“Muchos de los usuarios violan la ley, porque los han obligados a hacerlo por medio de presiones o la incitación a delinquir y aceptar”, refirió el ejecutivo.
Tupper comentó que el objetivo no es hacer esas 120 mil denuncias, sino que se penalice a los que están engañando a los usuarios y a algunos clientes, con el fin de hacer cumplir la ley.
Sin embargo, explicó que no se trata solo de consumidores residenciales, sino también de industrias y comercios. Tupper manifestó que muchos se ven tentados por las ofertas que les hacen, ya que les dicen que deben pagar solo Q30 mensuales por el servicio.
“De alguna forma están tomando ventaja en esta situación”, expuso el gerente al referirse a las industrias y comercios, casos en los que aseguró se presentarán denuncias.
El viceministro de Energía, Edwin Rodas, dijo que la situación es compleja y debe ser atendida con medidas en varias direcciones.
Coincidió en que las acciones no solo deben sancionar a grupos organizados, sino también a los usuarios.
Según explicó, para eso, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) tiene las facultades, de acuerdo con la Ley General de Electricidad. Comentó que ese órgano regulador debiera estar más involucrado para sancionar a los usuarios.
Silvia Alvarado de Córdoba, una de los tres directores de CNEE, dijo que les preocupa mucho la situación que afronta el sector eléctrico y que participan en la búsqueda de soluciones, pero que esa entidad no puede actuar de oficio, y que a la fecha no se han recibido denuncias contra usuarios particulares; de existir esa comisión, aseveró que está obligada a investigarlas, y si se establece que está incumpliendo, lo que procede es informarle a la distribuidora e indicarle que debe denunciarlo a los tribunales.
La funcionaria opinó que ese procedimiento es poco efectivo, por lo que espera que la nueva fiscalía del Ministerio Público para denunciar ese tipo de casos ayude a resolverlos.
Ejemplificó que en el caso del área central —atendida por EEGSA—, cuando un usuario no paga o tiene conexiones ilegales, la empresa corta el servicio y con ello el cliente se presenta a hacer un convenio de pago. Sin embargo, en el caso de Energuate, el problema se ha vuelto más difícil y se requiere una acción más contundente.
Tupper señaló que hay diferencia de criterio con la CNEE, porque a consideración de ellos esa comisión sí puede actuar de oficio.
Del 2008 a la fecha, Deocsa y Deorsa han dejado de percibir Q1 mil millones por consumo que han efectuado los usuarios, y que se convierte en cuentas por cobrar, aparte de las pérdidas por energía.
