La iniciativa incluirá a personas profesionales como abogados y notarios y contadores públicos y auditores, así como a empresas inmobiliarias, agencias de vehículos y casinos.

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El superintendente Érick Armando Vargas Sierra explicó este lunes que estas medidas forman parte de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) de la cual Guatemala es parte.

La iniciativa de ley estaría lista en las siguientes semanas para presentarla al Congreso y que cobre vigencia el próximo año.

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“Buscamos crear más controles y que ellos (como actividad profesional) reporten a la hora de estar revisando las cuentas de las personas o empresas pudieran brindar una alerta, al igual que los bufetes de abogados”, recalcó Vargas Sierra.

Las reformas van dirigidas a los profesionales como personas individuales, precisó el funcionario, luego de participar en el Ciclo de Jornadas Económicas que realizó el Banco de Guatemala.

El jefe de la @sib_guatemala Érick Armando Vargas Sierra, dice que @TSEGuatemala está dando seguimiento a cuentas de los partidos políticos y los límites. La IVE actuará si hay casos sospechosos de posible lavado de dinero. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/PxaYjq90FI

— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) June 10, 2019

Posibles efectos

El contador público y auditor Óscar Chile Monroy afirmó que, aunque no conocen la iniciativa, puede tener dos aristas.

La primera, dijo, sería que si está dirigía a los despachos de contaduría pública, solo revisan los balances contables, pero no determinan el origen del dinero, que es una competencia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), adscrita a la SIB.

“Los contadores públicos solo auditamos los balances financieros, pero no tenemos la facultad de determinar el origen del dinero”, puntualizó Chile Monroy.

Dijo que lo que se podría hacer es enviar un reporte mensual de las atenciones a las empresas, pero no determinar si es lícito o ilícito la liquidez de la empresa.

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Se conoció que el objetivo de la nueva ley es incluir a estas personas obligadas a reportar las transacciones de las personas en primera línea, es decir. sobre cómo actúan con el sistema financiero.

Chile Monroy dijo que se si llegara a incluir a los bufetes de contadores, también debería ampliarse a empresas constructoras, firmas de arquitectura, médicos especialistas en cirugías y empresas de ingeniería que también administran y manejan operaciones voluminosas y que deben conocer a su cliente.

“No puede haber un sesgo solo al sector de contadores públicos, si no ampliarse a otras actividades profesionales”, dijo el consultor.

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