Guatemala
Consuelo Porras y dos fiscales son sancionados por Canadá
El gobierno de Canadá anunció sanciones acusándolos de promover la corrupción y cometer graves violaciones de derechos humanos.
![Fiscal General Consuelo Porras sanciones Canadá](https://www.prensalibre.com/wp-content/uploads/2024/02/Fiscal-General-Consuelo-Porras-sanciones-Canada.jpeg?quality=52)
Las medidas incluyen la prohibición de ingreso a Canadá y el congelamiento de activos en el país norteamericano. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)
El gobierno de Canadá anunció sanciones este martes 20 de febrero a la fiscal general Consuelo Porras y otros tres funcionarios, al considerar que promovieron “directa o indirectamente la corrupción y por cometer graves violaciones de derechos humanos con impunidad”, señaló el ministerio de Exteriores de ese país en un comunicado.
Las sanciones se extienden al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, a la fiscal Cinthia Monterroso, así como al juez Décimo Penal B, Jimi Bremer.
"Las sanciones de hoy, martes 20, se aplican a cuatro personas por su participación en actividades que promovieron directa o indirectamente la corrupción y por cometer graves violaciones de derechos humanos con impunidad, incluso durante la administración anterior del presidente Alejandro Giammattei y después", indica el comunicado.
Las personas incluidas en la lista también quedan inadmisibles en Canadá en virtud de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados, como parte de las prohibiciones establecidas en el reglamento de Medidas Económicas Especiales.
Además de esta medida, las sanciones incluyen la prohibición de llevar a cabo transacciones con cualquier otra persona mencionada en la lista, así como el congelamiento de cualquier activo que estas personas puedan poseer en territorio canadiense.
Respaldan al gobierno de Arévalo
La ministra de Relaciones Exteriores, Mélanie Joly, anunció que estas medidas forman parte de un nuevo régimen de sanciones en virtud de la Ley de Medidas Económicas Especiales para abordar la situación en Guatemala, según citó.
"El anuncio de hoy —martes 20— demuestra nuestro compromiso de contribuir a los esfuerzos de lucha por la democracia y los derechos humanos en Guatemala. Esperamos trabajar junto al gobierno democráticamente elegido de Arévalo", declaró Joly.
Se destaca que estas sanciones están en línea con las de la Unión Europea y Estados Unidos, considerados aliados que "recientemente impusieron medidas dirigidas a individuos guatemaltecos antidemocráticos".
El comunicado del gobierno también señala que "las personas sancionadas han trabajado incansablemente para socavar la democracia e impedir una transición pacífica del poder", además de mencionar que las sanciones servirán para disuadir "acciones obstruccionistas por parte de funcionarios públicos corruptos y para apoyar al gobierno democráticamente elegido de Bernardo Arévalo".
Además, se afirma que, junto con sus socios internacionales, está imponiendo estas sanciones "para contribuir colectivamente a los esfuerzos para combatir la corrupción y las graves violaciones de derechos humanos en Guatemala".
Además, según el gobierno canadiense, la imposición de sanciones refleja el compromiso de ese país por promover y proteger la democracia, el orden internacional basado en reglas y el estado de derecho.
![rafael curruchiche jefe feci](https://www.prensalibre.com/wp-content/uploads/2024/02/rafael-curruchiche-jefe-feci.jpeg?quality=52&w=1024)
Canadá aseguró que apoya al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional "al condenar la corrupción y la impunidad arraigadas y está comprometido a trabajar con el gobierno democráticamente elegido de Arévalo para fortalecer la seguridad, los derechos humanos, la prosperidad inclusiva y el estado de derecho".
En contexto de la relación bilateral, el gobierno de Canadá destacó que entrega a Guatemala, en promedio, US$22 millones al año como parte de sus esfuerzos de asistencia internacional.
Estos fondos tienen como objetivo abordar la desigualdad de género, las violaciones de derechos humanos, la violencia, la inseguridad alimentaria, los desastres naturales y la falta de oportunidades económicas, así como la corrupción y la impunidad.
Canada announces sanctions against individuals implicated in undermining democracy and rule of law in Guatemala.
— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) February 20, 2024
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MP responde ante sanciones
Por su parte, el Ministerio Público emitió un comunicado en respuesta a estas sanciones, rechazando de manera categórica las acusaciones de la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá.
El pronunciamiento de la funcionaria, según el MP, "representa una grave amenaza contra el régimen de legalidad y la democracia".
La Fiscalía también denunció que la sanción es parte de "ataques sistemáticos" en contra de sus funcionarios.
"Nuevamente funcionarios del Ministerio Público de Guatemala son objeto de ataques sistemáticos intimidatorios a efecto que, por medio de la coacción y la violación de sus derechos humanos, se pretenda evitar el cumplimiento de las funciones que la ley les confiere", se lee en el comunicado.
Además, en su postura oficial, el MP considera que la acción demuestra desconocimiento del sistema jurídico guatemalteco por parte de Canadá y enfatiza que estas acciones atentan contra la independencia del ente investigador.
Además, reitera la declaración de la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las sanciones unilaterales en los derechos humanos, argumentando que estas medidas violan los derechos de las personas afectadas.
📢 #ComunicadoDePrensa #MPfuerteYfirme
— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 20, 2024
El Ministerio Público informa al Pueblo de Guatemala y a la Comunidad Internacional: pic.twitter.com/dy6M6h01Xz
Anteriormente, el MP se pronunció en la misma línea el 2 de febrero de 2024 cuando los funcionarios fueron sancionados por la Unión Europea.
En esa ocasión, la Fiscalía respondió que los señalamientos era "espurios, maliciosos y antidemocráticos". Además, en su comunicado señaló al Consejo Europeo por un "profundo desconocimiento del sistema jurídico guatemalteco" y de "atentar" contra el estado de Derecho y la independencia del ente investigador.