Un hombre y una mujer murieron en un ataque armado en un puesto de comida de la zona 5 capitalina. Una de las hipótesis apunta a un posible caso de extorsión.

Con el fallo judicial, solo un procesado irá a juicio por el robo de fusiles y miles de municiones del comando ubicado en Petén, cuya entrega al crimen organizado era una de las hipótesis de la Fiscalía.

El arma incautada, los policías investigados y la identificación de los atacantes son parte de las preguntas que siguen abiertas tras el asesinato del exfiscal y exjefe de la SAT.

La audiencia para determinar si el exfiscal anticorrupción debe enfrentar juicio fue aplazada hasta el 7 de diciembre, mientras su defensa cuestiona los reiterados retrasos.

El proceso busca contratar un seguro médico y de vida privado para autoridades del CSU de la USAC, un beneficio que en los últimos cuatro años le ha costado más de Q2 millones.

Desvíos de ruta , cambios de patrullas no autorizados y falta de reporte en tiempo real a los mandos fueron parte de lo descrito durante una citación.

La mujer tenía 52 años y murió tras recibir cinco puñaladas. Según El Periódico de España, ambos se conocieron en una aplicación de citas; la Policía detuvo al sospechoso en otro distrito de Madrid.

Durante el velorio, su tío recordó el compromiso de Juan Francisco Solórzano Foppa con la justicia y el legado que deja a Guatemala. También advirtió sobre el miedo que puede generar el crimen.

El asesinato del abogado reabre el debate sobre la capacidad de las instituciones para contener estructuras criminales. Expertos advierten sobre fallas de inteligencia, cuestionan procedimiento policial y señalan la impunidad como un factor que favorece su actuación.

Mientras se vuelve a discutir la cobertura médica privada para los diputados, a través de un seguro, el Congreso se dispone a contratar 184 celulares y 184 tabletas de alta gama, en medio de otros gastos financiados con fondos públicos.