De acuerdo con información del Ministerio de Energía y Minas (MEM), el país depende en su mayoría de la generación eléctrica por combustibles, mientras se deja de aprovechar el 83 por ciento del potencial hidroeléctrico, que significa energía más limpia y barata.
Según el MEM, el país tiene capacidad de producción eléctrica a través de generadores eólicos, geotérmicos y solares, pero son escenarios aún no contemplados, por sus altas inversiones y el rechazo manifiesto de grupos sociales y ambientalistas.
La Procuraduría de los Derechos Humanos, por medio de la Oficina para Resolución de Conflictos, participa en varias mesas de diálogo entre el Estado, empresas y población, en busca de reducir la conflictividad, en especial en el occidente.
Daños ambientales
Según la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), de los 55 proyectos de generación que fueron adjudicados en licitaciones de energía de largo plazo, seis por 68.8 MW enfrentan conflictos sociales.
Carmen Urízar, presidenta de la CNEE, afirmó que el impacto para el país por no seguir con la construcción de este tipo de proyectos es principalmente que la electricidad que se debe comprar por la indisponibilidad de los nuevos proyectos es de mayor costo, ya que la opción de sustitución en el mercado es la generación con combustibles fósiles, que son más caros y sujetos al mercado internacional.
“Guatemala tiene capacidad de generar energía para abastecer a seis estados de México, toda Centroamérica y Colombia a la vez, pero con una red bien administrada”, explicó Yuri Mellini, director del Centro de Acción Legal, Social y Ambiental (Calas).
A criterio de Mellini, el rechazo al establecimiento de hidroeléctricas en comunidades rurales obedece a la poca garantía del Estado para cuidar los recursos naturales y garantizar el servicio barato y de calidad a las comunidades de incidencia.
María Macz, del Comité de Unidad Campesina, en Alta Verapaz, reconoce la necesidad de generar más energía, pero rechaza que sea con capital extranjero.
“Hay conflictividad porque no hay consulta a las comunidades antes de hacer los proyectos. Actualmente la energía tiene costos altos en las áreas urbanas, y en el área rural ni hay”, expuso Macz.
Expansión en riesgo
Para algunos, el Plan de Expansión de Energía Eléctrica —que promueve la CNEE para generación a largo plazo— se ve amenazado por la oposición de comunidades y el sabotaje a las redes establecidas.
“Las torres —de electrificación— producen radioelectricidad, impacto ambiental e inhabilitan las tierras”, indicó Mellini.
Además, cuestionó al Estado, por considerar que no ha sabido conducir las mesas de diálogo para alcanzar acuerdos.
Macz confirmó el rechazo a la instalación de las torres, principalmente por la falta de diálogo y “prepotencia” al querer colocar los equipos.
De acuerdo con Urízar, no lograr el plan de expansión de la red “es muy negativo, ya que no contaremos con la infraestructura de transmisión que se requiere para evacuar apropiadamente la energía de varios de los proyectos nuevos de generación que se están instalando y no se podría llevar la energía a las comunidades que ahora no cuentan con el servicio”.
El robo de energía es otra arista del problema y el principal obstáculo que enfrenta la empresa de distribución Energuate en 20 de los 22 departamentos, donde según la entidad se han saboteado las redes para conectarse en forma ilegal.
Según Mynor Amézquita, director de Comunicación de Energuate, las pérdidas por la comercialización clandestina de energía rebasan los Q100 millones cada año.
Regular tasas
El precio final de la energía y el método de facturación en los departamentos administrados por Energuate es el tercer foco de conflicto.
Parte del problema se atribuye a la tasa de alumbrado público, que hasta ahora es establecida a discreción por las comunas, en proporciones que muchas veces exceden el consumo de energía en las viviendas.
Carlos Barreda, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza y ponente de una ley para regular la tasa de alumbrado público, expuso que el problema es porque “los concejos unilateralmente fijan tasas municipales”.
Los arbitrios han sido impugnados en la Corte de Constitucionalidad por organizaciones sociales, por considerar que al Congreso le compete decretar gravámenes.
Hasta el año pasado el impacto del alumbrado público reflejado en la facturación en el área occidental era casi del 60 por ciento, y en oriente, del 17 por ciento, en relación con el consumo.
Hasta el año pasado los cobros representaban remanentes de hasta el 300 por ciento para municipalidades, en el caso de Barberena, Santa Rosa, y San Diego, Zacapa.
Autoridades estatales han señalado que a partir del 2015 los costos de la energía podrán reducirse cuando comiencen a operar los contratos de generación a largo plazo.
OPINIONES
Efecto en los precios
“En cualquier caso es crítico que un proyecto no entre en operación en el tiempo previsto”, afirmó Carmen Urízar, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.
Indicó que, no obstante, se considera que el suministro para el país se encuentra garantizado por las diferentes inversiones, pero refirió que de no ejecutarse los proyectos renovables no se logrará rebaja en los precios de compra y, por ende, las tarifas al usuario no bajarían.
Dependencia de fósiles
Juan Carlos Méndez, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable, dijo que la demanda de electricidad crece 4% al año.
Explicó que para cubrir eso sería necesario construir una hidroeléctrica de 60 megavatios al año. “Al no poder avanzar en la reconversión de la matriz energética hacia fuentes renovables, el país se ve obligado a comprar combustibles fósiles, a precios internacionales, y los costos no disminuirían o podrían aumentar”, dijo.
Atentos al suministro
En el país hay instaladas generadoras con capacidad de alrededor de dos mil 500 megavatios, mientras que la demanda es de mil 600 MW, aseguró el consultor en energía Luis Ortiz.
Sin embargo, expuso que no solo se deben ver en número y creer que ya no se necesita agregar más, sino que se deben ver las condiciones operativas, ya que no todas la plantas funcionan, otras están en mantenimiento y en época de verano el aporte de las hidros disminuye.
Conexiones de redes
Guillermo Pérez, gerente general de Trecsa, empresa que tiene a su cargo la construcción de más de 800 kilómetros de red de transmisión, refirió que sin el proyecto de ampliación de esa red “no se permitirá mejorar la calidad, eficiencia, confiabilidad y cobertura del servicio”. Expresó que con el fortalecimiento del sistema se podrán conectar plantas generadoras desde las regiones más apartadas y reducir la frecuencia y duración de los apagones.
De no lograrse, tampoco será posible alcanzar la reducción de 25% en la tarifa eléctrica, según lo calculado.
Proyectos integrales
Según el analista en energía Roberto Barrera, no hay riesgo en el suministro, debido a la capacidad instalada en plantas de generación, además de que se puede comprar energía a México. Afirmó que el impacto sería en el precio, ya que se seguiría dependiendo de combustibles como petróleo y no de generación renovable.
Expuso que para que los más de 500 megavatios que dicen los generadores que construyen con renovables puedan entregar esa energía al mercado deben tener las líneas de transmisión del PET, que incluye la construcción de cinco anillos de la red de 230 mil voltios.
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