Sin embargo, esta normativa no está dirigida precisamente para las personas de más bajos recursos, que habitan en asentamientos o laderas de barrancos y cuyas vidas se ponen en riesgo cuando ocurre algún fenómeno natural, como quienes habitaban bajo el puente El Naranjo.
Estas personas vieron cómo las lluvias del pasado 25 de septiembre hicieron crecer el río que pasa en el fondo, se llevó varias casas y dejó al menos 11 víctimas mortales, mientras que siete continúan desaparecidas.
Especialistas relacionados con el tema coinciden en calificar de manera positiva la ley. No obstante, reconocen que atender a las clases más desposeídas debe de ser parte de una política social del gobierno central.
¿Qué se necesita?
Los requisitos para optar al subsidio de la Ley de interés preferencial, aparte de ser guatemalteco, son: que quien aplique tenga familiares que dependan de él o ella, demostrar la carencia de vivienda propia, y que el inmueble que se quiere cuente con los servicios básicos mínimos para gozar de una vivienda digna de conformidad con lo establecido en la Ley de Vivienda.
Además, que el valor del inmueble no exceda al equivalente de 170 salarios mínimos no agrícolas y no haber sido beneficiario anteriormente de algún subsidio del Estado para la obtención de vivienda.
Sin embargo, el requisito que más problemas puede causar a las personas de escasos recursos es el de demostrar que se cuenta con una fuente de ingresos, ya sea en relación de dependencia o por cuenta propia, para que una entidad financiera les otorgue un crédito.
Quienes viven en el asentamiento Dios es fiel y otros de los tantos que abunda en el área metropolitana son personas casi en pobreza extrema, que han migrado de la provincia y se dedican a vender artículos de manera informal, algunas mujeres hacen oficios domésticos y unos pocos son albañiles.
La mayoría de las viviendas son de paredes y techos de lámina, sin servicios básicos y en muchos casos los propietarios apenas tienen ingresos para sobrevivir.
Vivienda popular abandonada
“Esta ley —Ley de interés preferencial— es necesaria, pero es insuficiente porque no atiende la vivienda popular que ha sido totalmente abandonada por el Estado desde el cierre del Banvi —antiguo Banco Nacional para la Vivienda—“, indicó Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).
El cierre de esta institución fue desafortunado, puntualizó el analista, debido a que dejó sin opciones de acceder a vivienda a las familias de escasos recursos que no pueden acceder a una a los precios del mercado. Sus funciones las quiso retomar, primero el Fondo para la Vivienda (Fopavi), pero sin éxito, según Linares.
La Ley de interés preferencial está orientada a la clase media, a familias que según cálculos del especialista tienen ingresos de Q10 mil mensuales, una cantidad que alcanzan pocos hogares.
Las familias pobres se ven obligadas a comprar tierras que están totalmente expuestas a riesgos de deslizamientos o de inundaciones, a orillas de los ríos, como el caso reciente de Villa Hermosa, San Miguel Petapa, donde la crecida del río Platanitos dejó inhabitables varias viviendas. “La gente compra empujados por la necesidad”, acotó Linares.
“La vivienda es un derecho humano y no podemos decidir que el acceso quede en manos del mercado, especialmente en un país donde más de la mitad de la población es pobre”, sentenció.
Óscar Sequeira, presidente de la organización Hábitat para la humanidad, coincidió en que, en otros países a las personas que viven en lugares de riesgo el gobierno suele facilitarle el traslado a otro lugar. Pero intentar hacer esto en los asentamientos de Guatemala puede ser “complejo” porque las familias no necesariamente están dispuestas a trasladarse, indicó.
Añadió que las remesas que se reciben desde EE. UU. han aliviado en cierta medida el acceso a vivienda de muchas personas, “pero, lo que no se ha hecho, es avanzar en los servicios complementarios, agua, calles o drenajes.
Según cálculos del sector de la construcción, en pocos años podrían habitar en el área metropolitana unos siete millones de personas, por lo cual, de acuerdo con Sequeira, los problemas relacionados a los riesgos habitacionales se podrían agudizar. “Debe haber una regulación fuerte que no permita que crezcan esos asentamientos”, subrayó.
Pero “tiene que haber disposición del Gobierno porque estamos hablando de muchos recursos. Cuando se ha hecho algo en otros países es por una disposición gubernamental muy fuerte”, dijo.
El Fopavi, al ser consultado, refirió al tablero de rendición de cuentas de su página web el cual destaca que solo este año, hasta septiembre, se ejecutaron Q423.7 millones del presupuesto del programa Desarrollo de vivienda —subsidios—, se han entregado dos mil 673 viviendas y 300 lote. Además, 302 proyectos habitacionales en ejecución a nivel nacional.
Mejorar la ley
Xavier Andrade, presidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, indicó que la vigencia de la Ley de interés preferencial ha bajado el costo mensual de las viviendas, pero hay cosas que se pueden mejorar para que tenga un mejor impacto.
En primer lugar, considera que no se le ha dado la difusión que la norma merece, por lo cual los potenciales beneficiarios desconocen que tienen a su alcance la oportunidad de comprar vivienda con intereses más bajos.
Sin embargo, también cree que el Congreso podría mejorar la Ley y permitir, por ejemplo, que la tasa de interés preferencial no impida que el 30 por ciento de la vivienda quede exonerado del pago del 12% de impuesto al valor agregado y se pueda pagar solo el 3%, con timbres fiscales.
Añadió que agilizar la construcción de viviendas también pasa por facilitar las gestiones en los ministerios y que estos no se tarden cuatro meses para que les permitan cortar cuatro árboles, o seis para autorizar un estudio de impacto ambiental.
“¿A qué hora vamos a construir 50 mil viviendas, si para construir 200 me paso más de un año en trámites?”, cuestionó.
Promesas
El plan de gobierno del Movimiento Semilla contempla la inversión Q22 mil millones en inversiones públicas para vivienda y ampliación de servicios públicos en los hogares. Entre estos, Q4 mil millones para la construcción de unidades habitacionales.
El resto será invertido para la colocación de pisos de cemento y revocado de paredes, ampliación de acceso a agua entubada, alcantarillado, tratamiento de agua y universalización del acceso a la energía eléctrica.
