La pandemia y las medidas de aislamiento hicieron que la Policía Nacional Civil (PNC) reorientara sus servicios para mitigar la crisis sanitaria. El año pasado capturó a 29 mil personas más que en los dos años anteriores.
Las fuerzas de seguridad se reconfiguraron para hacer cumplir las disposiciones presidenciales que buscaban limitar el desplazamiento de personas de un departamento a otro, así como el toque de queda, el uso de mascarilla obligatorio, vigilar a quienes podían estar contagiados para que respetaran la cuarentena y dar seguridad en los hospitales habilitados para atender la emergencia durante los meses de confinamiento.
Hasta 2019, buena parte de las detenciones fueron por ebriedad y escándalo en la vía pública o conductores involucrados en accidentes de tránsito, entre otras causas.
Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), considera que el aumento de capturas en el primer año de pandemia fue una combinación de los decretos presidenciales y la sobrecarga del sistema de justicia, con el traslado de los detenidos a las carceletas para que luego fueran puestos a disposición de un juez.
“Fueron medidas coyunturales que no se tomaron de una forma para –ponerles— una multa o una amonestación, en lugar de capturarlos. La reducción de robos y algunos otros indicadores fue porque hubo unos meses de confinamiento, y en términos generales se redujo la movilidad en las calles, pero luego se empezó a recuperar (…) Eso influye en los delitos que suelen suceder en los espacios públicos”, agregó.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaboró un estudio comparativo para comprender cómo la pandemia afectó el desempeño de las fuerzas de seguridad en la región, y los resultados revelaron que obligó a las instituciones policiales a redefinir prioridades y racionar recursos, en sí limitados.
Entre los principales hallazgos se observa que la mayoría de los cuerpos policiales se prepararon y tomaron medidas rápidas. Sin embargo, no recibieron especificaciones para disminuir capturas por delitos menores, con lo cual se hubiera podido minimizar el riesgo de contagio entre su personal y los detenidos.
De León expone que durante el confinamiento aumentó la violencia intrafamiliar, porque es un delito que ocurre en el ámbito privado. Según estadísticas de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, en 2020 las denuncias por este delito fueron un 29.15 por ciento más que el año anterior.
Guatemala, Alta Verapaz, Petén, Quiché y Huehuetenango fueron los departamentos con más reportes al respecto.
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Impactos
Lizandro Acuña, analista en temas de seguridad y justicia, coincide en que el cumplimiento de las disposiciones por la pandemia recayó en la PNC, que desvió su atención de delitos como las extorsiones y la violencia en los hogares. En este último caso, el confinamiento obligó a las víctimas a convivir con sus agresores y el Estado no previó sus consecuencias.
El analista añade que se deben redireccionar las acciones de las autoridades, a través del uso de la tecnología para contrarrestar la delincuencia, porque de las crisis también se puede aprender.
En el 2019 se registraron 52 mil 713 denuncias de maltrato a la mujer, y el año pasado fueron 38 mil 802. La disminución en 2020 obedeció a que, con el confinamiento, las víctimas tuvieron dificultad para salir de sus casas e interponerlas.
“La pandemia ha desvirtuado la función exclusiva de la PNC de garantizar la seguridad a los ciudadanos. También se ha presentado otro fenómeno que viene aunado: la mora judicial. Por ejemplo, los juzgados de Turno, por su competencia, conocen delitos leves como agresiones y tuvieron esa carga de trabajo para escucharlos. Esto retrasa procesos más importantes que están por resolverse”, opina Acuña.
De acuerdo con el informe del BID, los cuerpos policiales de la región redujeron sus acciones preventivas y comunitarias durante la pandemia, para incrementar su presencia en comercios, hospitales, centros de salud y espacios públicos.
El documento recomienda que para garantizar que las fuerzas de seguridad asuman mejor sus responsabilidades se debe propiciar nuevas maneras de interacción entre agentes y ciudadanos, e involucrar a la comunidad para definir prioridades y evaluar juntos los problemas y las soluciones.
Además, puntualiza el BID, es preciso seguir trabajando en el fortalecimiento de la institución policial y la optimización de sus capacidades.
Asimismo, propone desarrollar una agenda de conocimiento que permita identificar mejores prácticas de gestión para el desempeño de los efectivos y sus autoridades.
