Ferrovías: El contrato para la supuesta rehabilitación del tren, del que se sabe muy poco

Poco se conoce sobre el contrato para operar el “Ferrocarril Bicentenario”, firmado por Ferrovías y Remed, S.A., una empresa adquirida y modificada para tal efecto.

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Asamblea de Ferrovías
El 12 de enero del 2022 se llevó a cabo una asamblea de Ferrovías y dos días después se firmó el contrato de un tramo para la rehabilitación del ferrocarril de San Marcos a Escuintla. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

A la pregunta, ¿con quién negoció Ferrovías?, las respuestas pueden tomar varias direcciones, pero pesa en el ambiente político la falta de transparencia y claridad sobre el alcance del contrato, y el temor de que en el futuro pueda plantearse una demanda contra el Estado de Guatemala, como la que ganó Railroad Development Corporation (RDC) hace 17 años, sin prestar el servicio.

Antecedentes

El 12 de enero pasado, se llevó a cabo una Asamblea General Extraordinaria entre los accionistas de la Compañía Desarrolladora Ferroviaria, S.A., (Ferrovías) presidida por José Fernando Ulloa Rosenberg, quien actúa como administrador único y como representante legal de dicha empresa para conocer la minuta de un contrato a firmar con la empresa Remed, S.A.

En la misma se indica que se dan en arrendamiento los bienes inmuebles de utilidad ferroviaria usufructuados a favor de Ferrovías y de operación ferroviaria correspondiente a la División Pacífico de la República de Guatemala, incluyendo el derecho de vía por 53 propiedades ubicadas en seis departamentos, así como “todo cuanto ha hecho y por derecho corresponde a los referidos bienes”.

Sobre el destino de los bienes inmuebles dados en arrendamientos para su explotación comercial, que van de Ayutla, San Marcos, a San José, Escuintla, aparte de un ramal hacia el puerto de Champerico, Retalhuleu, están los que componen la vía férrea, estaciones ferroviarias, corredores y terraplén que, según el documento, serán destinado exclusivamente para la ejecución de la operación ferroviaria.

Además, podrá utilizar otros bienes inmuebles que no se encuentran comprendidos en lo indicado, para la explotación comercial que decida Remed, S.A., siempre y cuando dicha explotación comercial guarde relación directa con la operación ferroviaria.

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El contrato de Remed S.A., tendrá una duración de 26 años, que es el tiempo preciso para culminar el contrato 402 -el contrato original entre Ferrovías y Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) por 50 años- pero se establece que Ferrovías puede solicitar una prórroga a Fegua.

La inversión que se expone y que debe realizar Remed, S.A., asciende a US$700 millones, pero no se detalla información técnica, planes de negocio ni especificaciones inversión/retorno, por la prestación de servicio ferroviario de carga, pasajeros y turismo.

Aunque sí indica que esta compañía deberá pagar a Ferrovías, por concepto de renta, el 4.5%, sobre sus ingresos brutos, derivados de la explotación comercial de los bienes arrendados, que no se encuentren comprendidos dentro de la vía, estaciones, corredores ferroviarios y terraplén.

En esa asamblea, fue aprobada la minuta en cuestión y dos días después, el contrato fue firmado por los representantes legales de Ferrovías y Remed, S.A., ante la presencia del interventor de Fegua, Augusto Ponce; el ministro de Economía y otros invitados, acto al que no fue convocada la Prensa.

No obstante, durante una citación el pasado 8 de febrero en el Congreso, a la que el diputado Carlos Barreda convocó a los representantes de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y Contraloría General de Cuentas, Ponce reiteró no conocer el contenido del contrato firmado, a pesar de que participó en la suscripción.

Por lo tanto, a más de 30 días de la firma, se desconocen los detalles del documento, aunque en el Congreso ha circulado un borrador del mismo y la falta de transparencia en la negociación es una de las situaciones que preocupan a diversos sectores, debido a lo que pueda pasar en el futuro con esta parte del patrimonio estatal.

¿Qué es Remed?

El mexicano Carlos Álvarez de Alba es el personaje que suscribió el contrato, en su calidad de administrador único y representante legal de Remed, S.A., y quien apareció en la transmisión que llevó a cabo el Canal de Gobierno el pasado 14 de enero celebrando el acto en las instalaciones de Fegua.

Según la minuta del contrato, Álvarez de Alba, de 46 años, es contador público y auditor, con domicilio en el Estado de Nuevo León, México, donde supuestamente es propietario de Remed, S.A., de C.V., empresa que aparece como parte de Stella Holdings (https://www.stellaholdings.com.mx/) entidad que se dedica a la tecnología, alimentos, bienes raíces y movilidad, con ubicación en Ricardo Margain 1502 San Pedro Garza García, Nuevo León, México.

En el área de movilidad, no aparece ningún proyecto concreto relacionado con el sistema ferroviario, explicó el diputado Luis Pineda, quien ha sido uno de los denunciantes de supuestas irregularidades en el acuerdo.

El legislador supone que “Stella Holdings es un consorcio vinculado al tema energético, gas natural y fibra óptica”, por lo encontrado, indicó. Y en la página web de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AFM) no aparecen registros de Remed, como socio, proveedor o desarrollador del sistema ferroviario.

La empresa Remed firmó un contrato con Ferrovías
La empresa Remed de capital mexicano operaría un tramo de la red ferroviaria en Guatemala, pero la PDH interpuso acciones legales al contrato. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Remed, S.A., en Guatemala

La empresa guatemalteca Remed S.A., en la que Álvarez de Alba aparece como representante legal, surge como tal en el 2021, de la siguiente forma:

El 21 de septiembre del 2016, se autoriza un razonamiento de acta de la entidad VSA, Sociedad Anónima, empresa dedicada, según su objeto social, a servicios de video analítica, telecomunicaciones, programación, telefonía, internet, diseño de arte, etc.

“Así también podrá dedicarse a toda clase de actividades comerciales industriales y agropecuarias; evaluación, asesoría, implementación de proyectos en empresas o entidades de cualquier naturaleza públicas, o privadas y de personal; ejercer representación de entidades, casas y/o empresas, desarrollo de franquicias, así como tener agencias y sucursales de las mismas, para comercializar y distribuir productos, hasta organizar eventos artísticos y conciertos, entre otras actividades.

El 29 de julio del 2020, se presentó una inscripción extraordinaria, de VSA, S.A. y se cancelaron los nombramientos de los anteriores representantes legales, nombrando como tal a Carlos Álvarez de Alba, lo que fue formalizado en acta del 9 de marzo del 2021.

En ese mismo documento, se hace la modificación y ampliación de la escritura social y se adiciona la realización de toda clase de obra públicas o privadas, de obras civiles, de arquitectura, urbanismo e ingeniería civil, electromecánica, hidráulica, etc.

En uno de los apartados, se incluye la elaboración de ingeniería, reparación, mantenimiento, refacciones, servicios y operación de trenes, tranvías, sistemas y equipos de movilidad y sus accesorios.

También la operación de cualquier derecho de vía, trenes, terminales de abastecimiento de cualquier índole de combustibles y energía, la prestación de todo tipo de servicios relacionados a la industria de petróleo y gas, entre otras.

Álvarez de Alba realizó la gestión para la modificación de nombre comercial y cambio de objeto, el pasado 7 de enero del 2021 y obtuvo la nueva patente de comercio.

Es decir que VSA pasó a ser Remed, S.A., empresa que firmó el contrato con Ferrovías para reactivar 265 kilómetros de línea férrea.

Más cuestionamientos

El proyecto del “Tren Bicentenario” debe analizarse bajo los ámbitos político, legal y económico, afirman los legisladores Barreda y Pineda, quienes han expresado que se trata de un negocio manejado con discrecionalidad para favorecer a una empresa mexicana.

Barreda asegura que no se ha comprobado que Remed, S.A., tenga la capacidad técnica, operativa y financiera para ejecutar un proyecto de US$700 millones.

En todo caso, el criterio de ambos legisladores es que el evento se manejó de manera oscura, pues no se abrió al público ni se llevó a cabo una licitación internacional (a pesar de que el Estado es el socio mayoritario de Ferrovía con el 82% de las acciones) ni fueron consideradas otras empresas que pudieran ser competitivas y ofrecer a Ferrovías mejores condiciones.

Barreda enfatiza que en el contrato (al menos en el borrador que se conoce) hay una serie de permisos y licencias que Fegua debe otorgar e involucra a otros ministerios. Además, se carece de un plan o estrategia de inversión para desarrollar el Tren Bicentenario.

“Un proyecto de US$700 millones para rehabilitar la línea férrea, sin que exista ningún proyecto, un documento de reactivación económica, un plan de desarrollo, que prácticamente se aprueba con la figura de arrendamiento cuando es una inversión millonaria, tiene que ser del conocimiento del Estado”, advirtió Barreda, al indicar que el otro punto es que, hasta el momento, nadie sabe quiénes son los inversionistas y posibles socios en el país.

El 4 de noviembre del 2019, como presidente electo, Alejandro Giammattei y el vicepresidente Guillermo Castillo Reyes, expusieron por lo menos diez propuestas en el campo económico para la atracción de inversiones y clima de negocios a un grupo de empresarios.

Entre esa aspiración y los elogios de proyectos anunciados, ya figuraba la conexión con el Tren Maya, la creación de una zona franca fronteriza entre Guatemala y México y la supuesta fundación de un banco de fomento de inversión, desarrollo y comercio bilateral.

Por lo tanto, desde la campaña, ya se mostraba interés por reactivar el ferrocarril, como un sistema de transporte de carga con conexión entre Guatemala y México.

Acciones en marcha

Además de los cuestionamientos políticos, la PDH interpuso un recurso de amparo y es el inicio de varias acciones legales que podrían plantearse.

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Edwin Rolando Chávez, coordinador de asesoría jurídica de la PDH, expresó que Ferrovías nació a la vida jurídica como una entidad de derecho privado, pero derivado de un laudo arbitral, el 82% de las acciones pasaron a ser propiedad del Estado mediante endoso.

Aclaró que de conformidad con lo que establece la ley de contrataciones del Estado en el Artículo 1, literal C, “todas las entidades mercantiles en las cuales el Estado sea el accionista mayoritario tienen que regirse con la norma establecida en la Ley de Contrataciones para realizar cualquier tipo de adquisición y contratación, así como las adquisiciones de bienes de carácter público que pertenezcan a estas propiedades”.

Chávez considera que el contrato del Tren Bicentenario viola la ley indicada y por esa razón, se presentó el amparo.

El criterio es que el proyecto debió convocarse como un concurso internacional y después de adjudicarse, realizar la contratación como una concesión de servicios públicos y no como arrendamiento.

Aspectos clave

El pasado 14 de enero, las empresas Ferrovías y Remed, S.A., firmaron un contrato de arrendamiento para rehabilitar el servicio ferroviario en la División Pacífico de Guatemala, sobre lo que aún no hay claridad.

  • El proyecto consiste en rehabilitar 235 kilómetros para conectar Ayutla, San Marcos, con la Empresa Portuaria Quetzal en Escuintla, aparte de 30 kilómetros hacia Champerico, Retalhuleu.
  • El contrato con Remed, S.A., tendrá una vigencia de 26 años, aunque al parecer, la empresa matriz mexicana no ha desarrollado proyectos ferroviarios.
  • El servicio estaría movilizando mercancías desde Guatemala hacia México y viceversa en un sistema multimodal, aparte de pasajeros y turistas.
  • Para la operación se tendrá que desalojar a miles de familias que residen a lo largo de varios tramos de la línea férrea y Fegua deberá asumir los costos de esos traslados.
  • La inversión anunciada por la empresa será de unos US$700 millones.
  • Según el contrato, Remed, S.A., debe pagar el 4.5% de sus ingresos brutos a Ferrovías por concepto de renta, a partir del inicio de operaciones.
  •  Fegua y Ferrovías tienen un contrato de usufructo por 50 años que vence en el 2047, al que se conoce como Contrato 402.
  • La PDH inició acciones legales por el contrato y la Contraloría General de Cuentas (CGC) ya pidió una auditoria.
  • El 4 de noviembre del 2019, como presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei y el vicepresidente Guillermo Castillo Reyes, expusieron ante empresarios la activación del ferrocarril, como un sistema de transporte de carga para Centroamérica, con México, Estados Unidos y Canadá.