La propuesta es generar contratos de estabilidad tributaria para un tipo de inversión con características específicas, explicó el viceministro de Economía para la Inversión y Competencia, Lisardo Bolaños.
Expuso que no se trata de abrir este mecanismo a cualquier inversión que se está desarrollando en el país o que potencialmente venga, sino que se limitará a dos tipos: que logre generar más de 400 empleos y que realice inversiones de más de US$10 millones en planta y equipo.
La otra modalidad es la compra de más de US$100 millones en planta y equipo y que generen al menos 50 empleos.
Se estima que este tipo de combinaciones representa alrededor del 5% de las inversiones que vienen a Latinoamérica y les interesa enfocarlo en esos aspectos por la estabilidad para la planificación de largo plazo, lo cual ayudaría al país a posicionarse como un destino.
Bolaños dijo que cuando se habla con inversionistas internacionales surge la preocupación por la poca consistencia y estabilidad en temas impositivos, especialmente respecto a los criterios de aplicación en esa materia.
Ejemplificó que en un momento, se interpreta de una forma y luego, ante un cambio de administración de autoridad tributaria, se reinterpreta que ya no es aplicable un criterio, sino otro. Pero aparte de eso, se dispone que no solo debe recaudarse el impuesto bajo esas condiciones a partir de cuando se cambió el criterio, sino con la vigencia de 5 ó 10 años antes, lo que afecta las inversiones.
El funcionario aseguró que este tipo de legislación no entorpecería investigaciones o casos penales que ya están en curso, y no es materia de discusión en la propuesta que se analiza. “Se habla de buscar estabilidad de inversiones hacia futuro, por lo que no hay investigación penal todavía, y no afectaría nada (procesos) de lo que existe”, comentó.
Dentro del mecanismo de aplicación, en la práctica internacional lo que se ha establecido son los contratos de estabilidad jurídica, que dejan explícitos cuáles son los elementos relevantes para el inversionista y la caracterización del estatus tributario en ese momento, para el giro de negocio que realiza.
Refirió que en otros países ya se usan y les ha servido para generar confianza y se convierten en instrumentos que generan reputación en ese aspecto y poco a poco pueden dejar de necesitarlos. Chile y Colombia llevan varis años de implementarlos, mencionó.
Intentos fallidos
En Guatemala han existido unas tres iniciativas en esa dirección, pero no se han concretado, recordó al mencionar que también es importante porque son instrumentos que requieren mucho detalle y análisis.
El viceministro indica que prevén tener lista la propuesta para presentarla al Congreso durante el primer semestre del año.
Aparte de la ley, se deberá establecer un reglamento y aún se debe definir si lo haría el Ministerio de Finanzas o el de Economía, desde sus respectivas funciones. También está en análisis cuál funcionario o entidad firmaría los contratos.
Si hay una reforma tributaria o cambio a algún impuesto, también deberá regularse en la medida en que forme parte del contrato, pero a juicio del funcionario, el costo tributario para Guatemala es muy bajo, aparte de que ya existen regímenes similares en ese sentido y que aplican ciertas condiciones por 10 años, pero no figuras como los contratos de estabilidad en mención.
La única excepción sería la vinculada a alguna resolución que emita la Corte de Constitucionalidad (CC), dadas las características de la Carta Magna.
Pendientes en el Congreso
Por otro lado, en el 2021 se aprobaron en el Congreso algunas leyes económicas como las reformas a la de zonas francas para reincorporar varias actividades a ese régimen, la creación de la ley de Leasing y la denominada Ley Antitrámites. Sin embargo, quedaron pendientes otras que se encuentran en la Comisión de Economía de ese Organismo.
José Rodolfo Neutze, quien presidió esa sala legislativa en el 2021, expuso que desde junio de ese año pidió que retornara a la comisión, para una nueva discusión, la iniciativa de Ley de Competencia, que ya tenía dictamen. Y no fue sino hasta noviembre cuando se concretó. A criterio del parlamentario, se debe actualizar su contenido y también adecuarlo a la nueva normalidad por el covid-19.
“Pese a que se pasó la ley de leasing y la de zonas francas, quedaron debiendo mucho al país en temas económicos, que podrían servir para la reactivación económica”, agregó Bolaños.
Entre estas mencionó que para la iniciativa de ley de para la reactivación del turismo en Guatemala se emitió dictamen en julio del 2021 pero no ha sido leída en el Pleno. Otra es la propuesta para que se amplíe el plazo a 5 años, para acreditar el impuesto de Solidaridad (ISO) al impuesto sobre la renta (ISR). En la actualidad es 3 años.
Y se emitió dictamen para la iniciativa de Ley de Insolvencias (quiebra de empresa), pero aún está a la espera de ser conocida en el Pleno, a pesar de considerarse vital para el país porque los trámites respectivos pueden durar muchos años y eso genera problemas en la economía porque las empresas o empresarios deben esperar hasta una década para poder usar sus activos, tierras o edificios y eso no permite reiniciar actividades ágilmente.
