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Coronavirus: certeza de datos se reduce en países con más opacidad

Entre menos transparentes son los estados existe más posibilidades de que haya subregistros en cuanto a los casos de covid-19.

Personal médico en el hospital general San Juan De Dios, donde se ha registrado un repunte de casos atendidos que casi lo hacen colapsar. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Personal médico en el hospital general San Juan De Dios, donde se ha registrado un repunte de casos atendidos que casi lo hacen colapsar. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En enero pasado la organización Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), en la cual se ponderó a 180 naciones de 1 a 100 puntos, desde mayor a menor corrupción.

El listado, en el cual entre menos puntos tenga un país representa que se percibe más corrupto, refleja la situación de este mal en el mundo durante el 2020, un año marcado por la pandemia del coronavirus.

Al hablar de pandemia y corrupción es inevitable hacerse la pregunta ¿Qué tanto afecta esta la lucha contra la enfermedad? Aunque las respuestas seguramente llevarán una carga de subjetividad, el comparar los índices del IPC con los datos oficiales de contagios y muertes puede darnos algunas luces.

Por ejemplo, Guatemala ocupó el lugar 149 del IPC (de 180 naciones), y 25 en América (de 29), uno de los peores puestos del ranquin. El país, desde que comenzó la pandemia, reportaba hasta el pasado 9 de marzo 179 mil 563 casos positivos de covid-19 y seis mil 493 muertes.

Al igual que Guatemala, los países del continente americano que ocupan los últimos nueve lugares en el ranquin de corrupción, y que promedian apenas 25.44 puntos, registraron una tasa de contagios promedio de 64 por cada 100 mil habitantes -entre el 23 de febrero y el 8 de marzo- , mucho menos de la que reportan los 10 países de medianía de la tabla, 145.99, y muy por debajo de las 10 naciones más transparentes, cuya tasa de contagios por cada 100 mil habitantes es de 188.38.

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Sin embargo, estos mismos países —los peores ranqueados— registran una tasa de letalidad de la enfermedad mayor —3.15%— que la que tienen los de media tabla —2.56%—, y de los primeros 10 puestos —1.40%—.

Entre mayo y agosto del año pasado, se vivió la primera gran ola del coronavirus en Guatemala que desbordó los hospitales. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Esta distorsión de los números también se puede observar cuando se revisan lo datos que de todo el mundo compila la Universidad Johns Hopkins con datos oficiales, puesto que Guatemala figura en el puesto 67 de contagios, pero en el de muertes está mucho mas arriba, en el 23.

¿Qué nos dicen estos números?

En el caso de Guatemala, el manejo de los datos ha sido una de las deudas pendientes del Gobierno desde el inicio de la pandemia. Críticos refieren que se han hecho pruebas insuficientes y mal distribuidas y que el subregistro podría llegar hasta 18 casos por cada positivo.

En el caso de las muertes, el índice de letalidad ronda el 3.62%; sin embargo, las propias autoridades reconocieron en diciembre pasado que puede haber un subregistro considerable, al comparar los datos oficiales del Ministerio de Salud con los del Registro Nacional de las Personas, lo que elevaría aún más la mortalidad.

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Estos indicadores sugieren que, en efecto, los contagios son mucho más elevados de los que se han reportado, lo cual compromete la eficacia de planes para contener la pandemia.

 

Por ejemplo, de acuerdo con los reportes oficiales de Salud, en los primeros 15 días de marzo la positividad ha rondado entre el 11% y el 25% —14% en promedio—, relativamente bajo, o al menos no comparable con los de junio, julio y agosto del 2020, los meses más críticos de la pandemia.

No obstante, la ministra Amelia Flores indicó el lunes pasado que ya se registra saturación de los hospitales y por lo menos en tres de estos ya se ha sobrepasado la capacidad de atención.

Corrupción debilita lucha contra pandemia

Transparencia Internacional destaca en su informe del IPC del año pasado que la corrupción afecta a los países en tres vertientes: desvía fondos de servicios esenciales como la atención médica, debilita la eficiencia de la respuesta a la crisis y se tiende a violar los derechos humanos y las normas democráticas.

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“Estos factores pueden tener una incidencia en los indicadores que tenemos disponibles sobre el manejo de la pandemia, tal como la tasa de incidencia y la letalidad”, apunta Jaime García, investigador del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, más conocido como Incae Bussiness School.

García cree “contrastante” el que, para una amenaza de la magnitud de la pandemia, donde los gobiernos tuvieron que movilizar grandes cantidades de dinero  y hacer más compras públicas “sean los países menos transparentes y más corruptos los que reporten menor incidencia de casos y mayor letalidad”.

Autoridades temen otra ola de contagios a raíz del próximo descanso de la Semana Santa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Banco Mundial en su informe Mejorar la eficacia y la transparencia de los Gobiernos: La lucha contra la corrupción, enfatiza en que frenar la corrupción en medio de la pandemia “es más importante que nunca”.

Añade que la pandemia del covid-19 ha representado grandes gastos de emergencia para los Gobiernos, recursos “que a veces no se han sometido a los sistemas de control habituales”, y que esta inadecuada supervisión “expone a los Gobiernos a una serie de riesgos de corrupción que pueden poner en peligro la eficacia de sus respuestas”.

Debilidad institucional es la causa

Para Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, la corrupción es el resultado de un problema mayor que es la debilidad institucional del sistema nacional de Salud, el Seguro Social, y todas las involucradas en la lucha contra la pandemia, ya que si estas son débiles cuentan con escasos controles.

Como ejemplo de esa debilidad citó que el país no fue capaz de negociar antes las vacunas anticovid-19 porque ni el Gobierno ni el Congreso se preocuparon por aprobar la ley con suficiente anticipación, que a más tardar debió haber sido aprobada en junio del año pasado.

Esta debilidad instituciona, añadió Zapata, es la consecuencia de la escasa inversión que hacen los gobiernos en salud.

En ese sentido, el Banco Mundial en su estudio Panorama de la Salud: Latinoamérica y el Caribe 2020, confirma que el gasto total en salud per cápita de Guatemala es apenas de US$470, uno de los últimos lugares de América Latina y el Caribe.

 

Varias personas hacen fila para hacerse la prueba de covid-19 en el hospital San Juan de Dios. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Asimismo, en la mayoría de los indicadores resalta que Guatemala está por debajo del promedio de esta región. Por ejemplo, 0.6 camas, 0.4 médicos, 0.1 enfermeros y 0.5 psiquiatras por cada mil habitantes.

Ocultar magnitud de pandemia

Para otros, como la analista Karin Slowing, no les extraña que esa correlación entre corrupción y el manejo sospechoso de datos de la pandemia, puesto que precisamente “la corrupción es una falta de honestidad”, y aunque esta, a diferencia de la primera no se traduce en una pérdida monetaria, deriva en pérdida de legitimidad, credibilidad y confianza hacia las instituciones.

El subregistro de casos se da por un déficit de la capacidad institucional de hacer pruebas, “pero detrás, está determinada por una intención de que una epidemia no sea tan evidente”, dijo Slowing.

“Un subregistro que no se reduce, sino más bien se amplía demuestra una falta de interés por saber el estado real de las cosas. No sabemos dónde estamos parados con la epidemia ni cuan alta es la letalidad, puede ser que sea más baja, pero puede que no por los fallecidos que no se han reportado”, añadió.

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Edie Cux, director de Acción Ciudadana, afirma que se puede concluir que los gobiernos menos transparentes se inclinan a ocultar los datos o no manejarlos bien “y nuestros países tienden a esa opacidad”.

“Muchas veces ni siquiera la información epidemiológica es confiable, y para definir políticas de salud, los datos son clave”, dice Cux.

Coinciden en que, ninguna otra área como en la salud se puede afirmar que la corrupción mata, y en ese sentido recordó el caso de la supuesta compra de pruebas falsificadas dentro del Ministerio de Salud. A la vez, dijo que por la desconfianza generada por el mal manejo de los números es posible que la gente ya no acuda a los servicios de salud cuando siente síntomas y si tiene covid-19, el caso quedará oculto.

La ministra de Salud, Amelia Flores, denunció en febrero pasado la compra de 30 mil pruebas falsas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

 

Acciones

La oficina de Comunicación del Ministerio de Salud reconoció que “podría existir un subregistro de datos”, pero que “sucede con muchas enfermedades, no solo con el covid-19”, sin embargo, esto no es posible confirmarlo por la propia naturaleza de esos casos.

“En el caso de este virus, el subregistro se da cuando las personas no acuden a un servicio público o privado autorizado para el diagnóstico respectivo”, agregó la oficina en comunicación con Prensa Libre, a la vez destacó como ventaja el que se cuenta reportes de todos los servicios de salud, no solo públicos, sino privados y del seguro social lo que permite mostrar una realidad más amplia.

Agregó que para disminuir ese subregistro se impulsa la dotación y descentralización de pruebas en todos los servicios de salud pública a nivel nacional, así como laboratorios móviles para el diagnóstico oportuno y la autorización de laboratorios privados para hacer tamizajes.

Casos de corrupción

  • Durante la gestión de la pandemia, el Ministerio de Salud ha sido objeto de señalamientos de posible corrupción.
  • En abril del 2020 el presidente Alejandro Giammattei ordenó la destitución de dos viceministros y se presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP) por posibles anomalías en la compra de medicamentos.
  • Asimismo, a principios de la pandemia Salud tuvo que dar marcha atrás a la adquisición de un millón de mascarillas por Q20 millones tras darse a conocer en los medios de comunicación una supuesta sobrevaloración. Salud también se retractó de adquisiciones de ese insumo en varios hospitales.
  • A finales del año pasado, la Comisión Presidencial contra la Corrupción presentó una denuncia en el MP por un posible caso de tráfico de influencias, aunque no proporcionó mayores detalles.
  • En febrero de este año se conoció de la posible compra fraudulenta de 30 mil pruebas para el diagnóstico de covid-19, por un monto de Q7.3 millones. La ministra Amelia Flores denunció el caso en el MP.

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