De acuerdo al expediente judicial, una denuncia anónima detalló que el 13 de octubre del 2016 la funcionaria llegó al Segundo Registro de la Propiedad, para interceder por trabajadores que habían sido despedidos, entre los cuales estaba su padre, Roderico Ávila.
El denunciante señaló que Ávila utilizó recursos del estado y el vehículo oficial para llegar al edificio del Segundo Registro, en la zona 6 de Xela.
Ávila explicó a la juzgadora que ese día fue informada que había un grupo de 10 policías en el edificio del Segundo Registro de la Propiedad, por lo que como es parte de sus funciones supervisar el trabajo de la Policía Nacional Civil (PNC) acudió para saber por qué estaban en el lugar.
“Los agentes estaban asignados a la seguridad ciudadana en la zona 2 y el puente Los Batanes, pero estos lugares estaban desprotegidos por lo que llegue para saber porque no estaban resguardando a la población, ya que existe una orden por la que se retiró la seguridad para las instituciones públicas”, expresó Ávila.
Agregó que su padre no estaba entre el listado de los empleados despedidos, porque es parte del Comité Ejecutivo del sindicato, por lo que considera que se trata de una mala acción para dañar su imagen.
“Todo fue una confusión, él tiene 49 años laborando allí y cuando yo entré me acerqué para saludarlo, pero no estaba injiriendo en los despidos”, aseguró la gobernadora.
La jueza pesquisidora Perla Nowell escuchó los argumentos de la funcionaria, además recibió documentos que Ávila presentó como parte de su declaración.
Nowell señaló que autoridades del Registro de la Propiedad y del personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos se señalaron algunas fotografías y videos que respaldan la acusación contra Ávila, por lo que dio un plazo de 48 horas para que sean presentadas.
