El cobro fue impulsado por la administración anterior pero que fue suspendido por las autoridades actuales al argumentar falta de transparencia en el proyecto.
Chajón afirmó que se analiza el tema porque también se estudiará si las autoridades correspondientes creen necesario impulsar otro sistema de seguridad migratoria, qué financiamiento necesitará y si se hará por medio de cobro al pasajero vía aérea u otro tipo de cobro.
La mesa fue convocada por el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) a petición de la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur) la cual alertó que el Gobierno actual pretende aplicar el cobro de US$15 por pasajero por lo que piden la derogatoria del acuerdo.
Conapex apoya a Camtur en la búsqueda de la competitividad del sector, se informó.
La mesa técnica es presidida por el director de Pronacom, Acisclo Valladares. Además participan representantes del sector privado de turismo (hoteleros, líneas aéreas, operadores de turismo y otros), el Inguat, la Dirección General de Migración, la Dirección de Aeronáutica Civil y el Ministerio de Gobernación, explicó Chajón.
“Pude conversar (esta semana) con el ministro y con el Presidente y la opinión de ambos es que este acuerdo gubernativo se derogue y buscar la salida legal más viable para poder hacerlo con el objetivo de matar el acuerdo gubernativo” dijo Chajón.
Chajón declaró que si fuera necesario un financiamiento se tendrá que determinar el monto real que pueda significar ese cobro y poder consensuarlo con el sector de turismo.
Análisis y desacuerdo
Al ser consultado sobre la posibilidad de derogar el acuerdo o impulsar un nuevo sistema de seguridad, Rodolfo Zelada, vocero del Ministerio de Gobernación, dijo que el tema está en análisis.
“Esta en veremos pero el sector productivo, en una reunión que tuvimos ayer (miércoles), donde estaban representantes de operadores de turismo, hoteleros, líneas aéreas y Camtur dijeron que están dispuestos a que si era necesario aportar o cargar con algún impuesto o costo lo podrían hacer, pero que fuera consensuado y que se tuvieran los datos de los costos reales de un sistema de control biométrico” añadió Chajón.
Sandra Muralles, vicepresidenta de Camtur, dijo que se oponen al acuerdo y al cobro establecido porque consideran que el “Acuerdo Gubernativo es de origen espurio ya que fue suscrito por dos sujetos que tienen proceso penal en su contra para legalizar el contrato con dicha empresa” que prestaría los servicios de control biométrico.
Además, dijeron tiene impacto en la imagen de Guatemala y su competitividad, ya que en la actualidad se cobran US$33 por salida vía aérea por persona, pero de aplicarse un acuerdo como tal subiría a US$48, y si se aplica para el ingreso al país, se llegaría a US$63.
El cobro más alto que se hace en Centroamérica es de US$45 en Nicaragua, US$42.50 en Panamá y US$39.24 en Honduras. Camtur también refiere que Panamá y Honduras ya instalaron el sistema biométrico sin necesidad de hacer más cargos al pasajero.
Según la estimación de Camtur hay 40 vuelos diarios con capacidad para 180 pasajeros en promedio, lo que significaría US$108 mil diarios y US$39.4 millones al año, monto demasiado alto para cubrir un sistema de seguridad como el que se manejó en el Gobierno anterior, refieren documentos de ese ente.
La Camtur agrega que la forma en que está estructurado en el acuerdo 30-2014 el costo de US$15 por ingreso o egreso “no califica como tasa ni arbitrio, puesto que no se paga por la prestación de un servicio de la administración pública, o por un costo de beneficio individualizado, sino que es cobrado para el cumplimiento de las funciones y obligaciones generales del Estado”.
