Nueve años. Mujer. Ha sido abusada desde que tenía 5, al punto que ha “normalizado” la agresión. La han obligado a callar. La han golpeado, la han lastimado. En su cuerpo lleva cicatrices de forcejeo y una enfermedad de transmisión sexual. Su agresor le ha repetido una y otra vez que la viola porque la quiere. Está confundida, con miedo. Su victimario vive bajo el mismo techo que ella.

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Esta es la historia de muchas niñas en Guatemala.  Ellas son las más vulnerables, representan el 96 por ciento de los cinco mil 483 exámenes que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) practicó en menores de 20 años durante el 2018, seis por ciento más que el año anterior.

Pero si se habla de grupos de edades, son las niñas de 5 a 9 años entre quienes se reporta un incremento de casos, lo que evidencia que los agresores cada vez buscan más a víctimas de menor edad. El aumento fue del 33 por ciento en relación al total de evaluaciones que la institución efectuó el año anterior, a fin de determinar si las pequeñas fueron víctimas de un delito sexual.

“Uno de los territorios donde se escribe la violencia de una sociedad es en los cuerpos de las niñas, las adolescentes, las mujeres, esto es lo que en algunos lados llaman violencia de género”, dice Carolina Escobar Sarti, de Asociación La Alianza.

Las mujeres representan el mayor número de agraviadas, pero no significa que los hombres no sufran agresiones o también sean violentados sexualmente. En el 2018 hubo 9.9 por ciento más casos que en el 2017.

Jorge Granados, jefe de Departamento Técnico Científico del Inacif, recuerda el caso de un niño, en Chimaltenango, que fue estrangulado a los 7 años. Al hacerle la autopsia su cuerpo mostraba marcas antiguas que revelaban que había sido agredido sexualmente y tenía fluidos del agresor en sus partes íntimas. El cuerpo del niño fue encontrado en la puerta de la casa de la madre. Se presume que el victimario fue quien le quitó la vida cuando el pequeño ya tenía consciencia para denunciar.

Según Sergio Logos, activista de la Comisión ProConvención sobre los Derechos del Niño (Cipronedi), aunque estos datos reflejan la vulnerabilidad de este grupo de la población, no representan el total de los casos. “La cifra oculta en Guatemala ha de ser altísima, estos casos son solo los que generaron una denuncia en el Ministerio Público (MP) y entró al Sistema Judicial, que ordenó realizar los exámenes, o que el Ministerio de Salud refirió al Inacif”, indica.

Mayor cultura de denuncia

En el país, romper con el círculo del silencio no ha sido fácil por miedo a demandar a un familiar —el 89 por ciento de los agresores son parientes de la víctima—, por vergüenza o por patrones culturales, como el machismo, pero cada vez hay más denuncias por agresión o violación a menores de edad. Según los entrevistados, es una de las razones por las que puede verse un aumento de casos.

“Si sumamos los indicadores que tenemos en salud, en educación, migración, falta de empleo, más toda la violencia simbólica, social, económica, política, más la inseguridad que vivimos en todos los ámbitos, esto es un caldo de cultivo para que el ser humano saque lo peor de sí mismo”, refiere Escobar Sarti, y son los cuerpos de las menores los más vulnerables a ser violentados, porque son más fáciles de dominar.

En el 2018, se registraron 102 reconocimientos médicos por delito sexual practicados a niñas menores de un año, y 284, a pequeñas de uno a cuatro años.

Rescate de evidencia

De acuerdo con Granados, en Guatemala una de las actividades delincuenciales más frecuentes son los delitos que atentan contra la integridad sexual, y el delito es mayor si es contra un menor de edad.

El instituto se encarga de realizar el reconocimiento médico a niños y adolescentes para determinar si sufrieron agresión o violación sexual. No actúan de oficio, necesitan una orden de un juez competente o de un fiscal de MP para realizar la evaluación.

Los especialistas del Inacif sigue un protocolo para atender estos casos, y requieren el “consentimiento informado”, es decir el permiso del padre, madre o tutor del menor para hacer la evaluación.

Al tener la autorización, proceden a efectuar la documentación de la identidad de la menor. Por no contar con el Documento Personal de Identificación (DPI), se toma una fotografía de la niña o adolescente, así como de su acompañante, se toman las huellas digitales.

El siguiente paso es la entrevista. “Su historia tiene importancia. Tratamos de obtener veracidad, la mejor fuente de información, porque al final nuestro trabajo consiste en encontrar una relación de causalidad entre lo que ella dice y los hallazgos cuando las examinamos médicamente”, menciona Granados.

Conocer los antecedentes y una referencia histórica de lo que la niña hace, a quién frecuenta, sus hábitos, es importante. Para luego proceder con el examen médico forense con el que se trata de establecer signos de violencia sexual, ya sea reciente o antigua.

“Documentamos toda esta serie de hallazgos físicos, tomamos fotografías, hacemos una batería de exámenes, esto implica el ADN, tomamos pruebas de embarazo, pruebas de sida, sífilis, gonorrea. Todo lo que podemos hacer para garantizar que la menor no tiene una enfermedad venérea, lo hacemos”, refiere el experto del Inacif.

El informe no solo va acompañado de los hallazgos encontrados en el examen físico, sino también de fotografías, el consentimiento informado, y los laboratorios que servirán al fiscal y al juez para dictar una sentencia apegada a ciencia y a derecho.

El trabajo del Inacif busca determinar si la persona fue violada o no, pero también contribuir con aportar elementos que permitan identificar la identidad del presunto violador o agresor sexual.

Uno de los inconvenientes a los que se enfrentan los especialistas en dicha tarea es el tiempo. Para obtener cualquier indicio -semen, saliva, cabello o sangre del agresor- solo se tienen 72 horas después del ilícito. “La denuncia tardía, más allá de tres a cinco días, nos pone en problemas, porque se nos hace muy difícil recoger indicios del cuerpo” del niño o de las prendas de vestir que llevaba, añade Granados.

La función del Inacif es auxiliar al sector justicia, es tratar de poner evidencias que pueden ser convertidos en medios de prueba al fiscal para poder probar la autoría de un hecho delictivo de esta naturaleza.

Recuperar sus vidas

La agresión y la violencia sexual deja marcas en las víctimas, y el primer punto para que comiencen a sanar es escucharlas y creer en su denuncia, afirma Escobar Sarti. “Hay que darle poder a la voz de sus historias”, subrayó.

Muchas menores —añadió— han vivido años de abuso y creen que esta situación es normal, desnormalizar la violencia sexual es vital para que ellas superen las secuelas físicas, emocionales y mentales.

En Asociación La Alianza dan acompañamiento a niñas y adolescentes que han sido agredidas para que construyan un plan de vida, se les da apoyo psicológico, nutricional y médico, pues muchas son contagiadas con enfermedades de transmisión sexual y necesitan ser atendidas con medicamento.

“No se imagina la fuerza que tienen cuando se recuperan, y que pueden volver a recuperar la esperanza”, dice Escobar Sarti, para quien es importante trabajar a nivel político y social este tema “para cambiar la percepción de que los niños son nuestros y que tenemos el derecho sobre sus vidas, y no que ellos son sus propias voces”.

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