En tres ocasiones se ha detenido la orden de desalojo, mediante amparos interpuestos por el Ministerio de Gobernación y respaldados por la Procuraduría General de la Nación, señaló Recinos.
Añadió que las pruebas de que el terreno pertenece al Ministerio de Gobernación se han presentado y es por eso que hasta el momento el desalojo no se ha ejecutado.
Los 20 mil metros cuadrados de terreno, donde se halla la sede policial, fueron entregados en donación y existe la escritura de 1960, señaló el abogado.
“El proceso no ha sido fácil. Hay pruebas de nuestra parte. Por ejemplo, existe un acuerdo gubernativo del 2013, cuando fue publicado en el Diario de Centro América, donde se menciona que el terreno es propiedad de la Policía Nacional Civil. Menciona, además, que hay certificación del Segundo Registro de la Propiedad de Quetzaltenango”, expuso el abogado.
Juan Ciani, integrante de la sociedad civil, señaló que se debe cuidar esa donación que recibió el Ministerio de Gobernación, pues existe apatía por parte del ministro para controlar la situación.
La gobernadora de Suchitepéquez, Leonor Toledo, manifestó que la Subdirección General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil debe determinar la procedencia real de la finca.
