Esto pierde Guatemala por no reformar Ley de Telecomunicaciones

Normativa vigente desde 1996 no es compatible con las nuevas tendencias tecnológicas y competitivas.

Guatemala debe mejorar la competitividad en el sector de las telecomunicaciones, por medio de la modernización de la Ley General de Telecomunicaciones. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)
Guatemala debe mejorar la competitividad en el sector de las telecomunicaciones, por medio de la modernización de la Ley General de Telecomunicaciones. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Lograr acceso a internet a precios más competitivos, ampliar la banda ancha, permitir mayor cobertura en servicios de telesecundaria en educación y salud, portabilidad numérica, operadores virtuales y la asignación de frecuencias para poder explotar al máximo el espectro son algunas de las propuestas que han empezado a surgir para reformar la Ley General de Telecomunicaciones.


Sectores relacionados con esa actividad coincidieron en que hay que empezar a crear el debate para hacer cambios al decreto 9496, que es el marco regulatorio a las telecomunicaciones. La normativa, dicen, no es compatible con los tiempos y la realidad del mercado.

Por de pronto no existe un programa por desarrollar, pero autoridades, analistas, diputados y la empresa privada consideran que es necesario empezar por “sentarse en la silla”.

El Congreso es el organismo que tiene la facultad de efectuar las modificaciones a la normativa.


Más competitividad

Cristian Aguilar, viceministro de Comunicaciones —encargado del área de Telecomunicaciones y Transporte—, expuso que han hecho el análisis que apunta a la necesidad de actualizar la ley que regula al sector, con el fin de hacerlo más competitivo.

Recordó que Guatemala es un mercado maduro que necesita nuevas reglas para aumentar la eficiencia.

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Al preguntarle hacia dónde deben ir los cambios, el viceministro respondió que es en la asignación de las frecuencias, que incluyen la 4G —cuarta generación—, la banda 700 MHz y la 600 MHz —prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha— que sean dedicadas al uso de las telecomunicaciones.

Explicó que la banda 700 MHz es un estándar internacional para las telecomunicaciones, y que Estados Unidos recientemente entró a la 600 MHz.

“Todos estos cambios requieren una actualización a la Ley de Telecomunicaciones que permitan hacer una asignación. Al tener estas frecuencias se puede aumentar la velocidad de datos, porque en Guatemala tenemos velocidades lentas”, aseguró el funcionario.

La velocidad promedio, explicó, está en los 10 megabit y en algunos países ya se encuentra a 30 megabit, que son estándares internacionales que están avanzando y que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) dicta.


Aguilar agregó que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) tiene más de una década de no subastar una frecuencia específica para ese sector.

Sin politización

Al respecto, el diputado Carlos Barreda, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, expuso que es necesaria la reforma que, además, crea una SIT “autónoma y técnica”, para que no esté sujeta a los “vaivenes políticos”.

Lo ideal, enfatizó, es que las reformas crean una entidad que garantice el acceso a los servicios de internet en condiciones de competencia y favorables a todos los actores.

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“Los guatemaltecos deben tener el acceso a las telecomunicaciones eficientes, a bajo costo y de condiciones adecuadas para los consumidores”, puntualizó el legislador.

Aguilar adelantó que en julio se estaría retomando la subasta de la frecuencia de 4G, luego de que “se limpiaron jurídicamente” las revocatorias que se plantearon.

Es el momento

El consultor en telecomunicaciones Ricardo Flores y Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), coinciden en que es momento de hacer planteamientos.

Hay un estancamiento que se ha reflejado en la tecnología, comercio y la diversidad de servicios”, añadió Flores.

Zapata afirmó que hay que avanzar en la subasta de la frecuencia de 4G para ampliar la banda ancha y que incluya una revisión a la Ley de Telecomunicaciones.

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