“Es una readecuación de los servicios”, enfatizó Fuentes. El ejecutivo bancario aseguró que el cliente no deberá firmar de nuevo ningún contrato. “No es necesario, el usuario deberá evaluar los beneficios y tiene la libertad de continuar con el servicio o cancelar la tarjeta de crédito”, puntualizó.
Cumplir la Ley
A ocho días de que entre en vigencia plena el Decreto 7-2015, Ley de Tarjetas de Crédito, ayer surgieron opiniones encontradas entre analistas en cuanto a quién velará por su cumplimiento.
En ese sentido, la Superintendencia de Bancos (SIB) afirmó que antes de esta ley, la institución “no estaba diseñada para proteger al usuario”.
Un millón de tarjetas de crédito podrían ser canceladas.
500 mil usuarios podrían quedarse sin el plástico.
Q200 millones calculan que se dejaría de percibir por ISR.
Sin embargo, cuando esta entre en vigencia, “la SIB deberá velar por el cumplimiento de la nueva legislación y aplicar las sanciones que correspondan”, dijo el superintendente de Bancos, José Alejandro Arévalo.
Según Arévalo, la Junta Monetaria deberá aprobar el reglamento de la nueva ley.
Avisos anticipados
Ronald Arango, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, se reunió ayer con autoridades de la SIB, Defensoría del Consumidor y el Usuario, Procuraduría de los Derechos Humanos y representantes de la Asociación de Usuarios de Tarjeta de Crédito (Adutacred), quienes conocieron algunos detalles de la ley.
Durante la reunión se discutió el que algunas emisoras de tarjetas de crédito ya han notificado de cambios en el cobro de varios de sus servicios, sin que esté vigente la ley.
Según Arévalo, la SIB “no tiene facultad para sancionar a las entidades bancarias”, enfatizó que los emisores no deberían estar aplicando cambios y aclaró que la ley “no es retroactiva”.
Por esa razón, el representante de Adutacred, Omar López, solicitó que el usuario sea protegido, “porque están incorporando nuevos cobros y llaman a suscribir convenios aduciendo a la nueva ley”, destacó.
López informó que la Adutacred recibe entre 15 y 20 llamadas diarias de usuarios que se quejan de “los recientes avisos bancarios”.
El diputado Arango enfatizó que los emisores de tarjeta están generalizando servicios como seguro, membresía, puntos y millas.
“Incrementaron el costo de esos servicios”, señaló el legislador.
Fernando Trabanino, defensor del consumidor y usuario de la PDH, solicitó a la SIB que la normativa incluya las sanciones con relación al hostigamiento y acoso que las empresas de cobro hacen en contra del consumidor.
