Lo han acusado de que al frente del ente recaudador emprende una “cacería de brujas” y lo han criticado de cometer “terrorismo fiscal”, pero ¿qué pensó Solórzano Foppa al aplicar para superintendente y qué pasa ahora por su mente?
Usted buscó el cargo de jefe de la SAT. ¿Qué planes tenía con esto?
Así es. Presenté mi solicitud para el cargo de superintendente en mayo del 2015, en una convocatoria pública.
Cuando trabajé en el caso La Línea me percaté de todo lo que implicaba. Veíamos que esa institución estaba desecha y con los casos que se investigaron, “nosotros —en el Ministerio Público (MP)— la íbamos a deshacer más”.
Aunque termináramos de quitar ciertos componentes y sacar a gente mala, lo que veía es que todavía se debía rescatar la institución. En ese momento quedaba muchísima gente involucrada con el crimen organizado. Por mi trabajo lo sabía. Lo que más me afectaba era saber que el intendente de Asuntos Jurídicos estaba involucrado en temas de criminalidad organizada como la devolución del crédito fiscal. Finalmente el caso salió a luz en febrero del 2016.
mil 135.4 millones fue la recaudación tributaria registrada en 2016. A febrero del 2017, los ingresos suman Q9 mil 235.3 millones.
Esa situación me dio la pauta y me dije: Tal vez ya terminó mi ciclo en el MP, en donde comencé teniendo veinte personas a mi cargo y llegué a tener mil. Vine desde abajo.
Regularmente estos cargos los han ocupado administradores de empresas y economistas. ¿Cómo hace para encajar la abogacía con el tema fiscal?
No es porque yo esté en el puesto, pero la SAT necesitaba un abogado, ya que mucho del trabajo que hace esta institución es en función de temas jurídicos.
Se necesita experiencia en aduanas, fiscalización y recaudación, pero se necesita experiencia en el área legal y descubrir las herramientas que algunos usan en función de beneficiar intereses de particulares o de los funcionarios de turno.
¿A qué atribuye que siendo tan joven haya logrado nombramientos en puestos tan importantes?
Empecé a estudiar temprano, a los 17 años, en la Universidad. Eso me permitió avanzar en el MP.
@SATGT
El delito de defraudación aduanera tiene una pena de 7 a 10 años de prisión y multa del 100% del impuesto que dejó de ser percibido.
Siempre he dicho que mi oportunidad radica en que he aceptado los cargos y casos que nadie quiere agarrar.
A los 19 años entré al MP. Luego estaba en una Fiscalía de Desjudicialización y un amigo me propuso ir a la de Delitos contra la Vida, a la que nadie se quería ir porque es una actividad dura, pero acepté.
Al llegar, como a los tres meses lamentablemente mataron al compañero Juan Carlos Gutiérrez, debido a casos que llevaba en una agencia especial. Luego nadie quería llevarlos. Me propusieron hacerme cargo y acepté de nuevo.
Entre los casos que llevaba está el de la muerte de Víctor Rivera —asesor antisecuestros en tres gobiernos—. Eso me permitió empezar a trabajar con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Luego pasé a ver casos de pandillas y muertes de pilotos. Todo eso de alguna forma lo forja a uno a no tenerle miedo a los casos y a las decisiones que se toman, y afrontarlas. Durante este tiempo he tenido seguridad personal porque obviamente esos cargos se aceptan con ciertas garantías.
Se dice que su experiencia como abogado ha transmitido una sensación de riesgo y coercitividad a los contribuyentes. Otros lo ven como una cacería de brujas o terrorismo fiscal.
El mejor indicador durante esta gestión es que no se han presentado denuncias o recursos legales en contra de contribuyentes, sino que las que se están resolviendo son denuncias antiguas que se agilizaron.
Si lo quieren tomar como cacería de brujas, que lo tomen así, pero tienen que cumplir, y si esas brujas nos estaban defraudando, pues van a tener que pagar sus impuestos.
Lo hacemos dentro del marco de la legalidad y absolutamente todo el mundo va a tener que pagar sus impuestos, sea grande, mediano o chiquito.
Si a eso le quieren llamar terrorismo fiscal, cacería de brujas, o como quieran llamarlo, tengan por seguro que lo voy a seguir haciendo porque estoy cumpliendo con la ley y el mandato. Ahí están los tribunales de justicia para que hagan valer su derecho, si así lo consideran.
¿Qué significan los evasores para usted?
Son malos ciudadanos que no cumplen y que quieren de alguna manera aprovechar lagunas o faltas de la administración para un beneficio personal, lo cual tiene efecto en detrimento de toda la población.
Juan Francisco Solórzano Foppa es nieto de Alaíde Foppa de Solórzano, quien fue periodista y poeta. Ella fue secuestrada en 1980.
El superintendente tiene los dos apellidos de su madre, Silvia, que son Solórzano Foppa.
Es hijo de Carlos Enrique López Arévalo, quien fue conocido como comandante Camilo, del EGP y murió en un ataque, dos semanas después de que Juan Francisco nació.
¿Cuál es el reto frente a ellos?
Hacerles ver la importancia que tiene contribuir con los impuestos, pero también que si no cumplen, nosotros tenemos la fuerza coercitiva para hacerlos cumplir, desde procesos administrativos hasta judiciales.
Algunos dicen que no pagan impuestos porque el dinero que entra al Estado se va en corrupción o anomalías. ¿Qué opina?
Todos los funcionarios hoy por hoy estamos sujetos a una fiscalización que es incluso más dura que una fiscalización de la Contraloría o de nuestras auditorías internas, y es la fiscalización social.
Esa auditoría social la deben hacer de manera constante y me parece positivo que los ciudadanos estén más atentos. Pero lo que no puedo decir es “Ah, es que yo no voy a pagar porque me cae mal, porque no miro obras”. Lo que tenemos que hacer es pedir, exigir. Incluyámonos como ciudadanos y no seamos parte del problema.
¿Tiene miedo por lo casos fuertes que llevan?
Cierto miedo siempre va a tener uno, y es bueno porque eso ayuda a aterrizar. Tampoco es bueno que uno se crea invencible; todos somos mortales, a todos en cualquier momento nos puede pasar algo. La diferencia es qué tanto nos paraliza el miedo, o qué tanto dejo de hacer o no hacer por miedo a algo, y he buscado que nunca me venza esa situación.
¿Ha detenido alguna acción en la SAT por temor?
Yo no paro ninguna acción en contra de quien sea. Afortunadamente no tengo ningún vínculo con ningún sector, y eso me permite hacer un trabajo con completa independencia. El Organismo Ejecutivo ha sido muy respetuoso de eso.
Se le critica de que tiene una ideología de izquierda.
Me definiría como alguien social demócrata, pero no es un tema que hoy por hoy defina el trabajo. Aquí —en el fisco—, lo que se debe ver es el cumplimiento de las obligaciones. Lo mismo fue cuando estaba en el MP.
También hay quienes lo apoyan. ¿Ha analizado lanzarse a un cargo de elección popular?
No es un tema que descarte, pero tampoco que ahorita me angustie. Voy apenas en mi segundo año —de gestión— y aún hay que hacer muchas cosas en la SAT. Se supone que tengo trabajo hasta el 31 de diciembre de 2020, es el primer mandato con esta modalidad y espero cumplirlo.
Autoridades anteriores se quejaban de que para tomar una decisión se necesitaba la aprobación de casi todo el comité gerencial, formado por 35 personas ¿Le ha costado dar órdenes y que se cumplan en medio de este proceso burocrático que menciona?
Todo lo hacían así, pero no en función de que todos opinaran, sino en función de diluir la responsabilidad y no asumirla. No tengo ningún problema con asumir la responsabilidad, y cuando doy órdenes y me dicen envíela por escrito, se las mando por escrito. No hago nada ilegal y no tengo ningún problema en enviarlo. Cuando no la acatan, pues simplemente se van, y después de haber sacado a toda esa gente ya he encontrado menos resistencia. No sé por qué.
¿De quiénes se rodea para complementar su experiencia?
Creamos otra gerencia —de Asuntos Internos—, pero estamos en el proceso de reorganización para darle vuelta completa a la institución. No es de solo hacer un maquillaje, sino que buscamos mover los cimientos de la institución y generar esquemas. También están los intendentes jurídico, de aduanas, recaudación y fiscalización, y ahora de atención al contribuyente.
Al traer tantos funcionarios de afuera, ¿cómo han reaccionado quienes ya laboraban aquí?
He traído mucho personal de afuera, pero también he ascendido a mucho personal interno que durante mucho tiempo no se le había dado la oportunidad. Muchos de ellos hasta se negaron en su momento a firmar documentos y a ser parte de corrupción. Algunos hasta denunciaron valientemente a sus jefes.
Con las capturas de hace una semana, que incluía a trabajadores de la SAT, ¿se fortalece o se debilita de nuevo ese ente?
Con este caso la SAT ha sido fortalecida. Todos los procesos de depuración y trabajo de investigación que conlleven acciones judiciales contra malos funcionarios son temas positivos. Demuestran el trabajo que hemos venido haciendo y se ve que no estamos ocultando ni abrigando ningún tipo de acciones a lo interno. Este caso surgió por una denuncia de los mismos trabajadores de la SAT y de investigaciones internas.
¿Hay más grupos similares incrustados en esta institución?
Estoy seguro de que hay muchos más y estamos trabajando para investigarlos, detectarlos y denunciarlos.
