“Es un riesgo fiscal”: La inquietud del Gobierno de Jimmy Morales ante dos nuevas demandas contra el Estado

El estado de Guatemala prepara las estrategias de defensa ante las demandas planteadas por inversionistas de las distribuidoras de Energuate, mientras la firma aún no se pronuncia al respecto.

Los ministros Acisclo Valladares Urrulea y Víctor Manuel Martínez, de Economía y Finanzas, afirmaron que se llevarán a cabo las instancias para defender el patrimonio público, así como el trabajo en las instancias técnicas, por la demanda planteada por accionistas de Deorsa y Deocsa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
Los ministros Acisclo Valladares Urrulea y Víctor Manuel Martínez, de Economía y Finanzas, afirmaron que se llevarán a cabo las instancias para defender el patrimonio público, así como el trabajo en las instancias técnicas, por la demanda planteada por accionistas de Deorsa y Deocsa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Luego de que se conociera el expediente de arbitraje de inversión planteado por accionistas de la Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. (Deorsa) y la Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. (Deocsa), las autoridades que le brindan el seguimiento a este tipo de casos empezaron a analizar los reclamos.

El ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela y el ministro de Finanzas, Víctor Manuel Martínez, expusieron este lunes que se llevarán a cabo las instancias para defender el patrimonio público, así como el trabajo que se llevará en las instancias técnicas.

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“Es un caso sólido en el que están definidos técnicamente por la instancia correspondiente para la fijación de los cobros a las distribuidoras”, explicó el ministro Valladares Urruela, que tiene a su cargo la Dirección de Administración de Comercio Exterior (DACE).

El funcionario manifestó que se empezaron a estudiar los contenidos de los expedientes.

En este caso, se plantearon dos demandas por parte de los accionistas que mantienen dos reclamos.

Esperan notificación

Las entidades Estrella Coöperatief B. A., Deocsa B.V., y Deorsa B.V, cuyo origen son los Países Bajos, plantearon el pasado 19 de agosto, la intención de un arbitraje por estar en desacuerdo con la fijación del valor agregado a la distribución (VAD) por medio de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).

La otra demanda fue planteada por la empresa IC Power Asia Developtment LLCC, de origen israelí, por ajustes tributarios y “tener indicios que generaban presunción de la comisión de defraudación tributaria por parte de empresas auditadas, derivado de un plan de fiscalización en el 2016”.

En el primer caso, aún no hay monto económico de compensación, mientras que en el segundo se plantea un aproximado de US$70 millones (unos Q536 millones).

Martínez explicó que esperan la notificación, pero ya están trabajando en la comisión técnica de arbitraje para poder establecer cuáles son las rutas para desarrollar, que en este caso la rectoría es de la Procuraduría General de la Nación (PGN), en conjunto con los ministerios de Economía y Energía y Minas (MEM) para brindar todos los elementos de aporte y juicio para los análisis respectivos.

“En términos generales, se pueda agotar el debido proceso y que vaya avanzando escuchando a las dos partes, tanto al Estado como a los demandantes”, afirmó el funcionario luego de acudir a una citación al Congreso.

Dos empresas accionistas de Energuate plantearon una denuncia por estar en desacuerdo por el VAD y la otra por un tema fiscal por la vía de arbitraje internacional. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Riesgo fiscal

El ministro de Finanzas explicó que los procesos de arbitraje internacional contra el Estado están considerados como riesgo fiscal y para las finanzas.

“Los riesgos fiscales se identifican y se mitigan para poder ir proveyendo los impactos presupuestarios como un potencial pago que tenga que realizar el Estado –y que– en algún momento se agote el proceso”, comentó el funcionario.

En este caso, las demandas internacionales son procesos que duran muchos años, dijo, y en su momento se tienen que hacer las defensas técnicas de los argumentos y las decisiones adoptadas.

Piden revisión

El diputado Carlos Barreda, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, explicó que estas demandas no son nuevas y que ya existen antecedentes por parte de otras empresas que denunciaron el VAD por la vía de arbitraje internacional y fue la CNEE la que no autorizó los incrementos.

“Hoy nuevamente las distribuidoras quieren incluir las pérdidas por robo de energía en el VAD, lo cual sería nocivo para la población que, al pagar, estaría pagando ese robo o las personas que no cumplen con sus obligaciones”, afirmó el parlamentario y añadió que la distribuidora ya no se preocuparía por el cobro.

Advirtió que citarán a las autoridades de la CNEE, e interpondrá un recurso de amparo por la destitución de los anteriores directivos, ya que no se justificó la remoción por parte del presidente Jimmy Morales.

El ministro de Finanzas, Víctor Manuel Martínez y el viceministro, Kildare Enriquez, así como el subcontralor José Alberto Ramírez Crespín, exponen sobre el presupuesto de gasto e ingresos del 2020 en una citación en el Congreso. (Foto Prensa Libre: Urías Gamarro)

Tarifa social

Durante la citación se abordó el pliego del subsidio para la tarifa social para el 2020.

Edwin Rojas, viceministro de Energía y Minas, dijo que se planteó la solicitud de unos Q473 millones para el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), pero no se incluyó en la asignación presupuestaria.

El ministro Martínez una vez más justificó que el Inde cuenta con más de Q2 mil millones en la caja fiscal y que puede emplear recursos para ese rubro.

El diputado Barreda dijo que se acordó hacer una revisión de la estructura del Inde y conocer sus finanzas.

“El tema de la tarifa social es sensible y puede generar malestar a la población”, dijo el político, quien adelantó que ese tema se revisará cuando ingrese al pleno para su discusión.

Suben asignaciones

Las asignaciones en el proyecto del presupuesto de ingresos y egresos para las ONG’s se incrementaron en Q126 millones para alcanzar un monto de Q912.5 millones. El monto vigente es de Q785 millones.

La mayoría de la cobertura es para los ministerios de Educación y Salud.

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En la citación se informó que para el 2020 solo se agregaron cinco nuevas ONG’s.

La Organización Cristiana de Beneficio Social Esperanza de Vida, que fue criticada por donar medicamentos que estaban vencidos en 2016, tiene presupuestados Q20 millones para el siguiente ejercicio.

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