De acuerdo con los analistas y empresarios consultados, la eliminación del ente rector del sector privado organizado nicaragüense por parte de las autoridades de ese país, es un mensaje de la falta de certeza jurídica para realizar inversiones o negocios a futuro, ya que muchas empresas guatemaltecas tienen presencia en ese país en sectores como comercio, construcción, agricultura, transporte, turismo e industria manufacturera.
Los efectos directos o indirectos pueden reflejarse en varias líneas, principalmente en los planes de expansión o inversión que se tenía previsto realizar en el corto y mediano plazo por parte de los empresarios guatemaltecos.
“El empresariado guatemalteco que tenía pensado hacer inversiones en Nicaragua se verá obligado a analizarlo dos veces, ya que cómo lo hemos visto en los últimos días, la seguridad jurídica en el país vecino se encuentra en la cuerda floja. Las inversiones guatemaltecas ya establecidas en Nicaragua deberán seguir sus planes empresariales y comerciales programados, pero tendrán que resolver cualquier problema por medio de la Convención Comercial entre ambos países y resolver cualquier controversia por la vías diplomática o legal”, apuntó el internacionalista Roberto Santiago Servent.
Balanza comercial e inversiones
Guatemala conserva una relación comercial y de negocios histórica con Nicaragua en varios frentes y es un importante suplidor de bienes en el bloque centroamericano, sobre todo, de materias primas y productos manufacturados.
En 2022, las exportaciones alcanzaron los US$998 millones, para un incremento de US$154 millones (18.2%) con relación al 2021, cuando se situaron en US$843 millones. Es decir que Nicaragua le compra a Guatemala un promedio de US$920 millones anuales. En tanto, las importaciones desde Nicaragua sumaron US$242 millones el año pasado, mientras que en 2021 fueron US$184 millones.
Productos textiles como las telas, fueron los principales productos que las fábricas guatemaltecas despacharon, mientras que la carne fue la principal adquisición de parte de las empresas nacionales, según las cifras del año anterior.
En cuanto a las inversiones guatemaltecas en el país centroamericano, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) indicó que, de acuerdo con información del Consejo Monetario Centroamericano, “se estima que Nicaragua colocó capital guatemalteco por un monto de US$453 millones en el primer semestre del 2022, un 22 por ciento menos respecto con 2021”.
Por lo tanto, “se observa una caída del capital guatemalteco, motivado por las presiones políticas y crisis de la democracia, que han puesto en riesgo el Estado de Derecho y la inversión empresarial”.
Eso quiere decir, que Guatemala es un importante jugador, tanto en comercio como en inversión en el país centroamericano, lo que podría estar en riesgo.
Preocupación por riesgos
“Las acciones que hemos visto en Nicaragua no solo representan una amenaza contra la democracia y el Estado de Derecho. Esto también repercute seriamente en el clima de negocios, y no solo para Nicaragua, sino en Centroamérica, pues envía un mensaje negativo para la atracción de inversión directa. Estamos en una era en la que el nearshoring se ha vuelto una tendencia, así lo que sucede en el vecino país es preocupante”.
Ta fue la declaración de Hermann Girón, presidente del Cacif, al agregar que “de esta manera se afecta el desarrollo socioeconómico de las naciones, se ve amenazada la generación de empleo y crea un ambiente de incertidumbre en estos momentos en los que estamos en proceso de recuperación económica”.
En tanto, el sector de vestuario y textiles también se encuentra preocupado por las decisiones tomadas por el gobierno de Nicaragua, precisó Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex), adscrito a la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).
Aclaró que no hay inversiones guatemaltecas del sector en aquel país, sino que se trata de fábricas coreanas que también están en Guatemala, pero uno de los impactos inmediatos es que se podría esperar una baja en la demanda de telas, ya que Nicaragua es el principal comprador de estos insumos básicos para cualquier tipo de confección.
El directivo explicó que Guatemala produce 250 millones de libras de tela y de estas, 125 millones se van a Nicaragua (el 50%); 25 millones se envían al resto de Centroamérica (como El Salvador y Honduras); y las 100 millones restantes se quedan en el país para atender el mercado de exportación de vestuario y otras prendas. El 90% de la fabricación de telas en Guatemala se realiza en empresas coreanas.
Otro de los potenciales riesgos es una sanción de parte de Estados Unidos a Nicaragua, que también forma parte del Tratado de Libre Comercio (TLC), por lo que, de concretarse un escenario como ese, desde Guatemala se dejaría de exportar esos volúmenes de tela a las fábricas que operan en Nicaragua.
Ceballos añadió que otra situación es que las maquilas de confección deban retirarse de aquél país y que los propietarios decidan trasladarlas a naciones cercanas. Para Guatemala, El Salvador y Honduras sería una oportunidad y se generaría más empleo, pero conseguir 60 mil personas para trabajar en este sector, sería difícil de forma inmediata.
“En todo caso, de darse un escenario como ese, el traslado requeriría entre 6 y 8 meses, porque no solo se trata de la instalación de una empresa, sino de miles de empleos y de capacitar a la mano de obra. El sector se ha venido preparando ante esos escenarios y ha trabajado con municipalidades porque se visualiza que esa confección y empleo vendría en su mayoría para el interior del país. Pero el mayor miedo es que muevan sus fábricas a Asia de regreso, porque recuperar esas inversiones, costaría mucho”, agregó.
Se sigue de cerca
Fanny D. Estrada, directora de Relaciones Interinstitucionales de Agexport aseguró que, dentro de las 19 organizaciones empresariales anuladas por el Gobierno de Nicaragua, se encuentran la homóloga Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (Apen), y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadoras de Centroamérica (Fecaexca), lo que obstruye la libre empresa, la libertad de expresión y de asociación.
“En Nicaragua hay bastante inversión guatemalteca como agricultura, ganadería, construcción y otros. Es terrible esa acción (la cancelación de las organizaciones empresariales) porque todos los países nos encontramos haciendo esfuerzos por empujar la competitividad y las entidades juegan un papel muy importante” declaró.
A su criterio, la competitividad tiene cuatro niveles y uno de estos es el meso, integrado por las instituciones y su organización, para poder hacerle frente a su desarrollo de una manera más fácil. “El hecho de eliminar el nivel de las instituciones es algo que va a perjudicar a la economía nicaragüense”.
La directiva indicó que la información que se posee a la fecha es que el comercio está circulando como regularmente lo hace, con la participación de las entidades que intervienen, como la aduana y los ministerios de agricultura y salud.
“Creo que los flujos de comercio van a seguir, pero sí se está haciendo daño al sacar entidades que impulsan la economía, violando los principios de libertad privada”, agregó
Falta de certeza
El empresario Santiago Molina, presidente de la Gremial de Palmicultores de Guatemala, expresó que la situación que se está presentando en Nicaragua, afecta la certeza de cualquier inversión, y en la medida en que esta depende de decisiones políticas, se afecta la credibilidad en los capitales y aumenta el riesgo.
“Estos recursos llegan de los países vecinos o de otras latitudes, aparte de que el ciudadano nicaragüense se verá muy afectado, si no hay actividades productivas que generen oportunidades y empleos. Entendemos la preocupación de las empresas locales, pues este sería el único país de la región que no cuenta con un esquema legal empresarial, a pesar de que la agrupación empresarial es parte de la libertad y del estado de derecho”, señaló.
E indicó que, a pesar de no haber un reporte oficial, las empresas guatemaltecas que operan en Nicaragua, están con la preocupación del caso. “Estos mensajes provocan que quien deseaba invertir ahí o ya lo tenía planificado, buscará otro destino, donde exista certeza jurídica y fomento a la inversión”, puntualizó.
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