CC ordena que construcción de red eléctrica de Trecsa ya no es de urgencia nacional

Aunque la resolución de la CC no suspende la obra de 866 kilómetros dentro del Plan de Expansión de Transmisión (PET), adjudicada a la empresa Trecsa, deja en suspenso el Acuerdo Gubernativo 145-2013 que permitía la agilización de proyecto.

Con el proyecto de Trecsa se busca crear en el país redes en forma de anillos para mejorar transmisión de energía.  (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
Con el proyecto de Trecsa se busca crear en el país redes en forma de anillos para mejorar transmisión de energía. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró inconstitucional el acuerdo gubernativo 145-2013, emitido en el Gobierno de Otto Pérez Molina, por medio del cual se establecía la urgencia nacional para la construcción de las obras del Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica (PET) y el Plan de Electrificación Rural, luego del amparo interpuesto por varias organizaciones en el 2017.

El Plan incluye el proyecto de cableado de alta tensión PET I-2009, adjudicado por el gobierno presidido por Álvaro Colom en el 2009 a Transportadora de Energía de Centroamérica (Trecsa), empresa de capital colombiano.

El PET consiste en la construcción de más 1 mil 294 kilómetros de líneas de transmisión, de las cuales 866 están a cargo de Trecsa, lo adjudicado a esa empresa también incluye la construcción de 12 subestaciones nuevas y la ampliación de otras 12 subestaciones, pasando por 15 departamentos, 74 municipios y 340 comunidades de Guatemala.

La intención es formar cuatro anillos de redes para fortalecer el sistema ante eventualidades como apagones, mejorar la transmisión de energía y la calidad así como disminuir los cambios de voltaje, han explicado las autoridades en varias ocasiones

Con la sentencia para el expediente 4197-2017 “se declara inconstitucional el Acuerdo Gubernativo 145-2013, emitido por el Presidente de la República de Guatemala en Consejo de Ministros, el 20 de marzo de 2013. Como consecuencia de tal declaratoria, se expulsa del ordenamiento jurídico la disposición normativa indicada, la cual dejará de surtir efecto a partir del día siguiente de la publicación en el diario oficial”, se lee en el documento de la CC.

Se agrega que  “el Acuerdo Gubernativo reprochado en la presente acción resulta contrario a las normas constitucionales (…)” y “el Presidente de la República no tiene competencia para tomar ese tipo de declaraciones respecto a la electrificación del país”.

Empresa responde

Sergio Díaz, gerente jurídico de Trecsa, respondió que “en torno a las interpretaciones que han estado difundiéndose en las últimas horas, Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. reitera que continuará realizando todos los esfuerzos necesarios para dar cumplimiento el compromiso que adquirió y sigue vigente con Guatemala al firmar el Contrato de Ejecución de Obras del Proyecto Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía PET-01-2009, suscrito entre el Estado de Guatemala y la empresa”.

Díaz añadió que “las acciones que correspondan solo se podrán tomar después de analizar el texto y en conjunto con las autoridades con las cuales la empresa ha venido llevando adelante este proyecto de país, que busca mejorar el acceso a la energía eléctrica y la calidad del suministro, en beneficio de los guatemaltecos en general”.

Al ser consultado el ministro de Energía y Minas, Luis Chang, indicó este miércoles en Gabinete Económico que “no conozco las características detalladas de ese Acuerdo Gubernativo ni el mecanismo con el cual fueron impugnadas y tampoco el detalle de la resolución de la Corte hasta haber sido notificado, en el caso de que se nos haya trasladado la notificación”.

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¿Qué establecía el acuerdo original?

El Acuerdo Gubernativo 145-2013, decretado por el presidente de entonces Otto Pérez Molina, establecía “declarar de urgencia nacional y necesidad pública la construcción de las obras contenidas en el plan de expansión del sistema de transporte de energía eléctrica y las obras en el plan de electrificación rural”.

El proyecto lleva un avance del 73%, y se han construido 522 de los 866 kilómetros de línea de transmisión. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

 

El Artículo 2 de dicho acuerdo llamaba a “las entidades del Estado, autónomas y descentralizadas, así como centralizadas, las municipalidades, los Concejos Municipales de Desarrollo (COMUDE) y los Concejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE), en sus respectivas jurisdicciones en las que las obras se ejecutaran” a prestar el apoyo necesario para el desarrollo del proyecto.

Reacciones a favor y en contra

La organización denominada Coordinadora de Comunidades Afectadas por Trecsa, celebró la decisión de la CC e indicó en un comunicado que “el acuerdo fue utilizado por la empresa Trecsa para obviar procesos legales y coaccionar a las municipalidades para obtener las licencias de construcción, así como hacer lobby político con distintas instituciones como los ministerios de Ambiente, Gobernación, entre otros”.

Se añade que: “Agradecemos el trabajo de abogados, asesores y sobre todo la lucha permanente de las comunidades que desde el 2013 vienen apoyando de forma desinteresada y ad honorem en esta lucha por los derechos y el respeto constitucionalidad”.

Por el contrario, Paulo de León, consultor del Cabi, mencionó que “causa preocupación la sentencia para declarar inconstitucional el Acuerdo Gubernativo, pero analizamos que solo se suspende el acuerdo en mención y no el proyecto del PET que incluye tanto la obra adjudicada a Trecsa como otras obras propuestas”.

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Señalan poca certeza jurídica

De León habló del tema en una reunión con socios de la Cámara del Agro este miércoles al referirse a la situación de incertidumbre jurídica que existen para las inversiones en el país, y que los últimos tres años ha afectado la inversión e impactado la economía, como los casos de Oxec y Minera San Rafael.

El año pasado, de León dijo que la incertidumbre jurídica ha impactado en 2 puntos porcentuales en el Producto Interno Bruto (PIB), de los cuales, el 0.5% se debía a la minería, donde se dejaron de generar Q850 millones anuales, y el restante 1.5% por casos contra otros sectores industriales como energía, palma africana y otros.

En reiteradas ocasiones, el sector empresarial organizado ha reclamado que se emitan resoluciones para suspender proyectos que ya están en operación y para las cuales el Estado ya había aprobado licencias.

Inversión millonaria

Del Plan de Expansión de Transmisión (PET), adjudicado a Trecsa, por 866 kilómetros de red, se han construido 522 kilómetros (73%), y puesto en operación 421 (49%) indicó el gerente Mauricio Acevedo en octubre de 2018. Aparte, el Anillo Pacífico Sur, que ya entró en operación este año, con 96 kilómetros.

En septiembre de 2017 Trecsa  obtuvo una nueva prórroga tres años y dos meses después de que debía haber iniciado la construcción, para continuar con la construcción de las líneas del PET.

Astrid Álvarez, presidente del Grupo de Energía de Bogotá, empresa propietaria de Trecsa informó a Prensa Libre en noviembre pasado que para el 2018 el monto de inversión para esa obra era de US$25 millones y para el 2019 proyectan US$34 millones, para llegar a US$59 millones en dos ejercicios.

Agregó en esa ocasión que Trecsa ha invertido más de US$500 millones en los últimos nueve años.

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Daniel Cifuentes Hace 4 meses

Si las comunidades no quieren el paso de la infraestructura electrica, esta bien. Entonces mejor quitenles el acceso a la energia electrica. Detras de esos grupos hay nombres y apellidos de gente de grupos con intereses pecunarios. Seria bueno que publicaran esos nombres y apellidos….pero ya sabemos que no lo haran