Este es el caso del Liceo Mixto Privado Senderos para la Vida que se ubica en Chisec, Alta Verapaz. Sobre este colegio pesan denuncias por retención de documentos y desde hace algunos años, se había solicitado el cierre, sin embargo, sigue funcionando.
El propietario de este centro educativo es Miguel Ángel Caal Max, persona conocida por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público.
En junio de 2014, Caal Max junto a otras 11 personas fue capturado en el caso denominado Educación y Corrupción. Según explicó el Ministerio Público, en la Dirección Departamental de Alta Verapaz, detectaron una red ilícita que se dedicaba al cobro ilegal de comisiones.
Este hallazgo fue “accidental”, explicó uno de los agentes a cargo de la investigación, ya que estaban dándole seguimiento a unas escuchas telefónicas relacionadas a extorsiones cuando se percataron que en Alta Verapaz había un grupo de personas pertenecientes a la dirección departamental que habían conformado un grupo delictivo.
De esta forma lograron establecer cómo trabajadores de la institución cobraban entre Q200 y Q10 mil por acelerar trámites de jubilación o solicitud de reubicación de docentes. Caal Max era el enlace externo quien se encargaba de contactar a alguien dentro de la dirección departamental.
El caso se cerró el 21 de mayo de 2020. Los acusados reconocieron su responsabilidad y acordaron pagar entre todos una cantidad de Q114 mil para la reparación de escuelas públicas ubicadas en el departamento. Esta medida desjudicializadora fue una propuesta de la defensa que el MP no tuvo problemas en aceptar “por lo engorroso del proceso”.
De esta forma, Caal Max regresó al colegio del que es dueño pese a que años antes se hizo una solicitud para su cierre, según explicó el supervisor municipal de Chisec, Elder Coy.
“Desde hace un par de años le solicité a la Dirección Departamental que ya no le renovaran la licencia para funcionar. Hay denuncias por no entregar papelería, por extraviarla, por cobros no autorizados, pero algunas son difíciles de comprobar si las personas que denuncian lo hacen solo de forma verbal”, explicó Coy.
El caso de una adolescente que estudió en el liceo desde 2018 es un ejemplo de estas denuncias. Ella estaría cerrando la carrera de Perito Contador gracias a que una familia le subsidia sus estudios, ahora dice ser amenazada por el señor Caal Max.
En la queja que presentó al Ministerio de Educación y en la denuncia hecha al MP detalla que desde el año 2018 se inscribió en dicho liceo para estudiar básicos, en el 2020 siguió la carrera de Perito Contador y en 2021, al terminar el Quinto Perito le pidió sus resultados académicos a Caal Max quien se negó a dárselos.
“Dijo que no tenía mis resultados y que ni siquiera me inscribió en la plataforma del Ministerio de Educación, dijo que extravió mi expediente original. Todo el 2020 y 2021, asistí a clases, pasé mis exámenes, pagué las cuotas mensuales establecidas y compré los folletos que tenían un costo de Q75 cada dos semanas”, se lee en la denuncia.
Según la estudiante, esto ha sucedido con varios compañeros y a pesar de existir denuncias contra este centro educativo, la Dirección Departamental no ha cerrado el establecimiento.
El supervisor municipal comentó que el liceo tiene autorización para impartir clases a nivel diversificado únicamente, por lo que los grados de básicos no están autorizados.
Según comentó Edgar Chen, el actual director departamental, están esperando el informe de la comisión que se creó para ver el caso.
Chen asumió el cargo en diciembre de 2021 y aunque ya había estado en el puesto antes, aseguró que no conocer a Caal Max y que no sabe nada del caso Educación y Corrupción, en el cual la propia dirección departamental accedió al pago de los Q114 mil para eximir a los señalados por cobros ilegales.
Más denuncias
Solo en Alta Verapaz se presentaron 107 quejas contra instituciones privadas en el año 2021. Chen explicó que de ellas 76 ya fueron resueltas y que las últimas quejas eran las relacionas a cobros por clausuras y quejas contra directores.
Solo en el año 2020 y 2021, el Mineduc recibió 2,184 quejas contra centros educativos privados y por cooperativa. Siendo las prácticas administrativas deficientes unas de las más recurrentes que fueron 353 en 2020 y 387 en 2021.
Entre otras de las denuncias que prevalecen son la de cobros o contribuciones adicionales, infraestructura y equipamiento, condiciones pedagógicas deficientes, incumplimiento a la normativa, violencia y discriminación.
