Lyn Valenzuela, presidenta de la organización, refirió que incluso esta normativa podría fomentar el tráfico de órganos y el turismo de salud de los mismo.

Agregó que consideran que hay intereses oscuros porque el ponente es el diputado Roberto Kestler, quien está relacionado en su posible participación en el caso Negociantes de la Salud, y que el presidente de la comisión de Salud, el diputado Luis Hernández, es hijo de la presidenta de la Fundación Donaré, lo cual podría implicar tráfico de influencias.

La Asopprevi pide al Congreso que instale una comisión ad hoc, y a la ministra de Salud que se involucre en la discusión de un nuevo proyecto de ley que tome en cuenta a los pacientes y sus familias.

Al consultarle al diputado Hernández, confirmó que su madre, Martha Azmitía de Hernández, es presidenta de dicha fundación, pero resaltó que la iniciativa tiene dictamen favorable desde 2014, cuando el diputado Kestler presidía comisión de Salud.

“En efecto mi mamá es la presidenta de una asociación que se llama Donaré, y ante esto ni siquiera he participado en las discusiones, y es más, si es que entra a debate de redacción final, yo me saldré del pleno para que no digan que hay intereses personales al respecto, yo no voy a participar, independientemente de que no hay interferencia de mi parte”, aseveró.

El legislador señaló que desde la parte técnica conoce la iniciativa y a quiénes han estado involucrados en la formulación de la misma, la cual está comparada con todas las leyes de donación de órganos  del mundo, y se hizo la investigación.

Explicación

Vicente Sanchez Polo, jefe de la Unidad de Nefrología y de Trasplante Renal del Seguro Social, refirió que es una iniciativa multidisciplinaria, que incluye al Seguro Social, al Ministerio de Salud, la Asociación Guatemalteca de Nefrología, la Sociedad Guatemalteca de Trasplantes, los diferentes hospitales públicos, quienes han trabajado este tema desde el gobierno de Álvaro Colom.

“No es algo de ahora, pasó en tercera lectura, pero pasó durmiendo el sueño de los justos en los años anteriores, y ahorita se reactivó, porque hemos estado insistiendo precisamente porque hay un desorden en los trasplantes, es decir lo que se buscan con esta ley en primer lugar es ordenar el quehacer del trasplante en Guatemala y en segundo lugar no se va a centralizar,  es decir cada hospital que trasplante  lo seguirá haciendo”, indicó.

Refirió que el consejo es un ente que regulará y recabará todos los datos, no es un hospital el que va a regir, es una organización que será un ente que promoverá la donación de órganos, y no el tráfico de órganos.

Agregó que en Guatemala no se da el tráfico de órganos pero si se podría llegar a dar si no se regula.

Con relación al señalamiento de Asopprevi, de que la iniciativa estable que en 48 horas después de que cualquier persona no cuente con identificación hay sido ingresada a un hospital y se determine que tiene muerte cerebral, sea utilizada para estudios médicos o sus órganos sean donados, Sanchez comentó que no es así, ya que si no hay un familiar cercano que demuestre que autoriza o no, no se  puede hacer nada.