En junio del 2016, Boris Orlando Navas Aguilar, uno de los representantes legales de Sigma, quedó ligado a proceso por financiamiento ilícito en el caso Cooptación del Estado.

Max Roberto Burgos Fallaice, representante legal de HW Contractors, y Benjamín González Zepeda, de Lanello, empresa que supervisaba los trabajos de Sigma y HW Contractors, también están procesados. La misma sindicación enfrenta Álvaro Mayorga, uno de los propietarios de Conasa. Todos gozan de medida sustitutiva.

La Fiscalía contra la Corrupción presume que los constructores no están exentos del pago de sobornos.

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Miriam Portillo, encargada de relaciones públicas de Conasa, indicó: “Efectuamos un contrato privado con Odebrecht. Cumplimos con lo establecido en el contrato hasta donde ellos decidieron concluir la relación laboral, en el 2013”.

Prensa Libre intentó obtener una postura de Sigma, pero un guardia informó que no había quien atendiera.

La denuncia

El martes último, el Ministerio de Comunicaciones anunció que emprenderá acciones legales contra exfuncionarios de la cartera que firmaron la modificación del contrato.

En una conversación telefónica, García explicó que el contrato original requería  una vida útil de 10 años para la carretera y un “vehículo de diseño”; es decir, que el peso de los autos que transitaran no sobrepasaran las 66 toneladas. Pero las especificaciones fueron cambiadas a una vida útil de 20 años y que resistiera el paso de vehículos de 80 toneladas, indicó.

Con los cambios, según García, la obra que buscaba la construcción y ampliación a cuatro carriles de 140 kilómetros que conducen de Cocales, Escuintla, hacia Tecún Umán, San Marcos, se redujo a  58, pues el dinero fue insuficiente.

Según documentación a la que tuvo acceso Prensa Libre,  Sinibaldi delegó al exdirector de Caminos, Jorge Rogelio Gálvez, la responsabilidad de modificar el contrato inicial. Pero fue Sinibaldi quien firmó el acuerdo ministerial 918-2013, con el que autorizó esos cambios.

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“Han trocado especificaciones por medio de notas de cambio que se hicieron con base en un crédito”, confirmó una fuente involucrada en la pesquisa.

García refirió que trabaja en recolectar todos los documentos que permitan conocer cuál fue la cadena de mando, hasta llegar a Sinibaldi, que autorizó las especificaciones.

El jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo, no descarta extender las pesquisas a otros exministros y exviceministros.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) se sumará a las acciones legales hasta que conozca el nuevo informe de auditoría de infraestructura de la CGC, afirmó la portavoz de la institución, Lisbeth Vásquez.  Aunque García afirmó tener el aval de la PGN.

Las nuevas averiguaciones se encaminan a detectar la posible sobrevaloración de las obras. Los fiscales esperan despejar también las dudas sobre una compra “exorbitante” de hierro y el costo de un campamento que no estaba incluido en el contrato, confió una  fuente.

Campo confirmó que solicitó una ampliación sobre esos extremos a la CGC. “En cada uno de los renglones de trabajo podría haber una irregularidad”, comentó.

Los auditores presentaron en julio del 2015 una denuncia ante el Ministerio Público (MP) en la que resalta las irregularidades cometidas por el Congreso, como omitir una licitación y aprobar de urgencia dos créditos por $399 millones a favor de Odebrecht, por lo que podrían citar a varios diputados.

Llama la atención de los investigadores que había una cláusula que estipulaba qué materiales serían comprados a empresas brasileñas. “Nos enfocamos también en el lado de los sobornos y de la realización del proyecto”, indican.

Pesquisa tardía

Diputados que razonaron su voto en la aprobación de los créditos consideran tardía las acciones del MP.

Orlando Blanco, jefe de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, y Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG), coincidieron en que las irregularidades se hicieron públicas desde que se aprobó el crédito.

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Luis Pedro Álvarez, quien en ese momento era diputado de EG, y Francisco Tambriz, de Libertad Democrática Renovada, aseguraron que durante la aprobación “se escuchó que había dinero para apoyar este y otros temas, entre ellos el crédito para la compra de los supertucanos”.

Los desembolsos de los créditos suman US$254.3 millones y Guatemala  ha pagado US$34.6 millones en intereses y comisiones.

UNE comenzó negociación de ruta

Aunque el proyecto de Odebrecht se aprobó durante el gobierno del Partido Patriota, fue en el período de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) cuando se comenzó la negociación.

El expresidente Álvaro Colom, al ser consultado, reconoció que surgió como parte de la relación diplomática sostenida con su homólogo de Brasil, Lula Da Silva, pero niega que haya habido ofertas de sobornos.

Durante el gobierno de la UNE también se negociaron, con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, los créditos que dieron vida al proyecto del Transurbano y la compra de dos aviones supertucanos. Este último negocio fue desestimado porque se detectó sobrevaloración en las aeronaves, mientras que el primero está en un proceso de investigación en el MP.

Según altos funcionarios de la UNE, las negociaciones de los créditos fueron manejadas y dirigidas por el entonces secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, quien guarda prisión por los casos Negociantes de la salud y La Cooperacha.

Directivos de la UNE aseguraron que el brasileño Joao Santana, conocido como gurú de la publicidad política en América Latina, se ofreció para dirigir la campaña electoral de Colom, pero no fue contratado porque  cobraba US$5 millones, más el compromiso de dirigir la imagen presidencial durante los cuatro años de gobierno.  Colom  rechaza ese vínculo.

Santana fue ligado a la investigación de corrupción más grande de Brasil, Lava Jato.