Centros privados hacen cuatro de cada 10 pruebas de covid-19

En los centros de salud tienen pruebas de covid-19 pero solo las practican a pacientes que presenten síntomas de coronavirus. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
En los centros de salud tienen pruebas de covid-19 pero solo las practican a pacientes que presenten síntomas de coronavirus. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La falta de capacidad de salud pública para diagnosticar casos de covid-19 obliga a gran parte de la población a pagar por una prueba, cuyo costo varía dependiendo del tipo y lugar donde se haga.

Entre el 10 de agosto y 6 de septiembre últimos se efectuaron 85 mil 46 pruebas. De estas, 35 mil 302 se practicaron en el sector privado, que representa el 41.51 por ciento, mientras que los diagnósticos en el ámbito público sumaron 39 mil 486, lo que equivale al 46.43 por ciento de tamizajes. El resto corrieron por parte del Seguro Social

Es decir que cuatro de cada 10 pruebas en las últimas semanas epidemiológicas se efectuaron en el sector privado.

Estos datos provienen de registros del Sistema Gerencial de Salud (Sigsa), del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), proporcionados a la bancada Semilla.

Actualmente, en el mercado el precio de una prueba de antígeno, cuyo margen de error es de hasta el 30 por ciento, puede costar desde Q400. Una molecular PCR, que tiene una eficacia de hasta el 99 por ciento, se puede adquirir por desde Q800. Los costos pueden variar según el establecimiento.

Ronalth Ochaeta, asesor de Semilla, considera que la alta demanda en el sector privado se explica en la incapacidad del MSPAS para abastecerse de pruebas y demás insumos desde que se presentó el primer caso de covid-19 en Guatemala, el 13 de marzo.

Reconoce que el volumen de compras se ha incrementado en las últimas semanas, pero la falta de planificación que se dio en un inicio afecta todavía.

“Nunca hubo una planificación estratégica, un plan de compras de covid. Se tuvo que calcular cómo se iba a comportar la pandemia y en función de ello se debieron hacer las compras para responder a las demandas de la población, tanto en el primero como en el segundo y tercer nivel de atención”, comentó Ochaeta.

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Hay recursos

La baja ejecución de los fondos destinados a cubrir la emergencia sanitaria persiste. Según decreto 20-2020, por ejemplo, se destinaron Q370 millones para adquirir ventiladores, pruebas para detectar el virus y equipo de protección personal, pero hasta la fecha solo se ha ejecutado el 30 por ciento de ese dinero.

Parte de las pruebas las paga el MSPAS con fondos del renglón 261, que tiene asignados Q105.79 millones, de los cuales solo se han erogado Q36.15 millones, un 34.17 por ciento, según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).

A esto se suma el problema de que tanto en el sector público como en el privado predominan las muestras de antígeno, pese a que son menos precisas. Y aunque el protocolo manda que cuando estas dan resultado negativo deben confirmarse con una molecular, esto no siempre se cumple, afirmó Ochaeta.

Multicausal

Zulma Calderón, defensora de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), comentó que la alta demanda de pruebas en el área privada puede deberse a varias razones.

Entre estas mencionó que a lo largo de la pandemia se ha carecido de una estrategia de búsqueda activa de casos en las comunidades. “En general, el acceso a pruebas es una de las barreras más importantes que se han tenido desde el inicio de la pandemia”, señaló Calderón.

No obstante, dijo, es necesario considerar que los laboratorios privados ofertan las muestras y cualquiera con capacidad de pago accede a ellas, mientras que en lo público no funciona así, ya que solo a quienes cumplen ciertos criterios epidemiológicos se les practica un tamizaje.

Más ofertas

Julio Valdés, exviceministro administrativo de Salud y ex secretario ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (Comisca), considera que una ventaja es que en los últimos meses se han incrementado las marcas de pruebas disponibles en el mercado y ello ha hecho que los precios disminuyan.

En ese contexto, es necesario que el Estado asuma su papel regulador y vele por que los tamizajes que se llevan a cabo en el país cumplan con estándares de calidad y no arrojen falsos negativos.

Hasta el 22 de septiembre, el MSPAS extendió autorizaciones a 136 laboratorios, de los cuales 64 se encuentran en Guatemala. Si el Estado mejora la prestación de servicios, uno de los efectos podría ser la baja en la demanda en el sector privado, puntualizó el salubrista.

Búsqueda activa

Julia Barrera, portavoz del MSPAS, dijo que recientemente se habilitaron laboratorios móviles en Sacatepéquez, Huehuetenango y Santa Rosa. Estas unidades recorrerán distintas áreas para detectar casos de la enfermedad.

La portavoz informó que se dio prioridad a estas regiones porque en ellas se había reportado la menor cantidad de pruebas en los últimos meses. Para diciembre se espera extender esta estrategia a otras áreas de Salud, indicó Barrera.

Respecto de la baja ejecución de pruebas, indicó que ya se comprometió parte del presupuesto y pronto se verá reflejado en una mejora en la ejecución.