Se trata de José Ángel Santos Vásquez, director del hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en Xela; Eldin Xitumul Ordóñez, encargado del departamento financiero; y Blanca Lidia Alvarado Monterroso, administradora.
También las secretarias Julia Aviléz Obregón y Kendy Leticia Castro Pérez, junto a Anselmo López Cifuentes, representante legal del Centro de Especialidades Médicas de Occidente (Cemo), que es señalado de favorecerse con los contratos.
Los señalados, quienes aún esperan la audiencia de primera declaración, escucharon este jueves el motivo de su captura y se les sindica de asociación ilícita, fraude, abuso de autoridad y falsedad ideológica.
No cumplía condiciones
El agente fiscal del Ministerio Público, Andrés Laínez, les informó que se les acusa, porque suscribieron actas en las cuales se simulaban contratos en compra directa, para adjudicar contrataciones al Cemo, a pesar de que una comisión evaluadora del IGSS le había dado un puntaje bajo a esa empresa, ya que no cumplía con las condiciones para prestar servicios médicos y hospitalarios.
De acuerdo a la investigación, se efectuaron dos inspecciones en el Cemo en abril del 2015 y marzo de este año, por medio de las cuales se estableció que en el lugar había irregularidades y las instalaciones no eran adecuadas; además, carecía de personal médico y de enfermería para una correcta atención.
No hubo licitación
Laínez agregó que los capturados obviaron los procesos de cotización y licitación. “En el primer informe de auditoría se evidencia que los pagos efectuados de enero a abril de 2016 se hacen directamente con Cemo, que es una empresa mercantil que no posee personalidad jurídica para ser contratada, por lo que se les señala de hacer fraude en varios contratos”, afirmó el fiscal.
Se estima que en nueve meses el hospital adjudicó contratos a favor de dicha entidad privada por un monto aproximado de Q1 millón 884 mil 373.88.
Durante la audiencia, se informó que César Quiñonez, representante del IGSS, y Luis Hernández, abogado de la institución, serán querellantes en el proceso, para coadyuvar en la investigación del caso.
Los abogados defensores se opusieron a la acción y, aseguraron que el documento presentado por los representantes del IGSS no era idóneo, ya que carecía de timbres y otras formalidades.
La jueza Betzy Alvarado, del Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Xela, donde se llevó la audiencia, no accedió a la solicitud de la defensa, ya que el IGSS está exento del pago de impuestos que comprenden los timbres; además, consideró que el documento cumplía con los requisitos.
La defensa de los sindicados solicitó a la jueza que se postergara la audiencia de primera declaración, ya que el expediente se compone de 10 mil copias con las cuales no contaban. La juzgadora accedió y se reprogramo la audiencia, misma que podría realizarse la madrugada de este viernes.
