Y de acuerdo con la cláusula Q del Contrato Administrativo No. 642-97-DOC firmado por la empresa y el ministerio indicado, al concluir el plazo de la concesión, todas las construcciones, instalaciones y equipos del tramo concesionado, pasarán a ser propiedad del Estado de Guatemala, sin que este tenga que reembolsar, compensar o pagar suma alguna de dinero.
Por lo tanto, el principal escenario es que el tramo carretero, su administración y mantenimiento regrese al Estado, y el CIV, por medio de la unidad de Concesiones y Desincorporaciones, deberá realizar el procedimiento de recepción, así como la evaluación de los diferentes parámetros que deberá cumplir el concesionario Marhnos.
Ante la ausencia de respuesta a las solicitudes de información dirigidas al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, así como a la empresa concesionaria, Prensa Libre acudió al Congreso de la República, en cuya Comisión de Comunicaciones se confirmó que no existe ningún proyecto o iniciativa de ley sobre una nueva concesión o prórroga relacionada con la autopista.
El diputado Óscar Chinchilla explicó que ese es un tema que compete al Organismo Ejecutivo, por medio del CIV, el que tendría que haber negociado o concluir el proceso “y entiendo que no se gestionó nada en la Comisión de Comunicaciones, aunque es un tema que debe tratarse en el Congreso, por tratarse de una concesión muy próxima a vencer”.
El legislador Carlos Barreda añadió que con la finalización del contrato con Marhnos “simple y sencillamente se finaliza la concesión, por lo que no se podrá cobrar en el peaje, porque no hay ningún mandato del Congreso ni existe una base legal para que después de esa fecha se pague por transitar”.
Añadió que la dependencia del CIV citada, deberá verificar las condiciones del asfalto, señalización, instalaciones, rampas y en general, toda la infraestructura a recibir, que es el procedimiento establecido, así como su incorporación a los bienes del Estado.
Si hay alguna inconformidad, se deberá determinar y comunicar al concesionario junto con la solicitud de reparación, para entregar el activo en condiciones óptimas de disponibilidad, lo cual significa que todo esté funcionando a la perfección.
“Al terminar el contrato, no pueden administrar ni cobrar, ni el Estado, ni la empresa, porque no hay ningún mandato, es una concesión y solo el Congreso la puede aprobar. Quien haga eso, estaría cometiendo una ilegalidad”, puntualizó Barreda.
Otras opciones
El diputado Cristian Álvarez coincidió en que al vencer el contrato con Marhnos, se tiene que liberar el paso. Pero otro escenario probable, es que se lleve al Congreso una nueva iniciativa para conocer una nueva concesión de la autopista, que pueda ser administrada por el Estado.
Otro escenario es renovar el contrato, pero es un proceso que debe pasar por la Comisión de Comunicaciones, la que está en un impasse por el deceso del legislador Hugo Rodríguez, quien era el presidente, así que “no hay dictamen, no hay presidente, la comisión se tendría que reunir y ese sería un proceso cuesta arriba”.
Añadió que cualquier decisión que se adopte por la concesión, podría ser después de las elecciones generales “ya que si el Gobierno comente el error de prorrogarlo lo va a perder; pero después se pueden buscar los votos del evento, lo que también tiene un alto costo electoral”.
Enrique Godoy, consultor en temas de desarrollo, dijo que otro de los escenarios es que pueda instalarse una nueva concesión con características similares a la original. Otra es que se eliminan las garitas, se colocan contadores de vehículos en el tramo y se le paga a una empresa solo por mantenimiento con un contrato, con recursos provenientes del impuesto sobre distribución de combustibles (IDP) o del impuesto sobre circulación de vehículos (ISCV). Pero no sería un peaje.
Una opción más es una nueva licitación, en la cual se incluya el mantenimiento de la autopista y el de la antigua ruta de Palín, conocida como Quetzal de Piedra. Y finalmente, otra salida sería que el Gobierno opere las garitas de cobro, se cree un fideicomiso y el dinero que ingrese, se utilice para el mantenimiento, “pero a partir del 25 de abril nos enteraremos de que se hizo”.
¿De vuelta al CIV con cobro de peaje?
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), también comentó que el contrato no especifica una forma en la cual pueda ampliarse el plazo de la concesión.
“Lo segundo es sobre qué decisión va a tomar el Gobierno de Guatemala, y esto es algo que solo ellos podrán contestar, respecto a lo que harán en cuanto a mantener el peaje o no, pero en el primer caso, tiene que encontrar el mecanismo legal para hacerlo”.
A su criterio, existen dos mecanismos legales para poder seguir cobrando por el tránsito: uno es que lo cobre el Estado directamente, ya sea a través de una institución del propio gobierno o una empresa estatal; y el otro es sacar una licitación y generar una nueva concesión o alianza público-privada.
“El gran tema con esas dos opciones es que no hay tiempo suficiente para hacerlo en los plazos que la ley estipula, por lo que definitivamente pasará a manos del Gobierno. Creemos que es importante mantener el peaje porque si se quita, en unos meses, esa carretera va a estar destruida. El cobro podría hacerse directamente a través de una empresa estatal y entonces solo tiene que contratar a una empresa que haga el mantenimiento”, precisó.
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