El informe detalla que en total 2 millones 900 mil guatemaltecos están desnutridos, el 16.8% de la población, mientras que 12.1 millones de personas tienen algunos o serios problemas para conseguir comida, 1.2 millones más que en 2019.
La crisis sanitaria ha golpeado con fuerza a Centroamérica, pero en especial a Guatemala, donde se ubican cuatro de cada 10 personas que sufren desnutrición, el 44%, seguido de Nicaragua y Honduras, con el 19.6% cada uno; y El Salvador, 7.57%.
La prevalencia de desnutrición en Guatemala está muy por encima del promedio del istmo que es de 8.9%, del de América Latina y el Caribe, 7.7%, y está niveles cercanos de regiones del mundo como occidente asiático y oriente medio, 14.6%, y África Subsahariana, 21.4%.
María Gabriela Lima, gerente de incidencia de World Vision Guatemala y representante de las oenegés ante la Instancia de Consulta y Participación Social (Incopas), expuso que los resultados del informe de FAO, lamentablemente, se esperaban por los estragos económicos que ha dejado la pandemia que viene sumando más casos de desnutrición aguda y crónica.
Problema de décadas
Pero desde hace años, incluso previos a la pandemia, la desnutrición se ha convertido en un problema crónico que no muestra avances, pese a que al menos 17 instituciones están involucradas en el combate al hambre y son coordinadas desde el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasán), que preside el vicepresidente de la república.
Cada año, estas instituciones destinan para el combate a la desnutrición millones de quetzales que a luz de los números no han dado resultados.
A pesar de que en Guatemala existe el marco legal y muchas instituciones dedicadas al tema, Lima considera que no existe una coordinación efectiva entre estas y cada una se rige por sus propias políticas y objetivos.
“Vemos a la población con programas lindos de acceso a alimentos o apoyo a la producción agrícola, pero en el campo no se implementan”, de ahí que esa falta de coordinación no permite que los proyectos impacten en favor de las personas, dijo.
Otro de los grandes rezagos que no permiten un integral combate a la desnutrición es la falta de datos o que estos están diluidos en varias instituciones sin que se unifiquen. De esa cuenta, hay familias que reciben alimentos durante una emergencia alimentaria, pero ya no tienen un seguimiento en cuanto a salud o educación, entonces, la lucha contra el hambre termina con la entrega de una bolsa de alimentos.
“La asistencia debe ir acompañada de otras acciones porque la bolsa de comida se termina y un niño no recibe apoyo integral, ni su familia tampoco”, criticó Lima, quien instó al Gobierno a trabajar con las oenegés y verlas como aliadas, no como opositores porque estas llegan a un gran sector de la población que no alcanza el Estado.
“No nos indigna”
El diputado Jairo Flores, coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre, espacio nacido en el Congreso para aprobar leyes que fortalezcan el combate a la desnutrición y monitorear los recursos públicos, calificó de “grave” el que más de la mitad de la población guatemalteca tenga algún problema para acceder a alimentos.
Esto, añadió el legislador, hará que alcanzar el objetivo de hambre cero para el 2030 sea “sumamente difícil”.
Al ser cuestionado del por qué el país no puede contrarrestar estos números y al contrario este año crecieron, Flores lamentó que la desnutrición y el hambre es algo que pareciera no importar al resto de los guatemaltecos.
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“No nos hemos indignado ante el hambre de los niños, ya lo vemos como algo normal, lo asimilamos como algo, incluso, de nuestro folclor y mientras no nos indignemos de ver a niños muriéndose de hambre la situación no va a cambiar”, subrayó.
“El informe —de FAO— no es casualidad. La gravedad tiene relación con la falta de políticas de Estado, de presupuesto y de una buena ejecución de los recursos”, añadió Flores.
El Frente Parlamentario propone un relanzamiento de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, el ambicioso proyecto de Alejandro Giammattie que se propone reducir la desnutrición crónica entre 5 y 7 puntos porcentuales al finalizar su mandato.
“De lo contrario solo se quedará en un gran nombre, porque sigue siendo lo mismo”, detalló Flores, con las mismas instituciones y presupuestos, que no han logrado impactar durante años en la población, y que etiquetan recursos para la lucha contra el hambre, pero que terminan gastándose en otros rubros.
Otros problemas, indicó el legislador, es que en el papel, tanto el Conasán como la Gran Cruzada Nacional están bajo la responsabilidad del vicepresidente Guillermo Castillo, pero las pugnas que mantiene con el presidente, puede que afecten su desarrollo.
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Además, el que la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) no tiene la autoridad legal ni política para coordinar a los ministerios involucrados en el tema, como debe ser su papel.
Esperan reducir población en riesgo
Consultada al respecto del informe, María Eugenia de León, titular de la Sesan, precisó que, de acuerdo con las proyecciones de esa secretaría, de mayo a agosto de este año se calcula que 3.5 millones de personas estarán en crisis o emergencia alimentaria aguda, pero que para el período de septiembre 2021 a enero 2022, el número se reduciría a 2.5 millones, una “mejoría” de un millón de personas.
