Hugo Maul Rivas, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), expresó que las empresas no tendrán la misma capacidad que tenían antes de generar empleos y habrá una menor demanda de trabajadores en una situación de crisis, al presentar un análisis de las medidas adoptadas en Guatemala por el covid-19, en la cual se analizaron el tema económico, fiscal y laboral.
Enfatizó que la crisis está golpeando al sector turismo, las actividades de consumo y servicios que están alrededor del ingreso de divisas por remesas familiares y las exportaciones.
“Si ya teníamos el 70% de la fuerza laboral ocupada en el sector informal después del covid-19 es probable que lleguemos al 80% y mientras más grande sea la crisis será mucho más. Es el momento para una discusión en la cual se pudiera hablar de flexibilizar algunas instituciones laborales y racionalizar el costo de la mano de obra a la nueva capacidad potencial de las empresas de pagar salarios y contratación de personal”, subrayó el investigador.
Maúl Rivas reconoció que esa situación no va a ocurrir y lo que sucederá es que los trabajadores que contaban con la cobertura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) van a pasar a la informalidad “y por ahí se van a quedar por mucho tiempo”, que se traducirá en un efecto importante en sus ingresos y condiciones de empleo.
Sugirió la creación de elementos mínimos de espacio entre los empleadores y trabajadores que permitan negociar de mutuo acuerdo condiciones distintas que permitan a ambos sobrevivir en estos tiempos.
Doble impacto
Para Luis Linares López, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes) y exministro de Trabajo, el impacto de la crisis será para el trabajador formal –que es el que cuenta con la cobertura del IGSS y el informal y las consecuencias serán para el empleo asalariado.
Explicó que el empleo informal no solo son los trabajadores de cuenta propia o los familiares no remunerados, sino que existe un alto número de asalariados de micro, pequeñas y medianas empresas que no están registradas en el IGSS y que también están siendo golpeados por la emergencia sanitaria.
Su visión es que es muy probable que muchas cierren operaciones o que cuando reinicien, lo hagan con un menor número de trabajadores.
El analista de Asíes enfatizó en que habrá una reducción del empleo formal de los afiliados al Seguro Social, que es de 1.6 millones que es la mejor forma de medir el empleo formal, y uno de los sectores más afectados es el turismo que no se recuperará pronto y también del trabajo asalario en las empresas informales que llevará como consecuencia que las personas se tendrán que refugiar en actividades por cuenta propia o en el trabajo familiar no remunerado.
Linares López citó como ejemplo que una persona que perdió su trabajo formal apoyará en una tienda o en una venta de comida ya no recibiendo un salario, sino que trabajará por la alimentación, y se ingresa a esa condición de actividades no remuneradas que es un número alto en la población ocupada. Su visión es que ahora se incrementará el trabajo precario.
“La realidad que se viene es que habrá más informalidad, porque el cierre de actividades económicas está prolongado ya para alcanzar los dos meses”, explicó.
La dirección de Recaudación del IGSS reportó que se incrementaron en 13% las bajas en las planillas de Seguridad Social de marzo con respecto a febrero de este año.
En febrero, las bajas reportadas fueron de 45 mil 411 y en marzo 51 mil 535.
Las bajas significan el cese de relación laboral -despidos-.
Mientras que las altas, es decir, las nuevas contrataciones o personas que estaban suspendidas y reiniciaron actividades laborales, fueron 41 mil 946 en marzo y en febrero 56 mil 590.
Hay lógica
Abel Cruz Calderón, gerente del Instituto Nacional de Estadística (INE), expresó que la informalidad en Guatemala es de 70.2% y la formalidad de 28.8% según la Encuesta de Empleo e Ingresos (Enei) 2019, que son los datos oficiales de la última muestra.
“Lamentablemente, ahora por esta situación de pandemia, se ha observado que hay compañías que están cerrando operaciones de manera temporal o definitiva y hay una razón que pudiera aumentar la informalidad”, afirmó el gerente.
Explicó que ya se programó la Enei 2020 para levantar la información en el último trimestre del año, y fundamentar ese impacto del coronavirus en el mercado laboral. Mencionó que por temas de restricciones por el estado de Calamidad no se puede hacer el estudio.
Según Cruz Calderón, es muy probable que la situación actual impacte en la tasa de desempleo abierto, el subempleo y la informalidad.
“El problema en Guatemala es la calidad del trabajo y ante la falta de ingresos las personas se emplean en cualquier actividad de trabajo son variables que hay que analizar como un impacto pospandemia”, precisó el gerente del INE.
Predomina informalidad
En Guatemala, siete de cada 10 trabajadores está en la actividad informal y dos en el sector formal.
La Enei 2019 determinó que la población ocupada en la informalidad es de cuatro millones 871 mil personas y en el sector formal de dos millones 64 mil.
En un escenario de un crecimiento del 10% de la informalidad la población llegaría a cinco millones 358 mil personas.
Según la Enei 2019, por actividades económicas predomina en agricultura con 89%, construcción 81%, comercio, transporte, actividades de alojamiento con 74% e industria manufacturera, explotación de minas y canteras y otras actividades industriales 57%.
Fuerte impacto
Un análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) detalló que las consecuencias del covid-19 en el empleo son profundas, de gran alcance y sin precedentes.
El canal de transmisión ha repercutido en el plano económico y mercado laboral.
El reflejo es en la producción de bienes y servicios oferta local, interrupción de la actividad económica y global.
Mientras que en el empleo suele seguir la contracción económica con cierto retraso, pero que en la actual crisis el efecto ha sido inmediato.
Para el caso de Centroamérica y República Dominicana, la OIT proyecta que hay 8.3 millones de trabajadores en ocupación en actividades con alta afectación económica, siendo los países del Triángulo Norte con mayor impacto.
En Guatemala se identificó a 2.3 millones de trabajadores, El Salvador, 1.3 millones, Honduras, 1.5 millones, Costa Rica, 710 mil, Panamá, 595 mil y República Dominicana, 1.7 millones, según la OIT.
