Cámaras binacionales exigen garantías para invertir en el país 

El clima de inestabilidad política, los recientes acontecimientos contra una hidroeléctrica en Baja Verapaz, la retención del alcalde de Coatepeque y la inacción de las autoridades son situaciones que preocupan a los directivos de las Cámaras de Comercio Binacionales de Guatemala (Ascabi), quienes demandaron garantías para la inversión extranjera directa.

En este ejercicio se espera una contracción en los flujos de capital extranjero entre el 5 al 7%, atribuido a las circunstancias que vive el país.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
En este ejercicio se espera una contracción en los flujos de capital extranjero entre el 5 al 7%, atribuido a las circunstancias que vive el país.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

“Los flujos de inversión extranjera directa van de mal a peor este año”, calificó Fernando Calvillo Calderón, presidente de Ascabi, y las empresas muestran un nivel de preocupación por lo que sucede en el país.

El dirigente empresarial sostuvo que el capital extranjero se estancó derivado de estas situaciones que inquietan.

“Vemos con preocupación que las inversiones se están estancando por múltiples factores y no existe una garantía de retorno”, aseguró el empresario durante una conferencia de prensa.

Señaló que una de las situaciones que preocupa es la ingobernabilidad y citó como ejemplo lo que sucedió en Purulhá, Baja Verapaz, en que un grupo de personas desarmó a policías y ocupó las instalaciones de la hidroeléctrica Sacjá, así como la retención del alcalde de Coatepeque, Quetzaltenango, Alfonso García-Junco Hemmerling.

“Este tipo de mensajes son negativos para los inversionistas, quienes se trasladarán a otros países donde se brinden las debidas garantías”, recalcó.

Calvillo Calderón lamentó la inacción del Ministerio Público (MP) y de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en tratar estos casos. “No hay capturas y no queremos pensar que sean temas políticos y por aparte no hay pronunciamientos”, afirmó.

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Por el lado político, el dirigente expuso la situación de la Minera San Rafael, que desde hace un año no está en funcionamiento y que provocó el despido formal de 500 trabajadores directos y unos tres mil indirectos.

“Cualquier negocio que no opere más de un año genera un clima de inestabilidad y la falta de reglas claras”, expuso.
Mientras que existe un buen porcentaje de proyectos para la construcción que se encuentran varados por la falta de agilización de los trámites, permisos y licencias por varias dependencias estatales.  

La postura de Ascabi está en sintonía con los resultados de la Encuesta de Percepción Empresarial que hizo a finales de julio el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), que la incertidumbre política y la falta de certeza jurídica desincentiva la inversión este año.

En la muestra, seis de cada 10 empresarios afirmaron que este año no era bueno para invertir.

Contracción

Rafael Briz Méndez, presidente de la Cámara Española de Comercio de Guatemala, confirmó que este ejercicio se espera una contracción en los flujos de capital extranjero entre el 5 al 7%, atribuido a las circunstancias que vive el país.

El indicador es más profundo de lo que estimó la Junta Monetaria recientemente.

“Hay un clima de contracción, pero las inversiones continúan llegando y no podemos decir que no se ha invertido. Hay flujos, pero lo que está ocurriendo es que hay una disminución”, aseguró.

Briz Méndez añadió que desde el 2014 los montos de inversión empezaron a disminuir, pero en los últimos dos años, la contracción será mayor.

El directivo confirmó que no cuentan con un reporte de los asociados de Ascabi, que señale el retiro de algún negocio, pero que se mantiene un ambiente de “expectativas”. 
 
Calvillo Calderón destacó que este año el crecimiento de la economía no será el mejor, y a ello se le agrega la baja de los precios internacionales de los productos agrícolas de exportación como café, azúcar, hule -caucho- y palma africana.

En el primer trimestre del año, la inversión extranjera directa (IED) fue de US$293 millones y registró una caída de 6.4% con respecto al mismo período del año pasado cuando fue de US$313 millones.

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En la evaluación de la política económica del pasado 27 de julio, el Banco de Guatemala estableció que la inversión extranjera directa (IED) será de US$1 mil 152.4 millones, o sea una tasa de crecimiento de 0.5% con respecto al año pasado.

En esa revisión también se ajustó a la baja la proyección del crecimiento económico de 2.8% a 3.2%, con un valor central de 3%.

Ataque sistemático

Ambos dirigentes denunciaron que el sector eléctrico es blanco de arremetida que ellos denominaron “sistemático”.

“Hay ataques dirigidos por un grupo de personas hacia las inversiones en el sector eléctrico, como la generación, la transmisión y distribución. Esa situación está generando preocupación en las empresas del sector y lo que se necesita es la protección del Estado”, manifestó Briz Méndez.

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Prensa Libre publicó que, según el Sistema de Información Geográfica de Conflictos (Sigeg), de la Comisión Presidencial del Diálogo, hay unos 170 focos de conflictividad divididos en agrarios, de energía, derechos civiles, políticas públicas y recursos naturales.

Soluciones

En el pliego de soluciones los representantes de Ascabi demandaron que el Estado debe cumplir con brindar certeza jurídica, el respecto a las normativas, la solución de los conflictos y generar un clima de confianza.

“Las soluciones para atraer capitales están y lo que se necesita es que se cumpla con las leyes. Hay inversionistas deseosos de invertir en el país, pero quieren las señales adecuadas”, afirmó Calvillo Calderón.

Año preelectoral

Otra de las preocupaciones que manifestaron los representantes de Ascabi es el acercamiento de la campaña política, que podría frenar las inversiones.

“Históricamente en los años electorales hay expectativas de quienes pueden ganar las elecciones y este ambiente ya está en los inversionistas”, agregó Calvillo Calderón.

Por de pronto, dijo, existen expectativas del proceso electoral que se regirá con una nueva normativa.

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