Economía

Hidroeléctrica en Purulhá reporta pérdidas por US$2.7 millones

Aparte de los daños personales a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), este lunes, la hidroeléctrica Sajca, S. A. reporta que por los destrozos que ha tenido esa planta y el tiempo que ha dejado de operar desde la primera vez que fue atacada estiman pérdidas por US$2.7 millones.

Por la destrucción y daños a la obra calculan US$1 millón y por el período que no ha podido operar, desde abril recién pasado cuando fue atacada por primera vez, son otros US$1.7 millones, indicó a Prensa Libre, Raúl Aguilar, integrante de la Junta directiva de la hidroeléctrica.


El directivo explicó que la planta ubicada en el municipio de Purulhá, Baja Verapaz, tiene 7 años de operar y aseguró que “opera en propiedad 100% privada”.

La hidroeléctrica tiene capacidad de generar 7 megavatios y tiene los permisos de ley al día, aseguró.

Sin embargo, expuso que en abril pasado personas que se identificaron como integrantes de la Cooperativa Monte Blanco, ingresaron a la propiedad y sin explicar algún motivo o dar argumentos destruyeron los canales y tomas de agua.

Refiere que dichas personas no tienen colindancia con la hidroeléctrica y que los integrantes de esa cooperativa dicen estar adheridos a Fedecovera.
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Parte de la obra de la hidroeléctrica en Purulhá fue destruida, según empresarios. (Foto, Prensa Libre: Cortesía).

Afirmó que han hablado a la Procuraduría de los Derechos Humanos, a la Comisión Presidencial del Diálogo y denunciaron los daños tanto en el Ministerio Público (MP) de Salamá, Baja Verapaz, como en el de la capital. También elevaron la denuncia a Gobernación departamental y solicitaron al Ministerio de Gobernación que se resguardaran las instalaciones de la hidroeléctrica.

En esa oportunidad les brindaron apoyo con un contingente de agentes de la Policía, porque tenían amenazas de que los atacarían nuevamente, según Aguilar.

Durante cuatro meses tuvieron un contingente de 80 agentes y se entabló un diálogo en la Comisión Presidencial de Diálogo con las con las personas de la cooperativa en mención, dijo el directivo de la empresa.

“Se buscó que cesaran los ataques y que les explicaran qué sucedía, pero estas personas no tenían explicación válida o justa de porqué estaban actuando así”, expresó Aguilar.

Una de las solicitudes en ese diálogo es que quitaran las demandas civiles y penales que la empresa interpuso por los destrozos de abril, pero, agregó, se les dijo que las podían quitar en el momento en que pudieron tener acceso a las tomas de agua.

Hace alrededor de un mes las personas llegaron, pero retuvieron a personal del juzgado local y los amenazaron, según explica el empresario.

Reanudarían operaciones

Este lunes, luego de más de tres meses la empresa decidió retomar las operaciones y al acercarse al lugar junto al contingente de 80 agentes, los policías fueron atacados, los golpearon, los retuvieron, les quitaron armas y algunos lograron huir, agregó Aguilar en sus declaraciones.

“Lo que está pasando es que esto ya es un tema de ingobernabilidad. No se respeta. Nosotros hemos hecho todas las denuncias y trámites como corresponde en ley.  No hemos golpeado a nadie y queremos saber qué quieren dialogar, pero las personas se han dado a la tarea de destruir lo que encuentran”, comentó.

“Los trabajadores iban detrás de los agentes y lograron huir, están huyendo pero no sabemos dónde están”, dijo Aguilar este lunes al iniciar la noche.

Ahora piden a Fedecovera, de quien se supone ese grupo es asociado, que interfiera para calmarlos, mencionó.

En la mañana enviaron todos los informes a la PDH, a Gobernación Departamental y a la Comisión Presidencial del diálogo, pero la amenaza sigue ya que el grupo quiere llegar al cuarto de máquinas para destruirlas, dijo.

“Manifestamos nuestra alta preocupación y lamentamos la situación que se está viviendo en Purulhá, Baja Verapaz, la violencia no es la solución para resolver las diferencias. Entendemos que ya existía un proceso de diálogo iniciado y, en todo caso, este debe respetarse en el marco de un Estado de Derecho y respeto a la propiedad privada. Esperamos que la situación se resuelva pacíficamente lo antes posible” expresó Anayté Guardado, Directora Ejecutiva de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER).

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