a Fulanos y Menganos Q90 mil, por 564 desayunos que  no fueron servidos. Cantidad que coincide con el número de  canastas.

Otra factura de Plus Espectáculos, por Q89 mil 958, detalla la compra de las canastas pagadas a Orellana López.
En su momento, Abdy Estrada García, madre de la exnovia de  Morales Marroquín, aseguró a la Fiscalía que este le facilitó una factura. Pero el 7 de septiembre del 2016, él acudió al MP y afirmó que fueron dos.

Los productos

Estos son los precios promedio del mercado de los 11 productos cotizados al Registro de la Propiedad:

• Jugo Welchs de 1.89 litros cuesta Q29.27
• Bolsa de galletas danesas, de 200 gramos, Q8.75
• Caja de  galletas Crackets, de 417 gramos, Q9.61
• Ranchitas naturales, Q5.50
• Bolsa de marshmallows, de 285 gramos, Q14.50
• Bolsa de  chocolates Coffee Delight, Q13.55
• Una bolsa chocomaní, Q14.95
• Bandeja de barquillo Piazza, Q3.10; y una lata cuesta Q9.20.
• Pringles pequeña, Q8
• Un frasco de aceitunas, en promedio, Q14.60
• Bolsa de Chicharrones, Q15.15
• Fuente: varios comercios y supermercados.

Juez dicta arraigos

El Juzgado de Diligegencias Urgentes, situado en la sede central del MP, ordenó ayer el arraigo de  Abdy Estrada García y su hija Abdy Orellana Estrada, debido a que  la Fiscalía sospecha que participaron en el fraude al Registro de la Propiedad.

Además, el órgano investigador apeló la decisión de la jueza Silvya de León de quitar el delito de lavado de dinero a los Morales.

Ante la incapacidad para pagar una de las sanciones y la existencia de posibles inconstitucionalidades en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado, un reo se cosió parte de la boca, hace 7 días, en señal de que le tomaría cien años —a razón de Q100 diarios— salir de prisión.

  El mencionado artículo  establece penas inconmutables de seis a 20 años, además de una multa igual al valor de los bienes  objeto del delito.

Rubén Estuardo Tobar Ramírez informó por medio de una carta enviada el 12 de enero  a las autoridades del Sistema Penitenciario que se declaraba en huelga de hambre. Fue condenado a seis años, desde el 25 de noviembre del 2013  y lleva tres años y 7 meses preso.

 Aunque califica para quedar libre por redención de penas, no podrá optar a este beneficio mientras no pague US$501 mil 132.
Tobar Ramírez es uno de los 49 detenidos por lavado que, según la Procuraduría de los Derechos Humanos, pidió a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que abre mañana el nuevo juzgado de Redención de Penas, revisar sus casos.

Inconstitucional

Rigoberto Vargas Morales, defensor público, explicó que el defecto está en la referida ley, porque impone una doble condena: el Organismo Judicial recibió los US$500 mil decomisados a Tobar y así el Estado se compensó, pero al no pagar la multa, este quedará preso, lo cual se traduce en una segunda condena.

“Ahora que me cosí volvieron a venir”, dijo Tobar, en referencia a  los abogados de oficio. Se cosió con el hilo que una enfermera le llevó la tarde de un sábado, a quien le contó su intención. El siguiente paso fue comprar la anestesia en la farmacia del penal. 

La ley no contempla  prisión por deuda. “En este caso, la multa se convierte en una deuda que  el reo debe, y si no la paga deberá guardar prisión. Ahí podría radicar otra inconstitucionalidad”, comentó el exmagistrado Luis Fernández Molina. 

“Yo trabajaba en logística en una organización para la salud. Viajaba mucho y estaba por terminar el contrato. Descubrí unas ampollas para el cabello de mujer. Empecé mi propio negocio y lo publiqué por internet. Ahí ellos me contactaron y me obligaron a llevar la maleta. Yo no sabía cuántos dólares llevaba”, refirió Tobar.  
 
 Este padre de cuatro hijos asegura que daría todo por una tarde de  hamburguesas y dormir  con su pequeño Santiago, ahora de 11 años, a quien no ve desde hace tres.

Cuando se les pregunta a los estudiantes de la escuela oficial de esa población cuál es la tarea de un presidente, la respuesta generalizada es: “Cuidar a los niños”.  En ese establecimiento educativo, sin embargo, durante el 2016 solamente fueron recibidos dos de los cuatro aportes económicos que el Gobierno entrega para  refacción escolar. Los útiles no llegaron  y los maestros tampoco recibieron la valija didáctica, detalló la directora María Mixtún Martínez.

En esa misma escuela funciona otra jornada, vespertina, y en el municipio hay tres establecimientos más de preprimaria y primaria, además de dos institutos de educación secundaria.

El municipio es uno de los tres de Sacatepéquez que tiene indicadores de desnutrición, según Leonardo López, técnico en salud rural.

Médico de medio tiempo

Pero el único  puesto de Salud gubernamental funciona en  jornada de ocho horas, cuenta con una enfermera profesional, una auxiliar de enfermería, un técnico en salud rural y una médica contratada por solo cuatro horas.

“La doctora siempre nos brinda una hora más de su tiempo y se queda después del mediodía, pero sí tenemos la necesidad de más personal”, afirmó López.

Ayer  viernes era día de plaza  en Magdalena Milpas Altas, llamada así en honor a Santa María Magdalena, de la que hay una imagen en la iglesia, vestida con el traje regional.

Frente a la carnicería de Viviana Pérez Méndez había una pequeña fila de personas, y la mayoría se encontraba allí para comprar hueso y vísceras,  o pollo los más afortunados.

“La gente compra menos carne. La situación está dura”, aseguró Pérez Méndez.

 En ese municipio, en el que durante todo el año pasado no se registró ningún asesinato y los hurtos son ocasionales, los agentes debieron reunir dinero para comprar los repuestos del único autopatrulla que presta servicio a la población. El alcalde regaló la batería y otro vecino un juego de llantas.

Apenas hay 12 agentes, divididos en dos grupos, para cuidar a los más de 11 mil habitantes.

Prensa Libre intentó comunicarse con el jefe edil, pero no fue posible.

Agenda de hoy

La celebración del primer año de gobierno estará carente de festejos.

• Habrá sesión solemne en el Congreso, a las 10 horas, en la que el presidente entregará su informe.
• El presidente  del Congreso también presentará su informe de logros.
• En la misma  sesión  se juramentará a la nueva Junta Directiva.  
• También el nuevo presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, será juramentado.
• Presentación a la Prensa del informe de Gobierno, en el Palacio Nacional de la Cultura. El mandatario se reunirá  con su gabinete, a las 13 horas.

Las autoridades esperan que nuevas auditorías   permitan establecer cuánto varió el valor original del proyecto por los cambios en las especificaciones autorizados por  Alejandro Sinibaldi cuando fue ministro de Comunicaciones y se determine en qué porcentaje  se repartió la obra entre las referidas compañías.

En junio del 2016, Boris Orlando Navas Aguilar, uno de los representantes legales de Sigma, quedó ligado a proceso por financiamiento ilícito en el caso Cooptación del Estado.

Max Roberto Burgos Fallaice, representante legal de HW Contractors, y Benjamín González Zepeda, de Lanello, empresa que supervisaba los trabajos de Sigma y HW Contractors, también están procesados. La misma sindicación enfrenta Álvaro Mayorga, uno de los propietarios de Conasa. Todos gozan de medida sustitutiva.

La Fiscalía contra la Corrupción presume que los constructores no están exentos del pago de sobornos.

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Miriam Portillo, encargada de relaciones públicas de Conasa, indicó: “Efectuamos un contrato privado con Odebrecht. Cumplimos con lo establecido en el contrato hasta donde ellos decidieron concluir la relación laboral, en el 2013”.

Prensa Libre intentó obtener una postura de Sigma, pero un guardia informó que no había quien atendiera.

La denuncia

El martes último, el Ministerio de Comunicaciones anunció que emprenderá acciones legales contra exfuncionarios de la cartera que firmaron la modificación del contrato.

En una conversación telefónica, García explicó que el contrato original requería  una vida útil de 10 años para la carretera y un “vehículo de diseño”; es decir, que el peso de los autos que transitaran no sobrepasaran las 66 toneladas. Pero las especificaciones fueron cambiadas a una vida útil de 20 años y que resistiera el paso de vehículos de 80 toneladas, indicó.

Con los cambios, según García, la obra que buscaba la construcción y ampliación a cuatro carriles de 140 kilómetros que conducen de Cocales, Escuintla, hacia Tecún Umán, San Marcos, se redujo a  58, pues el dinero fue insuficiente.

Según documentación a la que tuvo acceso Prensa Libre,  Sinibaldi delegó al exdirector de Caminos, Jorge Rogelio Gálvez, la responsabilidad de modificar el contrato inicial. Pero fue Sinibaldi quien firmó el acuerdo ministerial 918-2013, con el que autorizó esos cambios.

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“Han trocado especificaciones por medio de notas de cambio que se hicieron con base en un crédito”, confirmó una fuente involucrada en la pesquisa.

García refirió que trabaja en recolectar todos los documentos que permitan conocer cuál fue la cadena de mando, hasta llegar a Sinibaldi, que autorizó las especificaciones.

El jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo, no descarta extender las pesquisas a otros exministros y exviceministros.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) se sumará a las acciones legales hasta que conozca el nuevo informe de auditoría de infraestructura de la CGC, afirmó la portavoz de la institución, Lisbeth Vásquez.  Aunque García afirmó tener el aval de la PGN.

Las nuevas averiguaciones se encaminan a detectar la posible sobrevaloración de las obras. Los fiscales esperan despejar también las dudas sobre una compra “exorbitante” de hierro y el costo de un campamento que no estaba incluido en el contrato, confió una  fuente.

Campo confirmó que solicitó una ampliación sobre esos extremos a la CGC. “En cada uno de los renglones de trabajo podría haber una irregularidad”, comentó.

Los auditores presentaron en julio del 2015 una denuncia ante el Ministerio Público (MP) en la que resalta las irregularidades cometidas por el Congreso, como omitir una licitación y aprobar de urgencia dos créditos por $399 millones a favor de Odebrecht, por lo que podrían citar a varios diputados.

Llama la atención de los investigadores que había una cláusula que estipulaba qué materiales serían comprados a empresas brasileñas. “Nos enfocamos también en el lado de los sobornos y de la realización del proyecto”, indican.

Pesquisa tardía

Diputados que razonaron su voto en la aprobación de los créditos consideran tardía las acciones del MP.

Orlando Blanco, jefe de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, y Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG), coincidieron en que las irregularidades se hicieron públicas desde que se aprobó el crédito.

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Luis Pedro Álvarez, quien en ese momento era diputado de EG, y Francisco Tambriz, de Libertad Democrática Renovada, aseguraron que durante la aprobación “se escuchó que había dinero para apoyar este y otros temas, entre ellos el crédito para la compra de los supertucanos”.

Los desembolsos de los créditos suman US$254.3 millones y Guatemala  ha pagado US$34.6 millones en intereses y comisiones.

UNE comenzó negociación de ruta

Aunque el proyecto de Odebrecht se aprobó durante el gobierno del Partido Patriota, fue en el período de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) cuando se comenzó la negociación.

El expresidente Álvaro Colom, al ser consultado, reconoció que surgió como parte de la relación diplomática sostenida con su homólogo de Brasil, Lula Da Silva, pero niega que haya habido ofertas de sobornos.

Durante el gobierno de la UNE también se negociaron, con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, los créditos que dieron vida al proyecto del Transurbano y la compra de dos aviones supertucanos. Este último negocio fue desestimado porque se detectó sobrevaloración en las aeronaves, mientras que el primero está en un proceso de investigación en el MP.

Según altos funcionarios de la UNE, las negociaciones de los créditos fueron manejadas y dirigidas por el entonces secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, quien guarda prisión por los casos Negociantes de la salud y La Cooperacha.

Directivos de la UNE aseguraron que el brasileño Joao Santana, conocido como gurú de la publicidad política en América Latina, se ofreció para dirigir la campaña electoral de Colom, pero no fue contratado porque  cobraba US$5 millones, más el compromiso de dirigir la imagen presidencial durante los cuatro años de gobierno.  Colom  rechaza ese vínculo.

Santana fue ligado a la investigación de corrupción más grande de Brasil, Lava Jato.

Entre los recursos presentados hay faltas de mérito, otorgamientos y  denegatorias de medidas. Se trata de casos que han tenido un lento desarrollo.

Largo camino

En diciembre pasado, la Sala de Apelaciones de  Mayor Riesgo recibió una queja. Según el denunciante, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) incumplió con presentar la acusación en el caso Cooptación del Estado, pese a que la ley establece que cuando hay personas detenidas este trámite  no debe exceder los tres meses.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) llama Cooptación del Estado a “un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota, del año 2011”.

La Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, después de haber recibido el informe del Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del caso, ordenó al juez establecer un plazo a los fiscales.

De acuerdo con fuentes de la sala, el juez Miguel Ángel Gálvez decidió que determinaría ese término hasta concluir con la notificación a todas las partes en el proceso.

La Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo aún se encuentra en la tarea de avisar a 135 partes involucradas en la causa, incluso hay personas que no han sido localizadas.

El juez  Gálvez niega ese extremo. La  Sala de Apelaciones, asegura, es  la que aún no envía la ejecutoria —documento que establece que no hay ningún recurso pendiente en cuanto a una resolución—.   “No ha venido la ejecutoria. De lo contrario lo habría hecho de inmediato porque sino caigo en desacato”, afirmó.

Pidieron ampliación

La Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo informó que después de que la queja fue resuelta, la Feci pidió una ampliación al plazo ya establecido para concluir la investigación.

Los fiscales presentaron  un recurso de reposición —se le da este nombre porque lo que se pretende  es que el órgano superior reconsidere la resolución que emitió—.

Fuentes de la sala indicaron que esta acción de la Fiscalía fue rechazada, pues es el juez encargado del proceso quien debe establecer el vencimiento para entregar la acusación.

“No puedo fijar plazos de ninguna clase hasta no tener la ejecutoria. ¡Tengo que apegarme a la ley!”, reiteró Gálvez.
Se le consultó al jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, si en efecto pedirán alargar el período de las pesquisas,  y omitió responder.   

En una conferencia de prensa, en el Ministerio de Salud, Aldana dijo estar preocupada por la dilación en los procesos.

“Realmente quisiéramos que los casos llegaran a sentencia, pero eso es un hecho que escapa de nuestro control, puesto que corresponde al órgano jurisdiccional decidir de la agenda y, en todo caso, se pediría a la Corte Suprema de Justicia —CSJ— agilizar todos los procesos que se están conociendo”, comentó la Fiscal General.

“Si hay retraso en el trámite de los procesos que llevamos en manera conjunta Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, se debe a la agenda de los jueces”, agregó.

Al preguntarle al jefe de la Feci  si existían recursos pendientes que resolver en La Línea respondió que no.

La audiencia de etapa intermedia —que se centra en la discusión de la existencia o no de fundamentos para creer que el sindicado es culpable o no— se celebrará el próximo 26 de enero, aunque estaba prevista para el 18.

Las pesquisas en La Línea comenzaron en mayo del 2014, con la sospecha de que un grupo de importadores estaban involucrados en un posible contrabando, quienes tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de impuestos, de acuerdo con la Cicig.

“Para ello, la red proporcionaba a los importadores un número telefónico conocido como La Línea, la cual a través del análisis e interpretación de la información recolectada en las interceptaciones telefónicas se estableció que parte de la estructura estaba integrada por funcionarios de la SAT —Superintendencia de Administración Tributaria—”, según la Cicig.

Prensa Libre intentó comunicarse con la presidenta de la CSJ, Silvia Valdés, pero no respondió a las llamadas.

Lo que dice el código

El artículo 324 Bis, del Código Procesal Penal, señala: “A los tres meses de dictado el auto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez, bajo su responsabilidad, dictará resolución concediéndole un plazo máximo de tres días”, para que presente la acusación.

Ese mismo código establece que si el fiscal incumple, “el juez lo comunicará al Fiscal General de la República o al fiscal de distrito o de sección correspondiente,  para que tome las medidas disciplinarias correspondientes” y ordene la formulación de la acusación.

Abogados penalistas consultados coincidieron en que se incumple con lo establecido en  el Código Procesal Penal.
“El juez no tiene por qué esperar ninguna ejecutoria”, afirmó el abogado penalista David Pineda.

“En una investigación cuando la gente está detenida el plazo es de tres meses. La Fiscal General habla de que los jueces han retrasado los procesos, pero ¿Y en el caso de Cooptación del Estado cuál es la actitud de la Fiscalía?”, se cuestionó el abogado Gustavo Juárez.

“El Ministerio Público sabía en qué plazo vencía la investigación y tenía obligación de presentarla. El juez Gálvez no podía emitir ninguna resolución en cuanto a emplazarlos porque había una apelación que lo inhibía de conocer el proceso”, comentó la jurista Sandra Bárcenas.

La Asociación de Jueces y Magistrados confirmó que el juzgador dejó el país en las primeras horas de este jueves, aunque se desconoce a donde viajó.

Mario Taracena Coyado, titular de la asociación en mención, refirió que el juez Carlos Ruano le indicó que se iba por recomendaciones de seguridad.

• https://twitter.com/ClaudiaPalma_PL/status/819611150308540416

Esto se da luego de que en la audiencia de juicio del caso IGSS-Pisa e IGSS- Chiquimula, el juez se excusó de continuar en el caso, tras haber recibido “presiones” de la magistrada vocal séptimo de la corte Suprema de Justicia, Blanca Aída Stalling.

Según Taracena Coyado, Ruano le manifestó que se iba porque “facilitaron” su salida del país, pero desconoce cuál es el destino del juzgador.

En su cuenta de la red social Facebook, Ruano publicó que “las decisiones difíciles siempre implican riesgos”.

El mensaje continúa: “Voy con la plena seguridad de que hice lo correcto, convencido de que administrar justicia no es simple función de decidir, sino que requiere entrega, dedicación y pasión”.

El texto fue acompañado de una imagen donde se ve la pista del aeropuerto Internacional La Aurora desde una sala de espera.

La evidencia

Noticiero Guatevisión divulgó el audio donde se escucha a la magistrada Stalling solicitando une medida sustitutiva para su hijo Otto Molina Stalling, implicado en el caso IGSS-Pisa, horas después de que el Ministerio Público planteara el antejuicio contra la magistrada a fin de que pierda su inmunidad.

El audio fue grabado por el propio juez cuando fue a la oficina de la magistrada, por petición de ella misma y es la base para evidenciar las presiones que quiso ejercer sobre su independencia.

En esta entrevista explica el modelo de su país que podría replicarse para el Sistema Penitenciario guatemalteco.

¿Cuántos  reclusorios hay en República Dominicana?

Hay 22 centros de corrección en el nuevo modelo y 19 en el tradicional.

¿Cuántos detenidos tienen?

Menos de 25 mil.

¿Cómo funciona en la práctica el modelo?

Tiene  como objetivo fundamental garantizar la vida y la integridad de las personas en custodia. Garantizar su integridad y  dignidad durante su permanencia.

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A partir de ahí desarrollaron una cantidad enorme de programas que van desde actividades educativas que comienzan con la alfabetización. Tenemos cero analfabetismo.  Más del 50 por ciento en educación básica y  media. Más del 5 por ciento en educación universitaria en Derecho, Psicología y Administración.

Guatemala cerró  el año con 128 reos muertos en penales, según la PDH. ¿Se da esta situación allá?

Ningún privado murió en manos nuestras. Los que fallecieron el año pasado —2016—  fueron resultado de enfermedades; debieron ser seis o tal vez ocho.

¿Cómo funciona la autosostenibilidad?

Hay más de 50 programas de tratamiento en los que desarrollamos educación para el trabajo, talleres de formación técnica y profesional, y además terapias ocupacionales y labores productivas en el área comercial, agrícola, industrial y artesanal.

Los penales tienen una amplia producción en espacios abiertos y  en invernaderos, y aguacates para exportación.

¿Cómo administran el economato?

En centros de corrección no circula el dinero, que es una fuente de control y de influencia del que tiene frente al que no.  Pueden adquirir cupones de 10, 15 y 25 dólares y comprar alimentos sustitutos.

¿Hay una tendencia a la baja?

Sí. De 25,800 reos hace dos años,  ahora hay poco más de 24 mil.

 ¿De cuánto es el índice de reincidencia?

Del tres por ciento.

Enclavado en una montaña de República Dominicana se encuentra el Castillo del Cerro, que perteneció al exdictador Rafael Trujillo y ahora es sede de la Escuela Nacional Penitenciaria.  En Guatemala,  la Academia de Guardias Penitenciarios curiosamente  funciona, coincidentemente, en la que fuera  finca del expresidente Otto Pérez Molina.

Ambos países tienen una cantidad similar de reos, y Guatemala construirá este año las primeras cuatro prisiones que responderán al modelo inspirado en el dominicano, según el ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara.

El funcionario considera que cambiar del actual modelo al nuevo le tomará al país 14 años.

Rivas Lara cree que  cuando el gobierno actual concluya, unos dos mil prisioneros habrán pasado a formar parte de este nuevo sistema.  

El proceso de transformación de las prisiones comenzó en República Dominicana, hace 13 años —22 reclusorios pertenecen ahora al nuevo sistema y 19, al tradicional—.

Los fondos para construir dos  prisiones dependen de la aprobación de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica, por Q120 millones, que debe ser avalado por el Congreso, y dos más serán edificadas con ayuda de la cooperación internacional, afirmó el ministro.

La meta durante su administración es construir un promedio de tres  cárceles, siguiendo esa  visión, cada año, hasta finalizar el 2018.

Uno de los penales que se planifican este año recluiría a unos 300 reos de alta peligrosidad, pero es una probabilidad solamente, de acuerdo con el viceministro de Seguridad, Ricardo Guzmán.     

Trabajo por comida

A finales del 2014 , Guatemala, con 14 millones de habitantes, tenía una tasa de encarcelamiento  de 119 por cada cien mil habitantes, según datos de la Política Nacional de la Reforma Penitenciaria 2014-2024.

Ese año, en República Dominicana, con menos de 11 millones de pobladores, el índice de encarcelamiento era de 154 por cada cien mil habitantes.

¿Por qué Guatemala se fijó en un país con una tasa de carcelización mucho mayor que la suya? La razón es que los dominicanos redujeron de  70% a 3% los índices de reincidencia,  explicó Israel Santizo, asesor del Ministerio de Gobernación y  responsable de la implementación del proyecto.   

Los reos serán agrupados de acuerdo con su peligrosidad, aunque aún no está lista esa clasificación, reconoció el experto.

Uno de los objetivos es que las prisiones se conviertan en centros de capacitación y  estudio.  

El presidente Jimmy Morales visitó  República Dominicana y luego la Embajada de Estados Unidos y otros países de la región respaldaron el proyecto del nuevo modelo, confió Santizo.

Después de varias visitas a los centros y entrevistas con Roberto Santana —el ideólogo del programa en República Dominicana—, los guatemaltecos concluyeron que las nuevas cárceles debían aspirar a trabajar con un  40 por ciento de autosostenibilidad.

Una idea primaria, compartió Santizo, es capacitar a los reos para que preparen sus alimentos. “En República Dominicana hay  desde talleres de manualidades hasta fábricas de camas para el sistema penitenciario”, precisó.

En el nuevo sistema, “todos trabajarán y estudiarán. No hay tiempo de ocio. El horario será de 6 a 22 horas. Una hora de televisión al día, una hora de aseo. Se está en pláticas para construir aulas  en los centros”, refirió.

Garantizar la autosostenibilidad depende de que los reos trabajen en los penales.

En el país se está en conversaciones con miembros del patronato de cárceles, integrado por algunos empresarios y sociedad civil.

Según Santizo, se afina la posibilidad de que los reos trabajen en los talleres instalados en los nuevos penales y produzcan insumos para algunas empresas, y a cambio reciban un sueldo mínimo.

“En Chile se abre una cuenta de ahorro al detenido: el 33 por ciento es para su familia, un 33 por ciento para sus gastos y otro 33 se coloca en una cuenta de ahorro para que cuando salga tenga un pequeño fondo con qué empezar una nueva vida”, comentó el asesor.

Nuevos guardias

En República Dominicana,  la policía y guardias fueron sustituidos por agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario.
Entre los requisitos que exige la isla están ser  soltero, sin hijos, comprendido entre las edades de 19 y 30 años, bachiller y no haber pertenecido a las Fuerzas Armadas ni a la Policía Nacional.

En Guatemala, con excepción del estado civil, se exigió a los aspirantes  cuatro evaluaciones psicométricas, la edad de 18 a 30 años, ser bachiller y no fueron admitidos  expolicías ni soldados.

“No es por un tema de rechazo, lo que sucede es que ya están formados por una doctrina que les crearon en una escuela, y se requiere personal que entienda la lógica  civil”, explicó Santizo.

Los 85 agentes que actualmente se capacitan fueron sometidos a pruebas de  valores, antidoping y polígrafo, señaló Rivas Lara.

Dinero: prohibido

En el nuevo sistema estará prohibido ingresar alimentos y dinero a las cárceles.  

En las prisiones se instalarán economatos administrados por los penales, y los reos podrán comprar allí, pues una de las  fuentes de corrupción es precisamente el dinero, afirmó Santizo.  

El próximo 28 de enero empezarán a circular 10 autobuses desde Mixco, como parte del plan de prueba  del  sistema de transporte de pasajeros Express Roosevelt.

El proyecto es impulsado por empresarios que  son investigados por supuesta corrupción en el manejo del subsidio con el que se creó  el Transurbano en la capital.

Además, el nuevo transporte de pasajeros no fue licitado, pese a que había más propuestas.

Un mes después de que Neto Bran asumiera la alcaldía de Mixco, miembros de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) presentaron un proyecto de transporte —en febrero del 2015—, con el aval del jefe edil, y desde entonces la comuna apostó por ese grupo de  empresarios y no evaluó otros proyectos presentados por inversionistas de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala (Asopagua).

Desde el inicio de su gestión, el jefe edil mostró respaldo a la AEAU.

Los directivos de Asopagua señalan que Bran “escogió a dedo a los impulsores del Express Roosevelt” y no se hizo una cotización.

Pasaje se incrementa

En el nuevo sistema de transporte,  el valor del pasaje aumentará —ahora es de Q1.10— y podría fijarse en Q2.50.
Las pruebas durarán 90 días, y las 10 unidades circularán de la zona 1 de Mixco a Pamplona, zona 13 capitalina.

Los usuarios podrán adquirir la tarjeta prepago a partir del 16 de enero  y las recargas se efectuarán en las estaciones de Mixco y Pamplona.

Los empresarios invirtieron Q2.5 millones en la compra de los 10 autobuses usados —US$30 mil por cada uno—, los cuales fueron utilizados  en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

Fideicomiso oscuro

Cuatro sociedades de transportistas formaron el fideicomiso Transpas, que en el 2012 recibió Q36 millones. Cinco empresarios que integraron ese año la junta directiva de la  AEAU  y 10 más que ahora figuran como accionistas del proyecto Express Roosevelt integraron esos consorcios, según el Registro Mercantil.

El fideicomiso tenía como fin el pago de facturas de combustibles, mantenimiento de unidades, gastos de operación para el funcionamiento de las unidades: limpieza, reparación de llantas, sueldo de pilotos y de personal operativo, de acuerdo con el Informe de Auditoría a Organizaciones no Gubernamentales y otras instituciones civiles, Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, del 10 de mayo del 2013, de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

“En el contrato de constitución del fideicomiso las partes acordaron que forman parte del patrimonio fideicometido la totalidad de los ingresos presentes y futuros, durante la vigencia, provenientes de cualquier aporte directa o indirectamente realizado por el Estado de Guatemala, incluyendo subsidios, a uno o más de los fideicomitentes, por los buses equipados con el sistema prepago”,  detalla el informe de la CGC.

Se buscó respuesta de los empresarios del Transurbano, pero el vocero, Sergio Vásquez, argumentó que no había ningún directivo disponible.

Se llamó cuatro veces a Wálter Montiel, del Express Roosevelt, pero no respondió, y lo mismo ocurrió con  los mensajes de texto.  

Constitución

 Tendencias Modernas Latinoamericanas, Rutas Metropolitanas de Transporte, Concesionarios de Transporte y  Expansión Corporativa Milenium fueron constituidas el 19 de marzo del 2009 —11 meses antes de la constitución del fideicomiso—  por la notaria Ana Elizabeth Mancur Milián.

Según los protocolos, Benedicto Lira Trujillo, Rudy Armando Lima Guerrero, Fredy Armando Solís Fuentes, Carlos  Bran Jacinto, Ananías Guerra Acevedo, Ely Salvador Galdámez Bobadilla, Ronaldo Palma Salazar, Epifanio Valdés  Paredes, Jorge Efraín López Paredes y Mynor González Rodríguez figuran como accionistas de estas cuatro sociedades  y ahora están entre los compradores de los buses del nuevo proyecto.

Cinco de los integrantes de la entonces directiva de la AEAU  son accionistas de estas sociedades. A cada uno se le impuso una sanción de Q210 mil por no haber desvanecido los hallazgos de los auditores. Además de Lira Trujillo, representaron a la directiva Luis Alfonso Gómez González, Óscar Alejandro Rossi Archila, Víctor Hugo Figueroa Ortiz y Mario  Vargas Salazar.

Las sociedades tienen los mismos objetivos descritos y curiosamente sus integrantes aparecen hasta en el mismo orden en la escritura.

En la literal “r” de los cuatro protocolos se explica que podrán “constituir fideicomisos, constituir y aceptar hipotecas… pudiendo negociarlas con entidades financieras particulares o estatales”.

La acusación se presentará el 10 de enero, y  aunque el nuevo fiscal no ha sido notificado de manera oficial,  Brenner López, jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos, que conoce el sumario, aseguró que no hay tropiezos en el caso.

La causa se derivó de la investigación contra una estructura de contrabando aduanero, la que  sirvió para la compra y transporte de granos básicos utilizados en el programa Bolsa Segura  que el Partido Patriota desarrolló como parte del Plan Hambre Cero y en el que hay 11 procesados, incluido el exministro de Agricultura Élmer López.

Precaución

Una de las personas que tuvo a su cargo el proceso, y quien omitió su nombre, aseguró que renunció porque recibió presiones para solicitar al juzgado órdenes de captura que no estaban justificadas.

Dos expedientes fueron abiertos en la Fiscalía de Asuntos Internos, que investiga  al personal del Ministerio Público (MP).

Según la analista Carmen Aída Ibarra, debe tenerse cuidado con los cambios frecuentes de fiscales, porque hasta hace poco “el MP era una cueva de impunidad” y sus equipos de fiscales eran débiles.

“Esta situación de fragilidad persiste, con excepción de la Feci —Fiscalía Especial contra la Impunidad—, que ha sido fortalecida”, agregó.

La analista Lorena Escobar cree que los cambios pudieron haber obedecido a que encontraron  alguna “flojedad”.

Miriam Reguero participó en la investigación de septiembre del 2014 a febrero del 2015, pero posteriormente fue trasladada. Alberto Granados tuvo el proceso a su cargo de marzo del 2015 a marzo del 2016. A partir de esa fecha fue responsable de la investigación el fiscal Néstor Pérez, quien renunció a finales de octubre del 2016. La última fiscal en conocerlo fue Karen Reyes, quien dimitió a principios de diciembre pasado.  

El caso trascendió a raíz de las declaraciones del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón, quien aseguró que se reunió con la fiscal general, Thelma Aldana, para preguntarle si había un caso abierto en su contra.

Los antecedentes

La investigación comenzó con el descubrimiento de una red de contrabando de maíz.

• Entre los señalados figura el exministro de Agricultura  Élmer López, procesado por incumplimiento de deberes, así como Jonathan Chévez, alias el Mago, quien  afrontará cargos por encubrimiento propio.

• El proceso está a cargo del Juzgado Décimo de Instancia Penal.

• La Fiscalía presentó entre las pruebas 133 escuchas telefónicas.

La población carcelaria aumentó en una década de 6 mil 826 reclusos a 21 mil 45, y el año en que más se incrementó el número fue entre el 2014 y 2015, cuando sumó 2 mil 551, , aunque hasta el 21 de diciembre de 2016 se detuvo a 2 mil 211 personas.

Este hacinamiento puso de manifiesto que no se aplican las medidas alternativas contempladas en el Código Procesal Penal.

Mario Hernández Romero, abogado penalista, explicó que se han mezclado personas que están sujetas a proceso con sentenciados, lo cual está en contra de la Constitución.

“Hay muchos que tienen derecho a gozar de medidas sustitutivas y los jueces no otorgan esos beneficios. Además pesa la mora judicial que empeora con el atraso de los expedientes”, agregó

La ley también contempla  medidas   desjudicializadoras que no se otorgan. Los fiscales son evaluados de acuerdo a las condenas que obtienen, comentó Hernández.

Para Hugo Cardona, subdirector del  Instituto de la Defensa Pública Penal,  estar confinados en un ambiente saturado hace que los reos vivan sin condiciones de higiene y sin un lugar adecuado para dormir.

“Las cárceles están diseñadas, unas como centros de prevención y otras para cumplimiento de penas, en la ley está regulado así, pero como se saturan esa disposición  se vulnera”, concuerda Cardona.

El Sistema Penitenciario necesita una reestructuración total, según el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, Mario Taracena Coyado.  En el Código Procesal Penal la excepción es la prisión, aunque “la sociedad no ve con buenos ojos esas circunstancias”, lamentó.

Prisiones saturadas

• 2 mil 75 mujeres detenidas se reportaban  al 23 de diciembre último.
• 3 mil 15 reos es la población actual  de Pavón. Su capacidad es de  960.
• 2 mil 910 presos hay en la Granja Canadá. Estaba diseñada para 600 cuando se inauguró.
• 290 reos  permanecen en la cárcel de alta seguridad de Escuintla; puede albergar cien.
• Las prisiones para mujeres  de Mazatenango —Suchitepéquez—, Puerto Barrios —Izabal—, Chimaltenango y Zacapa son las únicas que no sobrepasan el número de detenidas.

Las instancias se crearon para atender los casos tributarios, pero el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, Mario Taracena Coyado, considera que no es recomendable que funcionen dentro de las instalaciones del Ministerio de Finanzas.

“A los juzgados tributarios se les debe facilitar su propia sede, por parte la Corte Suprema de Justicia, ya que no es conveniente que un órgano jurisdiccional esté en la sede de alguna de las partes interesadas, ya que podría afectar su independencia, porque todo juez debe estar  plenamente independiente de cualquier vínculo en relación al caso que este juzgando, es una garantía para todo ciudadano”, manifestó el juez.

Agregó: “El artículo 205 de la Constitución garantiza al Organismo Judicial la independencia económica, precisamente para no depender en ningún sentido de otras instituciones y esto es aplicable a los gastos de sedes o lugares donde estén ubicados los órganos jurisdiccionales o juzgados”.

Silvia Valdés, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, dijo que la próxima semana se inaugurará el juzgado, el tribunal y la sala de Apelaciones.

La demanda de jueces especializados en ese campo “es mucha”, aseguró Valdés. Los procesos se llevaban en los juzgados contenciosos administrativos, explicó y afirmó que en adelante, las defraudaciones, órdenes de intervenciones de empresas y los casos de contrabando serán conocidos por la nueva instancia.

“Necesitamos tribunales especializados, que tengan profundidad en el conocimiento de materia tributaria. Hicimos la petición al Organismo Judicial y finalmente se dio”, indicó Adrián Zapata, intendente jurídico de la SAT.

 Brenner López, jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos, que también se trasladará al lugar para facilitar gestiones, considera que la ventaja será la unificación de criterios para juzgar los procesos.

Cobros judiciales

• Q782 milllones, Aceros de Guatemala, en mayo del 2016, por evasión.
• Q375 millones, Agropecuaria Bellamar, por adeudos fiscales, fue intervenida  en julio.
• Q45 millones, Hotel Camino Real, señalado de modificar registros contables.
• Q34 millones, Farmacia Galeno tenía una deuda original al fisco de Q5 millones.
• Q20 millones, Multiperfiles simuló la adquisición de fletes por Q53.2 millones.

Como el árbol de araucaria que Hermann Hesse describe en El Lobo Estepario, por medio de los ojos de Harry Haller, podría describirse la vida de Miguel Ángel Gálvez Aguilar (1963), juez de Mayor Riesgo B, designado por Prensa Libre como Personaje del Año 2016.

“Un árbol infantil, sano, recto, de la mayor perfección”, relata Haller, quien disfruta sentarse a su sombra y avizora “una vida llena de decencia, y de salud, de levantarse temprano y en cumplimiento del deber”. Precisamente, la araucaria es uno de los símbolos favoritos de Gálvez Aguilar, quien tiene plantada una en su casa.

Gálvez Aguilar aparece en el umbral de su vivienda, vestido con  sudadero verde fluorescente, pants negro y gorro, pues recién regresó de trotar.

Su casa tiene un aire campestre. Está alejada  del centro de la ciudad, sencilla, sobria. Coloca sobre la chimenea los obsequios  abiertos la noche anterior.

“Nací en el 63 —1963—, creo que cumpliré 50 ¿o 51?”, dice, pero se carcajea  cuando se le recuerda que son 53. “¿De verdad?”, inquiere. “Nunca soy bueno con las fechas, a menos que me vea forzado a recordarlas”, afirma Gálvez Aguilar, quien combina su pasión por las leyes con su gusto por los perros ingleses, la poesía de Hesse y El vuelo del abejorro, de Rimsky Kórsakov. 

Rayito, un perro de raza west highland white terrier, lo sigue fiel a su despacho, donde el juez concede la entrevista, no sin antes agradecer la designación.

La Torá —libro que fundamenta al judaísmo—, un menorah o candelabro de siete brazos, una postal de Charles Chaplin, el eterno niño rebelde representado en Charlot, quien critica la mecanización de la industria y la deshumanización, y una edición del Derecho y Razón, de Luigi Ferrajoli, destacan en el lugar.

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Gálvez Aguilar es el cuarto de siete hermanos. Creció entre lo más cruento del conflicto armado. Disfrutó leer  La isla de los hombres solos y    Papillón —novela de Henri Charriére, sobre un condenado en la Guyana Francesa por un crimen que no cometió—; se declara fan de la música de The  Beatles, Black Sabbath y los Bee Gees.

“Me encanta esa canción. ¿Cómo se llama? ¿Cómo reparar un corazón roto? —How can you mend a broken heart?— de los Bee Gees”, comenta.

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“Puedo aún sentir la brisa que cruje a través de los árboles y las memorias húmedas de los días que se han ido, no podíamos ver el mañana, nadie dijo una palabra acerca del dolor”, tararea, y luego, desiste.

Una infracción

El juez que ha conocido los procesos Rosenberg, Parlacén, Siekavizza, La Línea, Aceros de Guatemala y Cooptación del Estado, entre otros, tiene un rostro afable y un ideal inquebrantable.

Reconoce que una vez, de niño,  “infringió” la ley. Después de pensarlo un rato, como si buscara el fragmento de una película ya olvidada, recuerda: “Tenía 8 años, robé una rosa para mi maestra de segundo grado; el dueño de la casa me pilló y me llevó a la escuela para verificar si era cierto lo que le decía”.  

Cuando estudiaba el Bachillerato en Ciencias y Letras, en el Instituto Evangélico América Latina, trabajó como mensajero de medio tiempo en la Dirección General de Caminos.

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La letra de War Pigs, de Black Sabbath, la banda  pionera del heavy metal que denunció la guerra y sus atrocidades, y las estrofas de War is over, de The Beatles, los libros de Derecho que leyó prestados y su militancia en asociaciones estudiantiles —en el contexto intolerante del conflicto armado— alimentaron su decisión de estudiar leyes.

“Uno de los últimos años comenzamos a estudiar 90 y nos quedamos solo 14. La mayoría de profesores fueron asesinados o desaparecidos”, relata.

Símbolo de rectitud

Hace cinco años, Gálvez Aguilar sembró en su jardín una araucaria, conífera que se caracteriza por sus ramas muy rectas. Su otra pasión, después de las leyes, es cultivar bonsáis —árboles en miniatura—.

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Su serenidad fuera del juzgado contrasta con la vehemencia con que sustenta sus resoluciones.   

Gálvez  lee sus casos un promedio de seis horas diarias y está convencido de que detrás de cada proceso se encuentra un ser humano.

“En una ocasión juzgaba a 30 pandilleros, no recuerdo exactamente. Uno de ellos pidió un bombón. Con el palillo abrió los grilletes, se bajó el pantalón y empezó a masturbarse en medio de la audiencia. Sentí una inmensa compasión. Le pedí que se subiera sus prendas y a los guardias, que no lo agredieran”, narra.

“Me cuesta más juzgar a un pandillero que a un político sindicado de corrupción”, asevera.

A escasos metros de la araucaria hay una habitación pequeña para meditar. Gálvez, ferviente estudioso de La Torá, se define  como creyente.

“He leído no sé cuántas veces El Lobo Estepario. Recuerdo que hace una mención a la araucaria”, indica.

En entrevista con Prensa Libre hace un recuento de sus primeros pasos en el Organismo Judicial, de ese primer contacto con procesos contra el crimen organizado, en el oriente del país.

Es un profesor nato  pero actualmente no ejerce   la docencia, por falta de tiempo; sin embargo, convierte a los jóvenes fiscales en sus alumnos, en el marco de audiencias judiciales.

¿Dónde creció?

Soy el cuarto de siete hermanos. Crecí en Kaminal Juyú, en la zona 7, en medio de una familia que, como  muchas otras en este país, afrontó precariedades.

¿Qué lo inspiró a estudiar Derecho?

Era el tiempo de la Guerra Fría, yo había leído mucho de Salvador Allende, en Chile, del movimiento sandinista, en Nicaragua, y me daba cuenta de la situación del conflicto armado en Guatemala. Había leído sobre la salida de Árbenz; era un tiempo de mucha tensión. Desde que estuve en bachillerato tuve alguna relación con asociaciones estudiantiles y así es como decidí estudiar Derecho.
Había muchas asociaciones en la Facultad. Era una ebullición en aquel tiempo.

¿Participó en alguna asociación universitaria?

De que pertenecí, sí, pero voy a omitirlo.

¿Hace cuánto tiempo trabaja en el Organismo Judicial?

18 años.

¿Comenzó allí su carrera como abogado?

No, trabajé en la Dirección General de Caminos. También   en el Instituto Nacional de Electrificación. Allí laboraba cuando me gradué. Después estuve en el Ministerio de Trabajo.

¿Sus primeros pasos fueron como abogado laboral?

Me gustó mucho el área laboral. El área penal no me llamaba la atención, por el antiguo código. Era un sistema más bien inquisitivo. Cuando empezaron a discutir el proceso penal, estamos hablando más o menos en 1990, me involucré en la discusión de los cambios.

En 1992 publicaron el Código Procesal Penal: la libertad de prueba, la inmediación, el contacto con el procesado, con el juez, con las partes. Me atrajo profundamente.

El MP era una persona, pero sin cerebro, hasta que con la llegada de la exfiscal Claudia Paz empezaron a crearse oficinas de inteligencia, que fue como dotar a la Fiscalía de cerebro. Después se creó la Unidad de Métodos Especiales y poco a poco se reestructuró y los fiscales fueron capaces, gracias a estos avances, de relacionar varios procesos.

¿En dónde comenzó a trabajar como juez?

En Quiché, en 1998. Era juez cuando se daban mucho los linchamientos. La situación de occidente  es difícil y en ese entonces lo era aún más.

¿Cómo era el Quiché que usted conoció entonces?

Quiché era bastante convulsionado, había muchos conflictos internos, muchos militares. Administrar justicia en esas condiciones es difícil; trabajaba con un traductor. Muchas veces la población se reunía en el parque y presionaba. A eso sume las condiciones paupérrimas.

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¿Hay algún caso que lo haya marcado como juez?

El proceso de Cándido Noriega —primer comisionado militar condenado por genocidio, en 1999—.

¿Trabajó también en Sololá?

Sí, trabajé en Sololá pero vivía en Quiché, en donde estaba mi sede fija, y los fines de semana retornaba a Guatemala. Después de eso me fui a oriente, a Chiquimula.

¿Cómo fue la experiencia de juzgar en zonas del país tan distintas?

Completamente. Las características eran totalmente distintas. Fue allí donde empecé a trabajar en un juzgado regional. Llegué a trabajar al Juzgado de Competencia Ampliada y conocía procesos de Chiquimula, Zacapa, Izabal y Petén.
Empecé a conocer los primeros procesos de crimen organizado, plagio, secuestro, asesinato y narcotráfico.

¿Fue allí donde comenzó a conocer estructuras criminales?

Sí. En oriente, las condiciones eran completamente diferentes, conocí un proceso de robo de cocaína en el que estaba involucrada la Policía. Empecé a tener capacitación sobre estructuras criminales. También trabajé en Alta y Baja Verapaz.

¿Cuál ha sido su momento más difícil como juez?

Todos son momentos difíciles, las épocas y procesos son diferentes.

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¿Hay algún caso en particular que le haya conmovido?

El derecho hay que vivirlo. En Chiquimula, en un juzgado de menores conocí a un niño de 11 o 12 años, con los ojos claros, que le cercenó la mano a su padre en una carpintería. Lo visité varias veces en el correccional. La duda para mí era por qué había atacado a su papá. Quise conocer el proceso más allá del expediente. Poco a poco me gané su confianza y descubrí que su padre lo violaba desde pequeño. Un proceso no es un montón de páginas aisladas, es una historia que muchas veces no se menciona. Recuerdo la historia de los adolescentes que le quitaron el corazón al maestro en el correccional. El problema es que uno a veces es muy sentimental y no debe mezclarse con lo legal.

¿Es un hombre de rutinas?

Más que de rutina, un amante de la disciplina.

¿Cómo se convirtió en  juez de Mayor Riesgo B?

Fui nombrado juez contralor en el Juzgado Séptimo. Después me trasladaron al Tribunal Noveno y con posterioridad, al Tribunal de Competencia Ampliada, junto con Yassmin Barrios y Wálter Villatoro.   

¿Qué avizora para el próximo año?

Difícil, difícil. El país cada vez es más complejo. Me da la impresión de que en determinado momento se dieron uno o dos casos, pero como que de repente no caminamos ya. Hay una reconfiguración de ciertas estructuras, presiones, y el tema de la presidencia de Estados Unidos, es otro asunto especial que tiene incidencia en toda América.

Estamos en un momento difícil, comenzamos el año con la discusión de reformas constitucionales. Considero que se abrirán más procesos.

Este año salió a luz el caso de Aceros de Guatemala, del que se dijo que  podría conducir a grupos de empresarios  vinculados con defraudaciones. ¿Fue presionado para dejarlo?

No. El proceso originalmente se trabajó como una parte de  La Línea. Tiene ciertas relaciones. Es un solo proceso, pero no nos podemos desviar del aspecto fundamental, al unirlos le estamos quitando la razón principal por la cual La Línea fue investigada. No nos podemos apartar de la raíz y quedarnos con las ramas. Es mejor que se explote bien cada proceso. Cuando trabajamos el proceso de Cooptación del Estado, por ejemplo, con las órdenes de captura querían que les diera yo de todo y eso no se puede porque son procesos muy extensos.

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¿Cómo enfrenta usted las críticas de los defensores cuando le llaman el juez de la Feci?

Eso se ha dicho, pero me siento tranquilo. Estoy haciendo lo que para mí es lo correcto. En el proceso de Cooptación del Estado hay faltas de mérito, medidas sustitutivas. Hay una cantidad de apelaciones. Todas las resoluciones que he dictado en ese sentido las tengo apeladas.

No es que sea tan de la Feci. Mi satisfacción en el proceso de Cooptación fue no tomar en cuenta la declaración de Monzón.

Pero, ¿tomó elementos?

No, para mí una declaración no es investigación. Una declaración tiene que ir acompañada de una investigación y allí se quedaron varios de los señalados con falta de mérito, gente muy importante se quedó fuera. Entonces, ¿cómo pueden
decir que soy el juez de la Feci?

Algunos jueces se quejan de ser estigmatizados como débiles cuando otorgan una medida sustitutiva.

Vivimos cantidad de años en forma oscura, en donde no existía justicia, y si existía era para un determinado segmento. Después de que vivimos el despertar del 2015, la población cree que todo tiene que ser prisión. Quisieran que nosotros los jueces arregláramos todos los problemas y tenemos parte de esa responsabilidad, pero no es toda. Nos piden que tengamos que disciplinar hasta a los mismos políticos, y eso no es así.

¿Qué le sugeriría a esta  nueva generación de abogados?

¡Lean! no pierdan la mística para hacer las cosas, y si hablamos de Derecho Penal hablamos de la parte dogmática, que muchos desconocen.

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Tiene mucho contacto con fiscales jóvenes en su juzgado. ¿Le gusta enseñar?

¡Me encanta! Ya casi no lo hago, por cuestiones de tiempo. De vez en cuando acepto invitaciones para participar en alguna conferencia. He impartido clases en la universidad Rafael Landívar. A los fiscales también me gusta enseñarles. Tolero un fiscal inexperto porque sé que puede aprender, lo que no soporto es uno deshonesto. Creo que mística, disciplina, perseverencia y honestidad deben ser cualidades infaltables en este oficio.  

Los datos son revelados como parte de un informe de la Procuraduría de Derechos Humanos con registros de la Dirección del Sistema Penitenciario (DGSP).

Las 128 personas que murieron estaban recluidas en alguna de las 21 prisiones a cargo de la DGSP. La cifra es mayor a los decesos del año pasado, cuando se reportaron 101 en los 12 meses.

La característica más común es que 74 fueron por hecho violentos como riñas, enfrentamientos, venganzas o conflicto entre grupos rivales.

El resto de personas, 54, murieron por falta de atención o acceso a la salud pública en prisión o en un centro asistencial público.

Ante esos señalamientos, el vocero de la DGSP, indicó que “ojalá”, la PDH pueda certificar y tenga pruebas para decir que los reos murieron por falta de atención médica.

El informe fue presentado por Gerardo Villamar, defensor del debido proceso de la PDH, quien afirmó que lo complicado es determinar un responsable.

“Es difícil después de que un reo muere responsabilizar a alguien, porque firma el interino del interino del interino y nadie se hace responsable del mando de un lugar”, afirmó.

Durante el 2016 fallecieron 128 reos en el interior de los penales según la PDH @prensa_libre pic.twitter.com/2fk2k1dz3C

— Claudia Palma (@ClaudiaPalma_PL) December 28, 2016

Según la información de la DGSP remitida a la PDH, la última muerte fue el 21 de diciembre de 2016, pero falta contabilizar si hay muertes lo que resta del mes.

“La rotación del personal no deja investigar bien los hechos. El derecho a la vida no se respeta”, remarcó.

Prisiones peligrosas

La cárcel que registró más muertes fue el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, con 29 decesos.

La prisión en segundo lugar por sus registros es la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, con 21 personas fallecidas.

La Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, Escuintla tiene 18 y el Centro de Detención Preventiva para Hombres Boquerón, Santa Rosa.

Muere el capitán

El capitán Byron Lima Oliva, condenado por la muerte del obispo Gerardi, fue asesinado durante un enfrentamiento por el control de la cárcel Pavón, donde murieron otras 12 personas.

Bajo circunstancias poco claras, la mayoría de muertes, incluida la de Lima Oliva, fue provocada por disparos, y varios cuerpos fueron decapitados. El ataque se atribuye a un grupo encabezado por Marvin Montiel Marín, alias el Taquero.

¿Cuáles son los tres hitos de la justicia este año?

Es un poco difícil responder eso. Lo que se hace es tratar de salir al paso a los efectos de la falta de justicia hacia  materias que necesita tener ordenadas un país. En primer punto, la justicia civil, que es la que garantiza seguridad y certeza para  inversión nacional y extranjera, que es motor de un país.

¿En materia penal ha habido avances?

El sistema judicial responde a estímulos, trata de apagar fuegos.  Es demasiada la corrupción. Hubo tanto cinismo que la situación se desbordó, pero eso es falta de una justicia civil, tributaria, administrativa y de familia. La justicia está copada por los sectores de poder.  

¿De qué sectores habla?

De los económicos y políticos. Hay un adagio que dice que quien juzga, manda. Las leyes las hacen los representantes de los que tienen el poder.

¿Le ve futuro al tema del pluralismo?

Lo veo muy difícil. Si a la  población indígena la van a juzgar las autoridades ancestrales  se recupera el control y el poder político en el área rural por los mismos pueblos originarios, pues no estarían sujetos a la justicia ordinaria estatal.

¿El papel del Ministerio Público ha sido el de apagafuegos?

Lo que ve la gente son  los casos que publican  periódicos y la televisión. Los procesos de menor categoría no se atienden con la misma eficiencia.

¿Está tratando de decir que es una fiscalía mediática?

Estamos atendiendo lo que internacionalmente están pidiendo.

¿Habla de casos de corrupción?

Eso es un movimiento internacional, pero que debe darse en una forma general; no solamente en determinados períodos. No se está haciendo la investigación completa.

¿Por qué las investigaciones no abarcan otros períodos?

Se atiende la justicia por los efectos y no por las causas ¿Por qué hay criminalidad? ¿Por qué somos criminales todos? Porque no hay trabajo, y no hay trabajo porque no hay inversión. ¿Y por qué no la hay? Porque las empresas no tienen certeza jurídica.

¿En qué ha redundado destapar estos procesos?

Le ha dado respiro y la posibilidad de que se corrija el comportamiento de los políticos gobernantes. Pero mientras el sistema no cambie desde su raíz, siempre vamos a seguir jugando a lo mismo, porque los que están sindicados o procesados no son los únicos. La justicia sigue siendo controlada por el poder político. El magistrado sigue estando sujeto a que sus actuaciones sigan siendo buenas a los ojos de quienes los eligieron.

En este contexto que menciona  de compadrazgo, ¿cuál es el futuro de los procesos?

Cuando haya jueces libres e independientes habrá una justicia pronta y cumplida.  El juez en este contexto puede tener la libertad  de recomendar retirar o no un antejuicio, independientemente de cómo esté planteado. El hecho de que planteen un antejuicio no significa que tenga que admitirse. El pesquisidor, si es libre, revisará con objetividad si aconseja o no quitar la inmunidad.

¿Hay presiones entre  jueces?

Lo que se escucha es que ningún juez se anima a decir que no cuando hay un antejuicio porque de inmediato empieza también a ser investigado y por el miedo a ser tachado de juez de la impunidad. Eso se replica hasta en procesos de femicidio y violencia contra la mujer.

¿Cómo impactan en los procesos las metas que se les exigen a los fiscales?

Desvirtúan los procedimientos. Aunque una persona no tenga un señalamiento directo sobre un hecho, se convoca a una junta conciliatoria, y aunque el agraviado no pida una sanción mayor, el Ministerio Público pide un criterio de oportunidad, lo que significa que el denunciado acepta el hecho como cierto, lo que en ocasiones perjudica al señalado.

¿Qué hay de medidas sustitutivas?

 Hay mucho temor entre los operadores de justicia de aplicarlas.

¿Ese temor es compartido tanto por  jueces como por fiscales?

Solo por los jueces. La meta del fiscal es lograr la prisión.

¿Cuáles son los principales desafíos que trae consigo el 2017?

Que sea una justicia integral, no solamente enfocada al aspecto penal. Ese ha sido el error de todos los períodos de corte —Suprema de Justicia—.

Que se dé el pluralismo jurídico, pero conforme su verdadera naturaleza y autenticidad, pero ello no se trata solamente de aprobar la ley. Debe consultarse a la población indígena si bajo su responsabilidad se hace esa justicia.

Cifras  y deudas

Estas son algunas de las particularidades judiciales de nuestro país.

Guatemala, junto con otros 13 países en América Latina, no genera suficiente información para establecer cuál es el índice global de impunidad.

En el país hay 6.67 jueces por cada cien mil habitantes, muy por debajo del índice promedio mundial, de 17.

Quince  municipios no tienen presencia judicial.

Durante el 2016, la Cicig y el Ministerio Público hicieron públicos los casos Aceros de Guatemala, Terminal de Contenedores Quetzal, La Cooperacha y Cooptación del Estado, que empezaron a demostrar complejas estructuras criminales con características transnacionales.

El MP  tiene  cobertura en  solo 34 municipios del país.

Durante el 2015 un defensor público atendió un promedio de 112 casos.

 Fuentes: noveno informe de la Cicig, Plan estratégico quinquenal 2016-2020 del OJ y Defensa Pública Penal

Durante la madrugada  de hoy se produjo un accidente de tránsito en el kilómetro 90 carretera a El Pacífico, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, en el que murieron cuatro personas, entre ellas un bebé de unos seis meses. 
  
Las víctimas, quienes todavía fueron identificadas como Celeste González Pérez, de 21 años, su hijo Santiago Ramos González, de 5 meses,  su esposo Willi de Jesús Ramos, de 37 años y Ariel Ayala Rosales, de 21 años,, quienes se conducían en el automóvil Chevrolet, Aveo, P 767GJH.

Las autoridades informaron que por el momento no se saben las causas del accidente.

El intendente muncipal de tránsito de la Municipalidad capitalina,  Amilcar Montejo,  reportó una docena de colisiones la madrugada de este 25 de diciembre y seis conductores fueron llevados a la Torre de Tribunales por conducir ebrios.

Dos motociclistas colisionaron de frente en el kilómetro 17 de la ruta a San Pedro Ayampuc, un hombre falleció y otro quedó herido.

En otro hecho de tránsito un automóvil y una moto colisionaron en Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, uno de los conductores fue trasladado a un centro asistencial. 

En el interior del país, cinco resultaron heridos en la zona 3 de Quetzaltenango como consecuencia del choque de tres carros. 

Quemados

Pese a las recomendaciones que se hacen todos los años de que los padres vigilen a los niños durante la quema de cohetillos, los socorristas reportaron haber trasladado a ocho menores con quemaduras.

Uno de los casos más dramáticos  se registró en la zona 18 en donde un niño , de siete años, resultó con quemaduras en el rostro después de que le explotó una bomba, de acuerdo con información de los Bomberos Voluntarios. Otro pequeño también sufrió serias quemaduras en el rostro en Patzún, Chimaltenango.

Los Bomberos Municipales reportaron seis emergencias más. Entre las víctimas de los descuidos de sus progenitores hay tres niños con quemaduras de segundo grado de un año, año y medio, y, tres años.

En Guatemala ocurren 50 mil casos de quemaduras al año.  La mayoría de víctimas de quemaduras son los niños de escasos recursos, desde recién nacidos a 14 años de edad, de acuerdo con datos de la Fundación para Niños Quemados en Guatemala.

“Me hace favor de regalarme otros mis dos panitos con frijoles, porque a mí me gustan”, fue la petición de Jesús Losott, un pequeño quien junto a su hermano mayor y su madre recolectan cartones y latas en el basurero del mercado La Terminal que todos conocen como la Coquera.
 
El viernes, Prensa Libre publicó la historia de los recolectores de la Vía  1 Ruta 5, de la zona 4, ellos contaron la necesidad que los obliga todos los días a buscar restos de comida, frutas y hasta pollos muertos para llevar  un plato de comida a su casa; ayer su afán fue buscar la comida para la cena de Navidad.
 
Eran cerca de las 7 horas como todos los días buscaban además, de latas y cartones, pedazos de coco, naranjas agrias y algunos restos de papaya cuando observaron estacionarse un camión de este descendieron integrantes de una iglesia evangélica.
 
“¡Trajeron tamales!”, “¡Paches!”, “Y cafecito caliente”,  detallaron los menesterosos.
 
“Nos dejaron comer doble”, certifica Olivia, la madre de Jesús y Marcos, quien trabaja para reunir dinero para los útiles escolares.

La realidad del vertedero de la zona 4, y de otros en la capital, donde decenas de personas buscan alimento, contrasta con  la compra anunciada de 52 pavos, jamones rellenos, codornices y otras viandas que la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia anunció en diciembre pasado y en el que el 73 por ciento de las familias en el 2016 no pudieron satisfacer del todo sus necesidades alimentarias, según el Índice de Desarrollo Humano.  
 
Ayer en ese basurero donde el olor nauseabundo parece adherirse a la piel, una docena de niños junto a sus padres tuvieron un momento diferente al recibir un plato caliente de comida. “Mañana Dios dirá si tenemos suerte de encontrar algo de comer”, dice uno de los beneficiados.  
 
Nisy, una pequeña que se cubría del frío bajo un sudadero celeste, luego de arreglarse su cabello ondulado, pregunta intrigada : “¿Cree que si sigo buscando pueda hallar una muñeca por aquí?”.

Por la tarde, manos amorosas prepararon una docena de bolsas con cenas que fueron entregadas en el vertedero, sin embargo, fueron insuficientes pues la necesidad es mucha y el hambre es mucha.

En uno de los días más congestionados de vehículos en la capital la unidad bomberil intentó con sirena abierta abrirse paso para llegar a la maternidad del Hospital del Seguro Social, pero la emergencia terminó a mitad del puente El Caminero en la zona 7 de Mixco.

“Llegamos a traerla a su casa pero el tránsito era tanto que, aunque llevábamos la sirena abierta nos costó mucho avanzar. Cuando llevábamos unos 15 minutos de recorrido la bebé nació”, contó el bombero, Oriel Reyes.

La recién nacida recibió por nombre Candelaria Ambrosio, según la decisión de sus papás.

Los bomberos contaron que la madre y su hija fueron ingresadas al Seguro Social para el respectivo control médico.

Los detalles del caso los ofreció Reyes vía telefónica, agregó que la niña es el cuarto hijo de la pareja.

Ninguna solicitud para pernoctar en las prisiones durante las fiestas fue aprobada  de acuerdo con el protocolo de seguridad, aseguró Rudy Esquivel, portavoz del Sistema Penitenciario (SP) .

Los horarios de visita hoy en los centros penitenciarios serán de 8 a 16 horas, agregó.

Ayer por la tarde ,y,  hoy a primera hora fueron entregados doce detectores de metales de mano para evitar el ingreso de ilícitos a las cárceles.

Prohibiciones en Mariscal Zavala
Restricciones y nuevos horarios de visita entraron en vigor el 19 de diciembre en la  Brigada Mariscal Zavala, una de las cárceles consideradas como   de mayores privilegios.

Entre la lista de objetos de ingreso restringido —a la prisión donde se encuentra la mayoría de exfuncionarios del gobierno del Partido Patriota— se cuentan computadoras y televisores, pero también cartas de juego, dados, imágenes, estatuas, loterías y disfraces.

Al listado se suma un largo listado de alimentos incluidos tamales y paches.

Abogados defensores consultados confirmaron que los controles fueron endurecidos y que las visitas para hombres a ese penal se dividieron en hombres de 8 a 12 horas y mujeres de 8 a 16 horas.

Apenas eran las 5.10 horas cuando 20 pasajeros del bus de la ruta 23 que del centro viajaban a El Milagro fueron asaltados. Una balacera con el saldo de tres heridos fue el resultado, informó Álvaro Moreira, portavoz de los Bomberos Municipales.
El bus era conducido por Luis  Federico García Estrada de 46 años a quien los asaltantes le pidieron apagar las luces a inmediaciones del puente El Incienso.

García Estrada quien resultó ileso dijo a los socorristas que los delincuentes le indicaron que debía disminuir la velocidad. Los pasajeros desenfundaron el arma.  Arturo Agustín Fuentes de 31 años y Alexander González Sánchez de 27  resultaron heridos.

Ramiro Carpio de 19 años se lanzó del bus y abordó un taxi que lo dejó en la puerta del hospital San Juan de Dios , detalló Moreira.

Otro herido

De forma simultánea ocurrió otro ataque en el Anillo Periférico y 17 calle zona 11 colonia Miraflores. José Armando Felipe Flores de 24 años fue herido en la pierna derecha después de una discusión con guardias de seguridad, de acuerdo con las primeras versiones recogidas en el lugar por los bomberos municipales.    

El escenario de esta historia es la esquina de la ruta 5 y vía 1 de citada zona,  el sitio es conocido la salida de la Coquera, los inquilinos del mercado así lo llaman porque en ese lugar se depositan los desperdicios de coco. A las 6 horas, no es perceptible el olor a la podredumbre, dos horas después los rayos del sol calentaron el ambiente y miles de moscas invaden el área.   
 
En medio del basurero esta Josefina, una mujer de 72 años, originaria de Santa Catarina Pinula, se acerca a los cadáveres de las aves que murieron ahogadas en el trayecto de la granja al mercado. Busca entre el desperdicio algo útil para preparar la cena de Navidad. “regularmente vengo al mercado –basurero– a ver si la suerte me acompaña y llevo algo de comida a la casa”, cuenta Betancur.
 
 “Me llevo a casa las gallinas, a veces encuentro alguna buena y cuando eso no pasa les hago un buen caldo a mis perros”,  explica la anciana, quien viaja todos los días para recolectar latas de aluminio y cartón. Con los ahorros de su trabajo de empleada doméstica instaló una caseta –no detalló que tipo de comercio–. “Al final fueron más las deudas”, dice con un suspiro. “Pero ¡Dios nunca nos deja!”.
 
Con lo que reúna en la víspera de Navidad –Q20 diarios en promedio- quizá alcance para dos tamales, el de ella y su esposo. Enterró a su único hijo hace varios años. “Estamos aquí de por vida”, asiente cuando se le pregunta si trabajará este 24 de diciembre.

Los pajaritos comen

La pobreza de los recolectores de basura en La Terminal es tan grande como la brecha que divide a pobres y ricos en Guatemala. Viven en un país en el que el Índice de Desarrollo Humano dice que entre el 2015 y 2016, el 73 por ciento de la población no pudo cubrir sus gastos porque los ingresos que percibe no son suficientes, y tres de cada 10 familias no pudieron cubrir sus necesidades de alimentación.
 
“Si  los pajaritos viven sobre un árbol. ¡Nosotros aunque sea debajo de otro vamos a vivir!”, exclama Olvia Losot Reyes, otra recolectora de basura.
 
“Vivimos de posada”, dice mientras una lágrima se escurre tímida sobre su mejilla que con rapidez es sustituida por una sonrisa y un guiño travieso a sus hijos: Marcos de 12 años y Jesús de 10.
 
“Mis hijos estudian, están en la escuela y algún día se van a graduar”, exclama la mujer.
 
 
Olvia mira en cada pedazo de cartón que recoge un billete más para los útiles que comprará en enero para sus hijos a quienes describe como unos príncipes.
 
Marcos, el mayor,  sueña esta Navidad con un tener carro de control remoto o una bicicleta para su hermano Jesús; rescataron de la basura un oso manchado con hollín.

Una manzana, un tesoro

Al otro lado del basurera está Gladys Witz, pide que le detengan la bolsa mientras selecciona pedazos de coco, naranjas agrias y restos de papaya desperdigados. “Encontraremos algo para el ponche”, asegura. Cindy, la segunda de sus cinco hijos, observa a Gladys que escudriña los deshechos.
 
“¡Y si encontramos suficiente hierba tendremos un buen caldo!”, agrega con entusiasmo. Las agregará a una bolsa rota donde reposan los cadáveres de dos gallinas.
 
Llegar todos los días a la Coquera no es un asunto sencillo para Gladys, sobre todo cuando la mitad de lo ganado debe invertirse en el pasaje desde Cuilapa, Santa Rosa a la capital.  
 
“Mire allá, ¡una manzana!”, apunta con el dedo. “¿Lo ve? es lo que digo, ¡Dios siempre provee!”, habla convencida.
 
La pequeña Cindy sueña con jugar con una muñeca que hablé, está segura que no la encontrará en el basurero.
 
Tres horas después el lugar está atestado de recolectores que se mezclan con indigentes y una docena de niños más que buscan desenterrar la esperanza en la Coquera.

Las fiestas de fin de año han ocasionado que desde la semana pasada las líneas aéreas que viajan de Estados Unidos al país estén al tope en sus vuelos, mientras que en las afueras del Aeropuerto Internacional La Aurora la aglomeración de personas comienza desde temprano.
 
El acceso a la terminal aérea es fácil, pero no la espera de un amigo o familiar, pues afuera hay filas de hasta 200 personas cada hora

Gonzalo Asturias, esperó afuera de la terminal aérea a su hija Silvia con un ramo de rosas rojas y un globo. “No la veo desde hace un año, ahora espera un bebé desde hace cinco meses y medio”, contó emocionado. Silvia vive en Los Ángeles, California, es ingeniera espacial.
 
Cuando Silvia salió de la terminal, acompañada de su esposo, y al ver su padre le dijo: “¡Papito!”, y un largo abrazo marcó el reencuentro estos guatemaltecos.  
 
Sergio Ruiz Muñoz, de 35 años, regresó a Guatemala 24 años después, sus familiares lo recibieron con alegría y con una sorpresa, todos vistieron una camisa del equipo de futbol americano Raiders
 
“¡Ya vino!, ¡Es él!”, gritó uno de los Ruiz, la familia se abalanzó para recibirlo.

Esta noche, los puntos con mayor ataco vial son: calzadas Roosevelt y San Juan, en la zona 7, avenida Hincapié, zona 13, rutas a El Salvador y el Atlántico, el Periférico que comunica a la zona 1 y zona 12.
  
Otros puntos con gestionados son: La Terminal en la zona 4, mercado el Guarda, zona 11, mercado Central zona 1. En las redes sociales, usuarios reportaron atasco viales en mercados de la  zona 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.   
 
El intendente de la PMT, Amílcar Montejo, advierte que las horas con mayor carga de vehículos hoy comenzó en la tarde y se extenderá hasta las 23 horas. Mañana, se espera que miles de personas salgan de la capital a la provincia.
 
La Dirección General de Transporte informó que lleva a cabo operativos para detectar a pilotos de autobuses ebrios o que conduzcan a excesiva velocidad.  
 
Montejo explicó que la causa de la mayoría de accidentes en el área metropolitana durante estos días son por conductores ebrios.

Obras, pago de deuda flotante y hasta Q250 mil por diputado habría sido parte de la negociación que permitió la aprobación del préstamo con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) que abrió la puerta al país a la empresa brasileña Norberto Odebrecht, la cual reconoció el pago de sobornos en varias naciones a cambio de sus proyectos.

Funcionarios de Odebrecht  reconocieron que sobornaron con US$18 millones —Q135 millones— a funcionarios y políticos de Guatemala. Esta empresa brasileña fue contratada para la ampliación a cuatro carriles de la carretera CA-2 Occidente,  de Cocales, Escuintla, hacia Tecún Umán, San Marcos, por la que cobraría US$399 millones —Q2 mil 992.5 millones—.

Según el diario de sesiones del Congreso, la aprobación del crédito con el BNDES, que condicionó la contratación de Odebrecht, se efectuó en una sesión permanente que se inició el 7 de agosto del 2012 y concluyó el 11 de octubre del mismo año, justo el día en que se avalaron cuatro préstamos que sumaban  US$569.5 millones —Q4 mil 271.3 millones—, incluido el de Odebrecht por US$399 millones —Q2 mil 992.5 millones—.

En la nota “Ejecutivo contribuye a desbloquear agenda”, publicada por Prensa Libre el 12 de octubre del 2012, se detalló cómo después de varias semanas de haber estado paralizada la labor legislativa, una reunión en la antigua casa de campaña del Partido Patriota (PP) entre el expresidente Otto Pérez y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, con  congresistas de varias bancadas, permitió desentrampar la parálisis y alcanzar acuerdos en común, entre ellos el préstamo con Odebrecht.

La moción

La moción para modificar la agenda fue presentada por el expresidente del Congreso, Gudy Rivera, y el diputado del bloque Todos, Christian Boussinot, quien en ese momento fungía como secretario del Congreso.

“Q250 mil recibirá cada uno… ¡Viva la fiesta! ¡Hagamos carnaval de lo que hoy se convertirá en una desgracia!”, gritó Villate, para rechazar la moción, según consta en el diario de sesiones.

La queja de los diputados de Líder se basó en la reunión privada de varias bancadas con Pérez  y con Baldetti, y porque aseguraban que había una ilegalidad, porque se aprobó moción sobre moción.

Bussinot aseguró que su participación fue mínima, pues “la propuesta de modificar la agenda” la presentó en su calidad de secretario. “Desconozco si hubo pagos, a mí el presidente —Rivera— me pasó la hoja, la firmé y la leí como correspondía”, dijo.

Según una fuente cercana a la investigación relacionada con el financiamiento de la carretera CA-2 Occidente y Odebrecth, en uno de los allanamientos efectuados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) se encontró papelería que involucra  el pago de sobornos a exfuncionarios del PP, a congresistas y  a un ciudadano español.

Había sospechas

El crédito, junto con otros tres más, fue aprobado a través de una alianza entre el PP con legisladores de la Gran Alianza Nacional (Gana), Todos, Unionista,  Unión del Cambio Nacional y Compromiso, Renovación y Orden (Creo), pero también contó con el apoyo de la Unidad Nacional de la Esperanza,  Visión con Valores,  Winaq y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

Solo se negaron los diputados de Líder, de Encuentro por Guatemala (EG) y algunos, muy contados, de Todos, Unionista y del PP.

“La aprobación del crédito seguramente fue promovida por el Ejecutivo, porque ingresó de manera sorpresiva al pleno y de un solo golpe se aprobó”, detalló Montenegro.

La congresista aseguró: “La legislatura del PP fue muy terrible, porque se oían cosas corruptas. Por ejemplo, se hablaba de pagos por voto a los diputados, en especial a las bancadas mayoritarias. Todo se resolvía fuera del Congreso, seguramente alrededor de una cama”.

Orlando Blanco, actual jefe de la UNE, aseguró que apoyaron el crédito no porque hubieran recibido algún soborno, sino porque fue una negociación que se inició  cuando Álvaro Colom era el presidente de la República.

“Nunca supimos que el PP hubiera negociado pagos; el convenio era de beneficio para el país. Apoyamos porque el proyecto era bueno. Además, habíamos sufrido mucho desgaste como partido con el transfuguismo, pues de 43 diputados quedamos siete; no estábamos para negociar nada”, aseguró.

Golpes de pecho

Luego de que Odebrecht reconoció el pago de sobornos en más de cien proyectos en 12 países, incluido Guatemala, el encargado de la nueva política anticorrupción de esa empresa brasileña, Sérgio Foguel, los calificó de “desvíos de conducta lamentables”, según el diario O Globo, de Brasil.

Foguel aseguró que están creando las condiciones para que los sobornos no vuelvan a ocurrir.

Así votaron

Al mejor estilo de lo ocurrido en el caso Cooptación del Estado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló este miércoles que la empresa brasileña Norberto Odebrecht pagó sobornos por US$18 millones a funcionarios y políticos guatemaltecos, vía empresas de cartón,  entre 2012 y 2015, cuando Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti gobernaban al país.

El documento citado reveló que Odebrecht tenía negocios en más de 12 países, entre ellos Guatemala, México, Venezuela y el mismo Brasil, en los que hizo pagos corruptos por alrededor de US$439 millones —Q3 mil 292.5 millones—, con los cuales se garantizaba los proyectos que desarrollaban en los diferentes lugares.

La filial de Odebrecht fue contratada por Guatemala para la ampliación a cuatro carriles de la carretera CA-2 Occidente,  de Cocales, Escuintla, hacia Tecún Umán, San Marcos, frontera con México, por la que cobraría US$399 millones —Q2 mil 992.5 millones—.

El agente 6

Tal como ha quedado comprobado en las investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en el caso Cooptación del Estado, en el que se ha vinculado a varios exfuncionarios del Partido Patriota (PP), Odebrecht y su agente en el país utilizaron empresas para legalizar los fondos que pagaban o recibían de los sobornos.

Durante la investigación del Departamento de Justicia estadounidense se reveló la existencia de un ciudadano brasileño a quien se le identifica como el Agente 6, quien era el encargado de efectuar los negocios de Odebrecht en Guatemala.
Aunque se desconoce la identidad del  Agente 6, EE. UU. establece que se trata de un ejecutivo de alto nivel del área internacional de la división de ingeniería de Odebrecht, quien laboró en ese lugar de 2008 a 2015 y fue el encargado de “supervisar” a los directores de la empresa brasileña y de coordinar con los líderes de los países.

Como parte de la supuesta supervisión, el Agente 6 aprobó muchos de los pagos corruptos a los funcionarios y políticos extranjeros con supuestas empresas.

En las investigaciones de la Cicig y el MP se ha revelado que esta misma modalidad fue utilizada por los funcionarios del PP. Incluso  se supo que a través de la documentación incautada en los diferentes allanamientos se logró identificar un esquema financiero que incluía funcionarios, empresas y bienes inmuebles que utilizó el PP antes y después de asumir el poder.

Por el caso Cooptación del Estado están ligadas 53 personas, empresarios y exfuncionarios, entre ellos Pérez Molina y Baldetti, pero también hay algunos prófugos como el exministro de Comunicaciones  Alejandro Sinibaldi, quien fue uno de los que impulsaron el proyecto con Odebrecht.

Dos fiscalías a cargo

La fiscal general, Thelma Aldana, confirmó que existen dos investigaciones abiertas en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Fiscalía contra el Lavado de Dinero.

Los representantes de la compañía brasileña Odebrecht fueron citados para declarar el 4 de enero, en la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, comentó uno de los delegados consultados.

Durante uno de los allanamientos efectuados por la Feci se encontró papelería que involucra con el pago de sobornos a exfuncionarios del PP, a congresistas y también a un ciudadano español, confió una fuente de la Fiscalía.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) tiene el expediente de Odebrecht, que se encuentra en análisis, informó Lisbeth Vásquez, vocera de la institución.

Un mes antes de dejar el cargo, la exfiscal Claudia Paz y Paz firmó un acuerdo con la Fiscalía de Brasil para intercambiar información y efectuar capturas.

La PGN debe establecer si el soborno incluyó   algún tipo de contrato, y de ser así lo que procede es pedir la lesividad o la nulidad  a la empresa o al representante, explicó el abogado constitucionalista Carlos Molina Mencos.  

La nulidad del contrato se origina con algún vicio  cuando este se celebra, y es lesivo, aun cuando está vigente, si le causa daños a la Nación. En este caso, Guatemala tendría derecho a reclamar por daños y perjuicios, si es que fueron causados, agregó.

Prensa Libre se comunicó con los representantes legales de Odebrecht en Guatemala  y ofrecieron ponerse en contacto con personeros de la empresa, pero no emitieron opinión.

Culpables

Los funcionarios de Odebrecht y Braskem —la petroquímica, brazo del contratista— se declararon culpables de haber  violado normas contra sobornos en Nueva York, EE. UU.,  como parte de la investigación en Brasil del caso más grande de corrupción denominado Lava Jato.

La constructora brasileña deberá pagar en EE. UU. una multa de US$2 mil 600 millones —Q19 mil 500 millones— por el pago de sobornos a funcionarios, mientras que Baskem deberá pagar US$632 millones —Q4 mil 740 millones—.

Banco de Brasil frena crédito a Guatemala

La multa había sido fijada en US$4 mil 500 millones —Q33 mil 750 millones—, pero la empresa que se había dedicado a sobornar para obtener beneficios se declaró con falta de capacidad de pago.

Vínculos

En el 2014, el entonces ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, también del PP, trascendió entre las investigaciones del caso de corrupción Lava Jato, en Brasil, luego de que se reveló que su nombre aparecía entre documentos del presidente de la empresa brasileña OAS, José Aldemario Pinheiro Filho, la cual ha sido vinculada con estos hechos fraudulentos, plagados de sobornos.

En ese momento se encontró un documento con anotaciones escritas a mano, supuestamente por Pinheiro Filho, en el que se indicaba que la constructura OAS donó US$1 millón —Q7.5 millones— para la campaña del PP, recursos que habrían sido entregados al   director de la campaña de Otto Pérez Molina en 2011. En su momento,   Sinibaldi lo denominó “papelito shuco”.

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Congreso avaló crédito en 2012

Aunque la negociación del proyecto de infraestructura y el crédito estuvo en manos del Ejecutivo, fue el Congreso el que con 108 votos aprobó el decreto que le dio vida a la obra.

El crédito se aprobó el 11 de octubre de 2012. Aunque no estaba en el orden del día, se incluyó en la discusión a través de una moción que presentó el diputado Christian Boussinot, del bloque Todos, junto con el entonces presidente del Congreso, Gudy Rivera.

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En la actualidad, Rivera se encuentra en prisión, luego de haber sido encontrado culpable de tráfico de influencias y cohecho activo porque intentó influir en la magistrada Claudia Escobar en el 2014, para favorecer a Roxana Baldetti, quien había sido suspendida como secretaria general del PP.

De igual forma, Boussinot está ligado a un proceso de plazas fantasmas en el Congreso.

El crédito

El préstamo, que fue negociado por el Ejecutivo, solo fue rechazado por la bancada Libertad Democrática Renovada, por Encuentro por Guatemala, y uno de los seis diputados que integraban la Unidad Nacional de la Esperanza.

El contrato de crédito con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) obligaba a que Odebrecht fuera contratada como ejecutora del proyecto carretero en la CA-2 Occidente.

En la actualidad, el proyecto se encuentra detenido, debido a varias irregularidades y porque el BNDES dejó de desembolsar los recursos que financiaban la obra.

Según autoridades de Comunicaciones y de Finanzas, entre las irregularidades se ha identificado que el proyecto tiene un avance físico de 30 por ciento, pero se ha otorgado ya el 70 por ciento de los recursos financieros, los cuales fueron directamente a la empresa Odebrecht, sin haber pasado por el Estado.

Las firmas adheridas a la AEAU que finalmente fueron beneficiadas en una iniciativa de ley inicial son Rutas Metropolitanas, Expansión Corporativa Milenium, Tendencias Modernas Latinoamericanas y Concesionarios de Transporte.
  
Con posterioridad fue aprobado el decreto 21-2010, Ley para el Fortalecimiento y Mejoramiento del Transporte de Pasajeros, solo que en este último ya no aparecen los nombres de las empresas y la exoneración de aranceles se reduce a 36 meses.

“Las empresas se organizaron como sociedades anónimas para recibir el dinero del prepago y gozar del beneficio de los impuestos”, señaló el fiscal  contra la Corrupción, Stuardo Campo, hasta ahora a cargo del caso, pues a partir del próximo año este quedará  en manos de la  Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

“Los  dueños de buses que integraron cooperativas de transporte constituyeron las sociedades anónimas”, agregó. El monto del perjuicio al Estado es tan grande que ni siquiera ha sido cuantificado aún, comentó Campo.

Primer paso

Los artículos 3,  4 y 5  de la iniciativa del Congreso 4180  fueron un primer paso en el que se delimitaron  10 empresas que gozarían de exoneraciones de impuestos para importar equipos del sistema Prepago y de derechos arancelarios para la importación, por 60 meses, de tres mil 500 buses  en la Ciudad de Guatemala, y más de 10 mil cien entre rutas cortas y extraurbanas.

Restricciones y nuevos horarios de visita entraron ayer en vigor en la  Brigada Mariscal Zavala, una de las cárceles consideradas como   de mayores privilegios.

Entre la lista de objetos de ingreso restringido —a la prisión donde se encuentra la mayoría de exfuncionarios del gobierno del Partido Patriota— se cuentan computadoras y televisores, pero también cartas de juego, dados, imágenes, estatuas, loterías y disfraces.

Se prohíbe “todo lo concerniente a hechicería”, velas de cera y veladoras. También están excluidos los tenedores y cucharas de metal.

Tamales y paches

Está vedado el ingreso de tamales, paches, levadura, “alimentos en porciones o trozos grandes”, como carnes, pasteles, alimentos rellenos, embutidos y empanizados. Estos serán permitidos en pequeñas porciones.

Las medidas forman parte de un “común denominador” de todos los centros penales que está regulado por el Reglamento del Sistema Penitenciario (SP), explicó Rudy Esquivel.

“Hay categorización de perfiles de los reos, pero las prohibiciones son universales”, comentó Esquivel, quien justificó que la medida tiene el fin de “ordenar” las prisiones.

La medida no es nueva y es una copia de otras cárceles, explicó Gerardo Villamar, de la Defensoría del Debido Proceso de la Procuraduría de Derechos Humanos

Sin embargo, el centro de detención Mariscal Zavala no tiene la categoría de una granja de condena para aplicar esa clase de restricciones, agregó.

“Por medio de solicitudes se han ingresado hasta sierras a los penales ¿Por qué no van a dejar entrar una cuchara y un tenedor?”, cuestionó.

Posible corrupción

Las limitaciones alimentan la corrupción porque los reos necesitan vivir en condiciones mínimas, y para ello guardias y autoridades son sobornados, advirtió el abogado penalista David Pineda.

“Las restricciones extremas alimentan la corrupción porque los privados necesitan alimentos, medicamentos y ciertos enseres. Los guardias penitenciarios son los primeros eslabones de esta extensa cadena que permite el cobro de favores”, refirió.

Los medicamentos pueden ser ingresados con una orden de juez y los controles para ingresarlos ahora se endurecen, señaló Benjamín Estrada, otro abogado que defiende a exfuncionarios recluidos en esa prisión.

Estrada denunció que los reos deben cancelar Q100 para contribuir con una pipa de agua para el penal. Entre las limitaciones, el número de visitas se restringe a cuatro personas, pero se teme que eso también sea burlado.

Claudio Solís,  entonces director del colegio y quien enfrenta proceso, presentó un memorial  el jueves por la tarde, en el cual argumentó un posible acuerdo para que el caso sea juzgado por medio de un procedimiento abreviado, a lo que el Juzgado de Primera Instancia Penal de Villa Nueva accedió.

El procedimiento abreviado acorta un proceso penal y el sindicado, quien admite el hecho,  recibe una pena menor. El debate es sustituido por una audiencia.

La información divulgada por la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), fue revelada luego de una inspección en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 17, Mariscal Zavala.

El director de la DGSP Nicolás García Fuentes, reveló que el plan de seguridad por las festividades de fin de año contempla regular el registro de visitas en el ingreso y egresos.

Además del desarrollo de requisas internas y externas, así como controles que por razones de seguridad no revelaron.

“El protocolo de seguridad comienza desde este viernes y desde el lunes hay un nuevo calendario de visitas”, informó el funcionario.

Hay nuevo protocolo de seguridad, a partir de hoy ,en Mariscal Zavala, informa Sistema Penitenciario @prensa_libre pic.twitter.com/efUq1rrkSt

— Claudia Palma (@ClaudiaPalma_PL) December 16, 2016

Los nuevos horarios fueron modificados para que los internos en los sectores uno y dos y quienes están en aislamiento tengan visita libre de lunes a jueves de 8 a 12 horas. Mientras que la visita conyugal para las mismas áreas será de 13 a 15 horas.

En el caso de los recluidos en el sector tres, cuatro y cinco, las visitas son de martes a viernes de 8 a 12 horas libre para toda la familia y de 13 a 15 en visita conyugal.

Los domingos en horario de 8 a 12 horas, pueden ser recibidas todas las encomiendas para los reclusos.

Ante el Juez de Mayor Riesgo C Víctor Herrera, Ana Morales, perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), explicó el dictamen de evaluación al sindicado Uri Roitman, propietario de la empresa israelí M. Tarcic Engineering LTD., que vendió la fórmula para el lago.

De acuerdo con la expertal, Roitman tiene un problema de depresión, pero esto no significa que este “loco”. El señalado era tratado en un hospital privado de psiquiatría antes de ser detenido.

“El señor Uri Roitman sufre un trastorno depresivo y necesita de cuatro a seis semanas para mejorar su condición”, aclaró Morales.

Aunque este padecimiento mental no implica que no pueda someterse a un proceso penal, pero si tiene un “inferioridad mental”, señaló el perito.

Roitman es acusado de haber vendido una fórmula para descontaminar el lago, que en realidad era agua con sal, según dictámenes técnicos de laboratorios, por la que el Gobierno pagaría Q137.8 millones.

Morales dijo al juez que el trastorno puede empeorar la condición física del acusado. Ante esta situación el juez Herrera solicitó a Inacif una nueva evaluación.

Por su parte el jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Francisco Sandoval, cuestionó a  Morales y se quejó de no tener el informe. “Yo si conozco a Roitman porque leo el expediente”, manifestó.

Al mismo tiempo la defensa de Roitman pidió que se le permita el traslado a su casa para que ahí complete su tratamiento.

Detiene juicio

El problema de salud mental de Roitman mantiene en suspenso la posibilidad de enviar a juicio a los otros 14 implicados, ya que la audiencia de etapa intermedia no ha podido comenzar.

Entro los señalados está Roxana Baldetti, a quien vinculan por haber utilizado su poder político para otorgar la concesión de un contrato para la limpieza del lago de Amatitlán por Q137.8 millones a la empresa israelí M. Tarcic Engineering LTD.

Junto a ella están 14 procesados más, entre ellos su hermano Mario Alejandro, quien habría sido intermediario entre la empresa y el Estado, y fue quien coordinó las operaciones para realizar la operación fraudulenta, ha dicho la Feci.

Otro de los señalados es el excomisionado presidencial del Agua, Pablo Roberto González Córdova, a quien acusan de hacer creer que el proyecto sanearía el lago de Amatitlán.

El “fraude”, como ha sido señalado por la Fiscalía, comenzó con la intención de descontaminar el lago de Amatitlán, iniciativa del gobierno del Partido Patriota.

Según las pesquisas del Ministerio Público, integrantes de un equipo de  futbol que sostenían  partidos los fines de semana en Retalhuleu  tenían otras ocupaciones el resto de los días, como el sicariato, y  dos de sus víctimas fueron los periodistas Danilo Efraín Zapón López, corresponsal de Prensa Libre, y  Federico Salazar Gerónimo, ultimados el 10 de marzo del 2015, en Mazatenango, Suchitepéquez.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad presentó ayer al juez Miguel Angel Gálvez los  medios de prueba con los que solicitó juicio en contra de Sergio Waldemar Cardona Reyes, Germán Amílcar Morataya Beltrán, Artemio de Jesús Ramírez Torres y Jorge de León Cabrera Solís —colaborador eficaz—, mientras que en favor de Luis Emerio Juárez Pichiyá pidió el sobreseimiento.

En una de las escuchas telefónicas presentadas, los acusados dijeron: “De haber sabido que eran periodistas hubiéramos cobrado más”.

El hecho ocurrió en la zona central de Mazatenango, cuando Zapón López y sus colegas, Salazar y Marvin Túnchez, se encontraban frente al edificio de la Gobernación Departamental, donde fueron atacados a balazos por dos hombres que escaparon en una moto azul.

López y Salazar murieron en el lugar, y Túnchez fue llevado herido a un hospital.

La Fiscalía intenta identificar a dos “negociadores” y a los autores intelectuales del asesinato, pues aún no ha determinado el motivo de los crímenes.

Planificación

Los supuestos sicarios empezaron a planificar el ataque tres días antes, cuando uno de los “negociadores” contactó a Cardona Reyes y a Cabrera Solís y los condujo al apartamento de Zapón  López.

Al día siguiente, 8 de marzo, los sicarios volvieron a reunirse con López Gramajo en un campo de futbol.

El 11 de marzo, Cardona Reyes recogió en una moto a Eduardo Ariel —aún prófugo de la justicia—, quien disparó contra los periodistas.

La estructura cobró Q25 mil por perpetrar los crímenes.

Byron Romero, defensor de Cardona Reyes, argumentó que la Fiscalía no especificó dónde se cometió el delito y no sustenta los delitos que planteó. Por el caso está pendiente de captura Nery Yanuario López Gramajo.

Dos memoriales se presentaron a la La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), en los que sindicados por financiamiento ilícito en el proceso Cooptación del Estado,  en los que solicitan procedimientos abreviados; otros buscarían la misma ruta.

Marco Antonio Recinos Sandoval —representante de Alquiler de Tractores, S. A., y hermano del exdiputado del Partido Patriota (PP) Willian Recinos— y Edna Maribel Berganza Colindres —ex subsecretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) del expresidente  Otto Pérez Molina y ex secretaria de administración financiera del PP— pidieron a la Feci un procedimiento abreviado.

El objetivo es acortar el proceso penal normal y dictar  sentencia  inmediata, con el cumplimiento de ciertas condiciones.
La Feci, en efecto, “analiza” esas peticiones, confirmó Juan Francisco Sandoval, jefe de esa fiscalía.

El trámite

Las conversaciones entre abogados y fiscales llevan varias semanas. Marco Alveño —patrocinador de Maribel Berganza Colindres— explicó que el primer paso es hacer una petición oral a la Fiscalía, la cual “varios han formulado”.

El siguiente trámite es presentar un memorial en el que el acusado acepta los hechos señalados por el Ministerio Público (MP). Luego, los fiscales hacen el requerimiento de la audiencia al juez.

El banquero Flavio Montenegro es otro de los sindicados que buscará un procedimiento abreviado, aseveró su abogado defensor, Alberto Morales.

“La Fiscalía aún no ha definido la solicitud de —Marco—  Recinos, pero ha habido acercamientos de otros defensores. Yo los he tenido”, agregó el abogado Morales.

El procedimiento abreviado fue ofrecido al comienzo del proceso por el MP, comentó Sandra Bárcenas, abogada de Denis y Boris Linares Juárez.  “Aún no hemos tomado una decisión final”, agregó.

Jack Irving Cohen, en cambio, no buscará esa salida, comentó la abogada que lo representa, María  De León Iglesias.
“No podemos aceptar algo que no es cierto; hay suficientes pruebas de descargo”, agregó.

Sin conmuta

Los delitos que superan una pena de cinco años de reclusión no son conmutables.

El Código Penal establece para el delito de financiamiento ilícito  cárcel de cuatro a 12 años.

Hay un principio en Derecho que reza que la Ley se debe interpretar de forma que favorezca al reo.  Esto quiere decir que si se toma la pena mínima de cuatro años, sí puede ser conmutable, dicen abogados consultados.

Algunos de los defensores buscan que los sindicados sean tratados como cómplices y no como autores.
Esta condición permitiría rebajar una tercera parte la pena —de tres a cuatro años—.

Lista de detenidos quienes piden un proceso abreviado

1. Alberto Rafael de León Escobar
2. Álvaro Mayorga  Girón
3. Ana Graciela López Gálvez
4. Boris Alberto Linares Juárez
5. Boris Orlando Navas Aguilar
6. Denis Lam
7. Denis Leonel Linares Juárez
8. Dennis Benjamín González Zepeda
9. Edna Maribel Berganza Colindres
10. Flavio Rodolfo Montenegro Castillo
11. Ismenia Beatriz del Val Herrera
12. Juan Luis Ortiz Álvarez
13. Julio René Barrios Ortega
14. Karl Christian Kaeler de León
15. Marco Antonio Recinos Sandoval
16. Max Roberto Burgos Faillace
17. Rafael Francisco Cetina Gutiérrez
18. Vivian Urizar
19. Walter de Jesus López Acevedo

Entre los implicados está Roxana Baldetti, quien se presentó al juzgado vestida completamente de negro y con una bufanda gris, con la intención de escuchar los señalamientos del Ministerio Público.

La Fiscalía contra la Corrupción (Feci), pidió suspender la audiencia por la ausencia del empresario israelí Uri Roitman, quien habría vendido la solución para el lago.

El juez resolvió dar un plazo de 48 horas para determinar si el empresario puede comparecer a las audiencias. Roitman ha buscado frenar su persecución penal con el argumento de incapacidad mental.

El juzgador indicó que el psiquiatra del Instituto Nacional de Ciencias Forenses debe comparecer este viernes, ante “ciertas contradicciones”, señaladas por la Feci.

Por su parte la defensa de los señalados pidió que la Contraloría General de Cuentas, Procuraduría General de la Nación y Comisión Internacional contra la Impunidad, no sean querellantes definitivos.

En la audiencia estaba programada la presentación de la acusación formal contra los implicados y solicitar el envío a juicio por asociación ilícita, fraude y cohecho pasivo.

Los implicados aprovecharon para solicitar la revisión de sus medidas cautelares.

La exmandataria Roxana Baldetti, una de las principales en el caso, ha sido vinculada por la Feci de haber utilizado su poder político para otorgar la concesión de un contrato para la limpieza del lago de Amatitlán por Q137.8 millones a la empresa israelí M. Tarcic Engineering LTD.

Junto a ella están 14 procesados más, entre ellos su hermano Mario Alejandro, quien habría sido intermediario entre la empresa y el Estado, y fue quien coordinó las operaciones para realizar la operación fraudulenta, ha dicho la Feci.

Otro de los señalados es el excomisionado presidencial del Agua, Pablo Roberto González Córdova, a quien acusan de hacer creer que el proyecto sanearía el lago de Amatitlán.

El “fraude”, como ha sido señalado por la Fiscalía, comenzó con la intención de descontaminar el lago de Amatitlán, iniciativa del gobierno del Partido Patriota.

En varias ocasiones la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti visitó el lago y afirmó que tenían una solución para comenzar a sanear el agua.

De esa forma fue gestado el negocio con la israelí, quienes presentaron su fórmula que fue custionada por universidades y académicos. Estudios futuros determinaron que la “fórmula  mágica” era agua con sal.

La secretaria general del Ministerio Público, Mayra Véliz, confirmó la noticia que corrió como un rumor en las redes sociales.

Se informó que la dimisión de López obedece a quebrantos de salud,  por esa razón decidió retirarse de su labor cotidiana.

De acuerdo con trabajadores de la esa fiscalía, López está de vacaciones.

Allanan Fiscalía

El pasado 4 de noviembre en seguimiento a una denuncia de despojos de tierra que involucra a familiares del diputado Armando Melgar Padilla derivó en el allanamiento de la oficina del jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Ronny López.

Óscar René Melgar Moreno fue capturado el 5 de octubre del 2015, señalado de pertenecer a una organización dedicada al despojo de tierras.

Entre las víctimas de la banda se encontraba su hermano José Armando Melgar Moreno, padre del citado legislador. Óscar René, de 80 años, falleció el 22 de octubre del 2015 por dengue hemorrágico, mientras era trasladado a un hospital.

Mayarí Centeno, hermana del exministro Pavel Centeno, quien murió el 28 de octubre pasado cuando las autoridades buscaban allanar la vivienda en la que se encontraba, rechazó que se trate de un suicidio, como afirmó hace menos de una semana el Ministerio Público (MP).

“Toda la familia escuchó un tiroteo. De hecho, hasta los vecinos han comentado que fueron muchísimos disparos”, detalló, en conferencia de prensa.

“Todos vieron a Pavel caminar hacia la esquina portando su arma en su mano derecha, mientras se seguían escuchando más balazos. Es importante sostener que jamás se escuchó un disparo en solitario”, manifestó.

Versión oficial

El caso fue desestimado el viernes pasado por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Mixco por considerar que Centeno se suicidó.

La hermana de la víctima refirió que según la información que posee, la pistola que esta utilizó no arrojó el casquillo. “Jamás se nos presentó el procedimiento en el cual se extrae el cascabillo”, dijo.

• Lea también: Inacif confirma el suicidio del exministro Pavel Centeno

El primero de tres informes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses afirmó que Centeno murió por heridas perforantes en la región cráneo facial y luego aclaró que era solo una. En un segundo documento se consignó que el trayecto de la bala  fue de atrás hacia adelante y luego fue modificado y se afirmó que el recorrido fue “de adelante hacia atrás”.

La hermana del exfuncionario resaltó que  un día antes de los operativos la Fiscalía tomó fotografías del carro de su hermano, en el condominio. De esa forma se pudo haber constatado que el objetivo del cateo no vivía en esa casa, afirmó.

Mayra Véliz, secretaria general del MP, rechazó las aseveraciones de Centeno y aseguró que la pesquisa está “debidamente sustentada”.

De este grueso de expedientes, 194 mil 299 han sido eliminados por los propios fiscales, lo cual entraña un riesgo de discrecionalidad y negación de justicia, por la celeridad con que fueron desechados, según los expertos.

Las oficinas del MP en Escuintla, Mixco y Chinautla  incrementaron diez veces, en 2015, los expedientes rechazados en comparación con el 2014, según informes internos  a los que Prensa Libre tuvo acceso.

Las fiscalías liquidadoras, encargadas de desestimar u ordenar que se reanuden las investigaciones en los casos antiguos,  fueron creadas para facilitar salidas a esos procesos, explicó Rottman Pérez, secretario de Política Criminal del MP.

Aun cuando se trata de casos que estuvieron abiertos durante las décadas de 1990 y principios del 2000, el problema que varios expertos jurídicos ven es la celeridad y los criterios para depurar.

“Será necesario hacer un estudio sobre la calidad de la gestión de la Fiscalía Liquidadora y que esta no se convierta en una maquinaria más de impunidad de casos que, por diversas razones, no quisieron ser investigados”, dijo  la analista Carmen Aída Ibarra.

En el pasado, la desestimación y el archivo fueron desnaturalizados como salidas procesales, recordó.

Discrecionalidad

El hecho  de que se presente la denuncia de un delito no implica que este exista pero  “lo importante es establecer criterios de desestimación. El  MP apenas tiene presencia en 34 municipios  y hay mucha discrecionalidad en los fiscales y poco control en el interior de la República”, comentó el penalista Juan Rodolfo Pérez Trabanino.

“La desestimación no es positiva bajo ningún aspecto”, de acuerdo con Marco Sagastume, presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Estas medidas probablemente sean tomadas por la falta de una parte pidiente, documentación incompleta y sobresaturación de casos, justificó.

El número de desestimaciones no es desproporcionado, a criterio de Mario Taracena Coyado, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados. Advirtió, sin embargo, que muchas víctimas desconocen sus derechos.

“El MP debe notificar al denunciante  que esta fue desestimada y que puede  acudir a un juzgado. El fiscal debe ser careado y explicar los motivos para desecharla. El juez puede o no confirmar la decisión”, detalló.

Prescritos

Una de las razones por las cuales muchos casos son desechados es que están prescritos, asegura el secretario de Política Criminal del MP. La prescripción —en Derecho— se refiere a la  conclusión y equivale a que deja de tener efecto legal.

Hay tres salidas  para un caso: La primera es la desestimación en sede fiscal, y  depende de la decisión del mismo fiscal que recibe el caso. La segunda es someter la decisión a criterio de un juez, quien aprueba que el caso se archive.

La tercera salida es la investigación o reactivación de las pesquisas.

El Código Procesal Penal establece, además, el criterio de oportunidad que se aplica cuando la pena del delito perseguido no supera  cinco años y la participación del implicado es mínima.

Esa misma normativa incluye la suspensión condicional de la persecución penal para los  delitos culposos y los tributarios, recordó Pérez.

Petén figura en la lista de los departamentos más violentos, en donde  se registraron más de 50 homicidios por cada cien mil habitantes, según datos de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. Esa sede desechó mil 736 expedientes en el 2014,  y 14 mil 705, en el 2015.

Fiscalías como esta tenían un “acumulado histórico” de denuncias, pues en la administración anterior se les pedía a los fiscales no rechazarlas, justificó Pérez.

El exsecretario privado del MP, Javier Monterroso,  niega ese extremo: “Estos son números con los que debe tenerse mucho cuidado, pues elevan las desestimaciones para reducir las cifras de impunidad”.

 Según los datos proporcionados por la misma Fiscalía Liquidadora, por medio de la vocera del MP, Julia Barrera,    220 mil casos han sido  desestimados.

Fiscales entrevistados afirmaron que se les pide una cuota de  20 a 30 casos mensuales.

En  Quetzaltenango,  en el 2014 fueron desestimadas mil 181 denuncias, y el año pasado esa cifra se ubicó en 12 mil 226 —935 por ciento más—.  Ante los altos índices de delincuencia y corrupción fue instalada una nueva sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La Fiscalía de Alta Verapaz  eliminó los números rojos de las denuncias no tratadas en un 562 por ciento. En el 2014, los expedientes rechazados fueron dos mil 44,  y pasaron a 13 mil 530 en el 2015.

Procesos

Rechazos en 2016

• Durante el 2016, el Ministerio Público (MP) desestimó 113 mil 562 denuncias.
• Las desestimaciones efectuadas en las fiscalías son encabezadas por el delito de amenazas, seguidas por las lesiones leves y los hurtos.
• En los juzgados, en cambio, el delito más rechazado fue el de violencia contra la mujer, seguido del hurto agravado y  robo agravado.
• El MP también desestimó 974 casos de homicidios.
• A la lista se suman 683 denuncias de violación.
• También figuran 75 denuncias de tráfico y almacenamiento ilícito  que no fueron tomadas en cuenta.
• Denuncias  de abandono de niños y personas desvalidas, estupro,  agresión sexual y cohecho pasivo han sido también desechadas.

Entre los afectados por los extorsionistas se encuentran 19 empresas de transporte y comercios que durante dos años pagaron Q8.2 millones, según datos de la Fiscalía contra las Extorsiones.
 
La mayoría de las capturas se produjeron en Guatemala, Villa Nueva, Mixco y San Miguel Petapa. En la provincia se reportaron cuatro detenciones, en Jutiapa, Izabal y Jalapa.

Pocos cabecillas

Entre los detenidos figura Carlos Gaitán, de 27 años, alias el Dark o el Oscuro, quien fue apresado en su vivienda, en la colonia La Esperanza, zona 12 de Villa Nueva, y es supuesto jefe de la clica Sólo para locos, del Barrio 18.

Gaitán podría ser el responsable de 40 asesinatos, según investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC).

Por la tarde fue apresado en un cine de la zona 11 Juan Luis Díaz Ortega, alias Trouble o Juancho,  de la clica Parking Locos.

“El pandillero —Díaz Ortega— es considerado objetivo de alto valor para la Mara Salvatrucha, por ser el coordinador principal del área de operaciones de la zona 6”, informó la PNC en un comunicado.

A Díaz Ortega se le vincula, además, con el ataque frente a la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, que dejó cuatro muertos y cuatro heridos.

Ambos pandilleros, junto con Jorge Alfredo Arredondo López, conocido como el Viejo Yorch, quien fue detenido el miércoles último en un inmueble de Villalobos 2, zona 12 de Villa Nueva, son los únicos cabecillas capturados hasta ahora, pues el resto son integrantes de las líneas inferiores de las pandillas, explicaron fiscales entrevistados.

El viceministro de seguridad, Ricardo Guzmán, en conferencia de prensa brindada en el Ministerio Público, explicó que de los 68 pandilleros a quienes se les notificara en prisión su vinculación por este nuevo caso de extorsión, no todos son jefes de clica.

Guzmán no especificó  quiénes de los mareros habrían dirigido extorsiones desde la cárcel.

Mandos menores

La mayoría de  capturados son  miembros de las líneas más bajas de las pandillas. “Son recolectores, que tienen las atribuciones de recibir el dinero de la extorsión, proporcionar cuentas bancarias y entregar teléfonos”, detallaron fiscales.

El efectivo lo entregan a los coordinadores de calle, quienes a su vez reparten “la renta” y una parte se destina a los hommies —amigo cercano— que están presos, según los ficales, quienes agregaron que estos coordinadores juegan un papel más importante.

Los aprehendidos, que en dos días suman 112, podrían enfrentar cargos por asesinato, conspiración para el asesinato, extorsión, obstrucción extorsiva de tránsito, asociación ilícita y exacciones intimidatorias.

A algunos de los detenidos se les vincula con tres asesinatos ocurridos el 30 de agosto del 2016 en la zona 12. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados desmembrados, dentro de bolsas.

Trasladados

Los aprehendidos serán ubicados en una estructura rebasada en su capacidad, respondió Rudy Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario, quien indicó que han sido trasladados a Chimaltenango, Pavoncito, Preventivo para hombres de la zona 18 y Preventivo de Mujeres Santa Teresa.

• Habría cometido 40 crímenes

Carlos Gaitán, de 22 años,  alias el Dark, fue detenido en la colonia La Esperanza, zona 12 de Villa Nueva, señalado de 40 asesinatos.

Según las autoridades, Gaitán  comenzó a delinquir a los 16 años, cuando intentó ultimar a un hombre, por lo que  fue
trasladado a la correccional Etapa 2, en Fraijanes, donde permaneció ocho meses.

Gaitán pertenece al Barrio 18 y entre sus víctimas mortales se cuenta un inspector de la PNC, a quien le disparó durante un operativo que se efectuó en la zona 21, en junio pasado.

• Utilizaba traje de payaso

Jorge Alfredo Arredondo López, Alias Viejo Yorch, era conocido porque abordaba buses en Villa Nueva y hacía bromas para divertir a los  pasajeros. Sin embargo, la finalidad era recoger el dinero de extorsiones y vigilar los ingresos que obtenía cada ruta que cubre el municipio, para decidir las cuotas que debían entregar, aseguran detectives policiales.

Arredondo López integra la pandilla del Barrio 18 y fue detenido en Villalobos 2, zona 12 de Villa Nueva, el pasado miércoles, en el  primer día del operativo  Guate es nuestra.

• Plomera dice que es inocente

Mientras   su familia se oponía a  su detención, Aris Pérez, de 36 años, muy tranquila  abordó un vehículo policial y fue trasladada a un juzgado móvil, en la zona 6, señalada de conspiración para asesinato.

Aunque las autoridades no dieron detalles del caso, indicaron que Pérez pudo haberse involucrado en algunos crímenes.

La sospechosa fue aprehendida en la colonia  La Esperanza, zona 12 de Villa Nueva, y aseguró ser ama de casa y que eventualmente hace trabajos de plomería.

• Vinculado con ataque en Unaerc

Juan Luis Díaz Ortega, alias Trouble o Juancho, fue detenido ayer en la 21 avenida y 4a. calle, zona 11 capitalina, por los delitos de asociación ilícita y conspiración para cometer asesinato.

Díaz Ortega es miembro de la mara Salvatrucha y según las autoridades dirigía operaciones delincuenciales en la zona 6 de la capital.

Además  se le vincula con el ataque armado perpetrado el 26 de agosto último frente a la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (Unaerc), zona 1, que dejó cuatro muertos y cuatro heridos.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci, comentó que las pesquisas se relacionan  por posible corrupción durante la gestión de Sinibaldi  en el Instituto Guatemalteco de Turismo y en el Ministerio de Comunicaciones.

Uno de los 12 allanamientos fue en Premiere Gaudi, lujoso edificio de la zona 14. Un  apartamento de ese inmueble —de casi 300 metros y valorado en Q1.3 millones— y otras cinco propiedades fueron adquiridos por Agropecuaria Nápoles, según la Fiscalía. El apartamento se adquirió cuando el edificio tenía menos de un año de haber sido construido.

Uno de los representantes de esa sociedad fue el contador y gerente de empresas vinculadas con Sinibaldi, René Cardona Pérez, según la pesquisa.  

El nombre de Cardona Pérez figuró  con el de Guillermo Yupe Ramírez, exasesor de Sinibaldi  en la directiva de la empresa Summerhill Holdings, S. A., constituida en el 2005 por Mossack Fonseca, en Panamá. Summerhill Holdings, S. A., ha tenido relación con Mossfon Subscribers Ltd., según los  Panamá Papers.  Sandoval dijo  que los movimientos de Summerhill Holdings no son investigados.

El helicóptero matrícula TG-ANM está vinculado con sociedades en el extranjero y Sinibaldi, confirmó Sandoval, y no descartó que la adquisición de algunos bienes pueda estar relacionada con investigaciones de la Cooperacha. Dicha aeronave habría sido alquilada al entonces candidato presidencial Jimmy Morales, de acuerdo a fotos publicadas en redes sociales.

En la lista de quienes obtuvieron  bienes para Sinibaldi figuran familiares, amigos y posibles testaferros, agregó el fiscal.

La pesquisa refiere que Media Airport System, empresa que recibió en el  2013 un contrato irregular de arrendamiento de la Dirección General de Aeronáutica Civil para publicidad dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora, también tendría vínculos con Sinibaldi por medio de personas y otras compañías. Yupe Ramírez figura aún como uno de sus representantes legales, según Guatecompras, pero Sandoval no confirmó si  la compañía fue inmovilizada. El MP debe determinar si se trata de sobornos durante la gestión de Sinibaldi, explicó.   

 Más investigaciones

Sinibaldi tiene orden de captura internacional desde que el MP lo mencionó como parte de un grupo de exministros que aportaron dinero para comprar onerosos regalos a los entonces presidente  Otto Pérez Molina y vicepresidenta Roxana Baldetti.  La orden de captura fue emitida el 11 de junio.

Campaña

El vocero presidencial, Heinz Hiemann, explicó que las “pocas veces” que Morales utilizó algún helicóptero, como candidato en segunda vuelta, fue por renta de servicios a empresas y que constan en facturas en poder de Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), específicamente al diputado Javier Hernández. “En ningún momento estas empresas dan información de los propietarios de las aeronaves, porque no está en su función, más que la renta”, afirmó y añadió que en las fotos del gobernante en el helicóptero no se ve la matrícula, por lo que no pudo decir si es el mismo de Sinibaldi.

Extinción de bienes

Propietarios deben probar procedencia.

• La Ley de Extinción de Dominio estipula el traslado de propiedades o bienes de una persona o empresa adquiridos por la comisión de delitos.
• Se establece que no es necesario que el propietario asista a las diligencias, pues puede ser representado.
• El Ministerio Público puede solicitar la extinción del dominio de un bien, después de que la Procuraduría General de la Nación emita una resolución  que lo autorice.
• Un procedimiento de extinción de dominio no figura como antecedente o precedente de un proceso penal ni civil y la primera acción es el embargo de los bienes.
•  Se considera que los bienes son ilícitos y el dueño debe probar la procedencia.

Méndez Ruiz señala a Sandoval de ejecución extrajudicial por la muerte del exministro de Finanzas, Pavel Centeno. “Hay contradicciones entre declaraciones de la Fiscalía y los videos presentados el pasado viernes”, manifestó Ruiz.  
El demandante habló que pedirá como querellante los dictámenes periciales sobre la muerte de Centeno pues existen dudas.

El exministro era diestro y presuntamente se suicidó al jalar del gatillo con esa mano, Méndez Ruiz resaltó que Centeno podría haber estado imposibilitado después de la herida en el antebrazo derecho que recibió durante el intercambio de disparos con la policía el 28 de octubre, durante un operativo en el que la fiscalía pretendía capturar a Giovanni García Navarijo.

Las cámaras tanto de la garita como del condominio, aunque no corresponden al mismo circuito,  indican que el operativo comenzó 20 minutos antes de las 6 horas, la autorizada para hacerlo.

Consultada la jefa de la fiscalía de Delitos contra la Vida, Miriam Ambrosio, explicó que los videos obtenidos como medios de investigación fueron los de las cámaras de video de la casa número 8. “Los de la entrada a la garita no tenían mayor relevancia”, comentó y no hay otros videos de seguridad en el condominio, agregó.
“La herida en el antebrazo derecho nunca inhabilitó a Centeno al punto de no utilizar su arma”, opinó Ambrosio.

Alejandro Balsells, abogado de la familia de Centeno evitó pronunciarse sobre las acciones legales que emprenderán.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses dictaminó que Centeno se suicidó, ese informé sirvió a la fiscalía de Delitos contra la Vida para cerrar la pesquisa; el Juzgado Primero de Instancia Penal de Mixco resolvió que no existe causa penal que perseguir en este caso.

El ministro de Interior, Francisco Rivas, confirmó la información y adelantó que desde la próxima semana las autoridades del Sistema Penitenciario (SP) se harán cargo de esa propiedad, ubicada en Zaragoza, Chimaltenango.

En los próximos días 89 aspirantes a guardias penitenciarios se formarán en la nueva sede de la escuela de presidios.
En junio de este año, la Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP) entregó la finca del expresidente Otto Pérez Molina a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).

Según el colaborador eficaz, Juan Carlos Monzón, la finca de Pérez Molina se compró a través de empresas de testaferros de que pagaron Q5 millones por esas tierras, el MP determinó que parte de ese dinero fue producto de dinero ilícito.  

En septiembre de 2015, el Juzgado de Extinción de Dominio, ordenó la inmovilización de seis fincas y una cuenta bancaria a nombre de la entidad Vistas Servicios Electrónicos, S.A. según el MP estos bienes tienen relación directa con el expresidente Pérez Molina.

Los seis bienes embargados están localizados en Zaragoza, Chimaltenango, y forman una solo propiedad que se fue remodelando.

La adquisición la habría hecho Pérez Molina el 5 de agosto de 2009 por medio de la empresa Vistas Servicios Electrónicos, S. A., cuyo representante legal es Víctor Hugo Hernández, auditor de Juan Carlos Monzón.

Se trata de Florencio Carrascoza Gámez, alcalde de Joyabaj por el partido Libertad Democrática Renovada Líder.

Ante el Ministerio Público (MP), se presentaron representantes de 20 comunidades, quienes ratificaron las denuncias por posible corrupción que han planteado contra el alcalde.

De acuerdo con los representantes han sido unas 14 denuncias desde comienzos del 2015, por actos de corrupción que habrían cometido en la comuna.

Los comunitarios solicitan que se le retire la inmunidad y que sea juzgado por las irregularidades en compras para proyectos sociales.

La mayoría de las acusaciones están en la Fiscalía contra la Corrupción, pero a criterio de los manifestantes, los planteamientos no han tenido avance.

Mario Itzep, del Observatorio Indígena, quien llegó con los comunitarios, manifestó que las denuncias han sido por sobrevaloraciones en proyectos que ejecutó desde el 2012, entre ellos la compra de estufas mejoradas y pilas.

Una de las denuncias suma Q20 millones, y se trata de la compra de 700 estufas. Además hay quejar por sobrevaloración de obras de infraestructura y programas sociales.

Los inconformes indicaron que es el tercer periodo que Carrascoza Gámez está en la alcaldía. Además solicitan investigar al concejo municipal y a los integrantes de los Consejos de Desarrollo.

Comunidad de Joyabaj denuncia desfalco de Q20 millones en municipalidad de Joyabaj, #Quiché. Video: @ClaudiaPalma_PL pic.twitter.com/oqRKyvd8Vb

— Prensa Libre (@prensa_libre) December 5, 2016

Las últimas evaluaciones forenses efectuadas al cadáver de Pavel Centeno, exministro de Finanzas, entregadas la semana pasada al Ministerio Público, confirman que  él se disparó.

Los expertos utilizaron una  microscopía electrónica de barrido, que permite observar rastro de plomo, antimonio o bario, luego de un disparo con arma de fuego.

• Exministro Pavel Centeno dispara a agentes y se suicida

La prueba confirmó que fue Centeno quien disparó el arma contra su paladar, con lo que puso fin a su vida, indicó una fuente cercana a la investigación.

El 28 de octubre último, en un confuso incidente, Centeno disparó contra el fiscal Mario Giovanni Ignacio Santos y el oficial de la Policía, José Ismael Set Cuxá, antes de suicidarse.

El órgano investigador se presentó a su casa con una orden de arresto contra Ronald Giovani García Navarijo, expresidente del Banco de los Trabajadores.

• Quién era Pavel Centeno

El informe final de la necropsia  señala que Centeno murió a consecuencia de un balazo en el paladar que salió en la región occipital del cráneo.

El cuerpo también tenía una herida de bala en el antebrazo derecho y abundante sangre en la mano.

• Esposa de Pavel Centeno cuenta su versión de los hechos

El director de Recursos Humanos, el director de Presupuesto y el subdirector de Servicios Administrativos  del Ministerio de Educación (Mineduc) podrían estar vinculados con una investigación por pagos efectuados  a jubilados, a  personal sin goce de sueldo e incluso a 44 personas fallecidas.

El desembolso suma Q13 millones, de acuerdo con una denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas (CGC) al Ministerio Público (MP).

La denuncia implica, además,  a otros cinco funcionarios  de menor rango. Algunas auditorías, incluso, están en su fase final, de acuerdo con fuentes de la CGC.

Los casos —personas— contabilizados por  auditores fueron cuatro mil 546  en 2013  y tres mil 440  en 2014.
Los nombres de trabajadores del Mineduc a quienes se les pagó aparecen en nóminas de personal que había  finalizado su relación laboral,  fue  destituido  o se jubiló.

A la lista también se suman  nombres de empleados que tuvieron licencias sin goce de salario, abandonaron el puesto o estuvieron sujetos a suspensiones disciplinarias.

Según las auditorías, en el 2013 el Ministerio habría perdido Q7.4 millones, y en el 2014, Q5.6 millones.

Entre los datos contenidos en la denuncia están los nombres de 44 fallecidos, 25 en el 2013 y 19  en el 2014.  También figuran los de 38 jubilados y 31 trabajadores que tenían licencias sin goce de salarios, comentó una fuente allegada a la investigación.

“Se trata de determinar si hubo una red dentro del Ministerio que facilitó estos pagos o si fueron fallas de control interno”, detalló un entrevistado.

El ministro de Educación, Hugo López, confirmó la existencia de la denuncia.

Sin embargo, negó que la responsabilidad sea de los funcionarios de la cartera a su cargo.

López argumentó que quienes deben dar los avisos sobre movimiento de personal son los directores de los establecimientos educativos.

Sin responsabilizarse

Cuando se indagó sobre el recorrido de la denuncia  en el MP, Juan Francisco Sandoval, fiscalía especial contra la Impunidad, respondió que el caso se encuentra  en la Fiscalía contra la Corrupción.

Durante cuatro días consecutivos se le consultó al encargado de esa sección, Stuardo Campos, quien afirmó que tenían denuncias similares, pero aseguró que eran por montos menores.

La jefa de la Fiscalía de Delitos Administrativos, Tamara de León, respondió, por medio de la vocería de la Fiscalía General,  que tampoco tenía los expedientes citados a su cargo.

¿Qué pudo comprarse con Q13 millones?

86,666 pupitres de paleta, a Q150 cada uno.
8 millones de porciones de refacciones a Q1.58 cada una.
5 años de financiamientos para becas.

Pesquisas

Estos son algunos otros casos investigados en el Mineduc.

2016: Reconstrucción

La CGC presenta una denuncia derivada  del programa de reconstrucción originado por la tormenta Agatha y la erupción del Volcán de  Pacaya, del 2012 al 2015, por un monto de Q10 millones.

5-12-2014: Encabeza lista

El Mineduc encabeza la lista de dependencias que fueron denunciadas por supuestos actos de corrupción, señala un informe del programa de Asistencia Legal Anticorrupción (Alac).

9-12-2015: Lapiceros más caros

Contralores presentan una denuncia contra la ministra de Educación y el viceministro Administrativo, por la adquisición de lapiceros con un sobreprecio de hasta Q2 millones. 

5-1-2016: Mochilas sobrevaloradas

En enero del 2016, la CGC denuncia  la adquisición de dos millones 150 mil mochilas escolares  valoradas en Q75 millones.  La compra se hizo  sin seguir requisitos de licitación pública.

Adrián Zapata, intendente jurídico de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), dio a conocer el resultado de la sentencia.

Morales Larrañaga fue acusado por la Fiscalía de Delitos Económicos de cooperar con Mario Brol Samayoa.

Entre enero del 2003 al 31 de julio del 2004 la empresa Alka Wenker, S. A., de la que Morales Larrañaga era socio fundador, simuló  la venta de combustibles por medio de una importadora inexistente. La defraudación  alcanzó Q359.3 millones más las multas.

La pesquisa del Ministerio Público (MP) reveló que las empresas importaron al país 105 millones de galones de combustible sin haber pagado el impuesto respectivo.

• Lea también: caso Alka Wenker: Empresario Mario Amancio Brol Samayoa, culpable de cuatro delitos

Simula venta

En un segundo hecho, Morales Larrañaga extrajo de estos tres millones de combustible del almacén fiscal para “destinarlo bajo el régimen de extracción para “reexportarlo” a una entidad inexistente en México, detalló  Brenner López,  jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos,

 Morales Larrañaga simuló exportaciones a Transportadora del Sur, Santa Fe, Sociedad Anónima de C.V.

Los impuestos dejados de percibir que la empresa Alka Wenker no declaró ascendieron a  Q23.5 millones, según las conclusiones del Ministerio Público (MP).

La sentencia fue emitida este lunes el Tribunal Octavo de Sentencia, indicó López.

“Nuestra ley es muy benévola con la defraudación tributaria y aduanera, pero se buscarán bienes para resarcir al Estado”, indicó el intendente Zapata.

Supuesta red

• Brol habría creado estructura defraudar.
• La entidad efectuó operaciones del 1 de enero del 2003 al 31 de julio del 2004.
• Compró 114 millones 126 mil 965.15 galones de combustible.
• Central Almacenadora, S.A., fue utilizada para guardar el combustible en Puerto San José, Escuintla.
• Importadora y Distribuidora de Combustible San Ambrosio, S.A., para evadir el impuesto de 90 millones de galones de combustible.
• Sonia Verónica Colindres Mancilla, representante legal de Carcasa y a la vez aparecía en la planilla de Alka Wenker.
• Zoila Mariana Mexicano Barrera, administradora de Quetzal Gas Station, y aparece en nómina de Alka Wenker.
• Rudy Fernando Morales, gerente de Alka Wenker y a la vez de Oil Caribe.
• Marco Antonio López Claverí, socio fundador de Oil Caribe y gerente de Combustibles Caribe, S.A.

Denuncia

• Las acciones contra Mario Brol Samayoa empezaron el 21 de junio del 2005.

El Ministerio Público (MP) planteó ayer la posibilidad de un procedimiento abreviado durante la audiencia de apertura a juicio por la muerte de Alexánder Aldana Fuentes, estudiante del Liceo Javier, ocurrida el 29 de marzo pasado.

La pena por un homicidio culposo que enfrentaría Gustavo Ascencio Mexicanos —profesor de Educación Física, a cargo de la clase cuando Aldana falleció—  es de dos a cinco años.

“Es la misma pena que se obtendría igual después de un largo proceso”, comentó el fiscal Edwin Marroquín, a cargo del caso.

Se planteó como una posibilidad porque primero el abogado querellante debe llegar a un acuerdo con la defensa, agregó.

“Es una posibilidad… ellos —los abogados defensores— tuvieron un acercamiento con nuestros abogados”, afirmó Gabriela Cifuentes, madre del menor.

“La dificultad que tenemos en cada audiencia es revivir todo lo que sucedió”, comentó.

Rechaza petición

La petición de los defensores, quienes presentaron dos recursos que buscaban que la Asociación Javeriana, propietaria del Liceo Javier, no fuera tomada más en cuenta como tercera civilmente demandada, fue denegada por Arnoldo Orellana, juez Primero de Primera Instancia de Villa Nueva.

Una nueva audiencia será celebrada el 16 de diciembre próximo, en la cual se discutirá el procedimiento abreviado sugerido por el MP.

La jueza Ana Isabel Guerra ordenó que la suma quede bajo el control de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio, se trata del funcionario Alfonzo Castillo Castro.

El 12 de febrero último, 12 personas, entre las que figuraban exfuncionarios de la SAT, mandatarios de Aceros de Guatemala y de la empresa Tres Puertos, fueron capturados, sindicados de formar parte de una red dedicada a la devolución irregular de créditos fiscales y defraudaciones. Uno de los 16 operativos fue en casa de Castillo.

Fiscales y policías requisaron una de las residencias del condominio Villas de San José 3, zona 4 de Mixco. En el segundo piso de la casa, en el dormitorio de Castillo, escondida detrás de la ropa, hallaron un maletín negro y una caja con más de Q2 millones. Se encontraron, además, dólares, equivalentes a Q9 mil 180 (según el cambio de ese día, de Q7.65), según una fuente cercana a la pesquisa, quien participó en el cateo.

Al revisar la habitación de la hija de Castillo descubrieron dentro de sus prendas, cuidadosamente colocados, varios fajos de billetes, agregó la fuente.

Días después del cateo, Castillo fue señalado de pertenecer a una red de la que se sirvió Aceros de Guatemala, por medio de la compañía Tres Puertos, para intentar desestimar de forma ilegal tres querellas por Q255 millones 512 mil 266.

El juzgado de extinción ordenó las medidas cautelares de Q2.9 millones y US1,200 encontrados en la casa de Alfonzo Castillo @prensa_libre pic.twitter.com/zlZU6kNHvq

— Claudia Palma (@ClaudiaPalma_PL) November 28, 2016

Durante el caso, los representantes buscaron obtener la desestimación de tres querellas que cursaban en contra de Aceros de Guatemala por Q255 millones 612 mil 266, mediante la alteración de las auditorías que los vinculaban al proceso.

Se conoció que la misma empresa —favorecida con devoluciones de crédito fiscal por una suma cercana a los Q95 millones— se valió de la misma red para agilizar al menos uno de los pagos a su favor por Q11.8 millones, todo a cambio de promesa de remuneratoria a favor de los directivos y ex directivos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Los delitos que se imputan a esta organización criminal son Asociación Ilícita, Cohecho Activo, Cohecho Pasivo, Tráfico de Influencias, Obstaculización de la Acción Penal  y Colusión.

Pago millonario

El fisco recibió un pago de Q782.9 millones de la empresa Aceros de Guatemala en mayo, el monto más alto recibido por la SAT por concepto de reparos, multas e intereses. 

La ley indica que  además de la cantidad evadida se aplica el 100% de multa, más el cobro de intereses. En este caso,  la cantidad evadida  era  de Q270 millones por hacer simulaciones en la compra de chatarra a proveedores inexistentes y con inconsistencias.

También la falsificación del Formulario Aduanero Único Centroamericano (Fauca) por la importación de chatarra de Honduras y la devolución fraudulenta de crédito fiscal.

El Instituto de Magistrados y Asociación de Jueces y Magistrados presentaron en la Corte de Constitucionalidad dos inconstitucionalidades  contra la Ley de la Carrera Judicial, que entró en vigor el sábado anterior.

De acuerdo con Mario  Taracena Coyado, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, una de las inconstitucionalidades  está planteada  contra el artículo 205 constitucional, que establece las garantías del Organismo Judicial, como la independencia funcional y económica, la no remoción de los magistrados y jueces de Primera Instancia y la selección de personal.

Ovidio Orellana, quien redactó las dos inconstitucionalidades, explicó que se le dan funciones administrativas al Consejo de la Carrera Judicial que no le corresponden.

“Al darle autonomía al Consejo, se le  separa de la Corte Suprema de Justicia, deja de ser un órgano de la Corte y por lo tanto no puede realizar actividades que le corresponden a esta”, comentó.

Nada les pareció

Casi el 95 por ciento de los artículos de la Ley de la Carrera Judicial fueron impugnados.

Se objetó todo lo relacionado con faltas disciplinarias, porque estas solo deben  ser de índole administrativa.

“Pero la nueva ley establece faltas que tienen contenido de naturaleza penal; por ejemplo, si un juez dicta una resolución y estiman que es incompetente y debe de enmendarlo, puede ser considerada una falta disciplinaria”, comentó Orellana.

Fue impugnada  la manera en la que un juez es sometido a  proceso de antejuicio y la integración misma del Consejo de la Carrera Judicial, porque es inconstitucional, agregó el jurista.

Rechazo gremial

Existe desproporción en el lapso para denunciar.

• La nueva ley  establece períodos desproporcionados para presentar denuncias contra jueces, aseguran los abogados.  
• Se otorga más tiempo para presentar una denuncia por una  falta disciplinaria  que por una penal.

“Es necesaria la presencia de una nueva ciudadanía activa que impulse, acompañe y vigile el buen funcionamiento del Congreso de la República”, posteó hoy el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en su cuenta de Twitter.

Velásquez, lanza el mensaje un día antes que el Congreso discuta las reformas constitucionales.

Ayer, durante la sesión de jefes de bloque celebrada ayer en el Salón del Pueblo los congresistas acordaron 16 enmiendas al proyecto, pero se esperan que más sean presentadas durante la discusión.

La  jurisdicción indígena, la integración del Consejo Nacional de Justicia, el mecanismo por sorteo para presidir la Corte Suprema de Justicia (CSJ)  y la nueva forma de integrar la Corte de Constitucionalidad (CC) serán eliminadas por sustitución total, de acuerdo con lo pactado ayer en la reunión por la mañana en el Congreso de la República.

La fiscal general, Thelma Aldana, mostró preocupación y pidió a los legisladores apoyar una reforma vital para el futuro de la justicia de Guatemala.  

Velásquez y Aldana aseguraron su presencia mañana a las 10 horas cuando comience la sesión extraordinaria.

Es necesaria la presencia de una nueva ciudadanía activa que impulse, acompañe y vigile el buen funcionamiento del Congreso de la República.

— Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) November 27, 2016

pic.twitter.com/Qt3IKJ7eIm

— CICIG Guatemala (@CICIGgt) November 25, 2016

Un domingo después de la fiesta de Cristo Rey, el calendario litúrgico católico marca el inicio de un nuevo ciclo y a su vez comienza la preparación a la natividad de Cristo, es decir la fiesta de Navidad. Los católicos celebran hoy el primer domingo de adviento .

En las iglesias puede observarse encender la primera vela de la corona de adviento.

La corona de adviento tiene forma de círculo para recordar que el Ser divino no tiene principio ni fin, reflejando su unidad y eternidad. Ayuda también a pensar en los miles de años de espera desde Adán hasta Cristo y en la segunda y definitiva venida.
El follaje verde representa a Jesús y las cuatro velas representan los cuatro domingos de adviento.

El significado

La vela que se enciende hoy en las iglesias es de color morado, la del segundo domingo es verde y representa la esperanza; la del tercero es roja y simboliza el amor; la del cuarto es rosa que representa al Dios que se encarna listo para nacer; la blanca es la última y se prende la noche del 24 de diciembre, explica Mayra Palma, hermana misionera eucarística guadalupana de San José.

Video publicado en 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=CithKrBsOcA

El sorpresivo traslado de nueve supuestos  implicados en casos de defraudación al Estado se originaron luego de interceptaciones de llamadas telefónicas que comprueban que el expresidente  Otto Pérez Molina,  exministros de Estados y exfuncionarios, seguían dando órdenes a sus allegados. 

Fuentes del Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público revelaron a Prensa Libre las razones del movimiento en la madrugada de ayer, horas después de que el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, alertara de que hay grupos de poder político que amenazan el avance en contra de la  impunidad.

El Juzgado Primero de Alto Riesgo D, ordenó el traslado  de nueve privados de libertad de la cárcel Mariscal Zavala, zona 17, hacia otros centros de detención.

La distribución

Con ese traslado, según la fuente de Prensa Libre, se rompe  la estructura de poder que mantenían Otto Pérez Molina y Gustavo Alejos desde la prisión,  donde giraban órdenes vía telefónica a sus allegados.

En una interceptación  se descubrió que los exministros de la Defensa Ulises Anzueto y Manuel López Ambrosio sostenían comunicaciones  telefónicas que alertaron a las autoridades, por lo que solicitaron su traslado al sector 15 de Pavoncito en Fraijanes, donde hay un sistema de bloqueo de telefonía celular.

• El traslado fue en la madrugada

La Policía Nacional Civil apoyó el cambio de los detenidos a los diferentes centros de detención.
La orden judicial dice que los reos trasladados no podrán ser reubicados en otros sectores de la cárcel a donde fueron llevados, por lo que quedarán aislados, para evitar que se comuniquen.

El vocero del Sistema Penitenciario (SP), Rudy Esquivel, informó que Presidios cumplió con  la  orden que emitió el viernes por la noche el Juzgado.

Trascendió que el  exgobernante Otto Pérez Molina y el expresidente de la Junta Directiva del  Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) Juan de Dios Rodríguez, también iban a ser trasladados. Esquivel negó que exista esa petición.

• La Policía Nacional Civil apoyó el cambio de los detenidos

Otro cambio

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Douglas Charchal, implicado en el caso TCQ;  Julio César Aldana Franco, intermediario financiero,  implicado en el caso Cooptación del Estado; y Wálter Obdulio Mendoza Matta, señalado por el  robo de propiedades en Petén, desde ayer guardan prisión en el  cuartel Matamoros, zona 1. 

Al Preventivo de la zona 18 fue enviado Jonathan Harry Chévez.  Para trasladar a los detenidos, el SP montó un operativo, y pidió apoyo a la Policía Nacional Civil. El cambio se hizo ayer por la madrugada, como medida de prevención.

Los presos  reubicados están implicados en casos  que la Cicig y el Ministerio Público (MP) investigaron, como Cooptación del Estado, la Cooperacha, Negociantes de la salud,  TCQ y el despojo de tierras a campesinos en Petén.

Cuatro de las 16 enmiendas aprobadas este sábado por los jefes de bloques  a los artículos del proyecto de reformas al sector justicia  ponen en peligro la integralidad de la reforma constitucional planteada por la comisión técnica.

La  jurisdicción indígena, la integración del Consejo Nacional de Justicia, el mecanismo por sorteo para presidir la Corte Suprema de Justicia (CSJ)  y la nueva forma de integrar la Corte de Constitucionalidad (CC) serán eliminadas por sustitución total, de acuerdo con lo pactado ayer  en una reunión por la mañana en el Congreso de la República.

La fiscal general, Thelma Aldana, mostró preocupación y pidió a los legisladores apoyar una reforma vital para el futuro de la justicia de Guatemala.  

Los legisladores Álvaro Enrique Arzú,  Partido Unionista; Juan José Porras Castillo, Visión con Valores (Viva);  Alejandra Carrillo, Reformador; Julio Francisco Lainfiesta,  Unión del Cambio Nacional (UCN); y Édgar Ovalle, Frente de Convergencia Nacional (FCN), no firmaron el documento, por lo que fueron increpados en público por Mario Taracena, presidente del Congreso.

Las objeciones

La reforma referente al antejuicio no fue discutida. Taracena aseveró, frente a todos, que sería eliminada durante su discusión en el pleno la próxima semana y dijo que ha informado de ello a todos los interesados.

El planteamiento de la jurisdicción indígena, aprobado ayer, reformaría el artículo 203, y debe ser “voluntaria”, sugirió el diputado Álvaro Velásquez, de Convergencia. “La jurisdicción se ejerce por la Corte Suprema Justicia y se reconocen funciones privativas de los pueblos indígenas. Volver la Constitución un código penal sería un grave error”, sostuvo Manuel Conde, del Partido de Avanzada Nacional (PAN).

Las reformas al artículo 209 de la Constitución, que crea y otorga funciones administrativas al Consejo Nacional de Justicia,  deben ser eliminadas, según los cambios propuestos ayer.

El consenso es prescindir de esa figura y, en consecuencia, quitarle la facultad de aprobar la lista de postulados a magistrados de la CSJ, elaborar el presupuesto del OJ y administrar sus recursos, entre otras funciones. A juicio de Porras, crea “un cuarto poder”.

El congresista Juan Ramón Lau, de la bancada Todos, estuvo a favor del Consejo, para separar las funciones administrativas que hasta ahora ejercen los magistrados de la CSJ.

Los congresistas, además, discreparon  sobre la duración de la presidencia de la CSJ de tres años, sin reelección, y que será por medio de un sorteo, contenido en el artículo 214.

  “Un sorteo es poco serio, es poner en manos del infortunio la elección de la presidencia de uno de los organismos del Estado”, opinó Conde.

Aunque Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza, dijo estar  contra  ese mecanismo, expresó: “Nos allanamos a lo que dice la mayoría”.

Fueron cuestionadas  las reformas al artículo 269, relacionadas con la integración de la CC  y el nuevo período de nueve años de los magistrados titulares y suplentes.

“Si vamos a tener magistrados que serán renovados cada tres años, eso  genera inestabilidad”, expresó Arzú.
En respuesta a las increpaciones de Taracena, Lainfiesta le advirtió: “Ni usted ni nadie va a presionar a los diputados”.

“Espero que apoyen”

“Espero que apoyen las reformas, manteniendo la integralidad de la propuesta y que las enmiendas sean para enriquecer. Creo que eliminar el Consejo sería un grave error. El sorteo para la presidencia de la Corte Suprema de Justicia es una buena propuesta. Eliminar la jurisdicción indígena es negar la realidad de los pueblos. Integrar la Corte de Constitucionalidad puede ser una opción adecuada que sea los tres poderes los que elijan”, dijo la fiscal general, Thelma Aldana, al haber sido consultada sobre la sesión celebrada ayer.

“Muchachitos no son”

“¿Cuál apresurados? Si ellos —los diputados— aprobaron en primera lectura, aprobaron en segunda lectura, ahora van a aprobar en tercera. ¡Si muchachitos no son!, entonces están grandecitos, que voten o que no voten… El problema real está en tres artículos, en la jurisdicción indígena, en el del Consejo Nacional de Justicia  y el del antejuicio; lo demás pasa. Quiere decir que de 26 artículos van a pasar 23, lo que hace una reforma exitosa. Pero también está el derecho legítimo de ellos de no votar”, dijo  Mario Taracena.

Artículos polémicos

A los siguientes artículos se han sugerido enmiendas por sustitución total.  

• ArtÍculo 3 reforma el 203 constitucional

La función jurisdiccional se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales que la ley establezca, así como por las autoridades indígenas ancestrales. Las autoridades indígenas ancestrales ejercen funciones jurisdiccionales entre los integrantes de su comunidad y para asuntos relativos a esta.

• Artículo 7 reforma el 209 constitucional

El Consejo Nacional de Justicia tendrá entre sus funciones:
Aprobar la lista de postulados a magistrados a la CSJ, que deberá presentarse al Congreso de la República, así como la lista de postulados a la Corte de Constitucionalidad. Además, aprobar las políticas administrativas y financieras. Realizar la evaluación de desempeño de los magistrados de la CSJ.    

• Artículo 9 reforma el 214 constitucional

La presidencia de la Corte Suprema de Justicia durará un período de tres años sin reelección. La persona que presida será escogida mediante sorteo que se efectúe entre los miembros que deseen optar a dicho cargo.

• Artículo 16 reforma el artículo 269

Integración de la Corte de Constitucionalidad, que se integrará con nueve magistrados titulares y tres suplentes. Los magistrados de la Corte durarán nueve años in derecho a reelección y se renovarán por tercios cada tres años.
Cada organismo de Estado tendrá derecho a elegir un magistrado.

Luego de que se evidenciaran los obstáculos que la propuesta de ley nacional de archivos generaría para el libre acceso a la información pública, algunos diputados al Congreso aseguran que no habían analizado la legislación propuesta correctamente y otros dicen que se opusieron.

La iniciativa   5013 superó el tercer debate el 17 de noviembre último y, según la Procuraduría de los Derechos Humanos, contiene inconsistencias  al contradecir la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

“Creí que bloqueaba en alguna medida el acceso a la información pública.  No lo firmé en la Comisión. Lamentablemente no se dimensionó mi planteamiento. Veo que limita algún ejercicio del acceso libre a la información”, opinó Amílcar Pop, legislador de Winaq.

El congresista afirmó ayer, luego de la reunión de jefes de bloques,  que presentará  enmiendas cuando llegue el momento de la discusión por artículos y redacción final del proyecto de ley.

En el artículo 54 de la iniciativa se establece la creación del “timbre para la conservación de archivos públicos”, el cual tendrá  costos discrecionales por concepto de emisión o reproducción de documentos, los cuales serán fijados por cada archivo público.

“La iniciativa vino desde la Dirección Nacional de Archivos. Lo que trataron fue identificar alguna fuente de ingresos para hacer sostenible la preservación de la información histórica. Técnicamente está bien constituida. Si el tema es el impuesto, pues hay que revisarlo y se modifica”, comentó el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza Orlando Blanco.

Difieren

Para el congresista de Visión con Valores (Viva) Juan José Porras, debe revisarse qué tipo de información es de acceso público y si con ese timbre sugerido se limita disponer de esos datos.

“Si una información se vuelve impagable, podría ser una cortapisa a la ley de acceso.  Habría que ver si es toda la información pública la que se pretende gravar o solamente alguna”, afirmó.

“Esa ley aún no la he analizado con nuestros abogados. Con base en lo que sea de beneficio para el país, así vamos a votar”, dijo Édgar Ovalle, subjefe del Frente de Convergencia Nacional.

El SP indicó refirió que se trasladó a Pavoncito a Gustavo Alejos, Manuel López, Ulises Anzueto y Mario Ruano.
Douglas Charchal, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Julio Aldana, Gustavo Martínez (exsecretario del expresidente Otto Pérez Molina) y Walter Mendoza fueron llevados a Matamoros, se agregó.

Aparte, Jonathan Chévez fue el único trasladado al Preventivo de la zona 18, refirió el SP.

• Lea además: Cicig ve riesgo de retroceso en lucha contra corrupción

La intención era trasladar a 10 personas pero Rudy Esquivel vocero de dicho ente confirmó que la de Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) no se efectuó. Se indicó que había errores en el nombre que se consignó en la orden de traslado.

A  Alejos se le señala en el caso que se conoce como negociantes de la salud, y según el MP y la CICIG es una estructura  en la cual participaba junto a 10 personas y tenía como objetivo favorecer a determinados proveedores de medicamentos a cambio de “comisiones” y se negociaba con funcionarios del IGSS con el objetivo de manipular la forma de adquisición de productos y servicios médicos.

En el caso de Manuel López Ambrosio y Ulises Anzueto, ministros de la Defensa Nacional durante el gobierno de Pérez Molina, fueron detenidos corrupción denominado “la cooperacha” en el cual colaboraban con fondos públicos para compras de regalos a Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Sistema Penitenciario confirmó que Gustavo Alejos, Manuel López, Ulises Anzueto y Mario Ruano fueron llevados a Pavoncito 1/3@prensa_libre pic.twitter.com/Yctj4xJlGk

— Claudia Palma (@ClaudiaPalma_PL) November 26, 2016

Los casos en los cuales se le señalan 

Al caso al cual se le señala a Alejos se le conoce como negociantes de la salud, y según el MP y la CICIG es una estructura  en la cual participaba junto a 10 personas y tenía como objetivo favorecer a determinados proveedores de medicamentos a cambio de “comisiones” y se negociaba con funcionarios del IGSS con el objetivo de manipular la forma de adquisición de productos y servicios médicos.

En el caso de Manuel López Ambrosio y Ulises Anzueto, ministros de la Defensa Nacional durante el gobierno de Pérez Molina, fueron detenidos corrupción denominado “la cooperacha” en el cual colaboraban con fondos públicos para compras de regalos a Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Mario Ruano San José, era el secretario de Charchal quien fue  magistrado de la CSJ. A Ruano se le señala de haber presionado en un juzgado de Escuintla, a petición del entonces magistrado para que denegará el amparo que planteó el alcalde del municipio de Puerto San José, José Alberto Rizzo Morán, quien exigía que TCQ pagara una licencia para operar por Q24 millones.

Douglas Charchal, Julio Aldana,Gustavo Martínez y Walter Mendoza fueron llevados a Matamoros según Sistema Penitenciario 2/3@prensa_libre pic.twitter.com/97aAAN6jA9

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Gustavo Martínez, quien fue secretario del expresidente Pérez Molina y su yerno, se le señala de los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias ya que se presume que integraba una red que intercambiaba favores entre el Ministerio de Energía y Minas a través de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entre otros casos.

A Walter Mendoza se le relaciona a una organización que efectuaba despojos de tierras en Petén, y en la que presuntamente participaban sus tres hijos, según autoridades del MP y el Ministerio de Gobernación.

En el caso de Julio Aldana las autoridades lo vinculan al caso de llamado cooptación del Estado de Guatemala, era gestor de la cartera VIP de Banrural y se le señala que habría asesorado a la exvicepresidenta Roxana Baldetti sobre cómo lavar su fortuna.

Y Jonathan Chévez, según el MP y la Cicig lavó el dinero ilícito de Pérez Molina y Baldetti, se encuentran en prisión preventiva y ligado a proceso por los casos TCQ y Cooptación del Estado y El Bodegón (caso de compra de granos básicos). 

A Juan de Dios Rodríguez, expresidente del IGSS relacionado al caso Pisa, por la contratación y es señalado junto a otros exdirectivos de ese ente, funcionarios y empresarios pretender quedarse con 15% o 16% del total del monto del contrato, que asciende a Q116 millones. La semana pasada se le relacionó  a otros casos. 

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El 5 de octubre último, los presidentes de los tres poderes del Estado anunciaron que el proyecto de cambios a la Constitución ya se encontraba en el Legislativo. Hasta hoy el proyecto que fue socializado en mesas de trabajo con diferentes sectores del país, en varios meses, ya ha pasado en dos lecturas en el pleno del Congreso, y se espera una última.

El proyecto ha tenido detractores, particularmente en el reconocimiento de la justicia maya por parte del sector empresarial. En los últimos días hay voces que se han sumado a la petición de volver a analizar el plan.

La petición tuvo eco y varios legisladores acordaron formar una mesa de diálogo para analizar las modificaciones, pese a que se acordó que fueran aprobadas antes de terminar el período de sesiones ordinarias.

Desprestigio de diputados

Rubén Hidalgo, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, agregó que el comportamiento que se puede dar en el Parlamento para una tercera lectura de la propuesta “se va a pausar y esto sería materia para el próximo año; esta situación abre un compás de espera de por lo menos dos meses”, aseguró.

Hidalgo afirmó que pese a que el proyecto de reformas tuvo socialización, “hay sectores que no se sienten identificados con los enfoques que tiene la reforma, y eso pesa”.

El experto subrayó que otra situación que “juega un papel negativo es la deslegitimación y la falta de representación que tienen los diputados”.

“En el Congreso nos encontramos con una institución que ha ido perdiendo legitimidad y que pese a haber sido electos, las personas no se sienten representadas, y menos cuando ha existido tan poca discusión de fondo de un proyecto tan importante”, insistió Hidalgo.

José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, destacó los avances que ha tenido el proyecto, lo cual permitió que ya esté en segunda lectura. Lo calificó como una “una reforma que es necesaria para el país”.

Respecto de las peticiones de sectores de la sociedad de que se discuta más, el politólogo opinó que eso responde “a que los diputados no estuvieron involucrados en la discusión, no fueron parte del proceso y de alguna manera buscan un espacio de diálogo”.

Sanabria agregó que puede ser que los sectores estén alerta ante una eventual reforma de último momento que podría darse en la última lectura del proyecto.

“La precaución de algunos sectores debe estar en que se resguarde el proyecto y una eventual enmienda no afecte el objetivo de la reforma, que es dar más independencia, autonomía y un sistema de justicia más eficiente”, añadió.

El experto precisó que ese tipo de enmiendas generalmente se dan en la última lectura del proyecto y preocupan a los interesados.

Expresa apoyo

“Desde el Ejecutivo hemos impulsado, junto a los otros poderes del Estado también, la reforma constitucional al sector justicia y hoy reafirmo la necesidad que tiene el país sobre dichas reformas”, comentó el presidente Jimmy Morales durante su discurso en la presentación del noveno informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

El mandatario agregó en su discurso: “Si queremos que la justicia llegue a todos debemos dotarla de las herramientas necesarias para cumplir con sus fines, por lo que pido una vez más al Congreso que apruebe las reformas”.

Apoyo

La Universidad Rafael Landívar, en un comunicado, resaltó la necesidad y valor del debate público sobre las reformas constitucionales, nutrido por organizaciones sociales, gremiales y ciudadanas. Aunque apoya la discusión, también le preocupa que esta sea motivo de retardo  en su sanción.

Debate

El rector de la Universidad de San Carlos, Carlos Alvarado,  si bien cree necesarias las reformas, recalcó que “antes deben ser ampliamente consensuadas y analizadas desde diferentes puntos”.
Dijo estar en desacuerdo con la forma en que se integraría la Corte de Constitucionalidad.

Mejoras

El Movimiento Pro Justicia aseguró que respalda el proceso, pero advirtió de que “hay algunos artículos cuyo texto debe ser mejorado, afinado y enmendado para evitar eventuales interpretaciones que propicien arbitrariedad”.
Pidió no desnaturalizar el sentido del proyecto.

Pero, además, el comisionado enfatizó su preocupación por “la amenaza de la regresión a la impunidad”.

Velásquez advirtió sobre la actuación de “las redes económico-políticas ilícitas que han tenido por objeto expoliar los recursos del Estado a través del ejercicio ilegítimo, y muchas veces ilícito, del poder político”.

El funcionamiento de esas redes incluye la autorización de ese poder ilegítimo, refirió.

“En el sistema de la administración de justicia, con el propósito siempre presente  de lograr la garantía de impunidad para acumular más riqueza ilícita y más poder”, explicó Velásquez, quien llegó al país en septiembre de 2013.

En una conferencia de prensa,  después de la presentación del informe, el jefe de la Cicig insistió en que las investigaciones no solamente abarcan al anterior gobierno del Partido Patriota.

Hay avances en el afianzamiento de una corrupción que denominó “estructural”.

“Nos venimos consolidando con mayor sustento, mayores elementos, que la corrupción en Guatemala no es una corrupción coyuntural, es una corrupción estructural. No es del gobierno del Partido Patriota”, indicó.

Velásquez no dejó duda de que las investigaciones se extienden a mandatos anteriores. “Cuando presentamos en el informe, cuando hacemos referencia a la cooptación que se produjo a partir de las actuaciones del Partido Patriota, no queremos decir que esa es la única manifestación de cooptación del Estado”, manifestó.

“Lo presentamos para evidenciar cómo fue que se diseñó por una de las estructuras”, agregó.

“Hay también hechos  del pasado reciente y del pasado un poco más lejano que tienen que ser objeto de investigación, que son motivo de verificación”, aseguró.

Sin ideología

“Entendemos cuál es la responsabilidad que hemos asumido en la lucha contra la corrupción y decimos, como en tantas ocasiones, que la corrupción no es de izquierda ni de derecha. No es de un color político o de otro color político. No es de los amigos ni de los enemigos”, manifestó.

La fiscal general, Thelma Aldana, refrendó las declaraciones de Velásquez y aseguró que las pesquisas no se detendrán.

Guatemaltecos eligen

Velásquez, en su discurso, durante la presentación de su informe, afirmó enfático que los guatemaltecos deben elegir entre dos opciones.

“Deben escoger entre  profundizar el camino del cambio, de la reforma profunda de las estructuras nacionales hacia el fortalecimiento de la lucha contra la impunidad y la corrupción, respetando las manifestaciones ciudadanas”, indicó.

La otra opción, explicó, es recordar el levantamiento de la sociedad durante el 2015 y sus resultados como una “cápsula” y que el Estado “vuelva a caer en manos de redes que buscan su propio beneficio”.

Velásquez recordó las gestas cívicas del 2015 y a las que el informe de la Cicig hace referencia: “El movimiento ciudadano y otros sectores de la sociedad civil generaron acciones como las manifestaciones en el Parque Central, que alcanzaron su punto más alto el 27 de agosto del 2015, denominado Paro Nacional 27A”, resalta el documento.

De la misma forma, cuando tocó su turno, durante la presentación del informe, Aldana, en la misma línea de Velásquez, advirtió de que “los extremos de la impunidad se extienden en el tiempo y sus raíces son profundas”.

La Cicig, recordó Aldana, tiene tres objetivos: apoyar al Ministerio Público en la investigación de cuerpos ilegales, identificar a esas estructuras, incluidos sus vínculos con funcionarios de Estado y desarticularlas y adoptar políticas públicas para erradicar a esos cuerpos clandestinos.

Destaca sentencias

Durante la presentación fueron destacados los casos TCQ, Cooptación del Estado,  la Cooperacha,  Crédito Fiscal, Registro de la Propiedad, Plazas Fantasma y  Bantrab.

“Las investigaciones demostraron que la Superintendencia de Administración Tributaria fue infiltrada por estructuras criminales que provocaron un impacto negativo. A partir de la evidencia de casos presentados, las autoridades nacionales asumieron la responsabilidad del fortalecimiento de la entidad”, consigna el informe entregado ayer.

El jefe de la Cicig   ejemplificó como resultados de su gestión las sentencias en  casos vinculados con el exdiputado Pedro Muadi —quien guarda prisión—, a cuyos asistentes se les impusieron penas de entre 11 y 17 años por plazas fantasma en el Congreso.

A la lista de logros agregó la condena contra el exdiputado Gudy Rivera y calificó el caso de “auténtico mercado judicial de favores”.

Resaltó la pena impuesta a Jisela Reinoso, quien dirigió un juzgado.

Entre las carencias del sistema de justicia, Velásquez enumeró la concentración de expedientes “de alta complejidad” en manos de los jueces y la “vergonzosa precariedad” en que se encuentra el Sistema Penitenciario.

En el banquillo

Por corrupción gubernamental están encarcelados exfuncionarios y funcionarios.

• La Línea: los exgobernantes Otto Pérez y Roxana Baldetti,  Geovanni Marroquín Navas, Salvador Estuardo González, Juan Carlos Monzón, Carlos Muñoz, Omar Franco y otros.
• Bufete de la Impunidad: Francisco Javier Ortiz Arreaga y Marta Josefina Sierra de Stalling, entre otros.
• TCQ: Douglas Charchal, Jonathan Henry Chévez y Julio Rolando Sandoval, entre otros.
• Cooptación del Estado:  Mauricio López Bonilla, Manuel López Ambrosio, Juan de Dios Rodríguez López, Adolfo Peña Pérez, Julio César Aldana, Mario Cano, Gustavo Martínez Luna, Gustavo Alejos Cámbara,   Flavio Montenegro, Álvaro Mayorga Girón, entre otros.
• Bantrab:  Sergio Aníbal Hernández Lemus, quien fungía como presidente del banco, Juan Miguel Arita España, Eduardo José Liu Yon, exdirectivo del Bantrab, y otros.
• Plazas Fantasma:  exdiputados Carlos Humberto Herrera Quezada, Édgar Romeo Cristiani y Alfredo Augusto Rabbé Tejada, entre otros sindicados.

Los tres casos revelados ayer están vinculados con una compra fraudulenta de 50 ambulancias, la adjudicación de un contrato millonario de alquiler irregular por cinco años y la adquisición no justificada de software. Los tres suman Q301 millones.

El contrato de Pisa, la empresa que suministró tratamientos renales que habrían causado la muerte de más de 40 pacientes, tuvo un costo de Q116 millones, a los cuales se suman los Q2 millones del contrato irregular de un edificio del Seguro Social en Chiquimula.

Las capturas efectuadas ayer tuvieron como origen denuncias de la Contraloría General de Cuentas (CGC), presentadas al Ministerio Público (MP).

Cae el gerente

Luego de varios allanamientos, ayer fueron detenidos José Javier Donis Álvarez, actual gerente del IGSS, quien enfrentará cargos por fraude y peculado por sustracción, y Dominga Estela Cuéllar Hernández, subgerente de Integridad y Trasparencia, señalada de incumplimiento de deberes.

A la lista se suma Rebeca Cordón, representante legal de la entidad Coral Gables Business Group, S.A., capturada por fraude. La empresa suscribió un contrato de arrendamiento por Q14 millones en circunstancias cuestionadas, según la Fiscalía.

Carlos Ramiro Moino Cárdenas, representante legal de la entidad Supplies Trading, S. A. —la empresa que figura en el contrato de 50 ambulancias sobrevaloradas— fue detenido por fraude y defraudación tributaria.

Luis Alfredo Morales Palma es representante legal de la entidad Intellego, S. C., y enfrentará cargos por fraude. La compañía prestó el servicio de software no justificado por Q243 millones.

Citan a detenidos

Siete detenidos por el caso IGSS-Pisa serán citados para su primera declaración en estos nuevos casos.

Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, expresidente de la Junta Directiva, está señalado de asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción.

Julio Roberto Suárez Guerra, ex primer vicepresidente, enfrentará cargos por asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción.

Jesús Arnulfo Oliva Leal, ex segundo vicepresidente de la Directiva, está señalado de asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción.

Max Erwin Quirín Schoder, ex vocal segundo, podría responder por los delitos de asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción.

Julia Amparo Lotán Garzona, ex vocal tercero, es señalada por cargos de asociación ilícita, fraude y también peculado por sustracción.

Óscar Armando García Muñoz, exgerente de la institución, es señalado de haber incurrido en fraude y peculado por sustracción.

Dubón González, ex subgerente administrativo, deberá responder por asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción.

Los Casos nuevos

Los capturados y citados están sindicados de haber cometido ilegalidades en tres eventos administrativos entre septiembre del 2013 y noviembre del 2014.

El primer evento relaciona a Álvaro Dubón González, quien en septiembre del 2013 fungía como subgerente administrativo. Según las pesquisas “solicitó a la División de Mantenimiento un reconocimiento al edificio de las oficinas centrales del IGSS, ubicado en la 7a. avenida, 22-72, zona 1”.

El objetivo de Dubón González era determinar si ese inmueble cumplía con requisitos de habitabilidad dado el hacinamiento en la zona 1, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). El propósito era arrendar otro edificio, y sin que fuera hecha pública una invitación para ofertar el contrato de arrendamiento, fue adjudicado a la empresa Coral Gables Business Group.

La renta del inmueble, localizado en la 6a. avenida “A” 9-52, zona 9, fue acordada por US$30 mil mensuales, durante cinco años. “El Seguro Social canceló 11 meses por un inmueble que nunca fue utilizado”, detalló Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

Coral Gables Business “presentó de forma espontánea esa oferta y en papel sin membrete; incluso el nombre de la empresa estaba incompleto. Lo anterior permite sospechar de la informalidad y poca experiencia de la empresa ofertante”, de acuerdo con Cicig.

Ambulancias

El segundo evento está relacionado con la compra de 50 ambulancias.

El proceso comenzó el 27 de diciembre del 2013, cuando se hizo la solicitud de 50 ambulancias al Departamento de Abastecimientos. Aunque su valor era inferior, Dubón González calculó el precio en Q880 mil cada una, según la Cicig. El valor pudo haber sido triplicado, considera el jefe de la Feci.

Donis Álvarez, hasta ahora gerente y quien en ese entonces era subgerente financiero, también avaló la compra.

Curiosamente el precio ofertado seis meses después por la Empresa Supplies Trading, S. A., adjudicada con la compra, fue de Q874 mil 743.

Dos meses antes, el 25 de octubre del 2013, en acta de asamblea de accionistas de la Empresa Supplies Trading se autorizó la apertura de una sucursal filial o subsidiaria de esa sociedad en Guatemala, con un capital de Q50 mil.

La empresa quedó inscrita en el Registro Mercantil el 29 de enero del 2014 y la patente fue extendida el 13 de mayo del mismo año, “coincidentes con la fecha en que se realizaron las publicaciones para las manifestaciones de interés”, de acuerdo con hallazgos de la CGC.

Sistema

El tercer evento comenzó el 21 de mayo del 2014, cuando el departamento de Informática pidió adquirir “una solución integral de sistemas informáticos SAP, o su equivalente, que incluyera la instalación, migración de datos, puesta en operación, garantía, soporte y actualizaciones de un sistema de gestión administrativa de los recursos gubernamentales (GRP)”, según la Cicig.

El valor estimado fue de Q243 millones, aun cuando el Seguro Social contaba con sistemas informáticos para el desarrollo de sus labores, tanto administrativas como médicas. Esa red incluye sistemas de contabilidad del Estado. “Todos los eventos fueron avalados por la entonces junta directiva”, especificó Sandoval.

Sin respuesta

Prensa Libre se comunicó a los teléfonos que aparecen en Guatecompras de la empresa Intellego. La persona que atendió respondió que eran las oficinas de una firma de auditoría, que ofrece sus servicios a Intellego, y proporcionó un número con el que indicó era posible comunicarse con representantes de Intellego, pero nadie respondió.

Coral Gables Bussiness Group, S. A., no tiene teléfonos disponibles en Guatemala y aparece registrada solamente una oficina en Miami. De la misma forma, de Supplies Trading, S. A., solo hay registrados teléfonos de su sede en Panamá. No fue posible contactar a nadie.

Hasta ahora han sido capturados seis exintegrantes de la Junta Directiva —uno falleció—, siete directores de unidades médicas, un exgerente y un gerente, tres subgerentes, un administrativo, de Integridad y Transparencia y otro de prestaciones en salud y, además, tres funcionarios de mediano nivel, especificó Sandoval, de la Feci.

Señalado otra vez

• Juan de Dios Rodríguez fue nombrado presidente de la Junta Directiva del Igss en abril de 2013, por el entonces presidente Otto Pérez Molina.
• Rodríguez se graduó  de la Escuela Politécnica en 1984. Compañero  del diputado Estuardo Galdámez y de Byron Lima, muerto en julio último. Fue instructor  de la escuela para kaibiles.
• Fue secretario privado  del expresidente Otto Pérez Molina.
• En el 2012 le sirvió como mandatario al exgobernante para alquilar una residencia en la zona 15.
• Graduado de  abogado y notario de la Universidad Panamericana.
• El 20 de mayo del 2015  fue capturado y señalado por la  Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de haber avalado un contrato con la empresa Pisa, que derivó en la muerte de más de 40 pacientes.
• Fue señalado  también en el caso que se conoce como La Cooperacha, para darle regalos millonarios a Pérez Molina.

Actualmente, la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público (MP) investiga a 82 empresas porque se han detectado facturaciones que no tienen relación con la actividad de las compañías o cargos falsos, según explicó Adrián Zapata, intendente jurídico de la SAT.

Las devoluciones de crédito fiscal se dispararon en julio del 2014 y alcanzaron poco más de Q332.1 millones.

En febrero del 2015, dos meses antes de descrubrirse el caso La Línea, los créditos alcanzaban los Q343.9 millones, los más altos desde el 2011.

En abril, cuando fue anunciada la captura de Carlos Muñoz, exjefe de la SAT; Omar Franco, el entonces intendente; y Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la Vicepresidencia, acusados de integrar una red de defraudación, las devoluciones disminuyeron a Q 92. 2 millones.

Un mes después, sin embargo, aumentaron otra vez a Q204 millones y en tres meses alcanzaron los Q206.7 millones.

Aunque algunos sectores se vieron más beneficiados que otros, la industria agropecuaria tuvo un crecimiento sostenido de devoluciones en créditos fiscales desde el 2013 al presente año.

En el 2013 estas fueron de Q1 mil 743 millones para llegar al 2015 a percibir hasta Q2 mil 20 millones en beneficios fiscales.

Durante este año han sido devueltos Q698. 4 millones, mientras la SAT tiene más de 2 mil solicitudes pendientes de resolver.

Café y cardamomo

Las devoluciones de crédito fiscal a los cafetaleros en el primer año del gobierno del Partido Patriota (PP) fueron de Q51.8 millones. Al siguiente año esa cifra se cuadruplicó y alcanzó Q226.7 millones. En el 2014 el crédito descendió a Q168.4. y en el 2015 a Q77.8 millones. Este año se han recuperado Q9 millones.

Un comportamiento similar en las devoluciones de créditos tuvo también el sector de cardamomo.

Para Jean Paul Brichaux, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Café, la respuesta radica en la voluntad de las autoridades de turno.

“No importa la época del año, no se trata de si es el exportador el que pagó más o menos, sino una política de devolución de la SAT”, afirmó Brichaux, quien sostiene que les adeudan Q800 millones.

Un total de 82 denuncias, entre ellas 57 en contra de empresas cafetaleras y 25 en contra de compañías de cardamomo, son investigadas en el MP por falsas devoluciones de crédito fiscal, algunos casos desde el 2010, según el empresario.

A las denuncias penales se suman las dificultades para registrarse como proveedor de productos agrícolas ante la SAT, comentó Brichaux.

El jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos, Brenner López, dijo que ignora cuántos de los procesos a su cargo se investigan por la misma causa.

Beneficiados

Las devoluciones de crédito fiscal del sector azucarero aumentaron un 477 por ciento desde el 2011 hasta el 2015. Alcanzaron su mayor pico entre el 2014 y el 2015 cuando de Q85.4 millones aumentaron a Q493.4 millones.

“Esta información no se lleva en la Asociación, son los propios ingenios quienes se ocupan de ello”, respondió Amando Boesche, de la Asociación de Azucareros de Guatemala. Aunque se le preguntó, una segunda vez, acerca del crecimiento sostenido de los créditos, no respondió.

Otro sector que tuvo devoluciones constantes es el del banano. Prensa Libre intentó comunicarse por correo electrónico con la Asociación de Productores Independientes de Banano, pero no fue posible establecer comunicación.

“Que devuelvan el dinero”

Para el intendente jurídico de la SAT, Adrián Zapata, no hay una explicación lógica o técnica de por qué se agilizaron  las devoluciones fiscales de ciertos sectores y no se respetó un esquema de igualdad.

Para Zapata, haber agilizado los créditos  pudo facilitar la devolución a unos sectores antes que a otros.  Además se detectaron anomalías e indicios de defraudación que, por ahora, hacen inviable el crédito fiscal.
 
“Lo que se evidencia es la necesidad de detener la devolución y buscar recuperar lo defraudado. Que devuelvan el dinero”, dijo Zapata.

Para que los niños víctimas de agresión sexual, que rinden declaraciones anticipadas en el Ministerio Público (MP) reduzcan sus niveles de estrés y temor, la Fiscalía de Niñez cambió el modelo de la tradicional entrevista en una cámara  Gesell de una habitación a varios espacios amplios, amigables e interconectados con tecnología.

Hablar de  agresión sexual para un niño o un adolescente es muy difícil, sobre todo si se hace en un cuarto frío, con unos cuantos juguetes, un extraño —psicólogo— y un grueso vidrio que lo separa de su agresor.

Muchos abogados, incluso los propios fiscales, ignoran que sus oficinas están sobre un parque de juegos en la sede del MP, en Gerona.

Alrededor de este parque  hay habitaciones coloridas y acogedoras con alfombras, juguetes, cómodos sofás diseñados especialmente para niños, crayones y libros para colorear en las que se efectúan evaluaciones psicológicas.

Esta semana se hicieron las primeras pruebas de circuito cerrado que conectan a esas habitaciones con otra, en la que en un futuro cercano, se situarán al juez, al fiscal, al abogado defensor y al agresor en casos de maltrato infantil o agresiones sexuales. Desde allí, a pocos metros de distancia, observarán y escucharán el relato del niño.

“Raport”

Antes de efectuar una declaración anticipada, el proceso comienza con evaluaciones psicológicas.

El primer lugar que el niño visita es el “cuarto de Raport”, decorado con motivos infantiles y en los que hay títeres de distintas “edades”, bebés de hule, pizarras con marcadores y juguetes con una finalidad precisa.

“Vamos a contar una historia. ¿Quién quieres ser tú?”, es una de las preguntas que Martín Guerra Sipaque, uno de los tres psicólogos de la Fiscalía de Niñez, suele hacer a sus pequeños interlocutores.

Las preguntas son siempre en tercera persona: “Este es un papá, una mamá y un niño… contemos una historia”.

En esas ocasiones, en que las palabras no alcanzan para contar el horror vivido, la pizarra con marcadores para dibujar o los bebés de hule sirven como valiosos instrumentos para que los niños se expresen.

Cuando se rinde la declaración anticipada el “relato libre” se superpone al antiguo interrogatorio dirigido, explica Guerra.

El niño es informado sobre su derecho a declarar o no hacerlo y que su agresor no puede verlo, aunque él si será observado por las personas que están en la otra habitación, comenta el fiscal Rubén Herrera.

El psicólogo utiliza un auricular en la que escucha las preguntas de los abogados. Para interactuar con el menor y las partes, el profesional levantará un dedo índice para indicar al juez que necesita tiempo para estabilizar a un pequeño en crisis.

El índice en un oído y luego, con ese mismo dedo, tocar dos veces la boca alertará sobre una pregunta impertinente.

Tres exministros de Comunicaciones habrían tenido responsabilidad de esa ejecución, según los informes de la
Contraloría General de Cuentas.

Si el Ministerio Público (MP) atiende  los resultados de las auditorías practicadas del 8 de abril del 2009 al 31 de diciembre del 2014, las investigaciones deberían  abarcar a los exministros Guillermo Andrés Castillo (2009-2011), Jesús Insúa Ramazzini (2011-2012) y Alejandro Sinibaldi (2012-2014), porque fueron cuentadantes, confió una fuente oficial consultada.

Los resultados de la auditoría practicada a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), a cargo del proyecto Transurbano, consignan nueve hallazgos.

Auditoría a detalle

 El primero es el incumplimiento al Plan Operativo Anual, pues no se compraron dos mil 555 buses convencionales, ni los 140 articulados que habían sido convenidos.

El segundo es el reparo de Q104 millones 543 mil 63.24 por la compra de aparatos para el sistema  prepago.

El tercero consiste en  una sanción económica impuesta por la falta de publicación en Guatecompras de algunos eventos por Q19 millones 422 mil 558.40.

A criterio de los auditores, también hubo falta de actualización en los registros.

Se suscribieron, además, contratos de forma anticipada por  Q179 millones 891 mil 865.45, especifica el quinto reparo.

Un sexto hallazgo está relacionado con pagos improcedentes por Q44 millones 11 mil 613.33.

Las auditorías determinaron que hubo transferencias de fondos al margen de la Ley por Q80 millones, según el séptimo de los puntos.

La delegación de la función pública y la extralimitación de las funciones de funcionarios públicos completan el octavo y noveno reparo.

Prensa Libre se comunicó con  Castillo, quien después de haber escuchado el tema adujo interferencias. Prometió devolver la comunicación, y cuando se le llamó ya no respondió.  Se intentó hablar al Congreso con Insúa, pues trabajó como asesor, pero no fue posible. Sinibaldi sigue inlocalizable.

Exministros que podrían tener responsabilidad

Los informes de auditoría fueron practicados  del 8 de abril del 2009 al 31 de diciembre del 2014, y se encuentran en poder del Ministerio Público en donde, durante cuatro años, cuatro fiscalías los conocieron.

Guillermo Castillo

Ministro de Comunicaciones del 2009 al 2011.
En julio del 2010 inauguró el sistema de Transurbano.
Gobierno fue  garante de préstamo para importar tres mil 150 unidades.

Jesús Insúa Ramazzini

Ministro de Comunicaciones  del 2011 al 2012.
Durante su período  se ampliaron las rutas de zona 18 y Villa Hermosa.
Salen a luz las primeras denuncias de cámaras y vigilancia en paradas.

Alejandro Sinibaldi

Ministro de Comunicaciones  del 2012 al 2014.
En noviembre del 2014 desembolsó Q35 millones para subsidio.
El ministro conocía de las denuncias penales interpuestas.

Subsidio

Los siguientes resultados de auditoría se suman a la denuncia por Q18 millones de subsidio que recibieron empresarios.

• Pagos improcedentes.  La denuncia fue ampliada por un monto de Q472 mil 203.41.

• Pagos en exceso. Una distribución incorrecta del subsidio generó la ampliación de la denuncia por Q5 millones cuatro mil 814.01.

• Falta de transparencia. Ocurrió en suscripción de contratos.

• Delegación de la función pública. Involucra a exfuncionarios y es   por un monto de Q1 mil 474 millones  500 mil.   

Fuentes allegadas a la investigación afirmaron que los informes de la Contraloría General de Cuentas relacionados con la inversión de un préstamo de Q270 millones que obtuvo la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), del que el Estado sirvió como garante durante el gobierno del presidente Álvaro Colom, certificaron irregularidades en la erogación de Q104 millones.

El convenio obligaba a los propietarios de autobuses integrados a esta asociación a comprar tres mil 195 buses —tres mil corrientes y 195 articulados—, pero solo adquirieron 495 unidades.

Durante las verificaciones de las autoridades fue encontrada en bodegas una gran cantidad de aparatos del sistema prepago cuya adquisición no está justificada.

“Los aparatos no se instalaron y la cantidad sobrepasaba a la de buses adquiridos, por mucho”, confió un investigador cercano al caso.

Otra fuente consultada refirió que la Fiscalía investiga el estado de los aparatos, muchos incluso son obsoletos, y otros, incompletos.

Las pesquisas se orientan, además, a la responsabilidad de los exfuncionarios que avalaron la compra.

En octubre del 2015, la Procuraduría General de la Nación envió un dictamen a la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público que señala que “el referido aporte económico de inversión se podría considerar como en detrimento al patrimonio del Estado”.

El informe fue entregado a solicitud de la Fiscalía, que pidió la opinión de la PGN sobre el fundamento legal para que el Estado avalara el préstamo millonario para la compra de equipo en la implementación del sistema prepago.

La PGN respondió: “No existe una normativa específica que faculte al Estado a efectuar aporte económico de inversión hacia una entidad privada, cuyos fines son eminentemente lucrativos”.

Desde mayo del 2012, las fiscalías Metropolitana, contra la Corrupción, de Crimen Organizado y  Especial contra la Impunidad (Feci) han conocido denuncias vinculadas con el Transurbano, pero en ninguna se da cuenta del avance de las pesquisas.

El jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, sostiene que es la Fiscalía contra la Corrupción la que conoce el proceso.
Prensa Libre consultó a Stuardo Campos, encargado de la Fiscalía contra la Corrupción, pero no respondió ningún cuestionamiento, ni siquiera si el proceso estaba a su cargo.

La fiscal general, Thelma Aldana, tampoco reveló en manos de quién está la investigación y refirió no estar autorizada por la Ley para compartir detalles.

Subsidio, bajo la lupa

El Transurbano fue impulsado durante la administración de Colom y se presentó como una alianza público-privada en conjunto con la comuna capitalina.

El MP conoce una segunda denuncia por irregularidades en la ejecución del subsidio de Q18 millones.

El objetivo de ese fondo es darle mantenimiento a los buses. El monto se habría repartido entre 30 empresas. En ese grupo se encontraron, incluso, buses fuera de servicio que recibieron la ayuda, confió uno de los entrevistados.

“El proceso está en reserva en la Fiscalía contra la Corrupción. Hemos aportado la información y la documentación requerida”, afirmó Sergio Vásquez, vocero del Transurbano.

Cuatro años han pasado desde que comenzaron las investigaciones. Según Édgar Guerra, defensor del Usuario del Transporte Público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, deben repartirse responsabilidades penales tanto en particulares como entre los exfuncionarios que autorizaron los aportes para que el sistema entrara en marcha.

En el país existe una población de cinco mil detenidos que pertenecen a alguna pandilla, de acuerdo con cifras proporcionadas por fiscales del Ministerio Público.

Al ingresar en las cárceles, el Sistema Penitenciario (SP) identifica a los integrantes de las pandillas como activos o inactivos, indicó Rudy Esquivel, vocero de la entidad.
 
Según los registros del SP, hasta el sábado último había 20 mil 905 reclusos en los penales del país, y de acuerdo con las estadísticas, 679 hombres pertenecen a la pandilla del Barrio 18 y 347 a la Mara Salvatrucha (MS). Además, 286 exintegrantes del Barrio 18 están presos y 179 de la MS.

En las cárceles femeninas, el SP contabiliza un centenar de integrantes activas del Barrio 18 y otras 18 ya no forman parte de esta. La MS tiene 58  activas y 11 que están fuera, indicó Esquivel.

Alguna vez ambas pandillas trabajaron juntas, pero el control por las extorsiones y los negocios ocasionaron su ruptura, coinciden los fiscales entrevistados que han llevado durante años a juicio a un sinfín de clicas, por diversos delitos.

“Con altísimos ingresos del transporte y la venta de cocaína y crac, la violencia entre pandillas y las sangrientas disputas por territorio se han difundido y aumentaron su brutalidad”, refiere Douglas Farah, en el reportaje central America’s Gangs are all grown up, de la revista Foreign Policy.

La ruptura

En la década de 1990, cuando se formaron la Mara Salvatrucha (MS) y el Barrio 18, coexistieron de forma pacífica, tanto que fueron recluidos en la misma cárcel de Escuintla.

El 15 de agosto del 2005, hace 11 años, la MS provocó en las cárceles nueve motines que dejaron 36 muertos, lo que se conoce como “la ruptura del Sur”, un pacto de no agresión con el Barrio 18.
Hasta antes de ese 15 de agosto, las órdenes de ese consejo común, llamado la Rueda Sureña, movieron engranajes en  celdas y clicas fuera de las prisiones.

Otro ataque posterior, en la Torre de Tribunales, de integrantes de la MS en contra de integrantes del Barrio 18 agravó el conflicto, recuerdan fiscales de Delitos contra la Vida y Extorsiones entrevistados.

A partir de entonces, los 18 formaron su propia rueda con representantes de zonas o barrios.
Su cúpula, integrada originalmente por 25 pandilleros, ahora es de 23. La MS formó el Consejo de los Nueve.

Después de la rueda

Las autoridades decidieron separar a los pandilleros en las cárceles. El Centro Preventivo y Fraijanes 1 reúnen al Barrio 18. A El Boquerón y a Fraijanes 2 se destinaron  los miembros de la MS.

La separación en cárceles fue una medida urgente para preservar la vida y el orden entre los reclusos, opina Zoel Franco, analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales.
La división, sin embargo, fortaleció las estructuras de cada pandilla y aumentó el control sobre las cárceles.

El fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, aseguró en julio pasado que las pandillas de su país compran armas en Guatemala y Honduras.

“No se le dio seguimiento, y el Estado de alguna forma se acomodó”, agregó Franco.

Según la resolución el juez Villeda seguirá conociendo los procesos relacionados con la extinción de bienes relacionados con el exmandatario Otto Pérez Molina, sindicado en varios casos de corrupción.

La Cámara de Amparos y Antejuicios resolvió el caso el pasado 21 de octubre y notificó este viernes al Ministerio Público (MP), anula por el momemto la decisión que dictó durante septiembre la Sala de Apelaciones del Ramo Penal de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio que ordenó separar al juzgador de estos casos.

“Aún cabe una apelación. Con el amparo provisional, sin embargo, no puede impugnarse ninguna disposición del juez ” comentó una fuente de la unidad de Extinción de Dominio del MP.

Según los argumentosPérez Molina, al presentar la recusación del juez Villeda, éste emitió opiniones donde evidenciaba que “claramente” se pretendía extinguir los bienes “no importando que los mismos hayan sido adquiridos en los años noventa”.

Sesenta y siete bienes tienen medidas cautelares o han sido extinguidos. La mayoría pertenece al exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, y otros, al ex secretario privado de la Vicepresidencia Juan Carlos Monzón, según la Fiscalía contra el Lavado de Dinero.

 César Calderón, abogado defensor de Pérez Molina, afirmó que la resolución será apelada.

El caso

La Sala dio a conocer su resolución con la que dio la razón a la defensa de Pérez Molina, que alegaba que el juez Villeda emitió opinión en el caso La Línea, por lo que sus fallos podrían no ser objetivos.

La recusación había sido presentada por la defensa del exmandatario a inicios de este mes, que buscaba separar al juez Villeda de los casos pendientes de resolver, sobre los bienes del expresidente.

Según los argumentos del propio Pérez Molina, al presentar la recusación del juez Villeda, éste emitió opiniones donde evidenciaba que “claramente” se pretendía extinguir los bienes “no importando que los mismos hayan sido adquiridos en los años noventa”.

La mañana de este viernes la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) llegó a las instalaciones de Puerto Quetzal, Escuintla, para realizar “una inspección”, confirmó el jefe de esa dependencia del Ministerio Público (MP), Juan Francisco Sandoval.

Las diligencias están vinculadas al caso Redes, afirmó Sandoval. Este proceso consta de tres casos: el primero en el que supone un pago de favores entre un juez y uno de los sindicados; el segundo es el tráfico de influencias entre Jaguar Energy y el gobierno para obtener beneficios de la construcción de una planta eléctrica ,y el tercero es el relacionado con la empresa Z Gas.

En julio del 2015 Gustavo Martínez, exsecretario general de la presidencia, el exintendente de aduanas Filadelfo Reyes Cáceres y el empresario César Medina Farfán fueron ligados a proceso junto con Karen Cancinos Muñoz, Edwin Rodas Solares, el exsuperintendente  Carlos Muñoz y Lidia Roca Morales por existir indicios de su presunta participación en una red de tráfico de influencias para obtener beneficios particulares.

Según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), los extrabajadores de Zeta Gas – varios prófugos-, son señalados de utilizar una póliza para un depósito aduanero de US$5 millones, por la que pagaron Q5 millones. Para este fin se modificaron documentos legales con ayuda de Muñoz y Farfán.

Los congresistas, Orlando Blanco y Carlos Barreda llegaron a la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), donde reiteraron la acusación para que se inicie el proceso de antejuicio contra el mandatario.

El jefe de bancada, Orlando Blanco, refirió que los señalamientos son porque Jimmy Morales habría intervenido mediante cuatro reuniones privadas con jefes de bloques la integración de la Junta directiva 2017-2018.

Blanco indicó que fueron tres reuniones en Casa Presidencial y una en la finca Santo Tomás, Escuintla, -propiedad del Gobierno-, donde habló con diputados para acordar qué diputados serían electos.

“Nosotros hemos mandado a solicitar los registros de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, para saber quiénes asistieron a las reuniones”, dijo el jefe de la UNE, quien indicó que la información debe ser entregada en 30 días.

Barreda indicó que la denuncia es por los delitos de tráfico de influencias, usurpación de calidad y abuso de autoridad.

Los parlamentarios comentaron que por el momento no colocarán ninguna denuncia contra algún diputado, hasta conocer quiénes llegaron a las sesiones.

Admite reuniones

El presidente Jimmy Morales declaró el miércoles, ante varios medios de comunicación, que desde principios de año ha sostenido varias reuniones con los jefes de bloques.

De acuerdo con el mandatario, se trata de cogobernar con el Congreso. Es por esa razón que se reúne con los diputados.

El presidente aprovechó y recordó que al asumir el Gobierno negó que fuera a trabajar con la bancada oficial del Frente de Convergencia Nacional (FCN_Nación), en cambio cogobernaría con el Congreso. “Que son 158 diputados y todos los partidos participan”, remarcó.

El dignatario reconoció que las reuniones han sido periódicas con los jefes de bancadas y están relacionadas a políticas de Estado.

Estos timos han adquirido tal importancia que hasta seis de cada 10 denuncias se vinculan con estafas similares.

Los anuncios que promocionan estas ventas tienen hasta el 30 por ciento de rebaja, en una estafa que comienza con un aparente comprador interesado en el carro, quien paga con un cheque de caja falso o robado.

Sin fondos

Tres o cuatro días después, o cinco cuando la transacción se hace un viernes por la tarde, la persona estafada recibe el aviso del banco de que el cheque carece de fondos, explican fiscales que han investigado esta nueva forma de engaño.

Los estafadores no ingresan en los bancos ni en los centros comerciales, para no ser captados por las cámaras, indican las fuentes.

La persona que compra el vehículo recibe los papeles del vehículo, aparentemente en orden, pero cuando efectúa el trámite de traspaso de se descubre el engaño. En muchos casos  son capturados mientras se hace el trámite  o bien caen semanas después en puestos de registro porque el vehículo aparece con reporte de robo.

Miles de denuncias

Al 31 de octubre de este año, el MP recibió 11 mil 286 denuncias de robo de vehículos, según datos del Sistema Informático Integrado de Gestión de Casos de la Fiscalía, lo cual incluye este tipo de estafa.

El 11.77 por ciento —mil 329 casos— de los robos de vehículos y motocicletas ocurrieron en los alrededores del Centro Histórico, en la zona 1 capitalina.

Otras zonas con alta incidencia de robo de carros son la 12, en donde han sido reportadas 602 denuncias. También se registran  586 en la zona 7 y otras 557 en la zona 11.  

Las denuncias presentadas deben ser depuradas antes y es ese el trabajo que efectúa en estos días la Fiscalía, para emprender la investigación.

“En algunos casos las personas reportan el robo de un vehículo, pero se trata de una mala transacción o bien un negocio fallido, y es por eso que hay que analizar cada denuncia”, indica William Alvarado, jefe de la unidad contra el robo de los automóviles.

Así ocurre el engaño contra el interesado

De acuerdo con el MP, una nueva fórmula  utilizan los estafadores  en la compraventa de automóviles.   

• La estafa comienza con la llamada de un aparente comprador interesado en el vehículo que está en venta.
• El estafador paga a la persona que vende el automóvil con un cheque de caja falsificado o bien robado.
• El vendedor no da importancia a que la boleta de depósito que le muestra el estafador es de un cheque de otro banco que deberá pasar por compensación.
• El vendedor entrega la papelería de su carro al estafador, quien en los siguientes días anuncia que  el vehículo está a la venta. La rapidez para revenderlo es un elemento importante en estas transacciones irregulares.
• El carro que ofrece el estafador es  comprado por otra persona,  atraída por el precio que ofrece el delincuente, generalmente un 30 por ciento menos que otros autos  similares son ofrecidos en el mercado.
• El estafador contacta a su siguiente víctima, a quien cita en un centro comercial y le exige el pago en efectivo a cambio de entregarle el vehículo.

Los jueces escucharon este martes a una testigo que solía dejar fruta debajo de la puerta de la casa a dos menores de edad sometidos a terribles castigos por parte de su propia madre y su padrastro, al punto que uno de ellos murió.

Por este caso están procesados Marciano Rivera Valdez, el padrastro, y Albertina Recancoj Chum, la progenitora. La pareja fue capturada cuatro años después, en diciembre del 2015, de acuerdo con los registros de la Policía Nacional Civil (PNC).

Rivera Valdez enfrenta cargos por homicidio y la madre de los niños por parricidio.  Ambos deberán responder también por el delito de maltrato contra menores, de acuerdo con la acusación formulada por la Fiscalía.

Madre justificó muerte

La necropsia realizada el 24 de octubre del 2011 a Brayan Josué Pérez Recancoj, de 9 años, reveló que murió a consecuencia de una complicación derivada de desnutrición crónica, según la Fiscalía de Delitos contra la Vida.

El niño murió en su casa y un médico certificó la defunción, según el historial de la Fiscalía. En medio del funeral del pequeño, el 24 de octubre, los fiscales, acompañados de un médico forense, examinaron el cuerpo.

La Fiscalía no permitió que el sepelio se llevara a cabo al día siguiente, como estaba previsto, pues había fuertes indicios de maltrato.

El niño había sufrido golpes, según la autopsia, pero no fue esa la causa directa de su muerte.

Testigo relara que los niños sufrían abusos y sus padres no les daban de comer. @prensa_libre pic.twitter.com/cwRzOvmyip

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) November 8, 2016

El cuerpo constantemente pierde líquidos por medio de la respiración, la transpiración y la eliminación de la orina.   Cuando no se consume agua suficiente el cuerpo se deshidrata.

 En otros casos puede tener dificultades para eliminar líquidos, como consecuencia  se acumulan y pueden llevar a un edema. A esto se le conoce como desequilibrio hidroelectrolítico.

Según la necropsia, practicada en octubre del 2011, fue un desequilibrio hidroelectrolítico secundario a la desnutrición crónica, la causa de la muerte del pequeño Pérez Recancoj.

Dura corrección

“Solamente los corregí”, afirmó Rivera Valdez ante los jueces, durante su declaración en el debate que comenzó el 3 de octubre pasado. La progenitora negó cualquier clase de castigos violentos.

El mayor de los dos hermanos —hoy de 16 años— narró al tribunal las vejaciones a las que fueron sometidos durante dos años, entre el 2009 y el 2011.

Algunos de los testigos declararon a la Fiscalía cómo los gritos de auxilio de  los hermanos se escuchaban en los alrededores.

Una testigo contó que en varias  ocasiones dejó fruta debajo de la puerta a los pequeños, quienes eran constantemente encerrados y maniatados.

Afirmó, además, que no dejaba los platos de comida, porque cuando la pareja los encontraba los castigos para los niños se tornaban más violentos.

En diciembre del 2011, el menor sobreviviente se fue a vivir con su hermana mayor. 

El caso que investiga el Ministerio Público (MP) involucra defraudaciones tributarias a gran escala, explicaron fuentes de la Fiscalía de Delitos Económicos, exfuncionarios del Ministerio de Finanzas y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Las devoluciones de crédito fiscal aumentaron a Q1,778.25 millones en el 2014 —Q35.1 millones más que en el 2013— y se incrementaron Q242.31 millones más en el 2015, cuando estas llegaron a Q2,020. 56 millones, según los registros fiscales.

Forma de operar

“Las empresas, en su mayoría exportadoras, compraron facturas falsas para justificar la adquisición de bienes que sirvieron para acreditar la devolución del crédito fiscal que les correspondía”, detalló Alexis Calderón, abogado del colaborador eficaz del MP Juan Carlos Monzón —en esa época secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti—, quien estuvo presente en las citaciones en las que su cliente aportó información sobre el caso a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

A las empresas les interesaba reportar mayores compras, para obtener más devolución del impuesto al valor agregado (IVA), indicó.

Créditos inflados

El funcionamiento de esa red era posible gracias a un intrincado engranaje legal y de auditoría, según las pesquisas.

“En la SAT no cuadraban los montos de defraudación entre la fiscalización hecha y el departamento jurídico a cargo de —Alfonso Romeo— Castillo”, confió una fuente, quien pidió no ser citada.

“En otros casos había supuestas equivocaciones en los montos, se dejaban vencer los plazos o había vicios en la parte legal. Finalmente, terminaban por declarar el proceso como no válido”, agregó.

Los denominados “créditos viciados” fueron tramitados con facturas falsas, en los que los montos de devolución “estaban inflados”, refirió.

Durante las administraciones de los superintendentes Carlos Muñoz y Omar Franco se habrían ordenado unos cien despidos de mandos altos y medios, y los nuevos facilitaron la llegada de personal involucrado en el caso La Línea, refirió otra fuente.

La red

Las detenciones y procesos que comenzaron después de los allanamientos contra Aceros de Guatemala y otros casos relacionados arrojaron datos sobre los mecanismos fraudulentos para obtener la devolución de crédito fiscal, explicó Adrián Zapata, intendente jurídico de la SAT.

Las escuchas telefónicas del caso Aceros, contenidas en el expediente, revelaron que operadores externos a la SAT prestaron sus servicios a empresas relacionadas con el negocio del azúcar, hule, aceite, cardamomo y café, entre otros productos.

Esas comunicaciones determinaron que Geovanny Marroquín —sindicado en el caso La Línea— era uno de los intermediarios entre la SAT y esas empresas para obtener devoluciones de crédito fiscal.

La Fiscalía de Delitos Económicos calcula que la comisión cobrada por Marroquín variaba del 12 al 15 por ciento sobre el monto de la devolución obtenida.

Muchas veces los proveedores eran ficticios, comentó Zapata.

Comerciantes como Norman Tejeda —condenado en agosto del 2013 por defraudación tributaria a seis años de prisión y al pago de una multa de más de Q90 millones— y otras empresas de cartón vendían las facturas a los exportadores, indicó Zapata, quien agregó que “operadores” como Marroquín fueron fundamentales para el funcionamiento de la red.

El fiscal del caso Aceros, Andrei González, quien hasta hace unos meses tenía la misma teoría que Zapata, respondió hace poco más de una semana que “el papel de Marroquín no era tan trascendental” como la Fiscalía teorizó al comienzo de la investigación.

Auditorías a favor

En la negociación entre funcionarios y beneficiarios de los referidos mecanismos fraudulentos, la red verificaba que las auditorías de las empresas estuvieran a su favor, se indicó.

“La red se encargaba de que las auditorías certificaran que la adquisición de las facturas estaba bien hecha. En muchos casos ya se había efectuado una auditoría previa en la cual se alertaba que el proveedor no se localizaba, y esto generaba una denuncia. Era en esa fase cuando el informe de auditoría se cambiaba y en automático se procedía a la defraudación”, explicó Zapata.

Las pesquisas descubrieron vínculos entre proveedores, contadores y exportadores.

“Se han allanado oficinas con sellos y documentos de proveedores que sirvieron a grupos de exportadores”, indicó.

Una vez revisada y autorizada la solicitud de devolución de crédito fiscal, seguía el trámite actual, en el que se informa al Ministerio de Finanzas para que la Tesorería Nacional pague, por medio del Banco de Guatemala.

Así se completaba la ruta en que “más de 180 empresas” obtuvieron créditos fiscales de forma ilegal, “probablemente” las mencionadas por Monzón, indicó Zapata.

¿Cómo operaban?

• El MP y la SAT detectaron empresas exportadoras que falsificaron facturas por compras.
• El objetivo era reportar mayores compras para que les devolvieran el IVA.
• La simulación consistía en alterar conceptos de las facturas.
• La SAT conocía de facturas falsas, pero había contubernio entre los empresarios y funcionarios.

Industriales se pronuncian

El director de la Cámara de Industria, Javier Zepeda, pidió investigaciones concretas y que no se “mediaticen” los casos en los que empresarios están señalados.

“Siempre hemos sido de la opinión de que antes de hacer denuncias se presenten pruebas científicas, cómo hasta ahora se ha hecho”, opinó Zepeda.

“Si hay una evidencia, que se siga el debido proceso. Hay que tener en cuenta que algunas veces se trata de ejecutivos de algunas empresas y que sus actuaciones no han llegado a ser conocidas por las juntas directivas”, agregó.
Zepeda insistió en que es importante que no se hagan condenas mediáticas de los procesos judiciales.

“Muchas veces, en los medios, se sentencia al empresario solamente porque existe una denuncia”, agregó.
“Somos respetuosos del debido proceso”, aseveró.

Aceros de  Guatemala, ocho meses después

La jueza novena Penal, Silvia Coralia Morales Ascencio,  es la segunda que rechaza conocer el caso de Aceros de Guatemala.

Morales Ascencio, en su resolución del 30 de septiembre pasado, afirmó que “se excusa de seguir conociendo por haberse dudado de la imparcialidad de la juzgadora”.

El caso Aceros ha sido supervisado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la jueza fue incluida en el informe Jueces de la impunidad, publicado en el 2012 por Francisco Dall’Anese, entonces jefe de esa comisión. El 29 de marzo último, Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, se inhibió de conocer el proceso.

Carecer de juez contralor ha impedido hacer diligencias para las que se requiere autorización judicial, según el fiscal del caso, Andrei González.

En contra de ese proceso han sido presentados seis amparos —dos en  contra de González y uno contra la Unidad de Métodos  Especiales de Investigación del Ministerio Público— “por negar información que garantice la legítima defensa”, indicó el abogado David Pineda.

Al preguntarle a González si se reunió con el colaborador eficaz Juan Carlos Monzón, lo negó.

Pesquisa en curso

Se supo que la Fiscalía de Delitos Económicos tiene una investigación en curso contra seis empresas, por cobro ilegal  de créditos fiscales.

También fue allanada por la Fiscalia de Asuntos Internos, la oficina del fiscal Dino Faggiani, como parte de las pesquisas.

“De la investigación no hay mayor cosa. No es un allanamiento, es una recolección de todos los datos del caso”, agregó López.

Óscar René Melgar Moreno fue capturado el 5 de octubre del 2015, señalado de pertenecer a una organización dedicada al despojo de tierras.

Entre las víctimas de la banda se encontraba su hermano José Armando Melgar Moreno, padre del citado legislador. Óscar René, de 80 años, falleció el 22 de octubre del 2015 por dengue hemorrágico, mientras era trasladado a un hospital.

Por este caso se ordenó que también fuera indagado, en febrero pasado, el juez Décimo de Instancia Penal, Wálter Villatoro.

Niega renuncia

El fiscal López rechazó la versión de su renuncia que circuló ayer en el MP.

“Me enfermé la semana pasada, no me podía ni mover, no llegué y con todo esto que está pasando inventaron que había renunciado”, comentó.

El traslado de ambos fue confirmado por el abogado de ambos, Alexis Calderón.

Monzón y González, quienes compartían la misma celda, recibieron la visita del juez Miguel Ángel Gálvez y autoridades de Gobernación la mañana del jueves.

El traslado comenzó cerca del mediodía, indicó Calderón.

El 14 de junio, Gálvez ordenó que  González fuera a otra celda, pero cuatro meses después esa indicación  no se había acatado.  El espacio de unos 3.50 metros por 2.50 es el  que compartían desde hace un año.

González y Monzón argumentaron que los plazos establecidos en los acuerdos con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) estaban por vencerse.

González resaltó en una entrevista con Prensa Libre que estaba pendiente  de una audiencia de beneficios.

Algunos mauselos del Cementerio General de Guatemala guardan historia de personajes  del siglo pasado. Algunos relatos son de sufrimiento, soledad e intriga.  Acompañamos  al criminólogo  Ricardo Mendoza  en un recorrido por cuatro emblemáticas tumbas.

Mendoza contó en detalle algunos pasajes  del expresidente Manuel Estrada Cabrera, el incendio del Manicomio y  un famoso asesinato ocurrido en 1930.

• El fuego consumió el manicomio

El 14 de julio de 1960, los habitantes del centro de la capital fueron despertados por las sirenas bomberiles.
Un incendio de grandes proporciones consumía  el Hospital Neuropsiquiátrico, conocido en esa época como  el Manicomio y que estaba ubicado en la 12 calle, entre la avenida Elena y 1a. avenida de la zona 1.

Según registros, el Hospital atendía a unos mil 600 enfermos mentales. Al día siguiente las portadas de los periódicos daban cuenta de más de 200 víctimas.

Una placa sobre un panteón recién pintado con cal, en el Cementerio General, honra la memoria de quienes murieron carbonizados. Es una de las tres fosas comunes que se abrieron para depositar los cadáveres.

• Cayetano Asturias, ¡al paredón!

La olvidada tumba  de Cayetano Asturias  tiene  fecha  2 de mayo de 1931;  ese día  fue fusilado.

Según la historia, el 21 de julio de 1930 los diarios publicaron sobre el asesinato de doña Mercedes Estrada de Blanco —cuyos restos reposan en la planta baja de un mausoleo familiar a menos de un kilómetro de su asesino— y de sus dos empleadas.

 Asturias murió cerca de donde hoy reposan sus restos, en el paredón del Cementerio General.

Por esas muertes fueron acusados Juan Emilio Blanco y Eduardo Felice Luna, cuenta  el  criminólogo.
El fusilamiento de Asturías, Blanco y Luna ocurrió el día del cumpleaños de Eloísa Velásquez, La Locha, amante de de  Luna.

• Bello como ángel, malo como Satán

La tumba de Francisco Gálvez Portocarrero  podría pasar inadvertida para cualquier persona, salvo para los  cazadores de historias del viejo Cementerio General. En  una de las avenidas principales se encuentra el sepulcro de quien Miguel Ángel Asturias describió en El Señor Presidente como “bello como un ángel y malo como Satán”.

“El que le hablaba era un ángel: tez de dorado mármol, cabellos rubios, boca pequeña y aire de mujer en violento contraste con la negrura de sus ojos varoniles. Vestía de gris. Su traje, a la luz del crepúsculo, se veía como una nube. Llevaba en las manos finas una caña de bambú muy delgada y un sombrero limeño que parecía una paloma”, contaría el leñador que con ayuda de Miguel Cara de Ángel rescató a el Pelele, uno de los famosos mendigos   que el Nobel de Literatura dibujó en el  Portal del Señor, al inicio de su libro.

Gálvez Portocarrero fue uno de los defensores del régimen de Manuel Estrada Cabrera y fue linchado por una turba el 20 de abril de 1920.

El general Felipe S. Pereira, aliado a los unionistas, atizó  a la plebe y frente al entonces Colegio de Infantes, “en la plaza de armas, ya habían sido destrozados el licenciado Francisco Gálvez Portocarrero y Jorge Lobo”, refirió Hernán Del Valle, autor del libro Carlos Herrera, Primer Presidente Democrático del Siglo XX.

•  Los  muchachos de 1907

En mayo de 1907, los hermanos Enrique y Jorge Ávila Echeverría, junto a Julio Valdés Blanco y Baltazar Rodil, pasaban las noches escondidos en el tapanco de una casa. Lo hicieron durante un mes, para evadir a la Policía.

 Para el régimen de  Manuel Estrada Cabrera, eran los principales sospechosos de haber tramado el fallido atentado con bomba al que “el benemérito” y uno de  sus hijos sobrevivieron.   

El Gobierno había tendido un cerco alrededor de la pequeña capital de Guatemala, que no se extendía más allá del Centro Histórico.

Durante la  huida, los muchachos se refugiaron en una casa del Callejón del Judío, pero una de las empleadas los delató.

La mañana del 20 de mayo fueron rodeados por las fuerzas de seguridad. Habían acordado suicidarse antes que ser capturados, porque sabían que de todas formas serían torturados y condenados a muerte.
Fue Enrique quien  propuso a sus compañeros pegarse un balazo  en la sien. Así murieron, “sonrientes y de cara al sol”, cuenta el criminólogo.  

La tumba que guarda los restos de Jorge,  un joven médico, y su hermano Enrique, que era abogado, se encuentra a pocos metros  de la entrada al Cementerio General.