El Estado tiene un saldo de Q59 mil 189.3 millones que incluye su compromiso como patrono y por el aporte que le debe hacer a esta institución, por ley.
El resto equivale a Q2 mil 797.9 millones, de los que el sector privado debe Q1 mil 658.1 millones; los gobiernos locales y municipalidades, Q817.4 millones y entidades descentralizadas, Q322.3 millones.
Ante esta situación, se redujo en Q5 mil 81 millones el monto de los ingresos previstos para este año, considerando que en el presupuesto del Estado 2022 solo se incluyeron Q1 mil millones para pagar cuotas y aportes gubernamentales, cuando la parte proporcional sumaba Q6 mil 81 millones, según se expone en el acuerdo 1514 emitido por la junta directiva.
Por lo tanto, el presupuesto del IGSS para este año quedó en Q15 mil 294.4 millones, lo que claramente es un perjuicio para las finanzas de la Seguridad Social e impide mejorar la atención de los afiliados en forma oportuna, aparte de que no es posible mejorar la infraestructura hospitalaria, derivado de ese déficit.
Al no contar con esos recursos “que el Estado está obligado constitucionalmente a atender, se afecta directamente al afiliado, agregó el IGSS, porque los recursos asignados “no son acordes a los objetivos plasmados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022”.
Por lo tanto, se impacta en la prestación eficiente y eficaz de los servicios que proporciona la entidad como la asistencia médica, servicios de diagnósticos clínico, dotación de medicamentos, procedimientos quirúrgicos, servicios de hospitalización, tratamientos médicos ambulatorios, pago de prestaciones en dinero por cesantía laboral en casos de enfermedad, maternidad o accidente, aparte de la atención y tratamiento de enfermedades crónicas y degenerativas.
Recuperación urgente
Adolfo Lacs, dirigente de la Federación Sindical de Empleados Bancarios y de Seguros (Fesebs) comentó que derivado de gestiones de la directiva del instituto, se logró subir la asignación en el presupuesto anual del Estado de Q800 millones a Q1 mil millones para este año, monto que sigue siendo ínfimo en relación con lo que el Estado adeuda.
“El instituto cada año debe readecuar a la baja el presupuesto porque de no hacerlo se percibiría como que el ente tuviera una baja ejecución, pero en la realidad es que no percibe” esos recursos, añadió el sindicalista, quien actualmente forma parte de la directiva de esa institución.
En tanto Edgar Balsells, economista y exdirectivo del IGSS, indicó que no ha visto una propuesta de la actual administración para recuperar más deuda estatal, de manera que se deben tomar otras decisiones como el esquema de cuotas y servicios para los contratos de tiempo parcial, que pueden drenar las finanzas de la institución.
Unido a eso, el instituto también necesita aumentar la cantidad de afiliados, ya que la seguridad social no cubre al 75% de trabajadores: las afiliaciones crecieron 6.3% de forma interanual a febrero del 2022, y se llegó a 1 millón 453 mil 957, lo que podría reflejar una recuperación del empleo formal luego de las drásticas caídas reportadas durante el 2020, en los primeros meses de la pandemia.
Pero a consideración de Balsells, muchos de los nuevos inscritos no solo son empleos que se habían perdido, sino que también hay trabajadores contratados a tiempo parcial, con menos ingresos que los de tiempo completo. Al cierre del 2021 se tenían registrados en el Ministerio de Trabajo más de 13 mil empleados bajo esta modalidad.
Las municipalidades aplican medidas
Por la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), el director ejecutivo Gerson López, indicó que tienen conocimiento de la deuda de parte de algunas municipalidades, así como de los acuerdos de exoneración de mora, multas, intereses, gastos administrativos y otros, que se han suscrito en 2011, 2017 y 2022.
El directivo dijo que muchas municipalidades acuden a la Anam para tener un acompañamiento ante las autoridades del instituto y se expone cada caso en particular, pues muchas de esas deudas son heredadas de administraciones anteriores y a veces se tiene poca claridad sobre los montos adeudados, por falta de planillas.
“La mayoría de esta deuda corresponde a períodos anteriores, pero son morosos aunque se encuentran solventes en la gestión actual”, por lo que muchas comunas están demandas o con sentencias judiciales.
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Por lo tanto, la Anam ha fortalecido su sistema de comunicación con las autoridades del IGSS, especialmente en los departamentos de recaudación, cobro judicial y subgerencia financiera, a efecto de disponer de la información precisa para las comunas que desean regularizar su situación, y se les da acompañamiento en los procesos de reconocimiento de deuda. Las acciones impulsadas son:
- No suscribir reconocimientos de deuda con el IGSS, hasta tener la certeza de que la suma que reporta esa institución es la correcta.
- Verificar sus saldos con los que les reporta el IGSS en los estados de cuenta que notifican a las municipalidades.
- Solicitar al IGSS los documentos con los que no se cuente en los archivos de la municipalidad y que sirven de base para la elaboración de las planillas de seguridad social que deben presentarse al suscribir un reconocimiento de deuda.
- Establecer en los juzgados de lo civil y económico coactivo ubicados en las cabeceras departamentales, el estado en el que se encuentran las demandas presentadas por esa institución en contra de las municipalidades, incluyendo si ya cuentan con sentencia o no.
Continúa la exoneración
En la misma línea, el 27 de marzo último cobró vigencia el Acuerdo 1504 del IGSS que otorga la exoneración de recargos por mora en pagos de contribuciones. El objetivo es recuperar los adeudos de 17 mil 855 patronos atrasados en el pago de cuotas, de manera que se pueda brindar cobertura a 157 mil 792 afiliados.
Según ese acuerdo la medida tiene un plazo de seis meses y los que se acojan a ella durante los primeros tres meses tendrán una exoneración del 100 por ciento; en el cuarto y quinto mes, será del 90 por ciento; y en el sexto, se tendrá un descuento del 80 por ciento.