Existe una mesa de diálogo entre autoridades de Gobierno, transportistas y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH); pero después de varias semanas de conversaciones, los consensos no se hacen presentes y, por consecuencia, los capitalinos y residentes de municipios aledaños deben buscar otras opciones para movilizarse.
Datos de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala (Asopagua) señalan que aproximadamente mil buses rojos están detenidos, lo que significa dejar de prestar el servicio a unos 586 mil usuarios.
También está suspendido el servicio de Transurbano, el cual cuenta con 350 buses para unos 300 mil usuarios, según Asopagua.
Los números exponen las necesidades de transporte que tiene la capital del país, pero los transportistas añaden que necesitan un respaldo oficial para retornar a sus operaciones, porque cumplir protocolos sanitarios y con limitada ocupación representa gastos que no pueden asumir de manera directa.
“Honestamente, no ha habido ningún avance en las últimas dos semanas; de hecho, el grupo que cubre Mixco ya se quiere sublevar sin que les hayan autorizado los protocolos de bioseguridad y la implementación de todas las medidas sanitarias. Ellos ya quieren salir a trabajar, pero nosotros lo miramos contraproducente por la segunda ola de covid, que ya es una realidad”, expuso Edwin Amaya, secretario de Asopagua.
Según Amaya, la falta de acuerdos podría significar protestas de pilotos en los próximos días, porque muchos trabajadores enfrentan problemas económicos y necesitan incorporarse a sus labores.
“Yo me imagino que va a haber acciones de hecho (…) Hay una situación, porque no hemos logrado los acuerdos; hasta pareciera que hay un interés de alguien, pero no sabemos de quién, para que el transporte urbano ya no salga”, dijo Amaya.
La tarifa es incierta
Una de las instituciones que ha formado parte de las mesas de dialogo es la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), que considera que no hay fecha definida para la reactivación del servicio por dos motivos: los protocolos de bioseguridad y el costo que tendrá el pasaje.
“Aquí son dos cosas, el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad, que ya está siendo superado por la Municipalidad de Guatemala, Ministerio de Salud y la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid–19; en esto hay avances, ya solo faltaría el tema económico, que es lo que más le preocupa a los transportistas”, señaló Édgar Guerra, defensor de la PDH.
Entre algunas de las ideas que se discuten en las mesas de diálogo está una subvención, que podría ser presentada mediante una iniciativa de ley al Congreso, pero Guerra reconoció que aún no se ha definido la ruta.
Sin control
Otros de los problemas que ha visto la defensoría de la PDH es que no existe un control total para que los buses respeten las recomendaciones básicas para prestar el servicio, entre ellas no saturar los buses y no excederse en los cobros, problemas que ya se ven en la provincia, donde el servicio de transporte se ha reactivado.
“En los monitoreos, hemos visto que hasta cobran de más y el incumplimiento de los protocolos”, señaló Guerra.
Por su parte, la Dirección General de Transporte (DGT), informó que todos los días realizan operativos de control, y aunque han visto quejas graves en las redes sociales, no han podido sancionar a ningún bus porque no tienen los datos exactos.
“De momento, en los operativos de inspección que hemos hecho en departamentos y la capital, no se ha impuesto ninguna sanción; esto es porque están realizando el ensayo y el transporte no ha retornado al 100%, y tampoco están fuera todas las unidades, pero muchas veces las faltas se realizan cuando ya pasan de nuestro operativo”, explicó Héctor Ramírez, portavoz de la DGT.
Alcaldías insuficientes
Parte del monitoreo en los buses, donde ya existe servicio, depende de las diferentes alcaldías, que han comunicado sus quejas a la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), porque no cuentan con todo el personal necesario para los controles.
“Lo que hemos visto es que no hay capacidad de la DGT, menos de las municipalidades, para hacer la supervisión y el control como se debiera; sin embargo, las comunas han estado haciendo un esfuerzo para llevar el control en el tema del aforo, pero es realmente difícil (…) Los reportes dicen que no se está cumpliendo tampoco con el tema del distanciamiento social”, indicó Marvin de León, director ejecutivo de la Anam.
La cartera de Salud respondió que le corresponde verificar el cumplimiento de los protocolos previo al funcionamiento del servicio y que colaboran con inspecciones, pero resalta que las entidades encargadas de emitir sanciones no son ellos.
“En el tema de las autorizaciones para su funcionamiento, compete directamente a las municipalidades y al Ministerio de Comunicaciones, así como también pueden imponer las sanciones respectivas por el incumplimiento de los protocolos, como sucedió recientemente con una unidad en Mixco, que fue multada por la comuna por la aglomeración de personas dentro del autobús”, según información compartida por el Sistema Integral de Atención en Salud.
