“Acordamos que me apoyaría económicamente pero solo lo hizo por tres meses, por lo que decidí presentar la denuncia ante el Juzgado de Familia para iniciar una demanda por pensión alimenticia”, contó Ana.
Como el caso de Ana se han registrado 921 más, en lo que va del año en seis departamentos, en los juzgados de Familia, Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y Ministerio Público (MP).
Eunice Toledo, secretaria del Juzgado de Familia en Huehuetenango, indicó que en lo que va del año se han reportado 312 denuncias por negación de asistencia económica, mientras que en todo el 2015 fueron 497.
Aleisha Hernández, delegada departamental de la Oficina Nacional de la Mujer, lamentó que las madres tengan que acudir a un juzgado para obligar a los padres de sus hijos a colaborar económicamente.
Manifestó que los hogares encabezados solo por la madre afrontan muchas limitaciones económicas que conllevan a la mala alimentación de los hijos.
El delegado departamental de la PDH en Huehuetenango, Éric, Villatoro, afirmó que en estos casos se vulneran los derechos fundamentales de los niños, quienes se convierten en víctimas inocentes del actuar de los adultos.
“La desintegración afecta a los menores porque ven roto el vínculo familiar y repercute en su bienestar y rendimiento escolar”, expresó.
Delito
Julia Pastor, coordinadora de la fiscalía de la Mujer del MP en Quetzaltenango, informó en lo que va del año se han reportado 80 casos, mientras que en el 2015 fueron 127.
Comentó que en la mayoría se han solicitado órdenes de captura, pues los sindicados se niegan a pagar lo que adeudan.
“Existe subregistro, pues hay mujeres, especialmente en el área rural, que desconocen que la pensión alimenticia es un derecho y que existe una sanción si los padres no cumplen”, añadió.
Miriam Ixtabalán, delegada de la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi) en Quetzaltenango, refirió que la paternidad es un compromiso y una actitud que asume la pareja para velar por el desarrollo integral de la familia, y cuando no se cumple los efectos son negativos.
Alejandra Tuy, abogada experta en derecho de Familia, en Santa Rosa, comentó que deber pensiones alimenticias constituye un delito. “Hay progenitores que deben hasta Q100 mil de pensión, ya que por años no han cumplido con la responsabilidad y prefieren ir a la cárcel o pagar una condonación para recuperar la libertad”, agregó.
En Chimaltenango, Marilis Baltazar, auxiliar de la procuraduría de la PDH, informó que en la mayoría de los denunciados están entre 25 a 35 años.
Los municipios con mayor incidencia son Parramos, San Andrés Itzapa, San Martín Jilotepeque, Zaragoza, El Tejar, Patzicía, Tecpán Guatemala y la cabecera.
El juez de Familia en Santa Cruz del Quiché, Efrén Escobar, señaló que si el demandado incumple con la responsabilidad, la madre de sus hijos puede iniciar un juicio de ejecución en la vía de apremio, en el cual tiene derecho a cobrar los meses que su expareja deba —desde 6 meses hasta 15 años de morosidad—.
“En el juicio se le brinda un plazo de tres días para que pague y si no lo hace se certifica lo conducente al MP, para que se inicie la acción penal de conformidad con la Ley de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, porque es en un delito económico” afirmó.
Para Juan Carlos Medrano, sociólogo, hace falta información para evitar embarazos no planificados, y sobre todo concienciar a los hombres para que asuman su responsabilidad, pues la vida no es solo engendrar hijos, sino darles lo que necesitan.
*Nombre ficticio
