“Este es el tema central y de los más fuertes porque los diputados insisten en que exista una tasa tope de interés, versus que sea el mercado que determine la contratación entre el emisor y el tarjetahabiente”, afirmó Barreda en el inicio de la audiencia.
Además, se anunció la creación de una mesa técnica con apoyo de la SIB, para la viabilidad de la iniciativa de ley, que, según el parlamentario, pretende regular los cobros de interés que son sujetos los cuentahabientes, así como la protección y derechos.
Guatemala, explicó Barreda, es uno de los países que no cuenta con una normativa, luego de que se legisló en el 2015 la CC declaró vicios y el objetivo es avanzar en la iniciativa.
Justificación
Por más de una hora, Raúl Stuardo Juárez, director del Departamento de Normativa de la SIB, expuso a los integrantes de la comisión cuatro razones que indican que poner un tope a las tarjetas de crédito tendría efectos en el mercado financiero, así como en el aparato productivo.
En la presentación, el técnico destacó las consideraciones que se analizaron a solicitud de la comisión.
Según la SIB, establecer un tope generaría distorsiones en el mercado, sobre todo en el financiero y a la economía en general.
Además, los préstamos de bajos montos se verían afectados y, por ende, se restringiría su entrega, por los costos fijos que “son normalmente más caros”.
Señala que a los clientes con perfil de menos ingresos se le limitará el acceso al crédito. Tendrían que dirigirse a otras fuentes de financiamiento con tasas de interés mucho más elevadas, con el riesgo de perder sus bienes que sirvieron de garantía.
Por último, se reduce la competencia, ya que las entidades financieras más grandes tienen mejores posibilidades de enfrentar distorsiones.
“Al fijar una tasa tope se restringe la oferta de crédito, es decir habría un racionamiento de parte de las entidades financieras y esto de alguna manera afecta el desarrollo ordenado de la economía, así como las disposiciones monetarias y crediticias”, expuso Juárez.
Remarcó que la reducción de la oferta también podría provocar una contracción del crédito, porque al haber un tope las empresas no cubrirían los costos y se retirarían del mercado.
Por el lado de la economía afectaría en el consumo privado, afirmó el técnico.
Recordó que en el artículo 42 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, la entidad y los usuarios pactarán libremente la tasa de interés y demás cargos en sus operaciones. Es decir que el pactar tasas ya es entre el oferente y el demandante, por lo que consideran que habría una distorsión.
Advirtió de que los más afectados serían los créditos pequeños o más bajos, que se tendrían que dirigir a otras fuentes de financiamiento que no son reguladas y que tienen tasas más elevadas.
Barreda explicó que no es constitucional que se fije una tasa tope de interés, y cuestionó si la posición de la SIB responde a una escuela económica de pensamiento o si hay un tema legal e inconstitucional, que es muy diferente.
Cobros
El diputado Rudy Castañeda dijo que uno de los problemas son los contratos, donde se establecen los cargos del 5.25% de pago en mora, que representa el 60% del interés anual.
Afirmó que fijar una tasa tope disminuiría a los segmentos que no pueden calificar, que es los que están aprovechando.
“Detectamos que hay más de 33 mil solicitudes de arraigo contra personas por deudas de las tarjetas de crédito y es por otro lado donde se tiene que debatir”, afirmó Castañeda, quien señaló a la SIB de defender de que no es necesaria una tasa tope.
Otra razón, explicó, se debe medir la capacidad de pago de una persona para entregar un crédito y expuso que los bancos entregan tarjetas de crédito “por cualquier lado”, cuando las personas no tienen la capacidad de pago y el gran problema es el pago mínimo.
La formula para fijar la tasa de interés, según la presentación de la SIB, son los gastos financieros, el componente de riesgo, los gastos administrativos y la utilidad.
Nueva versión
Érick Armando Vargas, jefe de la SIB, aseguró que trabajan en una nueva propuesta, en conjunto con la Comisión de Economía y los sectores involucrados.
Aunque no adelantó detalles sobre esta nueva versión, dijo que se busca que la normativa no cuente con inconstitucionalidades.
“Si se esta violando algún artículo de la Constitución lo más seguro es que se pondrán las inconstitucionalidades y nos vamos a quedar sin ley. Entonces lo que estamos haciendo es señalar cuáles son los artículos que deben tomarse en cuenta”, enfatizó.
Dijo que se recogerá la opinión de los sectores interesados, para lograr una iniciativa de ley que sea en beneficio para los clientes, los emisores y para la economía.
Castañeda dijo que uno de los planteamientos es que la tasa de interés no sea mayor a la tasa promedio ponderada para los créditos de consumo, que es del 21% o sea que no sea mayor al 42%, de acuerdo al promedio del boletín que emite la SIB mensual.
“Creo que es muy prematuro hablar de fijar de una tasa tope y el tema va mucho más profundo, pero hay emisores que están cargando el 5.25% mensual y se limita con la tasa de interés el acceso al crédito a determinado sectores”, subrayó.
Distribución
Hasta el 31 de marzo último, la SIB registra a 1.6 millones de tarjetahabientes en el país.
El segmento de las tarjetas de crédito representa aproximadamente Q15 mil millones, que equivale al 8% del mercado financiero, que es de Q188 mil millones, según la SIB.
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