“Es una primera instancia y lo que procede es un plazo de 90 días en el cual podría llegar a un acuerdo. De no llegarse a un acuerdo aquí lo que procede es un arbitraje, porque hay una expropiación”, afirmó.
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Por su parte, Mogen Larsen, director del Portafolio de APM Terminals en Latinoamérica, dijo: “La compañía ha dedicado bastante tiempo y esfuerzos en tratar de resolver una situación que se originó con anterioridad a nuestra adquisición de la terminal de Puerto Quetzal, pero después de casi dos años y medio, la situación sigue sin resolverse, por lo tanto, nos vemos obligados a proteger la inversión sustancial que hemos realizado y los compromisos que hemos demostrado con Guatemala”, indicó por medio de un comunicado de prensa.
Investigación
Carrasco recordó que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ya investigaron este caso, que involucró a exfuncionarios del Partido Patriota.
Explicó que “se levantó la intervención y APM Terminals fue un tercero que no tuvo nada que ver con el proceso de usufructo, pero está pendiente de que se resuelva la nulidad que se decretó”.
“La Cicig levantó la intervención porque APM Terminals era un tercero que, de buena fe, no tuvo nada que ver. La nulidad no tiene nada que ver con la corrupción”, subrayó.
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El abogado dijo que el alegato sería la expropiación, porque al declarar la nulidad mientras el tribunal no declare la restitución, se vuelve una expropiación y un trato “injusto al inversionista”.
“Lo más perjudicial es que Guatemala perdería un puerto que está operando eficientemente y que maneja más del 70% de la carga contenedorizada en el Pacífico”, afirmó.
Larsen señaló que “la nulidad del contrato de usufructo y el consiguiente cierre de la terminal no solo afectaría al Grupo Maersk, sino que también tendría un impacto negativo severo en la conectividad del comercio exterior de Guatemala, su infraestructura portuaria y el empleo local”.
Reclamo millonario
Según Carrasco, aunque no se puede cuantificar aún el monto del reclamo, el mínimo sería de US$200 millones, que fue la cantidad de inversión, más los daños y perjuicios que no se pueden calcular todavía.
“En la notificación de inversión del arbitraje se reserva el derecho de cuantificarlo”, aseveró Carrasco.
Explicó que se estarían invocando los acuerdos de inversión de los tratados internacionales y bilaterales, establecidos en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y España.
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