El fenómeno climático se presenta cuando en el país aún se buscan desaparecidos por las lluvias causadas por Eta y algunos poblados siguen aislados por la destrucción de caminos rurales.
Los volcanes y montañas en cuyas laderas se levantan comunidades pobres, urbanas y rurales, coloca su población entre las más vulnerables del mundo a los desastres naturales.
En Guatemala se contabilizan 46 muertos, al menos 96 desaparecidos, más de 100 mil personas evacuadas y desolación en poblados del norte del país.
Golpeados por Eta y por el rezago
Según el Centro de Información Estratégica Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) hasta el 13 de noviembre registraron 96 municipios afectados por el impacto de Eta.
Al comparar mencionados municipios con el recién publicado Índice de Competitividad Local elaborado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) se contabilizó un total de 83 mil 263 familias afectadas directamente, colocando en riesgo al 27.92% de la población del país.
Jorge Benavides, investigador asociado de Fundesa explicó que en los 96 municipios afectados se han registrado 53 mil 076.85 hectáreas dañadas, y corresponde a un 62.34% del territorio.
“Si ponemos el impacto en cuanto a la producción del país, el 17.88% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional se produce en los 96 municipios afectados”, indicó el investigador.
El PIB per cápita promedio para estos 96 municipios es de US$3 mil 605 al año, es decir, unos Q27 mil 758.5
El comparativo destacó que este grupo de municipios tiene una competitividad promedio de 44.87 puntos sobre 100.
Por lo tanto, si se tuviera que perfilar la competitividad de este grupo de municipios, se presentan deficiencias en los 12 pilares de la competitividad, con serias preocupaciones sobre los siguientes aspectos:
- Aprovechamiento de tecnología (20.64 sobre 100),
- Tamaño del mercado al que tienen acceso (26.08 sobre 100)
- Inversión productiva (35.17 sobre 100)
- Desarrollo de la fuerza laboral y su talento (37.97 sobre 100)
Benavides consideró preocupante que posterior a los embates de los fenómenos meteorológicos, se ponga en riesgo la débil infraestructura de estos lugares (57.62 sobre 100), habiendo una débil institucionalidad para hacer frente a la recuperación posterior al desastre (56.81 sobre 100).
Según el investigador de Fundesa será necesario pensar en cómo generar oportunidades laborales para las personas que pierdan sus fuentes de sustento, ya que la realidad de su mercado laboral es de alta vulnerabilidad (49.10 sobre 100).
Además, la capacidad del Estado de atender las necesidades en salud pone aún en mayor riesgo a la población (43.06 sobre 100), resaltó Benavides.
Precariedad laboral
En opinión de Luis Linares López, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes) el panorama de las familias es complicado porque en esos municipios los índices de pobreza son elevados y los agricultores son de subsistencia.
Por lo anterior, el único trabajo que hay en estas zonas es como empleados asalariados y no son de buena calidad, es decir, en fincas o plantaciones de banano, palma africana, café, cardamomo, los salarios no permiten alcanzar un mínimo de calidad de vida.
Sumado a dicha precariedad laboral se encuentra el débil papel del Estado que con pocos recursos debería realizar un esfuerzo similar al del programa Bono Familia para los damnificados de esas zonas, pero el problema es que este tipo de ayuda no llega en el momento oportuno.
“En ocho meses entregaron Q2,250 a cada familia afectada por el covid-19 y esos Q300 diarios no les alcanza para dos quintales de maíz, pero no hay otros instrumentos de apoyo que se puedan aplicar en tiempos de crisis”, dijo el analista.
Linares agregó que la población afectada no tiene una reserva de ahorro que le permita soportar una contingencia de esa naturaleza, y tampoco poseen capacidad de crédito, que les permitiría superar este tipo de emergencias.
Otro aspecto del que carecen las familias afectadas es el de seguros de vivienda o de vehículos, por lo tanto, es el Estado el que debe establecer condiciones para que las familias alcancen un nivel de capacidad de resiliencia ante desastres naturales.
“Es urgente y necesario tener instituciones más sólidas y transparentes para que los pocos recursos, ayudas y préstamos internacionales sean canalizados de manera urgente”, enfatizó Linares.
