Economía

Inversión de obra pública se podría paralizar a inicios de 2020

La inversión pública que se ejecuta por medio del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) podría quedar paralizada por lo menos durante los primeros cuatro meses del próximo año por la no aprobación del proyecto de presupuesto advirtió el ministro José Luis Benito Ruiz.

La inversión pública que se ejecuta por medio del CIV podría quedar paralizada por lo menos durante los primeros cuatro meses del próximo año por la no aprobación del proyecto de presupuesto advirtieron las autoridades por la identificación de fuentes de financiamiento. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

La inversión pública que se ejecuta por medio del CIV podría quedar paralizada por lo menos durante los primeros cuatro meses del próximo año por la no aprobación del proyecto de presupuesto advirtieron las autoridades por la identificación de fuentes de financiamiento. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Este será uno de los impactos directos que deberán sortear las nuevas autoridades que asuman en enero y deberán de trabajar lo antes posible para evitar cualquier paralización en la inversión estatal en el proceso de transición.

“Lo vemos complicado y al quedar vigente el mismo presupuesto para 2020 hay que reprogramar el 100% de las obras y por muy eficientes que sean las unidades de planificación de cada unidad ejecutora en marzo estaría el gasto programado y abril estaría la ejecución”, resaltó Benito Ruiz.

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Esa situación, explicó el funcionario, implicaría que desde enero habría que hacer las readecuaciones de obras y la otra es que las fuentes de financiamiento no están aseguradas en el presupuesto por lo que deberán hacer las sustituciones y actualizarlas.

Desfinanciamiento

El ministro citó que en el proyecto del presupuesto para 2020 había un préstamo de US$150 millones (unos Q1 mil 155 millones) para el Programada de Desarrollo Vial con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como fuente de financiamiento y que se esperaba que fuera aprobado por el Congreso, antes que conociera el plan de gasto, pero al no legalizarse, “prácticamente” esta desfinanciado esa cartera.

Explicó que existen por lo menos unos Q3 mil 500 millones que tienen fuente de financiamiento, pero en la reprogramación se debe buscar las nuevas fuentes.

El CIV para 2019, tenía una asignación de Q6 mil 53 millones (que será el inicial), y recibió una transferencia por Q16.4 millones por lo que el presupuesto vigente es de Q6 mil 69.8 millones, según el Ministerio de Finanzas.

Hasta ayer la ejecución era de 74.6% por un monto de Q4 mil 526.5 millones.

El ministró recalcó que se perderán unos cuatro meses (120 días) de ejecución, en la cual se hubiera avanzado en la recuperación de por lo menos del 15% al 20% en la red vial.

“El llamado es al Congreso, por el bien del país para que las próximas autoridades puedan ejecutar el presupuesto; porque son los mismos diputados quienes se quejan por el estado de las carreteras y si ellos no aprueban el presupuesto, que le estamos diciendo a la población”, remarcó Benito Ruiz durante la presentación del informe de ejecución presupuestaria 2019.

Al consultarle sobre el monto de pagos u obras de arrastre que podría quedar pendiente para 2020, dijo que aún están realizando los análisis, ya que también cuentan con retrasos en las cuotas presupuestarias por el Minfin, que estaría explicado por el financiamiento al nuevo Gobierno y problemas en la recaudación tributaria.

“Esperamos contar con un cronograma de pagos con base al flujo de caja de aquí al cierre del ejercicio”, reiteró.

Las nuevas autoridades deberán de readecuar el 100% de las obras de infraestructura y el proceso interno podría durar el primer semestre del año, según el ministro José Luis Benito Ruiz. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Proceso muy complejo

Julio Héctor Estrada Domínguez, ex ministro de Finanzas, dijo que la situación del CIV es complicada, ya que se paralizará la obra pública en verano, surgirá un posible enfrentamiento para la redistribución de pagos con los contratistas, donde hasta intervienen los diputados sobre la fijación de techos a determinados proyectos, y es algo que debe de resolverse lo más pronto posible.

Recordó que este panorama se presentó en el 2018, cuando en ese entonces, el Congreso no aprobó el presupuesto y la institución más afectada fue el CIV y surgieron precisamente esos inconvenientes.

Al igual como lo declaró el ministro, Estrada Domínguez, detalló que la principal preocupación es la incertidumbre que hay en las fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión en infraestructura.

El también ex viceministro de Finanzas, Érick Coyoy, aseguró que el proceso es voluminoso y se tendrán que revisar renglón por renglón, determinar que cuente con fuente de financiamiento y hacer la readecuación para poder asignar los recursos.

Para ello, es necesario que las nuevas autoridades de Gobierno deben de empezar a decir cuales serán sus prioridades de gasto.

Las asignaciones que deben contar con reservas están en salarios, pago del servicio de la deuda, clases pasivas y el cumplimiento de los pactos colectivos.

El CIV hace un recuento de las obras que quedarán de arrastre y aquellas que no cuentan con fuente de financiamiento para el ejercicio fiscal 2020. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Salida urgente

Tanto Estrada Domínguez, como Coyoy, aseguraron que “técnicamente” hay una salida y todo dependerá de como se trabaje en el proceso de transición en diciembre entre la Dirección Técnica del Presupuesto, con las nuevas autoridades de Finanzas.

“Tienen que ser claros de lo que van a reducir y sacrificar; de lo que van a hacer y que no van a hacer y fijar los techos específicos antes de la apertura del presupuesto que empieza el 1 de enero”, afirmó Estrada Domínguez.

Esto incluye, que rubros van a priorizar, la emisión de los acuerdos gubernativos de las transferencias y las acciones operativas, así como los mensajes de apoyo político del presidente electo Alejandro Giammattei Falla, mientras preparan las solicitudes de ampliación presupuestaria y aprobación de la cartera de préstamos al Congreso.

Coyoy, añadió que, de entrada, las nuevas autoridades podrán ser uso del espacio presupuestario de Q750 millones y otro de Q525 millones que se le asignó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la realización de las elecciones generales.

Eso significa que podrán contar con espacio disponible de al menos Q1 mil 275 millones para hacer las modificaciones o transferencias, sin acudir al Legislativo para hacer las solicitudes.

Los consultados contaros sus experiencias y con una nueva legislatura, las modificaciones presupuestarias podrían ser conocidas hasta abril o bien llevarse todo el primer semestre del 2020, ya que podría entrar en negociación la configuración de la nueva Junta Directiva y la repartición de las respectivas comisiones de trabajo.

La mayor inversión pública está en la infraestructura y en promedio en los últimos años es de Q4 mil millones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Sello propio

Verónica Spross, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), dijo que las modificaciones que se presenten en el 2020 al plan de gasto tendrán la dirección propia de las nuevas autoridades de Gobierno, al preguntarle si hay ganadores o perdedores en la no aprobación del presupuesto.

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“Hay que ver cuáles son los programas que se van a perder recursos que no se van a ejecutar debido a la carencia de fondos y se estaría poniendo en cierta dificultad financiera al Gobierno entrante.  Pero a la vez hay que verlo como una oportunidad porque es un sello de plasma sus propios proyectos al tener que hacer los ajustes”, comentó Spross.

Estructura

Al quedar el mismo presupuesto para 2020 de Q87 mil 715 millones, las asignaciones en la apertura quedarán en Q57 mil 273 millones para funcionamiento, Q17 mil 30 millones para inversión y Q13 mil 411 millones para el pago del servicio de la deuda.

Mientras que los ingresos tributarios en Q64 mil 27 millones, según el acuerdo.

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ESCRITO POR:

Urias Gamarro

Periodista especializado en macroeconomía, finanzas públicas e infraestructura, con 20 años de experiencia en medios radiales, impresos y digitales.