Por violación al debido proceso, atentar contra el acceso a la justicia, el derecho de defensa y la tutela judicial de las víctimas, varias organizaciones presentaron amparos contra este decreto aprobado.
El Congreso, con 81 votos, aprobó las reformas a la Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, y con esto el Legislativo se desliga del nombramiento del director general de esa institución que ahora será nombrado por el presidente de la República.
Por falta de quórum ya no se conoció la petición del diputado Juan Manuel Giordano para la remoción del magistrado de conciencia, Jordán Rodas.
La bancada afirma que hay poca transparencia en asignaciones de recursos públicos a ONG y ve imposible alcanzar el nivel de ingresos estimado para el próximo año.
La cancelación del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) no cambiaría las fuerzas en el Congreso debido a que faltan 23 días para que finalice el periodo ordinario de sesiones y 68 días para que termine la legislatura.
Algo inusual pasó ayer en el Congreso, luego de cuatro meses finalizó la interpelación al ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, y empezó su segundo juicio político.
Los diputados fueron acusados por el Ministerio Público de recibir dádivas a cambio de aprobar leyes de interés de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Las iniciativas de ley presentadas por diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Todos que buscan cambios al Código Penal, Código Procesal Penal, Ley de Extinción de Dominio y contra la Delincuencia Organizada podrían debilitar las investigaciones del Ministerio Público, según expertos.
En menos de una semana dos iniciativas de ley, presentadas por dos bancadas distintas, buscan cambios al Código Penal, Ley de Extinción de Dominio y contra la Delincuencia Organizada, en un intento que podría restringir los actuales alcances de investigación del Ministerio Público.
El proceso anunciado por el Consejo de la Carrera Judicial para evaluar a jueces y magistrados, en especial a quienes se postulen a un cargo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones, que podría durar de siete a 12 meses, podría beneficiar a los actuales funcionarios, quienes permanecerán en el cargo por más de un año.
