La iniciativa de ley que se presentó al pleno en enero de 2019 regularía la forma en que los emisores de tarjetas de crédito realizan su cobro, autorizaría convenios de pago, obligaría la emisión de finiquitos, establecería tasas de interés, entre otros.
“Acá hay cambios importantes que le debemos de hacer a esta ley, y yo le pediría al Pleno que esa iniciativa regrese a comisión para poder discutir los cambios”, indicó el diputado de Creo, Luis Contreras. Su argumento fue debatido por los representantes del partido Vos quienes indicaron que regresarla sería un “error”.
“Mandar esta ley de regreso a comisión es mandarla al sueño eterno. Compañeros, esta ley fue discutida, esta ley tuvo debate, esta ley tiene un dictamen responsable, cinco años de discusión, dos veces dejada en suspenso por la Corte de Constitucionalidad (CC)”, expuso en el pleno Jairo Flores.
Incluso el diputado independiente, Román Castellanos, dijo que estaban de acuerdo con la ley, junto a otros bloques de la nueva alianza oficialista.
La Unidad Nacional de la Esperanza dijo estar de acuerdo con la aprobación de la ley, toda vez que fuera solo en tercera lectura. Adim Maldonado, pidió que el proyecto lleve su trámite normal pero que no se aprobara por artículos y redacción final, ya que existía un acuerdo previo.
Una deuda que crece
Diputados opositores, manifestaron contar con cifras sobre endeudamientos por tarjetas de crédito por lo que consideraron necesario que la ley fuera aprobada. “Algunos datos que tenemos es que Q16 mil millones deben los guatemaltecos en concepto de deudas de tarjeta de crédito; Q270 mil millones asciende la deuda de los guatemaltecos por créditos bancarios”, refirió Byron Rodríguez, diputado del bloque Todos.
También Héctor Aldana, diputado de Vamos, señaló que por la forma en que se realizan los cobros, hay buena cantidad de guatemaltecos que dejan de percibir su salario por el alto nivel de endeudamiento.
“Podemos hacer esas enmiendas y correcciones, pero no vengamos a entrampar y querer regresar una iniciativa de ley que será de provecho para la población, hay ciudadanos que reciben Q1 de salario, los maestros, los salubristas y hasta agentes de policía”, señaló.
Apegado a derecho
Juan Bernardo Rivera, presidente de la Asociación de Emisores de Medios de Pago (AEMPG), consultado acerca del avance en la aprobación dijo que desde el inicio de las discusiones de estos temas, “hemos manifestado nuestra postura a favor de que exista una legislación que regule nuestra actividad, pues con reglas claras cualquier sector opera con mayor transparencia y certeza”.
Sin embargo, expuso que “esa certeza se logra si las regulaciones cuentan con bases técnicas que verdaderamente protejan a los usuarios y no pongan en riesgo la sostenibilidad crediticia, las actividades comerciales, el desarrollo económico del país y que promuevan el libre mercado y la libre competencia”.
Respecto a los beneficios o dificultades que tendrá el sector de emisor de tarjetas y esos medios de pago con esta nueva ley, Rivera respondió que los últimos años, han existido varios intentos de regular la actividad de las tarjetas de crédito, “pero lastimosamente todas las iniciativas no han contado con el respaldo técnico necesario, sino más bien han respondido a intereses políticos particulares”.
¿En qué ayuda un mercado regulado?
Las principales ventajas de un sistema regulado de medios de pago son: disminuye el riesgo de manipulación de efectivo, contribuye a la bancarización, fomenta la inclusión financiera, incrementa la penetración y mejora la seguridad de los comercios que las reciben, reduce el mercado informal, disminuye lavado de dinero, propicia que se generen transacciones verificables, incrementa recaudación fiscal y otorgan mayor capital de trabajo para las pymes detalló Rivera, reiterando que es importante regularla actividad, pero con apego a derecho y con bases técnicas para que verdaderamente proteja al usuario.
“Es por eso que, regimos nuestra actividad bajo una serie de principios que buscan en términos generales, la protección al consumidor, la importancia de tipificar los delitos en contra de nuestros usuarios e incentivar el crecimiento económico”, concluyó Rivera.
