Se trata de una investigación por salvaguardia, luego de que se aprobó el pasado 12 de julio de este año el estudio técnico por ese ente.
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La solicitud fue presentada el 13 de febrero por la empresa Ternium el 13 de febrero del 2018, según consta el expediente en el portal de la DACE.
El ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, declaró a Prensa Libre que es competencia hacer la investigación y tomar alguna decisión que se conocerá cuando se conozcan los resultados de la investigación completa.
“Se está realizando un estudio económico luego de que se presentara un reclamo de que se estarían afectando productos que se producen localmente”, declaró el funcionario.
Según el procedimiento, se puede recurrir a la adopción de Medidas de Salvaguardia cuando existe un incremento en las importaciones de un producto similar al fabricarlo en el país importador, como resultado de la reducción o eliminación de un arancel aduanero.
Las medidas pueden ser estrictamente necesarias y temporales de tipo arancelario (impuesto) que se adoptan para contrarrestar un daño grave o amenaza a la producción nacional, por la importación masiva del producto.
De acuerdo con las cifras de comercio de la Secretaria de Integración Económica (Centroamericana), las importaciones de Guatemala registradas en esas partidas muestran un crecimiento, tanto en importaciones como en volumen.
En 2015, las importaciones sumaron US$24.9 millones por un monto de 22 mil toneladas; en 2016, por US$21.6 millones y un volumen de 23 mil toneladas; 2017; US$31.2 millones y 28 mil toneladas y 2018 la factura de importación fue de US$40.3 millones y el volumen de 32 mil toneladas. Es decir, en dos años, se duplicó el volumen de importación.
Mercancías en cuestión
El expediente detalla que la investigación abarca tres partidas arancelarias, que son las 7225.91.00; 7225.92.00 y 7225.99.00, que se refieren a los productos laminados planos de los demás aceros aleados de anchura superior o igual a 600 mm.
En esta partida se incluyen acero al silicio llamado “magnético” y los demás, como laminados en caliente, enrollados; laminados calientes sin enrollar; laminados en frío y cincados electrolíticamente y de otro modo.
Valladares Urruela resaltó que como ministerio se defiende la libertad de competencia, la economía de mercado y emitir una salvaguardia es una excepción y por eso se debe de estar muy fundamentado para poder aplicar.
El ministro dijo que para ello no hay tiempos y si el informe final está disponible podría aplicarse en noviembre, pero puede tomar más más tiempo.
Según el portal de la DACE, esta es la única salvaguardia que está en estudio, y la otra ya finalizada es la aplicada a República Dominicana por el incremento de las importaciones de sacos de polipropileno y tejido tubular.
En esa resolución del 2010 se aplica de manera definitiva un arancel ad-valorem (al valor) de un 38% para la importación.
Estos son los dos procesos que se han gestionado en la DACE por Medidas de Salvaguardia.
Proceso de ley
Eduardo Girón, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), dijo que esperan que la DACE y el Ministerio de Economía actúen según lo establecido en ley, para determinar si el producto de lámina troquelada cumple con los requisitos para aplicar una salvaguardia.
En todo caso, dijo que se deben tomar en cuenta las importaciones, en los términos absolutos en relación con la producción nacional y que realmente la amenacen.
“Hemos visto que hay empresas que producen localmente que generan empleo, que han invertido en Guatemala para poder generar ese valor agregado y generan alternativas al consumidor”, expuso el dirigente industrial.
Agregó que esperan que decisión adoptará la DACE sobre si se pueden o no aplicar una salvaguardia a estos productos. “Está en las manos del Mineco que llegue a determinar si aplica o no eso”, precisó Girón.
“Afectará al consumidor”
Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), dijo que aplicar una salvaguardia para estos productos implicará retrocesos y consideró los argumentos “sin ningún fundamento, caprichosos, y estarían afectando a los consumidores”.
“Se está pretendiendo una cláusula de salvaguardia del 25% y eso significaría que el costo de ese producto que es esencial para la construcción –sobre todo para las personas de medianos y escasos recursos– tendrían un incremento brutal”, señaló el presidente de la CCG.
Por otro lado, dijo que esta situación vendría en contra de la tendencia de apertura comercial y de favorecer a los consumidores guatemaltecos.
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Briz dijo que si bien la aplicación de una salvaguardia es una medida regulada por la Organización Mundial del Comercio (OMC), esta se prevé únicamente para situaciones de emergencia, ya que de no ser aplicada correctamente, –como considera la CCG en este caso–, sería un retroceso en las relaciones comerciales con otros países e inversionistas.
“Es imperativo que el Mineco tome en consideración las implicaciones negativas de aplicar salvaguardia, que afectaría directamente a millones de consumidores de escasos recursos”, reiteró el empresario.
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