Experiencia internacional
La trayectoria de profesionales que se dedican a aplicar la Ley de Competencia en otros países es ejemplo de lo que Guatemala podría llegar a alcanzar en esta materia.
La salvadoreña Celina Escolan coordinó el programa de Creación de la Superintendencia e Implementación de la Ley de Competencia en su país, y Pamela Sittenfeld, de Costa Rica, asesora y consultora internacional en la elaboración de políticas y regulaciones en materia de competencia, comparten su opinión sobre la legislación planteada para Guatemala.
¿Por qué es importante que el país cuente con su propia Ley de Competencia?
Sittenfeld: Es importante no solo por cumplir un compromiso, es necesario contar con una ley que sea en beneficio del consumidor, que lo empodere para que tenga la capacidad de elegir aquellos bienes y servicios que mejor le convengan.
¿Si la ley es en beneficio del consumidor cuál sería, en el caso de Guatemala, el rol de la Dirección y Atención al Consumidor (Diaco)?
Sittenfeld: Si Guatemala ya cuenta con un ente que protege al consumidor, debe de existir congruencia entre ambos entes, es decir, la Ley del Consumidor con la de Competencia se deben complementar y no opacar una a otra.
El Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad del mercado o a perjudicar a los consumidores.
¿Cuál debería ser la postura de los agentes económicos?
Escolan: El aspecto detonante con la Ley de Competencia es la modernidad que conlleva la implementación de la Superintendencia de Competencia, viene a cambiar el paradigma y el modelo económico incrustrado en los países.
Por lo tanto, es comprensible que los agentes económicos estén preocupados por los casos que se han dado en otros países en alguna industria específica, pero cada problemática es distinta, es diversa y la solución también es diferente.
En la medida que se identifique el problema, así como la solución y exista voluntad política de todos para solucionarlo, habrá menos casos de sanción que la autoridad de competencia deberá imponer.
El artículo 130 de la Constitución Política de la República establece la prohibición de monopolios y que el Estado debe proteger la economía de mercado.
¿Qué opina respecto del perfil académico y experiencia que deberían de tener las próximas autoridades de competencia?
Sittenfeld: Es un reto por el que hemos pasado todos, cuando se promulga una Ley de Competencia existen pocos especialistas. Si uno ve las herramientas y recursos que podría tener una autoridad nueva, Guatemala tiene mucha ventaja porque existe toda una experiencia y conocimiento de países que ya implementa la ley, existen muchas redes que hacen trabajo en el tema, se comparte más la información.
¿Cómo se puede compartir experiencia?
Sittenfeld: Una estrategia que le ha funcionado a otros países es atraer consultores, asesores, para ir formando el expertís necesario. Es una materia compleja que se debe profundizar y constantemente está innovando. Pero en comparación con hace 10 años hay miles de guías que pueden ayudar a nuevos funcionarios en esta labor.
¿Cómo analizan la armonización de una autoridad regional de competencia?
Escolan: Actualmente no existe una visión común entre los países, el espíritu de la Ley de Competencia prevalece pero cada uno tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, para que los umbrales o plazos de las concentraciones sean mayores, se debe notificar bajo un mismo umbral, podríamos llegar a un acuerdo.
La ley de competencia regula el campo económico en donde se suscitan los casos más importantes, técnicos y sofisticados del primer mundo.
El tema de prácticas anticompetitivas, no todos tienen las mismas reglas de análisis. Estamos lejos de tener una armonización como tal de la legislación en puntos centrales. No será fácil.
¿Cómo analizan el tema de las licitaciones colusorias?
Escolan: La autoridad de Competencia también debe velar por prevenir la formación de los carteles duros para ofrecer bienes y servicios al Estado. El área de licitaciones debe ser de beneficio inmediato y visible, muchos agentes económicos no han podido ofrecer sus servicios por el sesgo que existe dentro de las mismas instituciones de gobierno. Si las economías son pasivas no se logrará la modernidad y por ende frena la competitividad.
