La economía de Nicaragua no mejorará “con amenazas”, dicen empresarios

La economía de Nicaragua, país que vive una crisis que ha dejado cientos de muertos, no mejorará “con amenazas”, afirmó el sector privado ante el anuncio del presidente Daniel Ortega de enviar a la Policía a los comercios que apoyen paros en el marco de las protestas contra el Gobierno.

En abril empezaron los enfrentamientos en Nicaragua entre quienes apoyan al presidente Daniel Ortega y quienes piden su renuncia del cargo, enfrentamientos que se han extendido hasta la fecha. (Foto, Prensa Libre: AFP)
En abril empezaron los enfrentamientos en Nicaragua entre quienes apoyan al presidente Daniel Ortega y quienes piden su renuncia del cargo, enfrentamientos que se han extendido hasta la fecha. (Foto, Prensa Libre: AFP)

“No va a ser con amenazas que la economía va a mejorar”, dijo el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.


El pasado sábado, Ortega hizo referencia al impacto negativo de la crisis en la economía y adelantó que enviará “a la Policía para que (los negocios) mantengan las puertas abiertas, para que eso (presencia policial) les dé la seguridad que nadie les va a quemar el negocio”, en caso de que cierren.

“El clima de negocios necesita de confianza, de certidumbre, y para eso necesitamos entender que un acuerdo político (entre el Gobierno y la sociedad civil) es necesario, no son las amenazas las que van a hacer que el país camine”, señaló Aguerri.

Esta semana, el Cosep afirmó que para superar la crisis es necesario reactivar el diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica, que aglutina a la sociedad civil, con la mediación del Episcopado.

Como resultado de la crisis, el Banco Central redujo de 4.5% al 1% su previsión de crecimiento para este año; mientras Ortega señala a los empresarios de apoyar paros de actividades que afectan la economía.

Nicaragua vive desde abril una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 322 y 512 muertos, según organismos de Derechos Humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.

La oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de Ortega por “más de 300 muertos”, así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, iniciaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.

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