El juez Felix Sontay indicó que, según el Ministerio Público (MP), los sindicados se hicieron pasar por trabajadores del departamento de recursos humanos de la Dirección Departamental de Educación (Didecu) para vender supuestas plazas de trabajo a maestros.
Comentó que, en el 2014, los sindicados contactaron a los maestros Pedro Escobar, Claudia Marroquín, Brayan Cotom, Estela de León y Pedro Escobar para ofrecerles plazas a cambio de dinero.
Sontay indicó que las víctimas pagaron Q86 mil 100, de los cuales Q37 mil fueron depositados a la cuenta bancaria de Bonilla García y Q20 mil 700 a la de Chinchilla Calderón, el resto a otras dos personas, que aún no están vinculadas al proceso.
“Ninguna persona debe pagar dinero a cambio de una plaza”, dijo Sontay, quien ordenó al MP ahondar en la investigación, pues se presume que participaron más personas.
El juzgador indicó que los informes de las cuentas bancarias donde se demuestran los depósitos de las víctimas a los sindicados son las pruebas principales con las que cuenta el MP.
“La denuncia de las víctimas, las boletas de los depósitos que hicieron estas y las llamadas telefónicas son otras de las pruebas presentadas por la fiscalía”, añadió.
La defensa de los sindicados solicitó que el delito fuera cambiado a encubrimiento propio, sin embargo el juez no accedió, ya que indicó no existen indicios para este delito.
Ambos señalados gozan de medida sustitutiva por lo que no están en prisión.
Otro proceso
Bonilla García fue capturada en enero del 2015, en Escuintla, señalada de participar en una estructura delictiva dedicada a vender plazas en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
