El que una familia no se pone de acuerdo para vender su terreno se ha convertido en el principal obstáculo por el cual los trabajos de ampliación a cuatro carriles de la Ruta al Atlántico se estancaron, y aunque el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) espera que el problema se soluciones pronto, lo cierto es que este, así como otros 45 litigios más de este tipo ya atrasaron la inauguración del proyecto.

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La CA-9 Norte o Ruta al Atlántico es la única vía de comunicación que lleva a la costa atlántica del país, por lo cual su importancia es extrema, puesto que es puerto de entrada tanto para el turismo como para el comercio.

La ampliación a cuatro carriles es un proyecto que comenzó a finales del 2015, para el cual el Gobierno de Taiwán donó US$50 millones e hizo un préstamo por la misma cantidad, mientras que Guatemala puso una contraparte de US$20 millones. En total, la ampliación costará US$120 millones.

El proyecto comienza en el kilómetro 57, en Sanarate, El Progreso, y debe concluir en el 84.5, El Rancho. En total son 28 kilómetros de carretera en los cuales se localizaron 125 casos de invasión del derecho de vía, 46 se volvieron conflicto, 10 fueron calificados de “críticos” y de estos solo uno está pendiente de solución.

Se niegan a vender

De acuerdo con información de la Dirección General de Caminos (DGC), el problema se ubica entre el kilómetro 58.2 y 58.4, en la aldea Agua Salóbrega, Sanarate, en donde los propietarios de un inmueble a orillas de la ruta no se ponen de acuerdo de si lo negociarán.

Son cuatro hermanos de los cuales aparentemente dos están a favor de venderlo y dos se oponen.

Ese lugar es imprescindible para el proyecto, explicó la DGC, puesto que se tiene que construir un retorno para los pobladores de la aldea y no hay otra área apta para hacerlo.

Además, al parecer, los propietarios no cuentan con los documentos legales o el terreno está en un proceso de intestado, lo cual dificulta las negociaciones puesto que el Ministerio de Finanzas avala las negociaciones y paga los acuerdos solo si es al legítimo dueño.

Extienden plazo

El viceministro de Comunicaciones Jose Fernando Morales afirmó que los problemas relacionados al derecho de vía ocasionaron que la obra se retrasara por lo cual fue necesario ampliar el plazo de ejecución al contratista, la empresa Overseas Engineering & Construction Co. (OECC), y después de que se ofreció la finalización del proyecto para octubre del 2019, el nuevo plazo se estableció para abril del 2020.

Morales lamentó que los mismos beneficiarios de las obras muchas veces son quienes la obstaculizan y criticó que las ciudades y los pueblos han absorbido el espacio que corresponde a las carreteras. Con el paso de los años las municipalidades autorizaron la instalación de comedores, tiendas y viviendas con cuyos propietarios fue necesario negociar.

Agregó que la empresa constructora se vio obligada a disminuir el rendimiento y la intensidad de los trabajos, lo cual explica por qué en ciertos tramos están detenidos los trabajos.

“Estos problemas tan inusuales como estos han causado retrasos”, afirmó el funcionario, quien añadió que la experiencia con el libramiento de Chimaltenango, donde por años se atrasó la obra, también por problemas relacionados con derechos de vía, ayudó a encontrar soluciones.

No obstante, las autoridades del CIV destacaron que ya casi todos los problemas están resueltos. En total, se atendieron 125 casos, y ya se alcanzaron 86 acuerdos cuyos montos de negociación ascienden a más de Q21.3 millones.

En los 39 restantes ya hay autorización, pero los pagos no se concretan por detalles sencillos, como por ejemplo que el dueño no está en el país o tienen pendiente conseguir algún documento.

Problema recurrente

Al respecto, Juan Carlos Galindo, ingeniero asesor de la DGC, lamentó que la invasión de las áreas donde el Estado tiene el derecho de vía es algo recurrente en casi todas las carreteras del país, casi una cuestión cultural en donde no solo las personas violan los reglamentos, sino también lo hacen las mismas municipalidades al autorizar construcciones.

Prueba de ello es que en varios de los conflictos localizados en la Ruta al Atlántico hay tuberías para el paso de agua que fueron instaladas por las comunas y que ahora deberán ser removidos.

El Reglamento de Derecho de Vía de 1945, asegura Galindo, establece que en rutas centroamericanas y nacionales el derecho de vía del Estado es de 25 metros en ambos lados de la carretera, en las nacionales es de 20 y en las municipales, 15.

“El problema en Guatemala no es que no existan leyes, sino que no se respetan”, afirma Galindo, al señalar que el propio Código Municipal establece la prohibición de autorizar construcciones en las áreas propiedad del estado.

Problemas identificados

En los 10 casos que se tornaron críticos en las negociaciones para la ampliación de la Ruta al Atlántico, resaltaban casas construidas a orillas de la carretera, que ocupaban aunque sea una pequeña área de la propiedad del Estado. Con la ampliación de la ruta, estos inmuebles prácticamente quedarán al borde de la carretera.

Además, en el kilómetro 78 se produjo un deslizamiento por lo inestable del terreno que obliga a diseñar un nuevo trazo. Sin embargo, Galindo aseguró que ya se efectuaron los estudios y está por contratarse a la empresa que se hará cargo del mismo.

El ingeniero de la DGC reconoce que es “desgastante” negociar con los propietarios de los terrenos, algunos de ellos aceptan al principio, pero muchos se oponen con el fin de obtener más ingresos y otros simplemente porque no quieren acceder.

En estos casos, comenta Galindo, parte de la estrategia es llegar las veces que sean necesarias “hasta el cansancio” con el dueño del terreno para convencerlo de que lo venda puesto que la expropiación, pese a que es una herramienta válida que puede implementar la DGC, no se utiliza porque los procesos se vuelven mucho más lentos y tediosos.

Seguimiento será complicado

El CIV también tiene en planes la continuación de la ampliación a cuatro carrilles hasta Mayuelas Zacapa, de hecho, desde mayo del año pasado se adjudicó un contrato a la empresa PHI Consulting Group, S.A. por Q7 millones 470 mil para la elaboración de todos los estudios de ingeniería que se requieren para echar a andar el proyecto.

Pero desde ya se avizora un conflicto que requerirá de hábiles e intensas negociaciones con los comerciantes que se han instalado desde hace años en El Rancho, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso.

El viceministro Morales confirmó que hay intenciones de gestionar un nuevo préstamo con Taiwán para continuar con la ampliación de esta ruta hasta Mayuelas, Zacapa; sin embargo, ya se han enterado de que los comerciantes de El Rancho se oponen tajantemente a cualquier negociación.

Con los años, el área de la Ruta al Atlántico que atraviesa este lugar ha crecido exponencialmente al punto que decenas de negocios como gasolineras, restaurantes, talleres de mecánica e incluso hoteles se instalaron en la orilla. Es decir, si el CIV pretende ampliar la ruta en ese tramo deberá negociar con todos los comerciantes.

Otros tramos

OECC también ejecutó la ampliación de las dos fases anteriores. La primera tuvo una longitud de 11.3 kilómetros y empezó en Palencia, hasta el puente de Agua Caliente. El siguiente tramo se construyó de ese puente a Sanarate, y fue de 26.9 kilómetros.

Importante ruta

La carretera al Atlántico se inauguró hace casi 60 años.

• 29/11/1959    Inauguración de la Ruta al Atlántico, considerada uno de los mejores proyectos viales del país.
• 19/01/2006    Se firma convenio para ampliación de los primeros 11 kilómetros, del km 11 al 30.3 a un costo de US$17 millones
• 18/01/2010    Se inauguran los trabajos de ampliación de la primera fase, entre Agua Caliente y Sanarate, el costo fue de US$40 millones.
• 7/03/2013      Se finalizan los trabajos de ampliación del segundo tramo
• 18/06/2013    Se firma convenio para el financiamiento de la tercera fase de ampliación desde Sanarate a El Rancho, 27.45 km. El costo es de US$120 millones
• 12/06/2014    Se firma convenio para la construcción de la tercera fase.
• 15/12/2015    Inauguración de los trabajos de la tercera fase que hasta la fecha no concluyen

Prensa Libre intentó comunicarse con OECC para conocer sus comentarios sobre el retraso de la obra, pero personal nos indicó que solo la empresa supervisora podría dar información del proyecto.

Al contactarnos con esta, B & T Consultores, un representante de la compañía nos pidió que le enviáramos las preguntas por correo electrónico, pero hasta el cierre de esta nota no habían sido contestadas.

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