Con ello el Estado se enfrenta a dos nuevos litigios internacionales, uno por valor agregado de distribución (VAD) fijado para Deocsa y Deorsa para el plazo del 2019 al 2024 y otro se refiere a un reclamo por ajustes tributario que llegaron a la vía judicial en el 2016.
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Los procesos están planteados por arbitrajes de inversión, según la reciente actualización de los expedientes de defensa comercial de la DACE.
Demandas
El 19 de agosto del 2019 el Estado recibió la notificación de una intención de arbitraje por parte de las entidades Estrella Coöperatief B.A., Deocsa B.V., y Deorsa B.V, cuyo origen son los países bajos.
La unidad de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la Nación (PGN) confirmó que este caso se trata de una intención de demanda, según el estatus.
Sin embargo, en el documento del reclamo se refiere a que “debido a la etapa en la que se encuentra el proceso todavía no se cuenta con una estimación del monto reclamado por la entidad demandante”, según el expediente de la DACE.
El otro caso activo que involucra a otros accionistas de las distribuidoras está más avanzado y en este se demanda una compensación económica por US$70 millones (unos Q536 millones), que un panel arbitral debe decidir si procedo o no.
En este caso la empresa IC Power Asia Developtment LLCC, de origen de Israel, planteo el arbitraje y tiene como fecha de ingreso el 18 de febrero del 2018, según la actualización de la DACE.
La PGN confirmó que este caso se encuentra en curso y está activo.
Como presidente de la CNEE, se nombró a Rodrigo Fernández, quien hasta ese día se desempeñaba como viceministro de Energía y Minas.
En la gestión de López Barrientos se aprobaron tanto los estudios y montos del VAD de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), en el 2018, como los de Energuate en el 2019, y en ambos la resolución fijó un monto menos a lo solicitado por las distribuidoras.
La compañía EEGSA no impugnó la decisión de la Comisión, contrario a Energuate, que buscar revertirla.
Fernández, actual presidente de CNEE, respondió que derivado de la participación de esa entidad en la Comisión Interinstitucional de Apoyo a Procesos de Arbitraje, se tiene conocimiento de otra intención de arbitraje de los inversionistas de Deocsa y Deorsa, “pero no tenemos certeza ni el detalle de la intención del nuevo arbitraje”, aseguró.
“Al respecto la CNEE, al igual que en procesos de arbitraje contra el Estado de Guatemala que se han llevado a cabo -Iberdrola, Teco- con anterioridad, brindará el apoyo técnico y toda la información requerida por la Comisión Interinstitucional, quien está a cargo de llevar la estrategia de defensa del Estado en este tipo de procesos”, explicó Fernández.
En cuanto a la posibilidad que se revierta el VAD fijado para el quinquenio 2019-2024, “la CNEE debe ser respetuosa de los procesos y procedimientos legales relacionados con el tema, y por supuesto actuar apegado a la ley” expuso el funcionario.
En el 2017 Energuate volvió a cambiar de propietario. La compañía IC Power decidió vender todos sus activos en Latinoamérica a la estadounidense I Squared Capital (ISQ).
Primer caso tributario
Lilian Elizabeth Nájera Reyes, de la PGN, dijo que en el caso de IC Power Asia Developtment LLCC, es el primer caso que se conoce contra el Estado por una demanda tributaria y que el caso se encuentra en curso.
En la exposición de motivos, IC Power argumenta, como antecedentes del arbitraje, el inicio de una denuncia penal por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), contra varias entidades proveedoras de energía eléctrica, por tener indicios que generaban presunción de la comisión de defraudación tributaria por parte de empresas auditadas, lo cual derivado de un plan de fiscalización en el 2016, por parte del administrador tributario, para verificar la adecuada procedencia de las amortizaciones de activos intangibles que varias empresas estaban realizando de su liquidación del impuestos sobre la renta (ISR).
Dentro de las empresas que fueron fiscalizadas se encuentran Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. (Deorsa) y Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. (Deocsa), las cuales fueron adquiridas por la entidad IC Power Asia Developtment LLCC en enero del 2016.
La denuncia se fundamenta en el Acuerdo de entre Guatemala y el Gobierno del Estado de Israel para la promoción y protección reciproca de inversiones.
Caso judicializado
Manuel Mejicanos Jiménez, intendente de asuntos jurídicos de la SAT, informó que la acusación contra el Estado pasa por una disminución sobre el valor de acciones, derivado de ciertos procedimientos en el orden administrativo-tributario que luego derivaron en denuncias penales contra Deocsa y Deorsa.
“La postura de SAT es que se aborden en las instancias correspondientes, es decir, que los temas que están judicializados que se aborden en los juzgados y se ha brindado la oportunidad de formular solicitudes de reliquidación de impuestos, algunos pagos que hicieron a cuenta de impuestos y SAT tienen otra posición”, explicó el intendente.
En todo caso, explicó, son temas que se tienen que abordar en las instancias correspondientes y el proceso penal lo conoce los juzgados especializados en materia tributarios.
Mejicanos Jiménez explicó que la demanda pueda tratarse de una actitud de generar una presión a el Estado, porque se cree que, si el tema se llega a un arbitraje internacional, habría que entrar en una “negociación” para resolver pronto los procedimientos penales.
El intendente subrayó que, si procede o no procede, lo decidirá un tribunal arbitral internacional y se está prestando el apoyo a la PGN en el tema de la generación de insumos, explicación de los casos para hacer la debida defensa.
El funcionario detalló que este proceso se vincula al ISR, derivado de una fusión inversa -la sociedad hija absorbe a la sociedad madre- que es un procedimiento complejo, pero que es admitido en el Derecho Mercantil.
Recordó que en las auditorias practicadas se evidenció de un posible delito y el proceso se encuentra en fase de investigación en el Ministerio Público.
Explicó que no se puede hacer una intervención, ya que el monto del adeudo esta depositado y esta cubierto.
En el 2016 las distribuidoras de Energuate pagaron a la SAT US$48 millones (unos Q367 millones) por ajustes tributarios, aunque aclararon que lo hacían bajo reserva en espera de la decisión del tribunal. En esa oportunidad la empresa informó que el pago por ese concepto podría llegar a entre US$65 millones y US$72 millones.
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En este caso la CNEE tiene conocimiento que se plateó una demanda de arbitraje por los inversionistas de Deocsa y Deorsa relacionada con un tema fiscal, dijo Fernández.
la CNEE fijó el VNR en US$945 millones (unos Q7 mil 276 millones), monto que puede subir a US$1 mil millones (unos Q7 mil 700 millones), al integrarse más inversiones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
Mecanismo de defensa
Nájera Reyes, confirmó que se está trabajando en la comisión establecida para atender las demandas internacionales, conformada por los ministerios de Economía, Energía y Minas, Relaciones Exteriores y Finanzas, así como la Secretaria General de la Presidencia, PGN y CNEE.
Indicó que los casos se encuentran en reservar por “estrategia de defensa”, para evitar que la defensa del Estado se vea afectada.
También hay determinados períodos de tiempo para poder alcanzar acuerdos, antes de empezar los procesos, dijo la funcionaria.
Casos activos
Este es el listado de procesos arbitrales contra el Estado de Guatemala:
Caso Estatus
- Teco Guatemala Holdings Activo (nueva sumisión)
- Iberdrola Energía, S. A Activo
- IC Power Asia Developtment LLCC Activo
- Daniel W. Kappes y Kappes, Cassiday & Asociados Activo
- Group Martitim TCB S.L Intención
- Estrella Coöperatief B.A., Intención
Fuente: PGN
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