APG condena agresiones de jefe policial contra periodistas en Huehuetenango

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) exigió a la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) de la Policía Nacional Civil (PNC) investigue y sancione, de ser procedente, a Byron Fuentes, jefe policial en Huehuetenango por amenazar y lanzar represalias contra la prensa en ese departamento.

Byron Fuentes, comisario de la Policía Nacional Civil -izquierda- es señalado de agresiones contra periodistas en Huehuetenango. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Byron Fuentes, comisario de la Policía Nacional Civil -izquierda- es señalado de agresiones contra periodistas en Huehuetenango. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La APG, calificó de “inadmisible” que funcionarios “prepotentes” como el comisario Fuentes se desempeñen en cargos dentro del sector justicia.

La entidad de prensa recomendó al Ministerio de Gobernación y Dirección General de la Policía implemente las acciones necesarias para evitar que se repitan abusos en contra de la prensa, en cualquier lugar del país.

Mynor Mérida, periodista de Nuestro Diario, denunció en la APG las amenazas y represalias por parte del jefe policial que tienen su origen en la cobertura que la prensa huehueteca llevó a cabo durante septiembre y octubre por la fuga de 19 reos en la subestación policial en Santa Eulalia, las “pésimas” condiciones en que se viven los agentes en San Mateo Ixtatán y la muerte de un reo dentro de la cárcel preventiva de la cabecera departamental como consecuencia de una golpiza que otros presos le propinaron.

La APG expuso en un comunicado que el miércoles 9 de octubre durante la cobertura de un encuentro futbol de la primera división, el comisario increpó a Mérida por la publicación de una información sobre el crimen del reo, según la denuncia, el jefe policial alegó que la información era imprecisa y que este tipo de noticias desprestigiaba su imagen “intachable”.

El comisario le advirtió al reportero que deseaba “restregarle el periódico en la cara” y que estaba descontento por las críticas en su contra y contra del gobernador de Huehuetenango, Stuardo Barrillas.

Luego, la noche del domingo 13 de octubre, mientras Mérida lleva a cabo su tarea periodística en la zona 8 de Huehuetenango por un ataque armado, Fuentes insultó y ordenó que ningún elemento de la Policía debe dar declaraciones a los medios de comunicación. A la fecha la PNC en ese departamento no brinda información a la prensa.

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No conoce a periodista

El comisario Byron Fuentes vía telefónica invocó a Dios y expresó que “cada persona será juzgada por sus acciones”, negó los señalamientos en su contra y aseguró que no conoce al periodista Mynor Mérida, también comentó que él mantiene buena comunicación con la prensa huehueteca.

Con relación a “restregarle el periódico en la cara” al comunicador, Fuentes negó tal señalamiento y admitió que está en la disponibilidad de ser investigado por la oficina de responsabilidad policial

Fuentes se mostró anuente a reunirse con Mérida o las instancias que lo citen para exponer la situación.

Prensa Libre solicitó a Pablo Castillo, vocero de la PNC, una postura respecto al comunicado de la APG, pero no respondió el mensaje dejado en su Whatsapp.

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Secreto a voces

Respecto al tema del cobro de la denominada talacha en el Centro Preventivo para Hombres en Huehuetenango, Erick Villatoro, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), afirmó que los cobros ilegales o extorsiones dentro de la cárcel es un secreto a voces, lamentó no tener denuncias recientes, detalló que hace años conocieron varios procesos que fueron trasladados al Ministerio Público (MP).

Villatoro señaló que existe complicidad entre autoridades a cargo del Preventivo cuando ingresan teléfonos celulares para extorsionar.

Jorge Morales, del Frente Huehueteco Contra la Corrupción, manifestó que tienen denuncias de familiares de reos de reciente ingreso a quienes los presos que llevan varios años de estar detenidos los extorsionaron. “Se le echa la culpa al preso porque no puede estar más adentro, pero sin duda hay muchos funcionarios involucrados en esos cobros ilegales”, señaló Morales.

Agregó que se efectúan gestiones para construir una nueva prisión preventiva, la Municipalidad ofreció un terreno y debe gestionarse ante el Ministerio de Gobernación el presupuesto para construirla.

Julio Ambrosio, alcalde de San Pedro Necta, víctima de extorsión desde el interior del Preventivo administrado por la Policía Nacional Civil expuso que los reos exigen pagos de acuerdo con la posición económica de la víctima.

Cada reo de reciente ingreso a la cárcel en Huehuetenango paga entre Q10 a Q25 mil, para no ser golpeado, según testimonios de familias afectadas.

El Preventivo tiene capacidad para albergar a 150 detenidos, pero en la actualidad hay 260 personas detenidas en ese edificio.

Los fines de semana se estima que ingresan entre 8 a 20 personas, la mayoría por faltas.

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