En ese entonces, la CIG también presentó una inconformidad en la CC, porque el Concejo de San Benito, Petén, dispuso darle facultad al juez de Asuntos Municipales para decidir el cierre de negocios donde se vendieran bebidas alcohólicas, además de que ya no aceptaría solicitudes de nuevos comercios de esa naturaleza. Esta acción sigue pendiente de ser resuelta.
La Municipalidad de San Antonio Huista, Huehuetenango, aplicaba cobros de Q20 a Q200 a los vehículos repartidores de productos como leña, gas, frituras y bebidas.
Javier Zepeda, director de la CIG, alegó que esa decisión reducía las fuentes de trabajo y afectaba el crecimiento económico.
