Coronavirus: ¿Qué implica para el Estado la deuda por Q11 mil millones que aprobó el Congreso?

Transcurrieron 27 años para que el Gobierno solicitara financiamiento del Banco de Guatemala (Banguat) por la emisión de bonos por Q11 mil millones.

El Ministerio de Finanzas empezó este viernes 3 de abril con el proceso administrativo para hacer la primera colocación de bonos por Q11 mil millones y que adquirirá el Banguat en los siguientes días como lo aprobó el Congreso en la Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el Covid-19. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
El Ministerio de Finanzas empezó este viernes 3 de abril con el proceso administrativo para hacer la primera colocación de bonos por Q11 mil millones y que adquirirá el Banguat en los siguientes días como lo aprobó el Congreso en la Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el Covid-19. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

La emisión la aprobó la madrugada de este viernes el Congreso y los recursos se destinarán para atender a las familias afectadas por el covid-19.

En menos de 24 horas, con la opinión favorable que emitió la Junta Monetaria (JM), la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) en horas de la mañana del jueves, el Congreso aprobó la emisión.

En el amanecer de este viernes los diputados avalaron la Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el Covid-19 y que incluye un endeudamiento interno por Q11 mil millones para cubrir los programas.

Mientras tanto, el Ministerio de Finanzas (Minfin) empezó con el proceso administrativo para hacer la primera colocación en coordinación con el Banguat en los siguientes días.

De momento se conoce que se estarían realizando transacciones en cuatro tramos, que podrían ser cupos de Q2 mil 750 millones, de acuerdo con las necesidades de recursos del Ejecutivo para atender a las personas y recuperar el tejido productivo.

Eso significa que el Ejecutivo contará con liquidez casi inmediata al realizar estas operaciones.

Lizardo Sosa López, expresidente del Banguat, recordó que en 1993 quedo prohibido ese tipo de operaciones luego a las reformas planteadas.

“Es lamentable que, como guatemaltecos, nos volvamos a tropezar con la misma piedra y a mi manera es un error y espero que esta situación no tenga efectos en la estabilidad macroeconómica”, enfatizó Sosa López.

El Minfin presentó esta solicitud de endeudamiento invocando el artículo 133 de la Constitución Política de la República de Guatemala que trata sobre conceder financiamiento en casos de catástrofes o desastres públicos; siempre y cuando sea aprobada por las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso, lo cual sucedió este viernes.

El jueves en la noche la agencia de riesgo-país Fitch anunciaba el cambio de la nota para Guatemala de BB a BB- vinculada a un menor crecimiento económico y una menor carga tributaria por los efectos del covid-19.

Una parte de los recursos que se obtendrán por la colocación del bono por Q11 mil millones se destinará para otorgar subsidio a las personas que sean afectadas por el covid-19, según la disposición. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Blindaje

Sergio Recinos, presidente del Banguat y JM, resaltó que en el dictamen que se presentó al Congreso se establecieron varias condiciones, sobre todo para controlar la inflación -alza generalizada de precios en la economía- y evitar otras consecuencias a la economía que pueda causar la emisión extraordinaria.

Por ejemplo, en el dictamen se establece que le bono sea a un plazo de 20 años a una tasa de interés pasiva promedio ponderado del sistema bancario que ronda el 4.50% a 4.80%, y que se puedan negociar los títulos en el mercado secundario de valores, a efecto de neutralizar los excedentes de liquidez -dinero en circulación en la economía- por la inyección primaria liquidez primaria y evitar presión inflacionaria.

Además, que el incremento del déficit fiscal -gastos programados por el Estado que superan los ingresos- sea de carácter extraordinario y temporal, permitiendo al Gobierno disponer de los recursos para mitigar el covid-19.

Se proyecta que el déficit fiscal para este ejercicio alcance el 6%.

También de coordinar con el Minfin, en la medida que se ejecute el gasto público y tomar en cuenta la liquidez en el mercado monetario, el mercado cambiario, para preservar la estabilidad en los precios.

“Esta medida fue excepcional y por única vez y hubo preocupación por los miembros de JM que pudiera ser recurrente en utilizar el mecanismo. Este conllevó a hiperinflaciones en varios países en la década de los años de 1980 por un abuso de financiamiento de los bancos centrales a los Gobiernos sin respaldo”, declaró el funcionario.

Se elevará la deuda

Con la aprobación del Congreso, la deuda pública (interna y externa) se estaría incrementando sustancialmente.

En 2019 el indicador de la relación deuda/PIB se ubicó en 26.9% y para este ejercicio estaría alcanzando 31%.

Además, que la ampliación presupuestaria estaría alcanzando los Q109 mil 621 millones, con un déficit fiscal de Q36 mil 650 millones (6%), según el dictamen.

“Son indicadores fríos, pero ahora la prioridad es salvar vidas, minimizar el impacto en el empleo y la producción”, aseguró Recinos.

Expectativas

Sosa López afirmó que se debe mantener la disciplina fiscal y monetaria porque fue una decisión política y no técnica.

“Ojalá que Finanzas y el Banguat sean cuidadosos y excelentes en el manejo de las políticas para minimizar los posibles negativos que pueda causar en los precios o en otras decisiones”, explicó.

Mencionó que los efectos inflacionarios se presentan cuando efectivamente se empieza a producir el flujo de liquidez hacia el mercado, y vendrá la banca central a recoger esa liquidez y es “como ver a un gatito pudiéndose morderse la cola”.

Las medidas se tendrán que hacer para no perder el control en los precios se disparen o el tipo de cambio.

Aunque se declaró un Estado de calamidad pública el desastre o la catástrofe no se ha concretado, agregó Sosa López.

En todo caso las autoridades, deben enviar mensajes de tranquilidad y de disciplina fiscal y monetaria, y comunicar que esta situación se trata solo por emergencia, para no generar expectativas que pueden ser dañinas.

 

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