La mesa técnica incluye entes estatales como la Contraloría General de Cuentas (CGC), la SIT, Guatel, organizaciones sociales, así como diputados y asesores del Congreso.
La procuradora general de la Nación, Anabella Morfín, informó que el resultado del análisis jurídico realizado por la entidad es que existe una duplicidad de normativas que debe aclararse y determinar si le corresponde el procedimiento de licitación de la frecuencia AWS o 4G a la SIT o a Guatel.
“Si existe necesidad de una reforma legal, deberá ser el Congreso de la República que deberá determinarlo”, señaló Morfin.
La titular de la PGN explicó que la ley orgánica de Guatel no ha sido derogada y pese a que no tiene patrimonio, existe como empresa guatemalteca que tiene a su cargo temas de telecomunicaciones, pero a su vez, también está la SIT que es un brazo técnico del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
No obstante, aparece un tercer factor a tener en cuenta: el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA). Según Morfin este tema de normativas debe aclararse porque el ente que preste servicios no puede ser administrador, por compromisos adquiridos por el país en el DR-CAFTA.
“Insisto, hay varios cuerpos normativos que deben ser armonizados, en primer lugar porque la inversión es millonaria y no podemos exponer al Estado por una entidad que pueda ser cuestionada por sus competencias”, enftizó la funcionaria.
Es por esta situación que la PGN señala en su pronunciamiento que no puede establecer qué entidad debe encargarse de subastar la frecuencia AWS ya que según la Ley de Guatel es esta entidad la que debe aprobar los programas de servicio de telecomunicaciones para esas frecuencias. Pero, por otro lado, la Ley General de Telecomunicaciones atribuye esas mismas funciones a la SIT, lo cual se ha aplicado sin ningún inconveniente desde 1996.
Ahora en tribunales
La subasta para la banda 4G se lanzó en el 2015, y las autoridades anteriores de la SIT intentaron reactivarla, sin embargo hubo al menos 22 impugnaciones.
El pasado 13 de mayo, de esas impugnaciones o revocatorias presentadas en el Ministerio de Comunicaciones, ya han sido resueltas 19, y faltan tres, indicó el Superintendente Raúl Solares.
Sin embargo, ahora los interesados han decidido empezar acciones en los tribunales de lo contencioso administrativo, en donde hay cuatro casos según datos del Movimiento Pro Justicia, el cual impulsa una discusión sobre el tema. Al llegar estas acciones a los pueden tardar años en resolverse.
El Gobierno está interesado en dar en usufructo las frecuencias reservadas a partir de la 900 megahertz, con las cuales el Estado podría obtener hasta US$180 millones (unos Q1 mil 287 millones).
